Autor: Alvaro Cruz

La reciente aprobación de la Ley especial de beneficios y protección para la diáspora y personas en movilidad humana por parte de la Asamblea Legislativa marca un hito en la relación del Estado salvadoreño con sus ciudadanos más allá de las fronteras. Es una iniciativa ambiciosa, que pretende abarcar desde la protección de los salvadoreños deportados hasta incentivos para quienes, residiendo en el extranjero, decidan invertir o regresar al país.

En primer lugar, la ley reconoce algo fundamental: la movilidad humana es un derecho, ya sea por elección o por necesidad. El mero hecho de incluir a los deportados y retornados en la misma categoría legal que quienes regresan voluntariamente es un avance conceptual. Esto evita la estigmatización y abre la puerta a políticas de reintegración más humanas.

La creación de incentivos fiscales para empresas que contraten a retornados —deduciendo de su renta imponible entre tres y cinco salarios mínimos— puede ser una herramienta poderosa para combatir la discriminación laboral que estas personas suelen enfrentar.

En cuanto a la diáspora, la normativa ofrece beneficios significativos: exenciones fiscales para menaje de casa de hasta $100,000, importación libre de impuestos para dos vehículos y herramientas de trabajo, facilidades para invertir e incluso la posibilidad de constituir fundaciones en El Salvador de forma remota. No es poca cosa. Son medidas que, bien ejecutadas, pueden convertir a la diáspora en un motor económico más dinámico que las remesas por sí solas.

No obstante, hay elementos que despiertan escepticismo. Primero, la letra pequeña de la ley exige que estos beneficios se soliciten bajo condiciones muy específicas, lo que podría convertirse en una maraña burocrática. Segundo, el riesgo de que los incentivos fiscales terminen siendo aprovechados por un segmento reducido y privilegiado de la diáspora, dejando fuera a quienes más apoyo necesitarían, es real. Tercero, no se detalla con precisión el mecanismo de supervisión para evitar que las agencias privadas de reclutamiento laboral exploten o engañen a trabajadores salvadoreños en el extranjero, un problema que ya ha tenido episodios dolorosos en el pasado.

El Salvador no solo necesita atraer inversión y facilitar el regreso de su gente, sino también garantizar que ese retorno sea sostenible, seguro y productivo. Una ley puede abrir la puerta, pero el acompañamiento, la transparencia y la ejecución determinarán si la diáspora y los retornados son realmente vistos como parte central del proyecto nacional, o si seguirán siendo un recurso simbólico más que práctico.

En conclusión, la ley es un paso en la dirección correcta, pero no un destino final. El reto no es aprobar beneficios sobre el papel, sino asegurarse de que, en la práctica, ningún salvadoreño en movilidad humana se quede al margen por falta de información, recursos o voluntad política. El verdadero éxito se medirá no en exenciones fiscales otorgadas, sino en vidas reconstruidas y en una relación renovada entre el país y su gente, esté donde esté.