El partido opositor Vente Venezuela (VV) exigió este jueves que su líder, María Corina Machado, pueda regresar al país sin la inhabilitación política que le impide optar a cargos públicos. La dirigente permanece fuera de Venezuela desde diciembre de 2025 y enfrenta una sanción de 15 años ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La organización recordó que la Contraloría General de la República impuso en 2015 una primera inhabilitación de un año contra Machado, que le impidió participar en las elecciones parlamentarias. Posteriormente, en 2023, después de que la dirigente ganara las elecciones primarias de la oposición, la institución anunció una nueva sanción por 15 años, según VV, «sin un procedimiento mínimamente respetuoso de las garantías elementales del debido proceso y que nunca fue notificada formalmente».
La segunda inhabilitación fue ratificada por el TSJ en enero de 2024, cuando se discutía la posibilidad de que Machado participara en las elecciones presidenciales de julio de ese mismo año.
El pronunciamiento de Vente Venezuela surge después de que Bárbara César Siero, exmagistrada del máximo tribunal, denunciara el martes que recibió presiones para firmar distintas sentencias de inhabilitación política, incluida la que afectó a la dirigente opositora.
Mediante un video y una carta difundidos en sus redes sociales, César Siero explicó que Machado presentó el 15 de diciembre de 2023 una demanda ante el TSJ para solicitar la revisión de la sanción administrativa. La exjueza aseguró que ese mismo día fueron detenidos tres de sus familiares por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
«Paralelamente a ese hecho, ese mismo día mis dos hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, el mayor Guillermo Henry César Siero, y mi cuñada la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar», aseguró entonces.
La exmagistrada denunció que desconocía el lugar donde permanecían recluidos sus familiares, los delitos que se les atribuían y que tampoco podía comunicarse con ellos. Según su testimonio, las detenciones fueron utilizadas para ejercer presión sobre sus decisiones judiciales.
«A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos», subrayó.
César Siero también señaló que el 22 de enero de 2024 el entonces fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, vinculó a sus familiares con la denominada operación ‘Brazalete Blanco’, relacionada con un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro. La exfuncionaria cuestionó las acusaciones y sostuvo que fueron utilizadas como mecanismo de presión contra ella y otros integrantes de las instituciones venezolanas.
«Se trató de una narrativa construida para criminalizarlos y presionarme, por ser competente para conocer de las demandas de carácter político y a la vez enviar un mensaje subliminal a los jueces e integrantes de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana)», sostuvo la exmagistrada.
De acuerdo con su relato, las acusaciones contra sus familiares estuvieron relacionadas con las decisiones que debía adoptar desde la Sala Político Administrativa del TSJ, encargada de conocer las demandas de carácter político.
La exjueza indicó que en junio pasado su hermano Guillermo Henry César Siero y su cuñada recuperaron la libertad bajo medidas cautelares, junto con otros militares presuntamente vinculados al mismo expediente. Sin embargo, señaló que el pasado jueves sus dos hermanos y su cuñada fueron condenados a penas de entre tres y doce años de prisión por conspiración política y encubrimiento.
Las denuncias de César Siero fueron retomadas por Vente Venezuela para reclamar que se eliminen las restricciones políticas contra Machado y se garantice su regreso al país.
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