Hace 30 años, la escritora británica P.D. James incursionó en la ciencia ficción distópica con su novela Los hijos de los hombres (1992), obra que más tarde fue adaptada al cine por el director Alfonso Cuarón. La pieza central del libro gira en torno a las profundas consecuencias sociales, políticas y psicológicas de una repentina e inexplicable infertilidad global que condena a la humanidad a la extinción en el plazo de una generación.
Uno de los aspectos más inquietantes que presenta la novela es el ritual denominado “the Quietus”, un mecanismo apoyado por los gobiernos para facilitar el suicidio de personas mayores, presentado como “una salida digna” ante la decadencia social y la ausencia de futuro. Este acto, lejos de ser solo ficción, sirve como advertencia y reflexión sobre las formas en que las sociedades podrían manejar la desesperanza colectiva y la crisis demográfica en contextos de colapso.
La analogía con la actualidad es inevitable al observar cómo, en varios países caracterizados por tasas de fertilidad muy bajas, se han acelerado los debates y las legislaciones en torno al suicidio asistido y la eutanasia. Países como Canadá, Suiza, Bélgica y Países Bajos han avanzado considerablemente en la legalización y regulación de estas prácticas, muchas veces argumentando la autonomía personal y el “derecho a una muerte digna” ante el sufrimiento físico o psicológico severo.
Esta tendencia ha generado intensos debates éticos, sociales y filosóficos sobre el valor de la vida, el envejecimiento de la población y el papel del Estado en el final de la existencia humana. Es un hecho que la tasa de fertilidad global se ha disminuido a la mitad desde 1950, con la mayoría de los países muy por debajo del nivel de reemplazo. Es inquietante observar como la pirámide poblacional comienza progresivamente a invertirse, no solamente los países occidentales ricos sino en la mayoría de los lugares fuera del continente africano.
Una muerte digna, anuncian los partidarios de la eutanasia y el suicidio asistido. Un derecho, con el cual yo me alineo también. ¿Pero es este el incentivo único por el cual las autoridades políticas de muchos países enarbolan la bandera de la dignidad?
En estos países, el Estado, con su poder omnímodo, se encarga tanto de pagar la manutención de los ancianos y discapacitados como de regular su muerte. En tiempos donde el peso financiero al sistema de salud se acrecienta alineado con el envejecimiento de la población, pareciese que la facilitación del suicidio se convierte en una medida de ahorro.
Según la OCDE (países desarrollados), el gasto en salud para personas de 65 años o más puede ser de 3 a 5 veces mayor que para personas jóvenes. Se estima que el envejecimiento por sí solo aumenta el gasto total en salud entre un 0.5% y 1% del PIB por década, si no se implementan reformas. En Estados Unidos, por ejemplo, las personas mayores de 65 años (17% de la población) representan más del 36% del gasto total en salud.
En países como El Salvador o México, el envejecimiento poblacional aun es moderado, pero se proyecta que el gasto público en salud crecerá hasta un 1.5-2.5% adicional del PIB hacia 2050 debido al envejecimiento, si se mantienen los patrones actuales de atención. Según proyecciones específicas para el país del Fondo Monetario Internacional (FMI), en El Salvador, el envejecimiento poblacional contribuirá a un aumento significativo del costo en salud, con un incremento de alrededor del 30% del gasto como porcentaje del PIB para 2030; y más de un doble del gasto para el 2065, comparado con el 2015.
En 40 años, el gasto médico en nuestro país se incrementará en más del 100 %, impulsado principalmente por el envejecimiento de la población, que superará el 25 % de adultos mayores de 65 años. Para entonces, el presidente Bukele tendrá 83 años, y el actual ministro de Salud, 79. Ambos harían bien en diseñar e implementar desde ahora medidas que trasciendan la compra de “juguetes robóticos” —como los equipos para cirugía bariátrica en el hospital Zacamil— y se enfoquen en políticas públicas de salud que impulsen una verdadera reforma del sistema, orientada al fortalecimiento integral, sostenible y equitativo del mismo.
• El Dr. Alfonso Rosales es médico epidemiólogo
