Más de 57,000 expedientes sobre víctimas del conflicto armado interno de Guatemala, ocurrido entre 1960 y 1996, son sometidos a un proceso de rescate y conservación ante el deterioro que amenaza al único archivo estatal dedicado específicamente a documentar a los afectados por la guerra.
Especialistas contratados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) trabajan en la conservación de los documentos, que registran ejecuciones, desapariciones y otras graves violaciones a los derechos humanos.
El archivo reúne cerca de cinco millones de hojas y tiene especial importancia porque más de la mitad de las víctimas registradas por el antiguo Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) quedaron pendientes de recibir una reparación antes del cierre de la institución. «Este archivo es el único estatal que habla del periodo de las víctimas y de las graves violaciones a los derechos humanos a cargo del (Organismo) Ejecutivo», explicó Lisbeth Barrientos, coordinadora técnica del proyecto por parte de las agencias de la ONU.
La guerra interna de Guatemala se extendió durante 36 años y dejó más de 200,000 personas asesinadas y alrededor de 45,000 desaparecidas, principalmente entre la población indígena. Informes independientes responsabilizan a las fuerzas estatales y grupos vinculados con estas de más del 90 % de las violaciones documentadas durante el conflicto, considerado uno de los más sangrientos de Latinoamérica en el siglo XX.
Los expedientes quedaron especialmente expuestos al deterioro después del cierre formal del Programa Nacional de Resarcimiento en diciembre de 2023, cuando terminó su marco legal de funcionamiento. La custodia legal y administrativa de las instalaciones fue transferida posteriormente al Ministerio de Desarrollo Social, a través del Fondo de Desarrollo Social (Fodes).
La conservación prolongada bajo condiciones ambientales adversas y sin mecanismos adecuados provocó la aparición de hongos, bacterias y corrosión en parte de los documentos. Frente al riesgo de perder información de manera irreversible, un equipo multidisciplinario contratado por el PNUD y la Unesco, con fondos de cooperación internacional, desarrolla trabajos de recuperación y conservación física.
Barrientos señaló que el valor de los documentos trasciende las indemnizaciones pendientes, pues poseen «múltiples vocaciones» históricas y judiciales para reconstruir los acontecimientos de la guerra, identificar a las víctimas y contribuir a procesos de memoria, verdad y justicia. «Permiten localizar información de personas ejecutadas o desaparecidas, tanto adultos como niños, y documentar el daño al tejido social de las comunidades», afirmó.
La recuperación también es clave para miles de personas cuyos procesos de resarcimiento quedaron inconclusos. Agustín Cux Chan, excoordinador del extinto Programa Nacional de Resarcimiento, explicó que solo el 49 % de quienes solicitaron compensaciones como víctimas fueron resarcidos antes del cierre. Según el exfuncionario, los expedientes pendientes deberán tomarse en cuenta en las nuevas acciones de reparación integral, por lo que conservar y sistematizar el archivo permitirá establecer quiénes fueron registrados y cuál fue el estado de sus solicitudes.
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