El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó este jueves a Estados Unidos con motivo del Día de Acción de Gracias, mediante un mensaje publicado en inglés a través de su cuenta oficial en la red social X.
“A todos mis amigos en Estados Unidos, ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Aquí en Latinoamérica no celebramos esta festividad, pero mis amigos estadounidenses que viven aquí sí lo hacen, y es una tradición maravillosa”, escribió el mandatario salvadoreño.
En su mensaje, Bukele también expresó: “Mis mejores deseos para todos ustedes, para sus seres queridos y para su gran nación”, en una muestra de cortesía diplomática hacia uno de los principales socios del país.
La celebración de este tradicional día en Estados Unidos, sin embargo, ha estado marcada por el temor de miles de migrantes ante el aumento de redadas y deportaciones ordenadas por la Administración del presidente Donald Trump.
La actual administración estadounidense ha sido uno de los principales aliados internacionales de Bukele. Washington ha respaldado la reciente reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista, que avala la reelección presidencial indefinida en El Salvador.
El pasado 5 de agosto, el gobierno de Estados Unidos expresó públicamente su apoyo a esta reforma, que fue tramitada de forma exprés y abre el camino para que el presidente Bukele pueda optar a un tercer mandato consecutivo.
El gobierno de Guatemala destituyó al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú como cónsul honorario en Toluca, México, tras conocerse que enfrenta una investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado, según informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).
Rocha Cantú, dueño de la marca Miss Universo, fue removido oficialmente del cargo en octubre pasado, aunque el anuncio se hizo hasta este jueves. La cancillería guatemalteca detalló que la decisión se aceleró luego de que la embajada en México reportara irregularidades, entre ellas el cambio de domicilio del consulado sin autorización previa.
La designación de Rocha había sido aprobada el 16 de diciembre de 2021, durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei, con jurisdicción específica en Toluca y Huixquilucan, México. Sin embargo, el Minex argumentó que incumplió las normas al modificar la ubicación del consulado, además de que ya existe representación oficial en Ciudad de México.
“El Gobierno de Guatemala es respetuoso de los asuntos internos de otros Estados”, aclaró el comunicado, al tiempo que subrayó que los cónsules honorarios no tienen inmunidad diplomática y desempeñan su labor ad honorem, sin percibir salario, colaborando únicamente en trámites consulares y promoción cultural en ciudades sin representación consular.
Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó el miércoles que Rocha está bajo investigación como parte de un caso de delincuencia organizada, abierto desde el 29 de noviembre de 2024. Según un comunicado oficial, el expediente 928/2024 involucra a 13 personas relacionadas con narcotráfico, huachicol (contrabando de combustible) y tráfico de armas.
La FGR detalló que el proceso surgió a raíz de una investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y que ya se han girado órdenes de aprehensión, incluida una que fue ejecutada contra una funcionaria federal.
Respecto a Rocha, la fiscalía indicó que se están recabando elementos clave para definir su situación jurídica. “Esta Fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que permitirán continuar y ahondar en esta investigación”, señaló el ente judicial.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció sobre el caso. Este jueves pidió a la FGR claridad sobre la situación legal de Rocha, luego de que el diario Reforma publicara que está siendo imputado por liderar una red de contrabando de combustible desde Guatemala hacia varias regiones de México.
Según la investigación periodística, la organización criminal usaba el río Usumacinta para trasladar combustible en lanchas desde la frontera con Guatemala hacia estados como Chiapas, Tabasco y Querétaro. Rocha Cantú sería considerado uno de los líderes de esta red.
Sheinbaum pidió no vincular el caso con la reciente victoria de Fátima Bosch, quien obtuvo el título de Miss Universo 2025, representando a México. “Se ha intentado relacionar ambas cosas para restarle mérito al logro de la joven”, afirmó la mandataria.
Las estudiantes Isabel Urías y Elena Atanacio, de la Academia Británica Cuscatleca (ABC), comenzaron el miércoles su participación en la Olimpiada Mundial de Robótica (WRO, por sus siglas en inglés), que se celebra este año en Singapur. Ambas obtuvieron su pase al torneo internacional tras coronarse campeonas en su categoría durante las Olimpiadas Nacionales, el pasado 30 de agosto.
Para esta edición 2025, Isabel y Elena presentarán el proyecto FlexAid, un dispositivo robótico diseñado para asistir en el proceso de rehabilitación de personas tras una cirugía de rodilla. La propuesta busca ofrecer una alternativa de bajo costo frente a los tratamientos tradicionales de fisioterapia.
Elena Atanacio no es nueva en la arena internacional. En 2022, compitió en el mundial realizado en Alemania, donde obtuvo un premio a la Mejor Solución Técnica, superando a países con amplia tradición en robótica como Japón, Alemania y Estados Unidos.
FlexAid apuesta por el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicables a la vida real, con un enfoque de inclusión, accesibilidad e impacto social.
Además del equipo clasificado al mundial, la ABC también estuvo presente en el Torneo Invitacional de la WRO realizado este año en Panamá, con los estudiantes Pietro y Mateo Reís, y Carlos Saca, quienes representaron a El Salvador tras alcanzar el segundo lugar en la Olimpiada Nacional.
En esa competencia, que reúne a los dos mejores equipos de cada país del continente americano, el equipo salvadoreño logró posicionarse en el séptimo lugar, demostrando una vez más el alto nivel de preparación de los alumnos de la ABC y su competitividad en eventos internacionales de prestigio.
Con esta participación, la ABC se convierte en la única institución educativa del país que ha clasificado a la WRO por cuarta edición consecutiva, gracias a su sólido enfoque en educación STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) y una apuesta permanente por la innovación tecnológica dentro y fuera del aula.
El Tribunal Supremo de España ordenó este miércoles el ingreso inmediato a prisión provisional, sin fianza, del exministro y actual diputado José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, por considerar que existe un riesgo “extremo” de fuga ante la cercanía del juicio en su contra por presunta corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia.
El magistrado instructor del caso, Leopoldo Puente, consideró que los dos señalados podrían intentar evadir la justicia al enfrentar solicitudes de penas que alcanzan hasta los 30 años de cárcel. Según resoluciones judiciales de 13 y 14 páginas, hay indicios sólidos de delitos como malversación, cohecho, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y uso de información privilegiada.
El fallo señala tres factores clave para justificar la medida: la solidez de los indicios en su contra, la gravedad de las penas solicitadas y la proximidad del juicio oral, el cual será conducido por el mismo Tribunal Supremo y cuya sentencia será definitiva, sin posibilidad de apelación.
El juez Puente también recordó que Ábalos y García están implicados en una investigación paralela sobre presuntos amaños en obras públicas, lo que podría agravar sus responsabilidades penales.
Esta es la primera vez que un diputado nacional en funciones es enviado a prisión preventiva en la historia democrática de España.
Vínculos internacionales y fondos en efectivo
Para el Tribunal, ambos imputados cuentan con recursos económicos y contactos internacionales suficientes para sostener una eventual fuga. El juez citó que manejaron altas sumas de dinero en efectivo, reduciendo sus movimientos bancarios en los últimos años, y que Koldo García llegó incluso a asumir gastos personales de Ábalos de forma “incomprensible”.
Sobre el exministro, Puente señaló su vínculo con fundaciones en Perú, propiedades en América Latina y transferencias periódicas desde el extranjero por parte de uno de sus hijos. Respecto a García, mencionó su trabajo con empresas interesadas en inversiones en Hispanoamérica tras abandonar su cargo ministerial.
Durante la audiencia judicial, ambos intentaron evitar su ingreso a prisión argumentando arraigo familiar y profesional. Ábalos alegó que su salario como diputado es su única fuente de ingresos y que mantiene una relación cercana con su hijo menor. García, por su parte, subrayó su rol como padre y cuidador de su madre. Sin embargo, el juez desestimó estos argumentos al considerar que ninguno de los dos presenta un arraigo lo suficientemente fuerte como para descartar una fuga.
El diputado Ábalos compareció solo ante el Supremo y expresó al juez: “No tengo dinero ni a dónde ir”. Visiblemente afectado, pasó parte del tiempo en los patios del tribunal, fumando y esperando la decisión judicial. Según fuentes judiciales, se mostró “destrozado”.
El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón respaldó la medida de prisión al considerar que el riesgo de fuga es mayor ahora que se acerca el juicio. Aseguró que los delitos fueron cometidos gracias a su posición de poder y subrayó que “ningún poder del Estado puede esgrimir su rol para evadir la justicia”.
Críticas y estrategia judicial
La defensa de Ábalos denunció que la decisión busca presionarlo para obtener una confesión, como la que ofreció el presunto operador de la trama, Víctor de Aldama, luego de pasar semanas encarcelado. También cuestionó que se le prive de libertad sin condena firme, afectando su derecho a ejercer su representación política como legislador en activo.
Mientras tanto, la defensa de Koldo García intentó trasladar el caso nuevamente a la Audiencia Nacional, alegando que el Supremo carece de competencia para juzgarlo. No obstante, el tribunal rechazó esa postura y confirmó su jurisdicción sobre ambos imputados.
El caso, conocido como “Caso Koldo”, es uno de los escándalos de corrupción más mediáticos surgidos tras la pandemia y podría tener repercusiones políticas de largo alcance dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que Ábalos pertenecía hasta que renunció a la militancia tras estallar el escándalo.
El 31 de octubre de 1983 viaje a México; entonces inició mi aventura en aquel país hasta el 5 de enero de 1992. Esa estancia fuera de nuestras fronteras duró exactamente ocho años, dos meses y cinco días. Fue una especie de “autoexilio”, tras verme obligado a ello por motivos de fuerza mayor: no me miraban con “buenos ojos” ni me quería ninguno de los bandos que habían iniciado el conflicto en enero de 1981, cuando el décimo día de ese mes arrancó la primera gran ofensiva insurgente contra la dictadura. Durante la década anterior se había desatado la “guerra sucia” impulsada por esta en perjuicio de la población, fuera opositora real o supuesta; también la guerra de guerrillas, mucho antes de que las organizaciones rebeldes anunciaran la creación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Salí entonces casi con “una mano adelante y otra atrás”, llevando conmigo apenas cien dólares estadounidenses generosamente donados por mi padre. Dejaba a mi hija de casi cuatro años y su madre; me junté de nuevo con ambas allá en el entonces Distrito Federal, para habitar durante unos meses –a partir de abril de 1983– un cuartito que nos prestó una familia solidaria de compatriotas que también había sido forzada a abandonar El Salvador por la persecución política. Luego nos mudamos a un apartamento, en una de las colonias de caché de la ahora Ciudad de México; este nos fue prestado por una pareja de jóvenes mexicanos comprometidos con las causas populares en Centroamérica.
Nos sentábamos a comer en periódicos alrededor de una mesa sencilla; también dormíamos sobre viejas ediciones del “Excélsior” y “El Día”, entre otros. Además de no tener muebles, tampoco tenía un ingreso formal. El segundo amigo que conocí, un verdadero “chilango”, me apoyó regularizando mi situación migratoria tras matricularme en la Universidad Nacional Autónoma de México –la UNAM– para estudiar la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Con este nos repartíamos la mitad de los 150 dólares que mensualmente le pagaban por atender a quienes llegaban a la “sucursal” del Socorro Jurídico Cristiano, instalado en el Centro Universitario Cultural de la Orden de Predicadores de la Provincia de Santiago; léase, los frailes dominicos. Era un futbolista empedernido que me llevó a jugar con el equipo del Cerro El Judío, en el torneo amateur en el cual participaba. Pero seguía sin un trabajo estable que me permitiera mantener a mi familia.
Fray Gonzalo Balderas Vega fue el primer amigo que conocí allá; me lo presentó mi cuñada al siguiente día de mi llegada y quedé a su merced, pues ella se fue enseguida tras los pasos de su esposo y sus hijos que ya estaban en Nicaragua. Al observar mi situación, este teólogo poblano me animó a elaborar un proyecto de investigación sobre la realidad de las personas salvadoreñas y guatemaltecas refugiadas en México con o sin estatus migratorio. Su idea era que se lo presentáramos a fray Miguel Concha Malo, presidente de la Comisión de Justicia y Paz de su congregación.
Dicho y hecho, pero la respuesta fue negativa: no había recursos para financiar dicha iniciativa. Sin embargo, nos contó que el Consejo de Provincia había aprobado otro proyecto: el del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”.
“Consigan dinero para eso”, nos dijo. Así fue que, ni cortos ni perezosos, logramos que el Consejo Mundial de Iglesias –presidido por el entrañable reverendo Charles Harper– nos donará un pequeño fondo con el que lo inauguramos hace 41 años; es decir, en noviembre de 1984.
Mi labor allá culminó con la elaboración del informe institucional de 1991 sobre la situación del país en la materia. Durante el primer trimestre de ese año, al buscar mi historial académico en la UNAM para comenzar a trabajar la tesis y graduarme, me di cuenta de que este había sido borrado por completo. Por medio de un amigo común, pude hablar con el subsecretario de Gobernación de la época; este me notificó la razón de tal “medida”: me había inmiscuido en asuntos internos mexicanos. Atrevido yo, le pregunté que por qué afirmaba eso, si no aparecía como parte del personal del “Vitoria” y nunca había brindado ninguna declaración ni firmado documento alguno sobre políticas gubernamentales. La respuesta fue contundente: “Seamos serios, somos adultos”.
Procedía entonces mi expulsión inmediata del país, con base en el artículo 33 constitucional. Pero por ser amigo de su amigo, hizo una excepción: podía quedarme un año como máximo mientras veía para dónde agarraba. Así llegué a la dirección del Instituto Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Pero eso ya no es parte de la historia del “Vitoria”.
El régimen de Venezuela anunció el miércoles la revocatoria de las concesiones de seis aerolíneas internacionales, entre ellas la española Iberia, luego de que estas suspendieran sus vuelos hacia y desde territorio venezolano atendiendo alertas de seguridad emitidas por Estados Unidos y otros países.
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) informó, mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, que las compañías afectadas son Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y la brasileña GOL.
Según el INAC, la medida fue tomada debido a que las aerolíneas “se sumaron a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos”, en referencia a las advertencias aéreas emitidas por la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés), que recomendaron extremar precauciones en el espacio aéreo venezolano debido al deterioro de la seguridad y la actividad militar en la región.
“Estas compañías suspendieron unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela, basándose en un NOTAM emitido por una autoridad aeronáutica sin competencia en la FIR Maiquetía”, afirmó el INAC. La FIR Maiquetía es el espacio aéreo bajo control del principal aeropuerto venezolano en Caracas.
La aerolínea Iberia ya había comunicado el pasado sábado la paralización de sus vuelos, luego de que la FAA difundiera una alerta por los riesgos operativos en Venezuela a todas las altitudes. La advertencia también fue acogida por autoridades de otros países, como España, que recomendaron medidas de precaución.
Por su parte, el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, criticó la decisión de las aerolíneas y acusó al gobierno estadounidense de intervenir en la soberanía aérea de la región.
“Estados Unidos emitió un NOTAM sobre el espacio aéreo que incluye a otros países, no solo a Venezuela”, dijo Cabello durante su programa transmitido por la televisora estatal VTV. “Esas líneas siguen volando a otros países sin ningún tipo de problema, pero de repente les dio por no volar a Venezuela”, añadió.
Según el índice de la Transparency International (CPI 2024) El Salvador obtuvo una puntuación de 30 sobre 100, muy por debajo del promedio mundial que es igual a 43/100, ocupando la posición 130 de 180 países. El índice de transparencia mide la percepción de corrupción en el sector público. Nuestro país ha tenido consistentemente un índice menor de 40 durante los últimos 15 años. Sin embargo, lo grave de la situación actual es que la tendencia durante este tiempo sugiere que El Salvador no ha mejorado de forma sostenida su percepción de transparencia; al contrario, ha empeorado en términos relativos. El índice de transparencia del actual gobierno es mas bajo que con los gobiernos del Frente y Arena.
Todos somos, de una u otra forma, conscientes de la falta de transparencia que actualmente afecta a nuestro país. La información pertinente y relevante sobre las acciones de nuestros gobernantes está vedada a los ojos del ciudadano común. La falta de justificación pública de gastos, el secretismo en las decisiones gubernamentales y la negativa sistemática a proporcionar información solicitada por la ciudadanía, medios independientes e investigadores, caracterizan el presente gobierno. Incluso en el ámbito de la salud, resulta imposible acceder a datos importantes sobre la epidemiología nacional, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de exposición ciudadana a enfermedades, algunas de ellas potencialmente mortales.
Todo parece indicar, por los índices actuales de aprobación presidencial, que al ciudadano común le interesa más bailar en el centro histórico que monitorear el manejo de los fondos públicos que, al final del día, provienen directamente de sus bolsillos. La transparencia para el salvadoreño es un factor que no afecta el día a día, por lo tanto, sin importancia. Sin embargo, sin instituciones transparentes, la seguridad es difícil de sostener a largo plazo, y la reducción del crimen puede ser solo temporal, costosa o depender excesivamente del uso de la fuerza militar o punitiva. Houston, tenemos un problema.
Según la literatura académica y organismos internacionales como ONU, Banco Mundial e Inter-American Development Bank, existe una relación fuerte e indirecta pero consistente entre el nivel de transparencia/corrupción (medido por el CPI) y los niveles de seguridad pública. No son índices que se influencian automáticamente uno al otro, pero están claramente conectados por mecanismos sociales, económicos e institucionales.
Ejemplos históricos muestran que las políticas hiper-punitivas o militarizadas pueden lograr una reducción rápida de los delitos, incluso en contextos con baja transparencia. Sin embargo, cuando la transparencia no avanza de manera paralela, con el tiempo suelen surgir efectos adversos como la corrupción dentro de los cuerpos de seguridad, el retroceso del estado de derecho, la concentración del poder y el deterioro democrático. Además, la criminalidad tiende a aumentar cuando cambia el liderazgo o se reduce el financiamiento de la represión. A menos que adoptemos un sistema monárquico, la democracia exige la transferencia y rotación del poder político.
Singapur, un país referente para el gobierno actual tiene una altísima transparencia institucional (tercera mas alta en el mundo), bajos niveles de corrupción en fuerzas de seguridad, poder judicial independiente, políticas preventivas, no solo punitivas, un sistema penitenciario enfocado en rehabilitación, y alta confianza de la población en el estado. En Singapur, la seguridad no depende del miedo, sino de instituciones que funcionan.
Está plenamente demostrado por hechos históricos que la opacidad en el ejercicio público abre las puertas a prácticas como la corrupción y la falta de ética pública. Sin transparencia no hay democracia ni un correcto desempeño del servicio público. Nadie quiere regresar a la inseguridad del pasado, ni al reinado de las pandillas. Definitivamente hoy estamos más seguros que con gobiernos anteriores, pero para lograr que esta seguridad sea sostenible, sin dañar nuestras libertades individuales, el mejoramiento de la transparencia de los organismos públicos tiene que mejorar. La reserva de la información, como estrategia para excluir al ciudadano común y demás instituciones que no forman parte del ente gobernante es, por seguro, una estrategia que esta destruyendo nuestra democracia. Es rico bailar en el centro histórico sin temor a la delincuencia o al terrorismo, pero sin libertad nos cansaremos muy pronto de bailar.
Aviones bombarderos estratégicos B-52H de Estados Unidos realizaron una demostración de ataque el pasado 24 de noviembre sobre el Mar Caribe, en el marco de la operación militar “Lanza del Sur”, según confirmó la Fuerza Aérea norteamericana en un comunicado publicado este miércoles.
“Bombarderos de largo alcance B-52H del @TeamMinot (base aérea Minot) condujeron una demostración de ataque de bombardero en el Mar Caribe en apoyo de la Operación Lanza del Sur, trayendo seguridad y estabilidad hemisférica”, indicó el Comando Sur de la Fuerza Aérea a través de sus redes sociales.
Durante esta operación, las aeronaves estadounidenses también integraron ejercicios conjuntos con aviones de combate y entrenamientos de rápida movilidad, aunque no se revelaron detalles adicionales sobre el tipo de armamento o ubicación exacta del operativo.
El despliegue de los B-52H ocurre en un contexto de creciente tensión en la región caribeña, especialmente entre Estados Unidos y Venezuela. Las maniobras coinciden con un incremento del despliegue militar estadounidense cerca de las costas venezolanas y la isla de Curazao, a solo 65 kilómetros de distancia.
Los B-52H son bombarderos de largo alcance capaces de transportar armas nucleares o convencionales, volar a alturas superiores a los 15,000 metros y operar a velocidades subsónicas. Estas aeronaves son utilizadas para operaciones estratégicas globales desde la década de 1950.
La plataforma FlightRadar24 detectó el lunes el sobrevuelo de varios aviones militares de EE.UU. en el corredor aéreo entre Venezuela y Curazao, aunque no se confirmó si formaban parte del mismo ejercicio.
La Operación Lanza del Sur fue activada el pasado 14 de noviembre con el objetivo de combatir el narcotráfico en Latinoamérica. Desde entonces, fuerzas estadounidenses han destruido más de 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, matando a más de 80 personas presuntamente vinculadas al crimen organizado.
Además, el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande de la Armada de EE.UU., fue trasladado al Caribe, y el lunes, el gobierno estadounidense declaró como organización terrorista al llamado «Cártel de los Soles», al que vincula directamente con el presidente venezolano Nicolás Maduro.
La situación ha generado un efecto dominó en el sector aéreo. Varias aerolíneas internacionales suspendieron sus vuelos hacia y desde Venezuela tras una advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA), que alertó sobre un aumento de la actividad militar en el espacio aéreo del país suramericano.
En medio de este panorama, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que está dispuesto a dialogar con Maduro “para salvar muchas vidas”. La posible conversación fue calificada como “bienvenida” por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien se pronunció públicamente este miércoles.
Un tribunal de Perú condenó el miércoles al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) a 14 años de prisión, tras declararlo culpable de cohecho pasivo propio en dos casos de corrupción ocurridos cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014). La decisión judicial lo convierte en el cuarto exjefe de Estado peruano sentenciado por delitos de corrupción.
Vizcarra fue hallado responsable de recibir sobornos en los proyectos de infraestructura ‘Lomas de Ilo’, por el cual recibió una condena de 6 años, y ‘Hospital de Moquegua’, que le valió 8 años adicionales. Además, el tribunal ordenó su inhabilitación por 9 años y el pago de una multa de 94,900 soles (alrededor de $25,800 tras conversión).
Lo que hace singular el caso de Vizcarra es que llegó a la presidencia con un fuerte discurso anticorrupción, llegando incluso a disolver el Congreso en 2019 como parte de lo que llamó una «cruzada contra la corrupción». Sin embargo, terminó siendo destituido en 2020 por el mismo Congreso por presuntos actos irregulares cometidos durante su gestión regional, pese a que en su momento no se presentaron pruebas concluyentes.
El expresidente peruano Alberto Fujimori. EFE
Con Vizcarra, ya son seis los expresidentes peruanos que han enfrentado procesos judiciales, condenas o investigaciones por corrupción en las últimas décadas. Desde Alberto Fujimori hasta Dina Boluarte, Perú ha visto una sucesión de mandatarios involucrados en escándalos judiciales que reflejan una profunda crisis institucional.
El expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, aunque fue liberado por un indulto humanitario en 2023. Alejandro Toledo (2001-2006) fue extraditado desde EE.UU. en 2023 y en octubre de 2024 fue condenado a 20 años y 6 meses de prisión por recibir millonarios sobornos de Odebrecht.
El expresidente peruano Alan García. EFE
Alan García (1985-1990 y 2006-2011), investigado por corrupción en contratos del Metro de Lima, se suicidó en 2019 cuando las autoridades iban a arrestarlo por el caso Odebrecht. Según la fiscalía, habría recibido $24 millones en sobornos durante su segundo mandato.
El expresidente de Perú Ollanta Humala (2011 – 2016). EFE
Ollanta Humala (2011-2016) fue condenado en abril de 2025 a 15 años de prisión por lavado de activos, luego de recibir financiamiento ilícito de Odebrecht y del gobierno venezolano. Mientras tanto, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) permanece en arresto domiciliario desde 2019, investigado por pagos de Odebrecht a su consultora.
Alejandro Toledo, expresidente de Perú, condenado por corrupción. EFE
Pedro Castillo (2021-2022), destituido tras intentar disolver el Congreso en 2022, enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y alteración del orden público. Está en prisión preventiva y la Fiscalía solicita 34 años de cárcel.
Dina Boluarte (2022-2025), su sucesora, fue investigada por el caso Rolexgate y denunciada por las muertes en protestas, aunque hasta el momento no ha sido procesada formalmente.
La destituida expresidenta de Perú, Dina Boluarte. / EFE
En contraste, Valentín Paniagua (2000-2001) se mantiene como el único expresidente reciente sin señalamientos de corrupción. Fue el mandatario interino tras la renuncia de Fujimori y lideró un breve gobierno de transición con amplia aprobación social.
Valentín Paniagua fue el único expresidente peruano en no ser procesado por corrupción en tres décadas.
De cara a las elecciones presidenciales de abril de 2026, el panorama político peruano sigue fragmentado: hay 43 candidatos inscritos, muchos sin respaldo de partidos tradicionales. La sombra de la corrupción sigue presente y la ciudadanía enfrenta un nuevo ciclo electoral con una democracia debilitada.
En julio de 2016, Netflix lanzó la primera temporada de Stranger Things, una serie que marcó un antes y un después en el género de ciencia ficción juvenil. Hoy, a casi 10 años del debut, sus protagonistas han crecido —literal y profesionalmente— y se preparan para el cierre de la historia con la quinta y última temporada que se estrenará en tres partes.
Los primeros cuatro episodios estarán disponibles a partir de este jueves 27 de noviembre, seguidos por otros tres capítulos el 26 de diciembre. Finalmente, el episodio final llegará a la plataforma el 1 de enero de 2026, marcando el cierre definitivo de una de las series más emblemáticas de la última década.
Millie Bobby Brown (Eleven).
Millie Bobby Brown (Eleven) tenía apenas 12 años cuando fue presentada como la enigmática protagonista. Hoy, con 21 años, está casada con Jake Bongiovi, ha adoptado una niña y ha protagonizado películas como Enola Holmes, Damsel y Estado eléctrico. Su carrera continúa en ascenso, consolidándose como una de las actrices jóvenes más influyentes del momento.
Finn Wolfhard (Mike Wheelers)
Finn Wolfhard (Mike) también ha tenido un recorrido destacado. Inició la serie con 13 años y ahora, a sus 22, ha participado en franquicias como Cazafantasmas y la adaptación de It de Stephen King. Además, ha prestado su voz en producciones animadas como Carmen Sandiego y Pinocho, de Guillermo del Toro.
Noah Schnapp (Wil Byers)
Noah Schnapp (Will) ha evolucionado desde su debut con solo 11 años. Ahora con 21, ha aparecido en películas como Abe, Waiting for Anya y El tutor, desarrollando una filmografía sólida mientras se prepara para la última entrega de la serie que lo lanzó a la fama.
Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)
Gaten Matarazzo (Dustin), con 14 años en la primera temporada y 23 actualmente, ha sido parte de títulos como Honor Society y ha prestado su voz en películas animadas como Granja de animales, dirigida por Andy Serkis.
Calbe Mclaughlin (Lucas Sinclair)
Caleb McLaughlin (Lucas), el mayor del grupo original, tenía 15 años al inicio de la serie y ahora, con 24, ha trabajado en películas como Cowboy de asfalto, junto a Idris Elba.
Sadie Sink (Max Mayfield)
Sadie Sink (Max), quien se unió en la segunda temporada con 15 años, hoy tiene 23 y se prepara para su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel con Spider-Man: Brand New Day, en un papel aún no revelado. Su carrera ha despegado en los últimos años, convirtiéndola en uno de los rostros jóvenes más reconocidos del cine actual.
Joe Keery (Steve Harrington)
Entre los actores adultos, Joe Keery (Steve), que comenzó con 24 años y ahora tiene 33, ha trabajado en cintas como Free Guy y Molly’s Game. Por su parte, Natalia Dyer (Nancy) tenía 20 años en la primera temporada y a sus 30 ha participado en películas como Velvet Buzzsaw y Basado en una historia real.
Charlie Heaton (Jonathan), de 31 años, ha trabajado en proyectos como El secreto de Marrowbone y Los nuevos mutantes. Maya Hawke (Robin), quien se integró en la tercera temporada, tiene 27 años y ha destacado en películas como Érase una vez en… Hollywood y Asteroid City. También prestó su voz en Del Revés 2, interpretando al personaje de Ansiedad.
Winona Rider (Joyce Bryers)
Finalmente, las figuras consagradas del elenco también han mantenido una presencia destacada. Winona Ryder (Joyce), con 44 años al inicio de la serie, regresó como Lydia Deetz en la secuela de Bitelchús, y David Harbour (Hooper), de 41 años en la primera temporada, se consolidó como estrella de Marvel con su personaje de Guardián Rojo. Jamie Campbell Bower (Vecna), el último gran villano de la serie, se unió en la cuarta entrega y ahora forma parte del universo de Los Anillos de Poder.
David Harbour (Jim Hooper)
Con una trayectoria de casi una década, el elenco de Stranger Things ha madurado frente a las cámaras y fuera de ellas. Su evolución ha sido seguida de cerca por millones de fanáticos en todo el mundo, quienes se preparan para despedir una historia que marcó una generación entera.
