Autor: Alvaro Cruz

Al cerrar el balance de seguridad pública y delictivo del año 2025, El Salvador se enfrenta a una paradoja criminológica interesante y a la vez preocupante. Mientras el país celebra, con justa razón, el desmantelamiento de las estructuras criminales que nos asfixiaron por décadas, las salas de emergencia, escenas del delito, las morgues, y de manera pública en las redes sociales de la PNC reportan una tipología de asesinatos que no es novedosa, pero que ahora resalta ante el combate efectivo a las pandillas criminales. Ya no es el homicidio instrumental aquel ordenado por una clica por territorio, extorsión o por absurdos de las pandillas, sino el homicidio expresivo: el crimen nacido de la intolerancia social.

En El Salvador, donde caminar por la calle es seguro y real, demostrable, el peligro parece haberse trasladado a la intimidad de la convivencia. La intolerancia social, en nuestro contexto actual, se define como la incapacidad colectiva para gestionar la frustración sin recurrir a la violencia y agresión física. Es el salvadoreño que lo conocemos como «mecha corta» contexto cultural que ha quedado expuesta una vez que la marea de los asesinatos de las pandillas bajó y se encuentran erradicados.

Para entender por qué nos seguimos matando, aunque ya no sea por rifarse el «barrio», debemos diseccionar tres factores criminógenos precipitantes que han marcado la pauta en el año 2025:

La cultura etílica como detonante: Las estadísticas de 2025 son claras. Un porcentaje alarmante de homicidios y lesiones graves ocurre durante los fines de semana y en contextos de ocio aun en días que no son fines de semana o asuetos. El alcohol en nuestra sociedad no es solo un lubricante social, es un desinhibidor de una agresividad latente. La mezcla de alcohol con una cultura que valida el «no dejarse de nadie» convierte una discusión de cantina, bar, tiendita o en la comunidad en una escena del crimen.
El estrés vial y la territorialidad urbana: Ante la reconfiguración urbana y el aumento del parque vehicular, el tráfico se ha convertido en una olla de presión. El vehículo se percibe como una extensión del cuerpo y el espacio privado; invadir ese carril se interpreta como una ofensa al honor. Hemos visto casos donde una pequeña colisión vehicular termina en golpes, lesiones leves o graves con arma blanca un fenómeno de pura impulsividad criminal.
La normalización de la violencia como resolución: Décadas de conflicto armado y violencia pandilleril nos dejaron una secuela psicológica: la validación de la fuerza. Aunque el ciudadano promedio detesta al pandillero, ha interiorizado su método: el conflicto se resuelve eliminando al oponente, no dialogando. Es una violencia reactiva, no planificada, pero igualmente letal. Con raíces en el machismo y cultura patriarcal.
La estrategia de seguridad del gobierno ha sido impecable en la represión del crimen organizado. Sin embargo, el reto para este 2026 es la prevención primaria y secundaria. La criminología moderna nos dicta que, para combatir la intolerancia, debemos intervenir en la cognición social. Necesitamos campañas masivas de salud mental y desarticulación de la «masculinidad frágil» que asocia la negociación con la debilidad. Necesitamos mecanismos de justicia de paz que sean más rápidos que la ira de un ciudadano armado. Como resolución alterna de conflictos, mediación y los facilitadores judiciales en las comunidades.

El Salvador sigue ganando la guerra contra las pandillas, pero ahora enfrenta la batalla contra la intolerancia social, la falta de amor, empatía y respeto por el más próximo. La seguridad pública ya no depende solo del gobierno, sino de la capacidad de cada salvadoreño de respirar hondo, hacer una pausa y entender que ninguna ofensa verbal vale una vida. Si no desactivamos el gatillo de la intolerancia, seguiremos llorando muertos, esta vez, a manos de nosotros mismos. De los 82 homicidios intencionales registrados en el 2025, 43 corresponden a intolerancia social y 31 a intolerancia familiar. Esto significa que el 90.2% de esos homicidios en El Salvador ya no son producto del crimen organizado, sino de la incapacidad ciudadana para gestionar conflictos de manera pacífica.  Para disminuir la tasa de homicidios en el año 2026 debemos como sociedad colaborar y contribuir de lo contrario será imposible llegar a una tasa de homicidios inferior a uno por cada 100,000 habitantes.

• Ricardo Sosa / Doctor y máster en Criminología  @jricardososa 

En sociedades cansadas del conflicto, la promesa de orden tiene un poder casi hipnótico. Orden significa previsibilidad, seguridad, normalidad. Frente al caos —real o percibido—, cualquier autoridad que ofrezca resultados rápidos suele recibir un amplio margen de confianza. El problema comienza cuando esa confianza se transforma en cheque en blanco y la eficacia se usa como argumento para prescindir de la deliberación democrática.

En El Salvador, el discurso del orden ha ganado centralidad. Se presenta como una solución técnica a problemas históricos: crimen, ineficiencia estatal, corrupción, lentitud institucional. El mensaje es claro y seductor: menos discusión, más acción. Sin embargo, toda política que reduce el espacio para el debate público no elimina los conflictos; simplemente los desplaza fuera de la conversación.

La democracia, por definición, es lenta. No porque sea ineficiente, sino porque incorpora voces distintas, intereses contradictorios y procesos de control. La deliberación no es un defecto del sistema democrático: es su mecanismo de corrección. Cuando se la reemplaza por decisiones verticales justificadas en la urgencia o en la popularidad, se abre una puerta difícil de cerrar.

La eficacia, en sí misma, no es un valor negativo. Un Estado incapaz de ejecutar políticas públicas pierde legitimidad. Pero cuando la eficacia se convierte en el único criterio, se vuelve peligrosa. Un gobierno puede ser eficaz encarcelando sin debido proceso, silenciando opositores o concentrando poder. La historia latinoamericana ofrece numerosos ejemplos de regímenes que “funcionaron” durante un tiempo y dejaron, a largo plazo, instituciones debilitadas y sociedades fragmentadas.

El problema no es el orden, sino el orden sin reglas compartidas. Cuando las normas se subordinan a la voluntad del poder, dejan de ser garantías y se transforman en instrumentos. Hoy se aplican contra “los otros”; mañana pueden aplicarse contra cualquiera. La excepcionalidad, una vez normalizada, deja de ser excepción.

Otro rasgo preocupante es la confusión entre popularidad y legitimidad. Un gobierno con amplio respaldo electoral no está exento de límites. Las mayorías no sustituyen a la Constitución ni a los derechos fundamentales. Sin embargo, en el discurso público contemporáneo se insinúa con frecuencia que cuestionar decisiones del poder es ir en contra de la voluntad popular, como si el voto autorizara cualquier medida posterior.

Este razonamiento erosiona uno de los pilares de la democracia: el control ciudadano permanente. Elegir gobernantes no equivale a renunciar a la crítica. Por el contrario, una ciudadanía madura es aquella que apoya cuando corresponde y cuestiona cuando es necesario, incluso —y sobre todo— cuando el poder goza de altos niveles de aprobación.

La reducción del debate también tiene consecuencias culturales. Se instala una lógica binaria: a favor o en contra, patriota o enemigo, orden o caos. En ese esquema, el matiz desaparece y la complejidad se percibe como debilidad. Pero los problemas estructurales no se resuelven con consignas; requieren diagnósticos incómodos y soluciones imperfectas, discutidas colectivamente.

Además, el silenciamiento no siempre adopta formas explícitas. No hace falta censura abierta cuando basta con deslegitimar la crítica, ridiculizar al disidente o saturar el espacio público con una narrativa única. La autocensura suele ser más eficaz que la represión directa, porque no deja huellas visibles.

El riesgo mayor de este modelo es su fragilidad. Un sistema sostenido únicamente por la eficacia inmediata carece de amortiguadores cuando las cosas salen mal. Sin instituciones fuertes, sin prensa crítica, sin espacios de deliberación, los errores se acumulan hasta volverse crisis. Y entonces, paradójicamente, el orden prometido se vuelve insostenible.

Defender la deliberación no es defender el desorden. Es defender la idea de que el poder debe explicarse, justificarse y someterse a límites. Que la rapidez no sustituye a la legalidad y que la popularidad no reemplaza a la ética pública.

El verdadero desafío para El Salvador no es elegir entre orden o democracia, sino comprender que sin deliberación no hay orden duradero. Lo demás es eficacia momentánea, políticamente rentable, pero institucionalmente costosa. Y la factura, como suele ocurrir, no la paga el poder: la paga la sociedad.