Autor: Alvaro Cruz

Juan Antonio Ramírez, cariñosamente conocido como Toñito, fue mi compañero de estudios en tercer ciclo. Toñito estudio profesorado en Matemáticas y se desempeñaba como docente, cuando en plena juventud perdió la vista por una herencia genética. Pasó a ser parte del aproximadamente 15 por ciento de la población mundial con algún tipo de discapacidad.

Toñito dejó la docencia y aprendió a ver con los ojos del alma. Religioso, rápidamente se convirtió en el rezador “oficial” de Olocuilta y suele acompañar a los dolientes en los rezos y misas. Con resiliencia ha sabido insertarse en la sociedad y en el cariño de quienes le conocemos y admiramos. Con su fe ha logrado conllevar la discapacidad visual siendo ahora un referente para los jóvenes que lo ven como alguien que ha sabido ganarse el respeto y el cariño de todos.

Por los cientos de millones de seres humanos con alguna discapacidad, desde 1992 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de impulsar la inclusión social y laboral, asimismo para concienciar sobre la importancia de crear sociedades accesibles y con igualdad de oportunidades.

Todos los días debemos, pero especialmente el 3 de diciembre, reconocer los desafíos que día a día enfrentan las personas con discapacidad, ya sea genética o que esta haya sido adquirida por alguna circunstancia de la vida. Muchas personas con discapacidades enfrentan discriminación de la sociedad que les impone obstáculos o barreras para acceder a un mundo de igualdad de oportunidades y los relega a vivir en condiciones paupérrimas o deplorables.

Las discapacidades sean visuales, auditivas, de movilidad, físicas o de cualquier tipo no le quitan lo humano a nadie, y como personas quienes adolecen de alguna discapacidad son, como todos, personas en proceso de perfección humana con un cumulo de pensamientos., conocimientos y sentimientos en constante transformación.

Una persona con discapacidad no necesita de la lástima de los demás, solo requiere ser incluido en una sociedad que le facilite el entorno adecuado y que le brinde las condiciones para acceder a oportunidades en todos o casi todos los ámbitos de la vida. Las discapacidades sobran cuando la verdadera inclusión se manifiesta en la conciencia ciudadana y el Estado asume su responsabilidad para con ellos.

Recuerdo que cuando estudiaba en la universidad había alumnos con discapacidades estudiando diferentes carreras que a base de esfuerzo lograron coronar su sueño académico y ahora son destacados profesionales que aportan mucho a la nación. Sin embargo, vivimos en un país donde son pocas las oportunidades para estas personas, porque nuestra conciencia colectiva nos lleva a suponer que su desventaja es una barrera para el crecimiento como seres humanos útiles para la sociedad.

Reitero, una persona discapacitada no requiere de la lástima enfermiza, más bien anhela cariño, respeto, comprensión, empatía, y por supuesto ser incluido y tener acceso a oportunidades en lo académico, social, laboral, accesibilidad arquitectónica, infraestructura y servicios básicos.

Vivimos en una sociedad donde todavía hay grandes obstáculos para las personas con discapacidades en el área de la salud y la educación. Carecemos de servicios de apoyo para estas personas y eso literalmente es discriminación. Por axioma y deber humano nadie debe ser discriminado por sus pensamientos, su género, sus condiciones sociales y mucho menos por sus discapacidades, que lo vuelven persona especial.

Muchos estudios revelan que en el campo laboral las personas con discapacidades tienen menos salarios que los demás empleados que ocupan sus mismas plazas y que muchas instituciones, especialmente las privadas, no dan empleos a personas que presentan algún tipo de discapacidad, aunque la ley les exija cierto porcentaje.

Gloria Campos, mi paisana y amiga sufrió un accidente cuando era una joven treintañera y quedó en silla de ruedas. Gracias a su resiliencia logró sacar adelante a sus tres hijas, coronar una carrera universitaria y pese a su discapacidad de movilidad, conduce vehículo casi a la perfección.  Gloria, una mujer admirable y respetable ha demostrado que con oportunidades, fe y voluntad se pueden superar las discapacidades, aun conviviendo con ellas.

Recientemente me encontré en Guatemala al colega columnista Gerardo Schonenberg, de 25 años de edad, quien tiene discapacidades para hablar y movilizarse. Toda su vida la ha pasado en silla de ruedas, pero al vivir en una familia amorosa y comprensiva ha logrado ser entendido y ha desarrollado capacidades que le permiten escribir columnsa de opinión sustanciosas y trascendentales. Gerardo es licenciado en turismo, graduado con ayuda de una tutora, de una universidad privada. Ha escrito libros y verificado accesos para personas discapacitadas en hoteles pequeños y medianos en El Salvador. Ama la aventura.

No todas las personas discapacitadas tienen el apoyo de sus parientes, de la sociedad y el Estado. Muchos viven marginados y sin oportunidades. Esa deuda la tenemos todos, porque no hemos acumulado la conciencia suficiente para entender a estas personas y por ende garantizarle sus derechos como seres humanos especiales que merecen todo nuestro respeto y apoyo.

Para este 3 de diciembre la ONU ha creado el lema 2025, el cual textualmente dice: “Fomentar sociedades exclusivas de las personas con discapacidades para avanzar en el progreso social”. El tema resalta la necesidad de una inclusión total en todas las esferas de la vida para lograr un desarrollo social equitativo, justo y más humano dentro de la convivencia social.

No entender, no comprender y rechazar a las personas con discapacidades por esa simple razón, solo es una forma de manifestar la discapacidad del alma. La verdadera inclusión no pasa por el uso errado de la gramática, pasa y se acentúa en la necesidad de generar empatía, condiciones y oportunidades (en todos los campos de la vida) a nuestros semejantes que tienen una o varias discapacidades… En la vida todos somos criaturas de Dios.

*Jaime Ulises Marinero es periodista

 

En estos tiempos donde las series y las películas dominan nuestras conversaciones, donde un estreno en Netflix mueve más opiniones que un libro en la mesa de noche, vale la pena preguntarnos algo sencillo: ¿puede el cine acercarnos a la lectura?

La respuesta es sí. Y no solo puede: lo está haciendo.

Las adaptaciones literarias al cine y la televisión están abriendo puertas que parecían cerradas para muchos jóvenes y adultos que nunca habían leído una novela completa. La pantalla despierta la curiosidad, y la curiosidad, si se guía bien, puede llevar a un libro que cambie una vida.

Porque si la película enamora, el libro transforma.

La magia de Macondo en movimiento

La llegada de Cien años de soledad a Netflix es un acontecimiento cultural para nuestro continente. Por primera vez, millones de personas pueden asomarse a Macondo sin haber leído una sola línea del libro.

La serie convierte la complejidad de García Márquez en imágenes vivas y en escenas que sorprenden, incluso a quien nunca había oído el nombre de los Buendía.

Eso sí: por más fiel que sea, ninguna adaptación puede capturar el realismo mágico tal como aparece en la novela. Lo que en el libro es pura poesía, en pantalla es solo un reflejo.

Pero justamente ahí está el encanto: la serie despierta la sed de conocer el texto original.

El buen reparto y la producción de alto nivel le dan fuerza visual, pero la esencia sigue esperando en las páginas del libro.

Isabel Allende: emociones que traspasan pantallas

Algo similar ocurrió con La casa de los espíritus, de Isabel Allende. La película llevó al cine la intensidad emocional de sus personajes y su mezcla única entre historia familiar y fantasía.

Actores como Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons, Antonio Banderas y Winona Ryder dieron vida a una narración que ya era poderosa por sí misma.

Muchos espectadores descubrieron la novela después de ver la película, buscando entender más profundamente los silencios, los dolores y las memorias de esa familia marcada por la historia de un país.

En ambos casos, García Márquez y Allende, el cine se convirtió en puente para que nuevas generaciones llegaran finalmente al libro.

Cuando la literatura se vuelve una experiencia compartida

Leer suele ser un acto íntimo, silencioso, personal. Pero ver una película o una serie basada en un libro convierte esa experiencia en algo colectivo: una conversación familiar, un debate en clase, un comentario entre amigos.

Hablar de Macondo o de los espíritus de Allende ya no es cosa de unos pocos lectores, sino de miles que vieron la adaptación. La literatura, al llegar al entretenimiento, se vuelve tema común.

Y ese diálogo abre nuevos caminos para que surjan lectores donde antes no los había.

El camino de regreso al libro

Cuando una novela llega a la pantalla, muchas personas sienten curiosidad por el texto original. Quieren entender lo que no se mostró, descubrir personajes omitidos y vivir en profundidad, lo que apenas se insinuó en la adaptación.

Pasa con Cien años de soledad. Pasa con La casa de los espíritus. Pasa con Los Miserables, con Drácula, con El Señor de los Anillos y con tantas obras que, al verse en pantalla, dejan una sensación incompleta.

Porque el libro siempre es más amplio que la película. Más profundo. Más íntimo. Más verdadero.

La literatura sigue viva

Algunos dicen que los libros están perdiendo terreno frente a las pantallas. Yo creo lo contrario: se están reinventando.

Mientras más adaptaciones vemos, más lectores nuevos aparecen; jóvenes que descubren que una historia tiene más detalles en el papel que en la pantalla, y que la imaginación es un espectáculo que nadie puede filmar.

La literatura se vuelve universal cuando llega al cine. Pero vuelve a ser personal cuando cada quien regresa al libro.

Una invitación final

Leer no es competir con el cine: es complementarlo. Quien vio una película basada en una novela ya tiene un pie dentro del mundo literario.

Solo falta dar el siguiente paso: abrir el libro. Como escribió Pablo en las Sagradas Escrituras: “Examinadlo todo; retened lo bueno” (1 Tesalonicenses 5:21). Y pocas cosas son tan buenas, tan profundas y tan transformadoras como leer la obra original.

Porque una película se ve. Pero un libro se vive.

Hablar de Derecho Penal en El Salvador siempre ha sido un ejercicio de precisión y equilibrio, casi como intentar sostener en una mano el Derecho y Razón de Ferrajoli y en la otra una taza de café sin derramarla, mientras el clima político presiona desde todos los costados. Aun así, vale la pena hacerlo, porque la justicia penal no es un lujo académico: es el corazón mismo del Estado de derecho. El Salvador ha apostado por un modelo de seguridad firme, con resultados visibles. Sin embargo, conviene recordar —con la calma de los juristas y la ironía de los realistas— que el Derecho Penal es el instrumento más delicado del poder estatal.

Como decía Luigi Ferrajoli, “donde comienza el poder punitivo, deben redoblarse las garantías”. Y esto no por capricho intelectual, sino porque la libertad humana no admite errores de cálculo. El Derecho Penal salvadoreño, aunque sólido en su estructura normativa, enfrenta el eterno desafío de evitar convertirse en una herramienta de simple eficacia. La presunción de inocencia, el debido proceso y la proporcionalidad no son obstáculos administrativos: son, en palabras de Ferrajoli, “las condiciones mínimas para evitar que la justicia se transforme en fuerza sin derecho”. Y cuando la justicia se ejerce sin estas restricciones, no es justicia, es otra cosa.

En esta ecuación, la independencia judicial juega un papel esencial. No es un adorno institucional, ni un capricho de los magistrados. Es, como diría Francesco Carnelutti, “la posibilidad real de que el juez no tema, ni espere, ni dependa”. Porque un juez que teme no decide; un juez que espera favores no juzga; y un juez que depende deja de ser juez para convertirse en funcionario administrativo del poder punitivo. La presión social por seguridad es legítima. Los salvadoreños desean vivir sin miedo; y es justo que así sea. Pero la historia comparada ha demostrado, una y otra vez, que cuando la seguridad se coloca por encima de las garantías, a largo plazo se pierde ambas.

El juez penal salvadoreño, entonces, se encuentra en una posición compleja: sostener el equilibrio entre la demanda social de firmeza y la exigencia constitucional de respetar derechos fundamentales. Y, para ser sinceros, no es un trabajo para cardiacos. Aquí conviene recordar la advertencia clásica de Eugenio Raúl Zaffaroni: “el poder punitivo tiende siempre a expandirse, y por ello el papel del juez es ponerle límites en nombre de la Constitución”. No limitar el poder punitivo —advierte Zaffaroni— no fortalece al Estado, sólo debilita al ciudadano ante él. Una advertencia que, por cierto, no pierde vigencia, aunque a veces se intente guardar bajo la alfombra del optimismo institucional.

En nuestro país, la independencia judicial enfrenta desafíos estructurales: cargas laborales inmensas, exigencias institucionales que rozan lo heroico y un entorno social que, en ocasiones, espera que el juez sea simultáneamente un fiscal eficiente, un técnico procesal impecable y un superhéroe constitucional. Difícil tarea. Uno casi pensaría que en la Escuela de Capacitación Judicial deberían impartir un curso llamado “Acrobacias jurídicas y resistencia a presiones externas”. Pero, más allá de la ironía, la realidad es incontestable: sin jueces independientes, el Derecho Penal se convierte en una maquinaria sin control.

No es una exageración académica; es una constatación histórica. Ferrajoli recuerda que “los modelos de poder absoluto han surgido siempre donde el juez dejó de ser un tercero imparcial”. Y si algo enseña la historia jurídica universal es que cuando la justicia deja de ser un contrapeso, termina siendo un instrumento. El fortalecimiento institucional no puede esperar. La carrera judicial debe profesionalizarse con méritos verificables y no con simpatías coyunturales. La estabilidad judicial debe respetarse, porque, como decía Carnelutti, “el juez necesita la serenidad que sólo da la libertad”.

Sin estabilidad no hay serenidad; sin serenidad no hay imparcialidad; y sin imparcialidad el Derecho Penal se convierte en simple administración de castigos. Asimismo, la formación continua es indispensable. No hablamos de simples talleres, sino de una profesionalización profunda en criminología, prueba, derechos humanos, análisis técnico y razonamiento jurídico avanzado. El poder punitivo moderno es cada vez más complejo, y un juez sin actualización constante corre el riesgo de convertirse en un operador mecánico, incapaz de cumplir la función contra-mayoritaria que el sistema constitucional le asigna.

El Salvador necesita una justicia penal firme, pero también profundamente humana. Zaffaroni recordaba que “el derecho penal debe ser la mínima intervención necesaria, no la máxima expresión de fuerza estatal”. Esa visión, lejos de debilitar al Estado, lo ennoblece, porque coloca la dignidad humana en el centro de sus decisiones. Por ello, la independencia judicial no puede ser vista como un antagonista de la seguridad, sino como su complemento indispensable. La seguridad sin independencia judicial puede volverse excesivamente fuerte; la independencia judicial sin eficacia puede volverse excesivamente débil. La democracia requiere ambas dimensiones, equilibradas y coordinadas.

Al final de todo este recorrido académico—y un poco sarcástico, pero siempre respetuoso—queda una verdad inescapable: la fuerza del derecho es la única capaz de contener al derecho de la fuerza. Esa es la gran lucha de toda democracia moderna. Porque la verdadera seguridad no se logra solamente encarcelando delincuentes; se logra cuando cada decisión estatal, sea dura o suave, respeta el marco constitucional. Entonces, y sólo entonces, la justicia deja de ser un acto de poder y se convierte en un acto de civilización. Y ese es, precisamente, el desafío salvadoreño: construir una justicia penal independiente, profesional y fuerte.

Una justicia que no tiemble, no espere y no dependa —como soñaba Carnelutti—; una justicia que limite al poder punitivo —. Una justicia que recuerde siempre que el verdadero poder del Estado no está en su fuerza, sino en su capacidad de respetar la dignidad del ser humano. El Salvador tiene una oportunidad histórica: demostrar que seguridad y garantías no son enemigas, sino aliadas; que un Estado fuerte es aquel que se atreve a limitarse a sí mismo; y que la verdadera grandeza institucional no está en la contundencia del castigo, sino en la elegancia del debido proceso.

La justicia penal que la nación necesita no es sólo eficiente, sino también prudente; no es sólo firme, sino también humana; no es sólo rápida, sino también independiente. Porque al final, la democracia no se fortalece únicamente con cárceles más llenas o índices delictivos más bajos, sino con jueces capaces de decir “no” cuando corresponde, “sí” cuando la ley lo exige y “esperemos” cuando la sabiduría constitucional lo aconseja. Una justicia así no teme a la opinión pública, no negocia sus principios y no se doblega ante urgencias circunstanciales. Si El Salvador desea consolidarse como un Estado democrático sólido, deberá proteger a quienes protegen el derecho: sus jueces.

Y cuando eso ocurra —cuando la independencia judicial sea tan incuestionable como la necesidad misma de seguridad— entonces habremos entendido que la fuerza de un país no se mide sólo por quién puede castigar, sino por quién se atreve a garantizar. Esa es, en definitiva, la fuerza del derecho: un poder que no aplasta, sino que orienta; que no teme, sino que razona; que no domina, sino que limita; y que, cuando se ejerce en libertad, convierte a la justicia en la más alta forma de civilización.