Autor: Alvaro Cruz

“Viéndolo bien mirado”, como diría el mexicano Pedro Infante en una de sus canciones, tal vez solo un Papa esté en capacidad de hacer lo que León XIV ha hecho con el presidente de EE UU: golpearlo fuerte, sin siquiera haberse subido al mismo ring.

Donald J. Trump es y ha sido siempre un bully, un acosador, alguien acostumbrado a abusar –al menos verbalmente– de quienes cree inferiores a él. En la historia de EE UU, pese a la personalidad volátil que tuvo Andrew Jackson (1829-1837) o el vigor avasallante que caracterizó a Teddy Roosevelt (1901-1909), nadie como el actual inquilino de la Casa Blanca había embadurnado con tanta superflua testosterona la agenda política, económica y social del país más poderoso de la tierra.

Es posible que muchos de quienes hoy apoyan a ojos cerrados a Trump un día lleguen a preguntarse, con honestidad intelectual, cómo pudieron ser capaces de creer y seguir a alguien con estos rasgos patológicos tan marcados. Y acaso suceda, como en su día ocurrió con el régimen de Adolf Hitler, que ciertos líderes del espíritu –de la talla del pastor protestante Dietrich Bonhoeffer (1909-1945), asesinado por los nazis– nos ayuden a reflexionar sobre las razones que llevaron a tantas personas a apoyar, hasta sus últimas consecuencias, un movimiento político tan claramente antidemocrático como el trumpismo.

Mientras ese día llega, sin embargo, quienes defendemos principios de libertad debemos insistir en señalar el tipo de conflictos que Trump ha ido desatando, para bien y para mal, en este su controversial segundo mandato. Es evidente, por ejemplo, que extraer a Nicolás Maduro o presionar a la tiranía castrista son medidas que muchos esperábamos desde hacía tiempo. La caída de ambas dictaduras, si en verdad se quiere lo mejor para venezolanos y cubanos, es deseable casi desde cualquier ángulo.

El problema con el presidente de EE UU es que no termina de cerrar los ciclos que inicia. La libertad se vislumbra –cómo no– en las patrias de Bolívar y Martí, ofreciendo esperanza, pero los días pasan sin que el chavismo inicie oficialmente su retiro definitivo o que el castrismo empiece a abandonar el poder.

Los innecesarios alargues de Washington solo producirán frustración y agotamiento, pues la falta de avances reales termina siendo contraproducente cuando se tiene a una ciudadanía opositora sufriendo desde hace décadas. Paradójicamente, los alzamientos populares que Trump quiere ver en las calles de Teherán no los ha exigido igual en Caracas, y jugar con estas expectativas demuestra cuán lejos se encuentra Washington de los anhelos liberales de esos países que interviene.

La situación de Irán ya lo hemos comentado ampliamente en esta columna. Se trata de un despropósito mayúsculo en un momento inadecuado. Por supuesto que era importante poner fin a la carrera nuclear chiita y debilitar a un régimen tan despiadado, pero atacar a los ayatolás de la manera en que se ha hecho, sin una estrategia de corto y mediano plazo y sin medir las consecuencias para el resto del mundo, amenaza con convertirse en el peor error de la era Trump.

Cualquiera entiende que abrir más frentes de combate es lo que menos necesita la Casa Blanca en estos momentos; pero pareciera que el presidente tiene el secreto propósito de pelearse con la mitad del planeta. Y así, quizá por las mismas razones psicológicas esbozadas arriba, alguien en Washington creyó una buena idea insultar al Papa, líder espiritual de casi 1.500 millones de personas.

“Dios no bendice ningún conflicto”, había escrito León XIV en su cuenta de X a principios de abril, justo al inicio de la Pascua, saliendo al paso de posibles confusiones generadas por ciertos funcionarios republicanos que aludían a la doctrina católica de la “guerra justa” para justificar los ataques a Irán. “Quien sea discípulo de Cristo, Príncipe de la Paz, jamás estará del lado de aquellos que una vez empuñaron la espada y hoy lanzan bombas”.

Palabras demasiado directas para el frágil ego de Trump, que, fiel a su estilo, respondió de la única forma que sabe: con ofensas personales y olvidándose del fondo de la cuestión. Acusó al pontífice de “débil en materia de delincuencia” y de ser “terrible en política exterior”, le colocó delante de una disyuntiva falsa –“No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”– y aludió a que León era complaciente “con la izquierda radical”. Una andanada, en fin, de necedades.

¿Cómo respondió el Vicario de Cristo? Con su habitual serenidad y hasta una dosis de gracia. Recordó al mandatario, compatriota suyo, que la labor que ejerce al frente de la Iglesia no es política –en el sentido en que suele entenderse el término–, que iba a continuar pronunciándose “con fuerza” contra la guerra y que no le animaba ninguna intención de “entrar en un debate” con Trump, de cuya administración dijo no albergar temores. “Demasiadas personas están sufriendo en el mundo”, concluyó, restándole importancia al cruce de posturas. Suficiente.

Una reacción controlada frente a una arremetida descontrolada es la mejor forma de golpear a un matón sin ingresar al perímetro de su cuadrilátero. El daño que se causa a sí mismo el presidente norteamericano, arremetiendo contra León XIV, ya se refleja en las encuestas y tendrá sus efectos electorales en noviembre. Pero la historia ofrecerá, como es habitual, el mejor veredicto… y no creo que quien termine en la lona sea el Papa.

Por años, en el escenario del drama penal, el protagonismo fue casi exclusivamente al victimario. El delincuente, con su parafernalia de violencia y poder, ha secuestrado no solo la paz social, sino también la narrativa de la justicia. Sin embargo, como bien hemos sostenido en la tradición de la victimología, la verdadera medida de una sociedad no se encuentra en la severidad de sus prisiones, sino en la capacidad de mirar a los ojos a quienes sufrieron el daño y devolverles su dignidad, el no fallarles.

El Salvador desarrolla durante este año 2026 las audiencias únicas abiertas que ya son varias en diferentes tribunales especializados. La apertura de la audiencia única abierta contra la estructura de mando de la MS-13, desde sus cabecillas hasta sus mandos medios, por crímenes cometidos en el decenio de 2012 a 2022, no debemos comentarlo como un trámite procesal más; es un acto de exhumación de la verdad, de crímenes atroces contra la sociedad salvadoreña en especial para los sectores más vulnerables en comunidades, cantones, caseríos entre ellos la micro y pequeña empresa.

Desde la perspectiva criminológica, la víctima ha sido, históricamente, el «invitado de piedra» en el proceso penal. Durante la década en cuestión, miles de salvadoreños vivieron bajo un régimen de terror donde la denuncia era una sentencia de muerte. Ese silencio forzado constituye en parte lo que denominamos victimización secundaria: el Estado no pudo protegerles y el sistema les condenó al anonimato, incluso al olvido.

Visibilizar a las víctimas en este macroproceso contra la MS-13 es fundamental por la ruptura del estigma, ya que, durante años, se intentó criminalizar a las comunidades enteras bajo el control de pandillas. Darle rostro a la víctima permite diferenciar al ciudadano vulnerable del actor criminal, rompiendo el ciclo de prejuicios que les cometía otra victimización a los sectores más pobres. Estas audiencias en mi opinión deben servir para reconstruir el itinerario criminal de la pandilla. No basta con saber «quién mató», sino «cómo» se estructuró un sistema de victimización sistemática que incluyó entre otros homicidios, desapariciones, extorsiones, violaciones sexuales y desplazamientos forzados internos y externos entre 2012 y 2022 al menos en este proceso que se desarrolla en varios centros penitenciarios del país siendo el centro de atención el CECOT.

Para una madre que buscó a su hijo durante diez años, ver al cabecilla en el banquillo de los imputados por crímenes que dañan a la humanidad no sirve de consuelo; es la validación estatal de su dolor y de conocer a dónde se encuentran esas fosas clandestinas. Estamos ante un fenómeno de macrocriminalidad. Los delitos imputados no son hechos aislados, sino parte de una política de grupo criminal terrorista. Por ello, la victimología moderna nos exige que este proceso no se agote en la condena punitiva. La visibilidad es el primer paso hacia una reparación integral.

Si el proceso penal solo se enfoca en castigar al imputado, habremos cumplido con el Derecho Penal, pero habremos fracasado con la Criminología y Victimología. Es imperativo que esta y otras audiencias únicas abiertas permitan que los relatos de las víctimas permeen la conciencia colectiva. Solo así el «nunca más» dejará de ser una consigna para convertirse en una realidad estructural.

Como profesional del control social y el estudio del crimen, observo con rigor este avance, lo sigo, lo estoy midiendo. El Salvador tiene la oportunidad de transitar de una «justicia del espectáculo» que se desarrolló en ese mismo periodo donde no se les abrieron las causas, por el contrario, hubo impunidad, a una justicia de la memoria. Visibilizar a las víctimas de la MS-13 es la única vía para sanar y restaurar el tejido social. Sin ellas, el juicio es solo un expediente; con ellas, es un acto de redención nacional.

La justicia que llega tarde sigue siendo justicia, pero solo si es capaz de recordar los nombres de aquellos a quienes el terror intentó borrar y hacerles invisibles por siempre. Es momento que ya no podemos continuar retrasando que el sistema de justicia y penal deje de ser un monólogo sobre el delincuente con todas las garantías para protegerle, y se convierta en un momento de sanidad y restauración para las víctimas de las pandillas. Los cabecillas de la MS13 pensaron que sus graves crímenes de ese período seguirían en la impunidad, pero por fin llego el momento de la justicia, queda esperar la sentencia de esta macrojuicio.

*Por Ricardo Sosa / Doctor en Criminología / Egresado doctorado en Justicia Criminal / @jricardososa 

Millones de personas publican -a diario- aspectos de su vida privada en redes sociales, aceptan condiciones de uso sin leerlas, permiten el rastreo de su actividad en buscadores y aplicaciones, y proporcionan datos sensibles a cambio de servicios aparentemente gratuitos. Los pagos digitales, la banca en línea y los trámites por internet se han convertido en fuentes constantes de cesión de datos. La huella digital que cada individuo deja tras de sí no es solo extensa, sino también profunda: permite reconstruir hábitos, preferencias, relaciones e incluso estados emocionales.

La protección de datos —información personal, cuentas bancarias, historial médico, hábitos, etc.— es hoy un tema especialmente sensible y objeto de creciente reflexión jurídica, en la medida en que obliga a replantear qué pertenece al ámbito de lo público y qué debe permanecer en lo privado.

En las últimas décadas se ha producido un cambio profundo en la forma de entender la intimidad. Tradicionalmente, el derecho a la vida privada se concebía como un espacio de reserva frente a injerencias externas: cada persona tenía derecho a impedir que otros accedieran a su ámbito personal sin su consentimiento. Sin embargo, la irrupción de internet, las redes sociales y la inteligencia artificial ha transformado radicalmente este escenario.

En respuesta a esta transformación, el derecho a la protección de datos personales ha sido reconocido en diversas legislaciones como una forma de garantizar el control sobre la propia información. En principio, cada individuo debería poder decidir qué datos proporciona, a quién, con qué finalidad y durante cuánto tiempo. Este derecho incluye también la posibilidad de acceder a esa información, rectificarla o eliminarla. Se trata, por tanto, de un derecho personal que, aunque deriva de la intimidad, adquiere una dimensión nueva.

Sin embargo, este avance jurídico convive con una paradoja inquietante: nunca antes los individuos han compartido tanta información de forma voluntaria.

La aparición de la inteligencia artificial intensifica aún más este desafío. A diferencia de tecnologías anteriores, la IA no solo almacena información, sino que es capaz de analizarla, relacionarla e inferir nuevos datos a partir de ella. El trabajo de filtrar y procesar información, que antes recaía en personas, ha sido asumido por sistemas automatizados. Esto implica que incluso datos aparentemente inocuos pueden revelar aspectos muy significativos de una persona. Las conversaciones, las búsquedas y los patrones de uso se convierten así en materia prima para la construcción de perfiles cada vez más precisos.

Esta exposición masiva no es casual, sino estructural. Responde a un ecosistema digital diseñado para fomentar la participación constante. Las plataformas recompensan la visibilidad con reconocimiento social, mientras que la inmediatez reduce los espacios de reflexión. En este contexto, el consentimiento, aunque formalmente presente, suele ser débil, cuando no meramente ficticio.

Cabe entonces preguntarse: ¿tiene sentido seguir hablando de un derecho fundamental a la protección de datos cuando somos nosotros mismos quienes, en gran medida y muchas veces sin plena conciencia, cedemos nuestra información? La respuesta es afirmativa, pero el enfoque debe matizarse. Este derecho sigue siendo imprescindible como límite frente a abusos y como garantía ante el poder de empresas y Estados. Sin él, el individuo quedaría completamente expuesto.

Ante este panorama, resulta imprescindible promover una verdadera cultura de la intimidad. La libertad en el entorno digital no consiste en compartir sin límites, sino en hacerlo con criterio. La protección de datos, en última instancia, no es solo un derecho que se ejerce frente a otros, sino una responsabilidad que cada individuo asume respecto de sí mismo.

Conviene, por tanto, revalorizar el concepto de intimidad en un mundo hiperconectado. Cada acción digital deja una huella y contribuye a configurar quiénes somos. El simple gesto de hacer clic no es neutral: tiene una dimensión moral. El riesgo ya no es solo la posible invasión de la privacidad, sino la progresiva pérdida de la interioridad. Porque quien lo expone todo hacia afuera, termina, poco a poco, por vaciarse por dentro.

El problema, por tanto, ya no es únicamente jurídico, sino también antropológico. La protección legal, siendo necesaria, resulta insuficiente si no va acompañada de una toma de conciencia personal. Existe una dimensión ética de la intimidad que no puede ser delegada en la ley. Proteger los datos personales no consiste únicamente en exigir derechos, sino también en ejercer un criterio prudente sobre lo que se comparte. En este sentido, la intimidad deja de ser solo una obligación de los Estados y pasa a convertirse en una forma de autogobierno. No se trata de ocultarse, sino de decidir conscientemente qué aspectos de la vida deben permanecer en el ámbito personal.

*El padre Fernando Armas Faris es sacerdote y Doctor en Filosofía