Cientos de familias desplazadas por la violencia de las pandillas en Haití salieron el martes a las calles de Puerto Príncipe para exigir ayuda económica y garantías de seguridad que les permitan regresar a sus viviendas, después de permanecer refugiadas en campamentos improvisados por el control que ejercen los grupos armados sobre gran parte de la capital.
Los manifestantes, procedentes de los campamentos de Argentine Bellegarde, el Ministerio de Comunicación y las oficinas de Seguros de Vejez y de Asuntos Sociales, bloquearon varias calles con barricadas y quemaron neumáticos, lo que provocó interrupciones en la circulación vehicular. La protesta busca presionar a las autoridades para que atiendan las condiciones precarias en las que viven las familias obligadas a abandonar sus comunidades.
Philippe Macénat, padre de tres hijos y refugiado en el campamento de Argentine Bellegarde, relató las dificultades que enfrenta su familia desde que escapó de su vivienda en Carrefour-Feuilles.
El hombre mostró las picaduras de mosquitos que cubren su cuerpo y lamentó que las condiciones de hacinamiento e insalubridad le impidan recuperar una vida normal.
«Huí de mi casa en Carrefour-Feuilles, donde vivía cómodamente con mi familia. Hoy me siento como alguien que nunca ha hecho ningún esfuerzo en su vida. Le corresponde al Estado permitirme regresar a mi hogar», declaró a EFE.
Los desplazados exigen recibir 100,000 gourdes, equivalentes a unos $763, una asistencia que el Estado haitiano y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) entregan a familias afectadas por el cierre de determinados campamentos para facilitarles el acceso a otra vivienda. Macénat explicó que necesita recursos para reparar su casa y abandonar el refugio.
«No pedimos comida ni ninguna otra cosa. Queremos el dinero que nos permita abandonar el campamento y volver a vivir en nuestros barrios», insiste.
Marielourde Pierre, otra de las personas afectadas, cuestionó que las autoridades hayan cerrado varios asentamientos mientras otras familias continúan esperando una solución.
«Esos 100.000 gourdes son lo que espero para poder realizar algunas pequeñas reparaciones en mi casa y volver a vivir allí con mi familia», explica por su parte Marielourde Pierre.
Exigen garantías para regresar a sus viviendas
Además de la asistencia económica, las familias reclaman medidas de seguridad que les permitan retornar a sus comunidades sin exponerse nuevamente a la violencia de las bandas armadas. Los manifestantes consideran que recibir dinero no resolverá su situación mientras los grupos criminales continúen controlando los barrios de los que fueron expulsados.
«No abandonaremos la calle hasta que el Estado se siente con nosotros para decirnos cuándo se desmantelarán los campamentos, de modo que cada uno pueda buscar un lugar donde vivir. Estamos cansados de vivir hacinados unos sobre otros, en medio de la basura», afirma Jonh Philogène.
La Policía haitiana intervino durante las manifestaciones y utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los participantes. Los bomberos también acudieron para extinguir los neumáticos incendiados, mientras un tractor retiró barricadas y escombros que impedían el paso de vehículos. Pese a la intervención de las autoridades, los desplazados aseguraron que mantendrán las protestas, iniciadas el lunes, hasta conseguir una reunión con representantes del Gobierno y respuestas a sus demandas.
La movilización ocurre en medio del creciente descontento de las familias que abandonaron sus hogares por la violencia de las pandillas, una crisis que también genera incertidumbre sobre las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el próximo 13 de diciembre.
La semana pasada, personas refugiadas en un campamento de Delmas 33 realizaron otra protesta para denunciar sus condiciones de vida. Mientras esperan una solución, los desplazados enfrentan la posibilidad de continuar en asentamientos insalubres o regresar a comunidades donde persiste la amenaza de los grupos armados, combatidos por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), creada hace un año por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
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