Al cumplirse treinta años del fin de la última guerra librada en nuestro territorio, principalmente por su pobrería, escribí un pequeño ensayo. Preguntaba en su título cuándo y cómo se jodió este paisito. En 1993, me respondí. El proceso de pacificación salvadoreño apenas arrancaba cuando le pegaron, estoy convencido, tres balazos directos al corazón del mismo; lo hicieron, en la cara de Naciones Unidas, las partes firmantes de los acuerdos que debieron cumplirse fielmente para llevar esta sociedad maltrecha a buen puerto. Desde el 16 de julio incorporaron de nuevo al ejército en tareas de seguridad pública, pese a que constitucionalmente solo podía hacerse de forma excepcional, y a finales de diciembre desmontaron el Foro para la Concertación Económica y Social. Pero el primero de los disparos –el más grave y dañino– fue la aprobación de una amnistía amplia, absoluta e incondicional.
Este plomazo certero se lo descargaron el 20 de marzo del citado año a las víctimas para proteger, así, a quienes en uno u otro bando las ultrajaron de diversas y terribles formas que transitaron desde el asesinato individual y las masacres hasta el desplazamiento forzado, pasando por las capturas y torturas que muchísimas veces culminaron en desapariciones forzadas. Me indigné sobremanera y con la entonces directora del ya desaparecido Socorro Jurídico Cristiano, semanas después presentamos la primera demanda de inconstitucionalidad para desterrar de nuestro marco normativo esa infamia mal llamada Ley de amnistía general para la consolidación de la paz. ¿Cuál paz? ¡Mentira absurda y absoluta! Lo que lograron fue fortalecer la impunidad y fomentar la criminalidad violenta.
Pasé de la indignación a la acción, pero me topé con el muro tras el cual se escondieron los cobardes verdugos: una Sala de lo Constitucional al servicio del poder, decidida a salvarles el pellejo tanto a los asesinos materiales e intelectuales como a sus financistas y encubridores. Mediante una resolución exprés emitida el 20 de mayo, sus desvergonzados integrantes tardaron apenas nueve días en declarar “improcedente” nuestra solicitud. ¿Me sentí y pensé derrotado? ¡Para nada! Mejor comencé a imaginar e impulsar diversas iniciativas para derrotar esa cabronada.
Entre estas, cabe destacar la creación y el impulso sostenido ‒desde 1998 hasta el 2019‒ del Festival Verdad; lastimosamente no continuó y tras más de dos décadas de su arranque, dejó de ser lo que se concibió originalmente: un proceso de lucha contra la impunidad desde la organización de las víctimas y por la satisfacción de sus demandas, para lograr poco a poco el acompañamiento social necesario y creciente con especial énfasis en el de las juventudes solidarias, ansiosas y deseosas de cambiar estructuralmente una realidad inaceptable para las mayorías populares.
Fueron veintiún años en los cuales, a partir de la legítima cólera generada por esa realidad inaceptable, intentamos desarrollar vehementemente nuestra inventiva para poner manos a la obra. Fruto de ello, en el 2009 surgió el Tribunal internacional para la aplicación de la justicia restaurativa en El Salvador; este se convirtió en un espacio único para que las víctimas fueran escuchadas con respeto por sus integrantes, quienes emitieron durante una década sentencias reivindicando simbólicamente la dignidad de aquellas e impulsando acciones concretas para revelar las verdades completas, en aras de exigirle al Estado debida justicia y necesarias reparaciones. Estuvo integrado por jueces de España, Brasil, Paraguay, Estados Unidos y El Salvador, siendo objeto de estudios académicos e investigaciones en varios países.
Y en su doceava edición, los astros se alinearon. Además de la composición profesional, humana y comprometida de entonces, nos acompañó el juez Baltasar Garzón a entregar en la Sala de lo Constitucional nuestra segunda demanda contra la amnistía. Lo hicimos el 20 de marzo del 2013, a veinte años exactos de su deplorable aprobación. Fruto de ello, la sentencia con la que logramos derrotar semejante aberración fue publicada el 13 de julio del 2016. Hace nueve años que acaban de cumplirse, cuatro de los cuales el oficialismo encabezado por Nayib Bukele ha controlado absolutamente la Asamblea Legislativa; igual o peor que en tiempos de “los mismos de siempre”, esta no ha cumplido su obligación de aprobar la legislación ordenada en el citado fallo para investigar los hechos, sancionar a sus responsables y reparar el daño a las víctimas.
Los tres tristes tiros que impactaron al proceso de pacificación salvadoreño en 1993 ‒la continuidad de la militarización, de las condiciones sociales injustas para nuestra gente y de la impunidad‒ siguen hoy más vigentes que nunca. Habrá pues que desplegar de nuevo la indignación, la pasión, la imaginación y la acción para sacar adelante nuestra sociedad de una vez por todas, sin tropezarnos de nuevo con las mismas piedras.
