El Gobierno de Estados Unidos comenzará a aplicar este jueves un cobro de $1,000 a los nuevos beneficiarios del programa de «parole», un permiso de permanencia temporal otorgado principalmente por razones humanitarias urgentes, y que ha sido blanco de restricciones por parte de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) detalló en un comunicado que esta tarifa aplicará “para cualquier extranjero que reciba un permiso de permanencia temporal en los Estados Unidos que no cumpla con una excepción”. La medida afectará también a quienes hayan presentado su solicitud pero aún no recibieron una resolución.
Sin embargo, se contemplan excepciones en casos como emergencias médicas, asistencia a funerales, o cuando el permiso represente un “beneficio público significativo”, como en el caso de personas que han colaborado con agencias de seguridad del Gobierno estadounidense.
Según el DHS, si un extranjero beneficiario del programa no realiza el pago correspondiente al momento de su inspección en un puerto de entrada o mientras se encuentre en suelo estadounidense, el permiso será automáticamente cancelado.
El nuevo cargo fue introducido en julio pasado como parte de la iniciativa legislativa “One Big Beautiful Bill” (“Un gran y hermoso proyecto de ley”), una de las piezas clave en la agenda migratoria del presidente Trump, que ha ganado más respaldo legislativo en los últimos meses.
En abril, congresistas republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes ya habían propuesto una tarifa de $1,000 para cada solicitud de asilo, además de incrementos en otros trámites migratorios. En muchos casos, quienes solicitan asilo también son elegibles para un permiso temporal bajo el programa ‘parole’.
Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, la Administración Trump ha buscado restringir considerablemente el uso del «parole», con especial énfasis en los permisos otorgados a ciudadanos de Haití, Nicaragua y Venezuela, lo que incrementa el riesgo de deportación para estos grupos.