Autor: Alvaro Cruz

En la década de los años 70, Latinoamérica estuvo marcada por profundos cambios sociales y políticos que influenciaron la música, el arte y la vida cotidiana. Los jóvenes de esa época se mostraban más críticos y participativos, influenciados por movimientos internacionales como la contracultura hippie y la protesta política. La música de protesta cubana y sudamericana llenaba oídos y mentes en un ambiente de descontento generalizado con el status quo.

La creciente urbanización y modernización transformaron hábitos y valores sociales, mientras conflictos internos y cambios económicos generaban una creciente zozobra social en la mayoría de los países. En ese contexto, la historia del Cartel de Cali y los hermanos Rodríguez Orejuela se comenzaba a escribir. Provenientes de una familia modesta de Cali, los hermanos se rebelaron contra las limitaciones económicas de su juventud. Gilberto, mensajero de farmacia, junto a su hermano Miguel y José Santacruz Londoño fundaron la banda «Los Chemas», dedicada inicialmente a secuestros, extorsión y piratería terrestre, mientras construían una red de contactos en Cali.

Esta banda creció estrepitosamente en poder e influencia, y en la década de los 80, aprovechando la caída del Cartel de Medellín, se transformaron en la mayor red de tráfico de cocaína de Colombia. Su poder ascendió hasta controlar cerca del 80% de la cocaína destinada a Estados Unidos y el 90% de la que llegaba a Europa.

Los Rodríguez Orejuela no eran un cartel caracterizado por la violencia; su modus operandi se centraba en la corrupción, el soborno y la infiltración en instituciones estatales y campañas políticas. Un caso emblemático fue el escándalo del Proceso 8.000, que reveló la infiltración del narcotráfico en el sistema democrático colombiano, convirtiéndose en símbolo de cómo el dinero proveniente del narcotráfico podía corromper la política a gran escala.

El presidente Ernesto Samper fue señalado por Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, lo que llevó a la suspensión de su visa y la de otros altos funcionarios colombianos. Pero el Cartel de Cali no solo infiltró la política nacional, sino también empresas legales y negocios legítimos, principalmente para lavar dinero. Entre estos, las cadenas de farmacias jugaron un papel fundamental, siendo uno de los canales más importantes, si no el principal, para el blanqueo de capitales.

Los hermanos Rodríguez Orejuela transformaron Drogas La Rebaja en una extensa red con más de 872 tiendas distribuidas en toda Colombia. En estos establecimientos, realizaban transacciones comerciales aparentes, reportando ventas superiores a las reales o efectuando compras de insumos y bienes inmuebles con recursos provenientes del narcotráfico. Los ingresos inflados de la droguería se justificaban en la contabilidad, lo que facilitaba la adquisición de propiedades, vehículos y otros negocios, ocultando así el verdadero origen del dinero.

¿Por qué las farmacias y no otros negocios?

El Cartel de Cali eligió cadenas de farmacias en lugar de otros negocios porque estas ofrecían ventajas únicas para el lavado de dinero: un alto volumen de transacciones, presencia masiva en las ciudades, flujo constante de efectivo y una apariencia respetable que facilitaba ocultar fondos ilícitos entre operaciones legítimas. Otros negocios, como restaurantes o tiendas minoristas, no generan el mismo volumen ni tipo de transacciones continuas, ni gozan del mismo nivel de confianza pública que una farmacia.

Además, las farmacias suelen estar sujetas a menos controles regulatorios sobre grandes cantidades de efectivo en comparación con bancos y entidades financieras. Esta combinación de confianza social, alta rotación de efectivo y capacidad de expansión hizo que las cadenas de farmacias fueran el vehículo ideal para el lavado de capitales del Cartel de Cali, por encima de otros modelos comerciales.

¿Qué lecciones prácticas brinda esta experiencia colombiana para la gestión de farmacias públicas y el sector salud en general?

El caso del Cartel de Cali, especialmente en relación con la cadena de farmacias Drogas La Rebaja, deja varias lecciones importantes para la gestión de farmacias públicas. En primer lugar, evidencia la necesidad de implementar sistemas robustos de transparencia para evitar que estructuras empresariales legítimas sean usadas para actividades ilícitas como el lavado de dinero. El Estado debe establecer auditorías continuas y controles financieros estrictos para prevenir la infiltración de recursos ilegales en el sector salud. Además, esta experiencia revela los riesgos asociados a la persistencia de estructuras familiares o vínculos previos con el narcotráfico, por lo que se recomienda mantener una vigilancia constante para impedir que antiguos actores o redes ilícitas retornen o mantengan influencia indebida.

En conclusión, la gestión pública de farmacias debe priorizar la transparencia, la gobernanza sólida y la supervisión rigurosa para garantizar la integridad y el bienestar del sistema de salud.

*Alfonso Rosales es médico epidemiólogo y consultor internacional

En el vasto universo de los problemas de salud pública, pocos temas son tan sensibles y urgentes como la prevención del suicidio. No es un fenómeno aislado, sino un reflejo complejo de factores psicológicos, sociales, económicos y biológicos que se entrelazan de manera única en la vida de cada individuo. Abordar este desafío requiere dejar de lado los tabúes y adoptar una perspectiva integral y compasiva. La prevención no es una tarea exclusiva de los especialistas en salud mental, el máximo error del siglo pasado y del presente; es una responsabilidad colectiva que comienza con la conciencia y la empatía.

Una de las consideraciones más relevantes es el reconocimiento de las señales de alerta. Contrario a la creencia popular de que quienes amenazan con quitarse la vida no lo hacen, la mayoría de las personas en riesgo emiten señales verbales o conductuales. Hablan de sentirse desesperanzados, atrapados, o de ser una carga para los demás. Muestran cambios drásticos en su comportamiento, se aíslan de amigos y familiares, o abandonan actividades que solían disfrutar. Estar atentos a estos indicios es el primer paso crítico. No debemos minimizarlos ni ignorarlos.

Otra consideración vital es la accesibilidad a la ayuda profesional. En muchos países, los servicios de salud mental siguen siendo estigmatizados y, en ocasiones, inalcanzables. Es imperativo que los gobiernos y las organizaciones en América Latina trabajen para desmantelar estas barreras. Esto implica no solo la disponibilidad de líneas de ayuda y centros de crisis, sino también la integración de la salud mental en el sistema de atención primaria. Una persona que sufre debe poder encontrar apoyo de manera rápida, confidencial y sin prejuicios.

Finalmente, el rol de la familia y la comunidad es insustituible. Crear una red de apoyo sólida es una de las estrategias más efectivas. Esto se logra promoviendo conversaciones abiertas sobre la salud mental en el hogar y en la escuela, educando a las personas sobre cómo responder a alguien en crisis y fomentando la conexión humana. Un entorno donde el individuo se siente valorado, escuchado y apoyado puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Cada 10 de septiembre se conmemora en todo el mundo el día de la prevención del suicidio, en este año 2025 hagamos un compromiso de ocuparnos de nuestra salud mental y física, de la de nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Le sugiero con todo respeto que invierta cada día 30 segundos conversando con alguien sobre la prevención del mismo y siendo una persona de escucha activa.

La prevención del suicidio es un proyecto a largo plazo que requiere el compromiso de todos. Es una inversión en nuestra sociedad, en nuestra empatía y en nuestro futuro. Al derribar los muros del silencio y construir puentes de apoyo, podemos iluminar el camino para aquellos que están en la oscuridad y demostrarles que no están solos. Y como siempre cierro mis conferencias, conversatorios, o cuando estoy en radio o televisión. “la muerte más prevenible de todas, de todas, es el suicidio” Abraza la vida. Puedes escribirme si necesitas ayuda: info@ricardososa.net

* Ricardo Sosa es doctor en Criminología, Experto en prevención del suicidio

La justicia salvadoreña se encuentra hoy ante uno de sus mayores desafíos: garantizar la seguridad pública sin transgredir los principios constitucionales que amparan la libertad y dignidad humana. En el contexto del régimen de excepción, miles de detenciones han sido practicadas con fines de combate a las pandillas, pero junto a ellas se han reportado privaciones de libertad de personas que nada tienen que ver con pandillas o estructuras criminales. Este fenómeno pone en crisis dos pilares esenciales del Estado de derecho: la presunción de inocencia y el debido proceso legal.

El artículo 12 de la Constitución establece que “toda persona a quien se impute un delito se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”. Esta disposición no es una mera formalidad: constituye la esencia de la justicia penal moderna. La presunción de inocencia evita que el acusado sea tratado como culpable sin que exista condena firme y garantiza que el proceso judicial no se convierta en un instrumento de persecución arbitraria. Cuando un ciudadano es privado de libertad sin pruebas suficientes, sin defensa adecuada y sin el escrutinio judicial imparcial.

Indudablemente se desvirtúa este principio y se coloca al inocente en el lugar del criminal. Tal injusticia genera un daño irreparable: la estigmatización social, la destrucción de familias y la pérdida de confianza en las instituciones. El debido proceso no es un adorno jurídico, sino una garantía que asegura que nadie sea condenado sin la oportunidad de defenderse, ser escuchado y presentar pruebas. El Código Procesal Penal establece que todo imputado debe ser informado de los cargos en su contra, contar con asistencia legal y que las decisiones judiciales deben estar fundamentadas en evidencia legalmente obtenida.

Ignorar estas garantías convierte el proceso penal en una farsa, donde la forma sustituye al fondo y la justicia se convierte en mera apariencia. El desafío de la justicia salvadoreña radica en no sacrificar la legalidad en nombre de la seguridad, pues hacerlo significaría abrir la puerta a la arbitrariedad. Los jueces y fiscales, como operadores de justicia, deben recordar que no son máquinas aplicadoras de normas, sino garantes de la equidad. Aplicar la ley sin humanidad es negarle su propósito. Surge entonces una pregunta ineludible: ¿qué ocurriría si un hijo, un hermano o un padre de un juez o fiscal fuera detenido injustamente?

¿Qué trato exigirían para él? Seguramente pedirían respeto, rapidez en la revisión del caso, garantías de defensa y una valoración objetiva de las pruebas. Ese mismo estándar de empatía y humanidad debe aplicarse a todos los ciudadanos, sin distinción. La verdadera justicia no se mide por el número de capturas realizadas, sino por la capacidad de discernir entre culpables e inocentes, castigando al primero y liberando al segundo. La Sagrada Escritura nos confronta con una verdad que humaniza la justicia: “Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos; y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo” (Hebreos 13:3).

Este texto bíblico no hace distinción entre quienes están legítimamente detenidos y quienes no, sino que nos invita a mirar al privado de libertad como un ser humano digno de respeto. Aplicado al contexto salvadoreño, este mandato implica que jueces, fiscales y sociedad en general no pueden volverse indiferentes ante quienes han sido privados de libertad injustamente. La empatía cristiana exige ver en ellos a un hermano, a un prójimo, a alguien cuya vida merece compasión y justicia. La sociedad salvadoreña, en ocasiones, se indigna más por el maltrato de un animal que por la injusticia cometida contra un ser humano encarcelado sin pruebas.

Aunque es justo proteger a toda criatura, resulta alarmante que se ignore el clamor de madres, esposas e hijos que imploran justicia para un inocente tras las rejas. Esta contradicción revela una herida en nuestra conciencia colectiva y en nuestra práctica judicial. Los desafíos de la justicia salvadoreña frente a las detenciones injustas no son solo técnicos, sino profundamente éticos y espirituales. La presunción de inocencia y el debido proceso no son lujos jurídicos, sino muros de contención contra la arbitrariedad. Los jueces y fiscales tienen en sus manos la oportunidad de honrar la Constitución y los mandatos divinos de justicia y misericordia.

Que cada operador de justicia actúe recordando que la ley sin equidad es tiranía, que el poder sin empatía es despotismo, y que la justicia sin humanidad es injusticia. Y que nunca olviden que, como exhorta Hebreos, debemos recordar a los presos como si estuviéramos presos con ellos.

*Jaime Ramírez Ortega es abogado