El chavismo y sectores de la oposición venezolana iniciaron este viernes la cuarta ronda de negociaciones promovidas por Estados Unidos, con el objetivo de impulsar reformas legales e institucionales que permitan avanzar hacia la celebración de elecciones transparentes en Venezuela.
Las delegaciones se reunieron a puerta cerrada en el Hotel Gran Meliá Caracas, ubicado en una zona céntrica de la capital venezolana. En los encuentros participan representantes del oficialismo y de una parte de la oposición, sin la presencia de la formación política de María Corina Machado, quien recientemente regresó al país.
La jefa negociadora opositora, Dinorah Figuera, aseguró mediante un video publicado en la red social X que su delegación trabajará para «dar la cara» por Venezuela y conseguir que el país «finalmente tenga una democracia plena». También adelantó su intención de incorporar el «tema del Consejo Nacional Electoral», aunque no ofreció detalles sobre las propuestas que presentará durante las conversaciones.
Por su parte, Jorge Millán, integrante del equipo negociador de Figuera, señaló que la oposición buscará la liberación de todos los presos políticos durante esta nueva etapa de conversaciones. La petición ocurre mientras la organización no gubernamental Foro Penal registra 321 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.
La cuarta ronda es la primera que se desarrolla desde el regreso de Machado a territorio venezolano. Aunque la dirigente opositora expresó su confianza en que las negociaciones permitan avanzar hacia las elecciones, no se contempla su participación en las reuniones. Los encuentros podrían prolongarse aproximadamente una semana, con posibilidad de extenderse, y hasta el momento únicamente se permite el ingreso de fotógrafos, sin declaraciones públicas previstas.
Reformas legales y renovación de instituciones
La exdiputada opositora Desiree Barboza, integrante de la mesa técnica de garantías políticas, explicó a EFE que las negociaciones se concentrarán en revisar posibles modificaciones o derogaciones de leyes relacionadas con los partidos políticos y el Financiamiento al Terrorismo, delito que suele atribuirse a manifestantes.
También se analizará la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, especialmente «lo inherente al proceso de inhabilitaciones», que afectó a decenas de dirigentes opositores, incluida Machado, quien fue inhabilitada para competir en las elecciones presidenciales de 2024.
Las conversaciones también podrían incluir la situación de opositores exiliados y la liberación de presos políticos, aunque las excarcelaciones todavía no forman parte formal de la agenda, según fuentes opositoras consultadas por EFE.
Otro asunto pendiente es la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyo proceso avanzó hasta la recepción de candidaturas para nuevos magistrados, conforme a los acuerdos alcanzados durante la primera ronda de diálogo.
El chavismo, por su parte, mantiene entre sus principales exigencias el levantamiento de sanciones y el desbloqueo del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, compromisos acordados anteriormente que aún no se concretan.
El oficialismo sostiene que las reformas forman parte de los cambios impulsados por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien prometió un «nuevo momento político» después de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos el pasado 3 de enero.
Barboza explicó que las negociaciones buscan establecer una ruta hacia nuevas elecciones presidenciales, comenzando por la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE). La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, espera que, una vez designadas las nuevas autoridades electorales, Rodríguez declare vacante la presidencia y se abra un plazo de seis meses para convocar a los comicios.
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