Autor: Alvaro Cruz

El mercado laboral salvadoreño, caracterizado por altos niveles de informalidad, baja productividad y una marcada dependencia de sectores tradicionales, se verá inevitablemente transformado una diversidad de cambios que están reconfigurando el mundo del trabajo. Entre ellos destacan la profundización de la era digital y la automatización, el neoproteccionismo, los cambios demográficos y la transición verde.

Profundización de la era digital y la automatización. La expansión del acceso digital, los avances de la inteligencia artificial y el despliegue de la robótica y los sistemas autónomos transformarán de manera acelerada las ocupaciones. A nivel global, se prevé que estos cambios generen millones de nuevos empleos, pero también que provoquen una fuerte reducción de trabajos rutinarios y administrativos. Para El Salvador, donde la digitalización empresarial aún es incipiente y la conectividad presenta desigualdades significativas entre zonas urbanas y rurales, el riesgo de quedar rezagados frente a esta transición es alto. No obstante, la digitalización abre oportunidades para ampliar la oferta de servicios basados en conocimiento, dinamizar el sector tecnológico emergente y facilitar la inserción en cadenas globales de valor mediante el teletrabajo y la exportación de servicios digitales. El desafío será preparar a la fuerza laboral con competencias digitales y tecnológicas que hoy son escasas.

Neoproteccionismo. El comercio internacional, que en las últimas décadas ofreció oportunidades para países pequeños a través de tratados como el CAFTA-DR, enfrenta crecientes restricciones comerciales, subsidios internos y disputas entre grandes potencias. En este escenario, El Salvador corre el riesgo de ver limitadas sus posibilidades de diversificación exportadora, particularmente en sectores como el textil y la maquila, que dependen fuertemente de mercados como Estados Unidos. Sin embargo, esta misma dinámica puede abrir espacios para el nearshoring: empresas que buscan relocalizar parte de su producción más cerca de los grandes mercados. Para aprovechar esta ventana, será imprescindible mejorar la infraestructura, elevar la calificación de la mano de obra y asegurar un entorno institucional atractivo y confiable para la inversión.

Cambios demográficos. Mientras en las economías avanzadas predomina el envejecimiento y la reducción de la población en edad de trabajar, en países como El Salvador la fuerza laboral continúa creciendo, aunque a un ritmo más lento por la emigración sostenida de jóvenes y el el peso creciente de la población de 65 años y más. Esta paradoja plantea un doble reto: por un lado, aprovechar el bono demográfico que aún persiste mediante la generación de empleos de calidad; y por otro, gestionar los efectos del envejecimiento poblacional en el acceso a pensiones, salud y cuidados. El sector del cuidado, que ya muestra señales de expansión a nivel global, puede convertirse en un campo prometedor para la creación de empleo en el país, especialmente si se articula con políticas públicas que reconozcan y profesionalicen estas tareas.

Finalmente, la transición verde constituye una de las fuerzas más transformadoras. Los compromisos internacionales de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático demandan nuevas competencias y empleos en sectores como las energías renovables, la gestión ambiental y la construcción sostenible. Para El Salvador, particularmente vulnerable a los efectos climáticos, esta transición no es solo una oportunidad, sino una necesidad. La agricultura, que sigue siendo un pilar del empleo nacional, enfrentará presiones por la variabilidad climática, pero también puede beneficiarse de inversiones en prácticas sostenibles. A nivel urbano, se abrirán oportunidades en energías renovables, eficiencia energética, movilidad eléctrica y gestión de residuos.

En conjunto, estos cuatro cambios o tendencias redefinirán el mercado laboral salvadoreño en la próxima década. Si bien presentan riesgos evidentes —como el desplazamiento de empleos rutinarios, la vulnerabilidad ante choques externos y la persistencia de desigualdades en el acceso a la digitalización—, también ofrecen la posibilidad de impulsar transformaciones largamente postergadas: mejorar la educación técnica, fortalecer la capacidad productiva de las MYPE, diversificar la economía y fomentar sectores emergentes con alto potencial de crecimiento.

El futuro del trabajo en El Salvador no está escrito de antemano. Dependerá de la capacidad del país para anticiparse, invertir en su capital humano y diseñar políticas que acompañen los procesos de cambio en lugar de resistirlos. La profundización de la era digital, la transición verde, la gestión de los cambios demográficos y la adaptación al nuevo entorno geoeconómico al que se está configurando con el neoproteccionismo serán pruebas decisivas para construir un mercado laboral más inclusivo, resiliente y capaz de sostener el desarrollo en las próximas décadas.

*William Pleites es director de FLACSO El Salvador

En mi columna anterior analizaba la magnitud del riesgo de corrupción que implica la nueva Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales. Como se mencionó entonces, estudios de la OMS, el Banco Mundial y Transparency International estiman que entre el 10% y el 25% del gasto mundial en salud se pierde debido a la corrupción. Si aplicamos ese escenario al presupuesto nacional adjudicado al Ministerio de Salud —que en 2024 ascendió a $1,262 millones—, estaríamos hablando de hasta $315 millones que podrían terminar en bolsillos privados. El impacto de semejante fuga de recursos sobre el acceso y la calidad de los servicios públicos resulta evidente.

De ese total, el área de compras de medicamentos e insumos médicos constituye uno de los focos más vulnerables. Diversos análisis señalan que entre el 40% y el 60% de los casos documentados de corrupción en el sector salud están vinculados a los procesos de adquisición y suministro. Por ello, en esta ocasión examinaremos los riesgos específicos de corrupción asociados al mecanismo de compra de medicamentos establecido en la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales.

La Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales establece que esta entidad contará con un sistema propio de vigilancia y control de calidad para los medicamentos adquiridos, regulando su compra e importación sin supervisión de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, sino bajo normas internas propias. Para medicamentos adquiridos en el extranjero, se aceptarán certificaciones internacionales de Buenas Prácticas de Manufactura y Certificados de Productos emitidos por la Organización Mundial de la Salud u otras autoridades competentes. Además, la Red dispondrá de un laboratorio propio para verificar que los medicamentos cumplan con estándares nacionales, regionales e internacionales de eficacia, seguridad y calidad.

Este sistema busca garantizar la calidad y control en la adquisición de medicamentos para los hospitales que integran la Red Nacional, promoviendo transparencia y seguridad en la atención médica.

La compra de medicamentos puede realizarse mediante varios métodos: contratación directa sin competencia, requiriendo cotizaciones; compras internacionales invitando proveedores extranjeros calificados sin anuncio público; y compras en línea cuando sean más beneficiosas. Estos métodos buscan brindar flexibilidad y eficiencia, priorizando la calidad y el cumplimiento de especificaciones técnicas.

En la evaluación de ofertas se da mayor ponderación a la calidad, además del precio y cumplimiento técnico. Se exigen garantías mínimas de un año sobre el buen funcionamiento o calidad de los medicamentos adquiridos.

Este proceso garantiza la adquisición eficiente y de alta calidad para la atención médica en la Red Nacional de Hospitales.

El proceso de la Red Nacional de Hospitales se diferencia del utilizado por el Ministerio de Salud (MINSAL) principalmente en cuatro áreas: autonomía, certificaciones internacionales, laboratorio de control de calidad e independencia en sus procedimientos. Esto refleja la descentralización y autonomía de la Red en la gestión de sus compras y operaciones. Un punto importante es que la Red Nacional de Hospitales tiene autonomía plena en la regulación, vigilancia, compra e importación de medicamentos, insumos médicos y equipos. No está supervisada por la Superintendencia de Regulación Sanitaria ni se rige por las disposiciones del Sistema Nacional Integrado de Salud, salvo en casos específicos no regulados por la institución propia. Esta autonomía le permite manejar un régimen especial de adquisiciones fuera de la Ley de Compras Públicas y operar con un sistema interno más flexible y propio para garantizar la calidad y eficiencia en la atención médica.

Este proceso de compra que propone la nueva ley está alineado con los estándares internacionales, incluyendo los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  El proceso incluye una certificación de buenas prácticas de manufactura, un certificado de productos farmacéutico también incluye la creación de un laboratorio de control de calidad. Estos requisitos aseguran que los medicamentos adquiridos cumplen con los estándares internacionales de calidad y seguridad promovidos por la OMS.

La nueva Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales busca modernizar y flexibilizar la gestión en la adquisición de medicamentos e insumos médicos, estableciendo un sistema autónomo con control de calidad interno y alineado con estándares internacionales como los de la OMS. Sin embargo, dada la prevalencia histórica y mundial de la corrupción en el sector salud y la vulnerabilidad particular de los procesos de compra de insumos, esta autonomía y flexibilidad también representan riesgos significativos de corrupción y pérdida de recursos públicos. Por ello, resulta imprescindible que la implementación de esta ley vaya acompañada de mecanismos sólidos de transparencia, supervisión independiente y rendición de cuentas para evitar que una parte importante del presupuesto destinado a la salud termine en manos privadas, protegiendo así el acceso y la calidad de los servicios públicos para la población. Solo con controles efectivos se podrá garantizar que la Red Nacional de Hospitales cumpla con su objetivo fundamental: brindar una atención médica eficiente, segura y equitativa para todos.

*El Dr. Alfonso Rosales es médico epidemiólogo y consultor internacional