Autor: Alvaro Cruz

Una “escuela modelo” necesita de políticas educativas acordes a la realidad nacional; además de una excelente infraestructura y un mejor presupuesto para el Ministerio de Educación. Han existido muchos modelos educativos en El Salvador¨; cada uno ha tenido sus fortalezas y debilidades.

Para analizar la educación salvadoreña, es pertinente analizar el modelo educativo de Chile, según el Banco de Desarrollo de América Latina, Chile ha hecho grandes avances en materia educativa y muchos indicadores lo ubican como líder entre los países latinoamericanos. Además, cuenta con las mayores tasas de cobertura educativa de la región y lidera los rankings en las pruebas estandarizadas de conocimientos.

Con respecto al programa SABE (Sistema de Apoyo a la Calidad Educativa) el cual tuvo un papel fundamental en la implementación y consolidación de las Escuelas Modelo en El Salvador. Impulsó metodologías centradas en el aprendizaje activo y participativo. Su objetivo fue desarrollar competencias en los estudiantes que van más allá de las aulas o del contenido curricular.

Según Julio Roberto Magaña, maestro,  normalista y exdirector de la Escuela Urbana Mixta Unificada “José Martí” de Tacuba, Ahuachapán, “las escuelas modelo surgieron en el marco de la Nuclearización Educativa, un modelo de administración y supervisión escolar, donde había una escuela sede y las demás escuelas, generalmente rurales, de una zona o municipio, giraban alrededor de esa sede, con un director de núcleo como supervisor de la jurisdicción y cuando se daba la integración con pequeños proyectos y se veía la calidad qué de ahí se desprendía, es decir, sobresalían en muchas formas, las escuelas sedes tomaban ese nombre de escuelas modelo. Acá en Tacuba, yo supervisé el núcleo y conseguí tener talleres de aprendizaje no solo para los alumnos de la escuela sede, sino también llegaban alumnos de las escuelas satélites como le llamaron al principio. Y al hacer un trabajo con empeño se observaba la calidad cuándo los alumnos ganaban concursos de matemáticas, ortografía y otros, a nivel nacional. Eso fueron, en rayas gruesas, las escuelas modelo”.

Para implementar un modelo de calidad educativa se debe de analizar investigaciones realizadas por pedagogos o estudiantes en las áreas de la educación. En la investigación realizada por egresados de pedagogía de la UCA, descubrieron en el Instituto Nacional de El Sauce (La Unión) lo siguiente: “Este modelo de calidad se fundamenta en prácticas pedagógicas que desarrollan las habilidades de los estudiantes de cooperación, competencia, resolución de problemas, pensamiento crítico”. En este estudio se evidenció que los estudiantes realizan prácticas pedagógicas. El Instituto Nacional de El Sauce, se catalogó como Modelo de la Escuela Inclusiva de Tiempo completo clásico.

El modelo Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP) quizá ha sido uno de los más prometedores, buscaba el desarrollo integral de los estudiantes. Se aplicaba competencias académicas, productivas y ciudadanas. Su enfoque era de extender la jornada y la participación ciudadana. Para este modelo se necesita de tener muchos recursos económicos.

Recordemos que, en El Salvador, son pocas las instituciones públicas que puedan tener la capacidad de albergar a los alumnos durante una jornada desde la mañana hasta la tarde. Recuerdo cuando estudié en la “José Martí”, los alumnos, en tercer ciclo, recibíamos aprendizajes extracurriculares como: carpintería, electricidad; mientras que las alumnas aprendían croché y costura.

Las Escuelas modelo deben de fortalecer las habilidades blancas, incorporar metodologías que promuevan el aprendizaje en proyecto, evaluación integral e infraestructura adecuada. En una escuela modelo también debe impartirse: arte, educación física, manualidades, educación musical, enfoques pedagógicos innovadoras, etc. El objetivo es formar a estudiantes integrales.

Actualmente, el modelo educativo Mi Nueva Escuela, busca una educación con enfoque de calidad e integridad. El objetivo es renovar la infraestructura, incorporar más tecnología y la formación docente. Como propuesta, es idóneo que en los libros de texto se incorporen temas como: habilidades blandas, educación financiera y emprendimiento.

No hay un modelo educativo perfecto; Sin embargo, es de tener en la mira a las escuelas que son ejemplo, las cuales gradúan a sus estudiantes con excelentes conocimientos, competencias y habilidades para triunfar.

No hablaré del luchador salvadoreño que se ganó el cariño de tanta gente, sobre todo durante la década de 1960, siendo protagonista insustituible del espectáculo que se montaba en la legendaria Arena Metropolitana los sábados por la noche. José María Velázquez era su nombre; fue conocido con ese alias y también como “La montaña tecleña”. Siendo niño y adolescente, este gladiador del encordelado guanaco atrapó mi atención; era un personaje corpulento muy querido por quienes, al igual que mis hermanos mayores y este servidor, nos rebuscábamos para ver por televisión dicho espectáculo: la “Lucha libre internacional”, narrada por “Miguelito” Álvarez. Pero no. Hoy recordaré a otro luchador incansable e insustituible en otros ámbitos, queridísimo por tanta gente, quien recién partió físicamente de este mundo: José María “Chema” Tojeira Pelayo, también grande.

Lo que había que decir de él como protagonista político, académico, religioso, defensor de la dignidad humana y más en nuestro país a lo largo de cuatro décadas, ya lo dijo de manera magistral Rodolfo Cardenal cuando en la misa de cuerpo presente pronunció una muy desafiante homilía el pasado martes 11 de septiembre. Pretender añadir algo es riesgoso, así que mejor reviso entre mi recuerdos y comparto en esta ocasión lo principal que de él me queda de lo acumulado a lo largo de más de 33 años transcurridos desde que tuve el privilegio de conocerlo.

Algo esencial de esa relación fue el trabajo desarrollado alrededor del caso de la masacre en la Universidad Centroamericano José Simeón Cañas(UCA), perpetrada el jueves 16 de noviembre de 1989por militares que obedecían órdenes superiores. Cuando llegué a trabajar a esta casa de estudios el lunes 6 de enero de 1992 y tomé posesión de la dirección del Instituto de Derechos Humanos de la misma –el IDHUCA– no lo conocí inmediatamente; ese día debí presentarme ante el que fuera mi jefe durante catorce años: el mencionado padre Cardenal, vicerrector de Proyección Social.

Con Chema tuve contacto posteriormente. Desde que llegué a ocupar el puesto de Segundo Montes, también jesuita, establecimos las prioridades institucionales que asumiríamos: apoyo a las comisiones encargadas de establecer la verdad sobre las atrocidades ocurridas en años anteriores y de depurar la Fuerza Armada, así como a acompañar los primeros pasos de las recién creadas Policía Nacional Civil y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero con Chema, además, nos metimos de lleno a empujar el caso del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas, Julia Elba Ramos y su hija Celina en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así comenzamos a trabajar juntos.

Como su tocayo, el atleta, este jesuita nacido en la ciudad española de Vigo pero salvadoreño por opción y corazón también era alto pero no rechoncho. Impactaba, sin lugar a dudas, más por su personalidad que por su estatura; pero sobre todo por la alegría que transmitía y contagiaba incluso en situaciones peliagudas. A propósito, recuerdo que el martes 15 de septiembre de 1998 –durante la conmemoración oficial de la independencia centroamericana‒ el ministro de Seguridad Pública se lanzó contra el trabajo del IDHUCA; palabras más palabras menos, aseguró que queríamos destruir la corporación policial debido al acompañamiento brindado a las familias de dos jóvenes asesinados unos años atrás: Ramón Mauricio García Prieto y Manuel Adriano Vilanova. Según el funcionario, se trataba de una “manipulación” nuestra orquestada para «favorecer a determinado partido político».

Chema –entonces rector de la UCA– reiteró el respaldo institucional a una labor extensa, amplia y muy necesaria de educación y formación en derechos humanos, incluyendo al personal policial. También destacó la defensa, el apoyo y la asesoría a personas que habían sufrido violaciones de dichos derechos. “En este terreno ‒afirmó– la labor del IDHUCA no se centra en la simple denuncia sino que trata fundamentalmente de conseguir, a través del acompañamiento de las víctimas, que las instituciones del país funcionen realmente”.

Más que el fruto de manipulaciones abiertas o vedadas, de intereses partidistas perversos u otras inconfesables intenciones, el desinteresado servicio que Chema entregó al país y a su gente más desprotegida tenía y tiene que ver con la bondad a la cual se refirió durante su último programa transmitido por la radio de la universidad que tanto quiso. “La bondad es necesaria en la política”, afirmó; estas constituyen “dos realidades que tienen que ir juntas”. Eso no ha ocurrido en este país tanto en la preguerra, la guerra y la posguerra. Y, para preocupación nuestra, ahora ese sueño se observa cada vez más lejano. Por eso, parafraseando a Rodolfo, dejemos que este nuestro gran Chema descanse en paz pero asumamos el desafío que nos deja: en El Salvador y el mundo, quienes lo seguimos no deberemos “descansar mientras la justicia y la paz no se abracen”.

Roberto R. tiene 39 años de edad, un hijo estadounidense de seis años y una mujer hondureña, a los que desde junio pasado no ve. A principios de ese mes fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en la ciudad de Los Ángeles, California y el mes pasado fue deportado a El Salvador, sin un tan solo dólar en sus bolsillos,

Angustiado por la suerte de su hijo y de su  mujer, quien también carece de estatus legal en Estados Unidos, Roberto lamenta su suerte y asegura que apenas se den las circunstancias adecuadas volverá a irse ilegalmente hacia Estados Unidos. Su decisión ya está tomada y la semana pasada partió a México, desde donde planea volver a Estados Unidos cuando exista la menor oportunidad.

Resulta que hace 14 años, Roberto le pagó $8,500 a un traficante de personas para que lo llevara ilegalmente a Estados Unidos. Fue un 2 de enero de 2011 cuando Roberto inició la travesía, sufriendo las inclemencias del clima y el peligro, a tal punto que en Tamaulipas, México, fue secuestrado por un grupo delincuencial que lo liberó tras propinarle una golpiza. En el Río Bravo estuvo a punto de ahogarse hasta que llegó a Austin, Texas, desde donde un pariente lo llevo a Houston y desde esa ciudad a San Francisco. Vivió menos de un año en San Francisco y junto a otro salvadoreño optaron por irse a Los Ángeles, ya que esperaban tener mejores oportunidades de trabajo.

En la ciudad de Los Ángeles se le dificultó encontrar un buen trabajo hasta que un hondureño los llevó a trabajar de jardineros al condado de Orange, para lo cual tuvieron que comprar permisos de trabajo falsificados.  Regresó a Los Ángeles donde conoció a Margarita B., una hondureña indocumentada que laboraba limpiando viviendas. En 2014 decidieron vivir juntos y producto de esa relación nació su hijo a quien hace cinco años los médicos le detectaron autismo.

El autismo del hijo de Roberto se ha desarrollado a tal punto que el niño busca causarse dolor golpeándose la cabeza contra las paredes y mordiendo objetos duros. Debido a esa circunstancia Margarita dejó de trabajar para cuidarlo todo el tiempo y Roberto se convirtió en el único que aportaba dinero para el hogar. La vivienda en Los Ángeles la compartía con una pareja de mexicanos, a fin de poder cancelar el monto del alquiler.

La primera semana de junio pasado Roberto se encontraba trabajando en la limpieza de una piscina domiciliar cuando llegaron cinco agentes de Migración que tras agredirlo verbalmente le pidieron sus documentos y luego lo esposaron y lo subieron a una camioneta en la cual ya tenían a tres latinos. Roberto se enteró que el mismo propietario de la piscina, un ciudadano de origen polaco, lo había delatado, con el fin de no pagarle cerca de $850, el equivalente a una semana laborada.

Fue llevado a una Corte que ordenó su deportación la cual se hizo efectiva el mes pasado. Llegó a su colonia en Soyapango y se encontró con que muchas cosas habían cambiado. En 2010 escapó de morir porque el pandillero que lo atacó a balazos no tenía puntería y los cinco disparos que le hizo no pegaron en su humanidad. Supo que el sujeto que le disparó está preso por el Régimen de Excepción. Roberto decidió marcharse porque en el país su vida corría peligro por las amenazas de los pandilleros y porque a pesar de rebuscarse no encontraba trabajo.

A mediados de 2016 sus  dos hermanos menores, acosados por las pandillas y la falta de oportunidades laborales, también se fueron ilegalmente para Estados Unidos. Uno de ellos se quedó viviendo en Chihuahua (México) y el otro reside Nueva York, donde tuvo la suerte de casarse con una estadounidense y tiene la ciudadanía norteamericana.

Roberto está seguro que volverá a ver a su esposa e hijo. Confía en que la política contra los migrantes de Donald Trump no será permanente y que dentro de algunos años cuando deje la presidencia los inmigrantes podrán vivir tranquilos en Estados Unidos, una nación forjada por migrantes de todo el mundo.

Y es que la política migratoria de Trump atenta contra los derechos fundamentales de la humanidad. Migrar en busca de oportunidades es un derecho humano universal, reclamado por la iglesia católica universal que a través de Su Santidad , el peruano estadounidense, León XIV ha pedido abiertamente a Trump parar las deportaciones de inmigrantes y respetar la dignidad humana.

En el caso de Roberto, su mujer debe estar angustiada temiendo por su propia deportación y por la salud de su hijo. Ahora ella se verá obligada a trabajar o a vivir de la caridad humana. La separación familiar es un daño colateral de ingratas consecuencias generado por la política de deportación de la administración estadounidense. Es una política migratoria que no mide consecuencias ni sopesa el enorme daño que causa a seres humanos.

Son millones, especialmente latinos, los que día a día sufren la angustia y el temor de ser deportados sin nada en sus bolsillos, dejando allá lo que construyeron, su familia,  sus amigos, sus carreras laborales y todo el aporte que hicieron al crecimiento y desarrollo de esa gran nación.

Trump, y sus asesores, debería hacer un alto en el camino y valorar a los migrantes como seres humanos que tienen sus derechos y deberes.  No es justo que arrase con todos, aunque tiene todo el derecho del mundo para perseguir a los criminales sea cual sea su estatus legal y su nacionalidad. Emigrar en busca de mejores oportunidades es parte de la naturaleza humana y como dijera León XIV: “(Los migrantes son) Mensajeros de Esperanza, en un mundo marcado por la guerra y la injusticia… Porque su dignidad (de los migrantes) siempre es la misma, como criaturas de Dios”.

*Jaime Ulises Marinero es periodista