Autor: Alvaro Cruz

El 19 de julio, el coronel Arturo Armando Molina ‒presidente empotrado mediante un escandaloso fraude electoral‒ coronó a Anne Marie Pohtamo como triunfadora del concurso Miss Universo celebrado en nuestro país. Luego, el 25 de julio se produjo la violenta intervención militar en el Centro Universitario de Occidente para impedir –en el marco de las “fiestas julias” santanecas– la realización del tradicional y jocoso desfile bufo montado para hacer mierda a la dictadura de entonces. Cinco días después fue perpetrada la infame masacre de estudiantes de la Universidad de El Salvador y de secundaria, junto al pueblo que acompañaba solidariamente una manifestación de protesta por la anterior violación de la autonomía de nuestra alma mater. 

Al otro lado de la moneda, el 1 de agosto arrancaron los seis días que duró la primera toma de la Catedral metropolitana; entonces fue anunciado el surgimiento del histórico Bloque Popular Revolucionario (BPR). Y el 15 de agosto –casualmente en la fecha del natalicio de nuestro santo– se abrieron para las víctimas las puertas del Socorro Jurídico Cristiano, primer organismo nacional de derechos humanos y pionero latinoamericano en su riesgosa defensa. Todo eso y más ocurrió acá a lo largo de 1975. ¡Hace cincuenta años!

En menos de un mes, pues, este paisito transitó del artificioso espectáculo que montó la dictadura para consumo nacional e internacional a mostrar luego ‒sin maquillaje alguno‒ su rostro brutal y real: el represivo; días después irrumpió en nuestra realidad política una expresión organizada, creciente y combativa del pueblo a la que se sumó la defensa comprometida y valiente de la dignidad de las víctimas, principalmente de entre las mayorías populares.

Ese rostro sanguinario ya había empezado a mostrarse durante el año anterior, cuando se consumaron las masacres de campesinos en La Cayetana y Chinamequita –poblaciones ubicadas en los departamentos de San Vicente y La Paz, respectivamente– así como en Tres Calles dentro del territorio usuluteco. A nuestra “olla de presión” de entonces, le estaban aumentando gradual e irresponsablemente su alarmante temperatura. Molina intentó reducirla impulsando una “transformación agraria”, así la llamó, prometiendo no un paso atrás. Ignacio Ellacuría, el rector mártir de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ‒en su célebre y emblemático texto que tituló “A sus órdenes, mi capital”‒ sostuvo que ese fraudulento coronel y gorila enfundado con la banda presidencial, falso visionario, no dio “un paso atrás sino un giro de 180 grados y una carrera de miles de pasos”.

¿Por qué ocurrió eso? Pues porque, a diferencia del personaje de García Márquez, este coronel sí tenía quien le escribía su libreto: los terratenientes oligarcas de entonces. No obstante haberles asegurado Molina que el Programa de Transformación Agraria era “el seguro de vida para la libre empresa y el régimen democrático”, terminó ubicándolos entre aquellos pocos que lo rechazaron “con el objeto de mantener privilegios injustos”; entre esos pocos incluyó, además, “a los comunistas y sus aliados”. Pero los dueños del país fueron, en realidad, quienes le exigieron que corrigiera la plana. Y les dio gusto. En cambio a los otros –entre los cuales incluía al campesinado demandante de su derecho a una vida un poco más digna– en lugar de escucharlos y obedecerles les dio garrote, cárcel, tortura, desplazamiento forzado, exilio, desaparición y balas.

Desde aquel entonces hasta estos días, mucha agua ha corrido debajo del puente y ‒medio siglo después‒nuestra rueda de la historia sigue dando vueltas en el mismo tramo de este río cuya desembocadura ya sabemos cuál es. Pero hay que ir más atrás y hablar de casi un siglo antes de lo ocurrido en estos días“bukeleanos” de “golpismo enmascarado”, cuando el general brigadier Maximiliano Hernández Martínez dio un golpe de Estado en diciembre de 1931 y acto seguido ejecutó la matanza de enero de 1932; ese tirano modificaba a su antojo la Constitución para entronizarse en el poder, el cual tuvo agarrado férreamente durante casi trece años hasta que le llegó su hora.

Entre abril y mayo de 1944 finalmente le soltaron la mano y le voltearon la espalda los poderes militar, imperial y económico tras un cuartelazo fallido y el fusilamiento de un número considerable de oficiales junto a  algunos civiles, el asesinato de un joven salvadoreño estadounidense a manos de un agente policial y la creativa huelga general de brazos caídos. Esta última gesta fue determinante para que el dictador se cayera de la moto de sus pudientes amos, que no toleraban pérdidas en sus ganancias. ¿Por qué no pensar y actuar en consonancia antes de que, como en anteriores pasajes terribles de nuestra historia, esta “olla de presión” vuelva a reventar?Porque a todo chancho, le llega su hora…

En los últimos años, hablar de inclusión financiera en El Salvador se ha convertido en un tema recurrente. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar qué significa realmente. Para muchos, inclusión es sinónimo de abrir una cuenta bancaria, usar una billetera digital o poder recibir pagos internacionales. Pero la inclusión verdadera va mucho más allá: implica comprender, aprovechar y beneficiarse de las herramientas financieras disponibles. Y aquí es donde entra el fintech, que no es solo tecnología aplicada a las finanzas, sino un ecosistema transformador con el potencial de cambiar vidas.

Para explicarlo, me gusta pensar en el fintech como un árbol. Un árbol que no puede crecer de la nada: necesita raíces sólidas. Las raíces representan el marco regulatorio claro que el Estado debe construir. Sin reglas claras, no hay confianza, y sin confianza, no hay innovación sostenible. A partir de estas raíces crece el tronco: la tecnología, que puede ser desarrollada localmente o llegar desde el extranjero, pero siempre se fortalece gracias a ese marco legal que la sustenta. Este tronco sostiene las ramas, que son los grandes productos financieros: pagos, ahorro, crédito, inversión. Y finalmente, las hojas: los productos específicos que usamos día a día, como apps de remesas, plataformas de microcréditos, seguros digitales o herramientas de inversión automatizada.

Pero si las raíces son débiles, el árbol entero tambalea. Por eso es tan importante que los países que aspiran a aprovechar el potencial del fintech, como El Salvador, empiecen por lo esencial: el marco legal y regulatorio. Solo a partir de ahí puede florecer la innovación tecnológica que da lugar a servicios financieros útiles, accesibles y seguros. Al respecto El Salvador ha sido consistente en la creación de un marco regulatorio amigable a las nuevas tecnologías, desde la regulación de Bitcoin hasta la inteligencia artificial, con enfoque en un nuevo mercado de capitales a través de los activos digitales, todo dentro de un marco de protección de datos y en un entorno plenamente adaptado a los requerimientos mundiales de prevención de lavado de dinero.

En el presente, en nuestro país, un pequeño empresario puede cobrar con QR desde su celular; un agricultor puede recibir pagos desde el extranjero sin intermediarios (reduciendo en más de un 75% el costo de las remesas tradicionales); un joven puede invertir fracciones de su ingreso en un fondo digital. Pero el acceso no garantiza inclusión si no hay comprensión. El tronco puede estar ahí, pero si no sabemos para qué sirven las ramas o cómo cuidarlas, nunca veremos frutos.

Por eso la educación financiera y tecnológica es el factor más importante de todos. No basta con poner productos al alcance de la población: hay que enseñar a usarlos con criterio. La inclusión será solo de forma, no de fondo, si las personas no comprenden los riesgos de endeudarse, la importancia del ahorro, las ventajas de diversificar o el funcionamiento básico de una transacción digital.

Es claro que para lograr la verdadera inclusión financiera y tecnológica es necesario contar una buena educación, que permita tomar decisiones informadas, con una base sólida. El reto está ahí y el gobierno junto con la empresa privada están tomando el testigo, invirtiendo por un lado en educación y por el otro en la creación de productos accesibles al ciudadano común.

Desde mi experiencia profesional y personal, una de las mayores satisfacciones que tengo es ayudar a personas y empresas a descubrir oportunidades que antes no existían para ellos. He visto cómo alguien aprovecha una solución fintech para hacer crecer su negocio, cómo una familia logra ahorrar por primera vez gracias a herramientas digitales, o cómo un emprendedor encuentra capital sin pasar por la burocracia bancaria. Cada historia me recuerda que sí estamos avanzando y que la tecnología, bien usada, puede ser un motor de desarrollo.

Pero también sé que el avance no debe hacernos perder de vista el objetivo: El Salvador no necesita parecerse a Singapur o Estonia. No tenemos que imitarlos. Debemos aspirar a ser nuestra mejor versión. Esa es la verdadera inclusión: un sistema financiero que funcione para nuestra gente, que respete nuestras realidades y que nos permita crecer con identidad propia.

*Héctor Torres, CEO TR Capital. Especialista en activos digitales y fondos de inversión

El 28 de octubre de 1991 hizo plenaria por primera vez el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en Guatemala, donde tiene su sede. Fue creado como parte del impulso promovido desde 1983 por el Grupo Contadora integrado por los cancilleres de Panamá, México, Colombia y Venezuela. Contadora buscaba, en aquel entonces, una solución negociada al conflicto centroamericano.

El Grupo Contadora, con la anuencia de la Unión Europea, buscaba intervenir a través de la autodeterminación de los países del Istmo Centroamericano, la no intervención extranjera en los conflictos, la desmilitarización y la democratización de la región. Fue impulsora de procesos de diálogo entre partes confrontadas.

La creación del Parlamento Centroamericano, sin Costa Rica, pero con la participación de República Dominicana, tuvo como objetivo principal actuar como un órgano de representación política y democrática del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), era como perseguir el sueño de la integración del área con objetivos claros que generaran y sustentaran políticas de estabilidad, unidad y desarrollo para los países que integraban el parlamento.

En las entrañas del PARLACEN, de forma ideal, se discutirían a fondo temas políticos, económicos, culturales, sociales y de seguridad dela región con la finalidad de fortalecer los procesos democráticos, promover la paz y generar mejores condiciones de los habitantes centroamericanos de manera sostenible.

Nadie habló nunca de fortaleza u obligación vinculante de los países miembros. Las discusiones de los diputados del PARLACEN son desconocidas, triviales o de poco o nulo efecto sobre las políticas nacionales de los países que lo integran. A veces sus acuerdos o resoluciones no llegan tan siquiera a recomendaciones. Da la sensación que aran sobre el mar.

Desde un principio el PARLACEN no aportó mucho o casi nada a sus países miembros. En El Salvador se tomó por costumbre que los partidos políticos decidieran candidatear a los cargos de diputados al Parlamento a políticos de no muy buena notoriedad, popularmente hasta fue conocido como el “cementerio de los políticos”, para colmo se convirtió en una especie de protector de corruptos y morada de expresidentes y ex vicepresidentes que apenas dejaban el cargo en sus respectivos países se refugiaban en dicha entidad.

Un diputado del PARLACEN recibe al mes aproximadamente $7,500, más fuero y otros beneficios de primer nivel, por hacer nada de beneficio notorio. En la actualidad, verbigracia, ni siquiera ha habido un pronunciamiento colegiado de interés centroamericano contra la política de deportación que ejecuta la administración de Donald Trump.

Pese a la existencia del PARLACEN, considerado por muchos como un “elefante blanco” que devora millones de dólares en burocracia pura, siguen las “trabas” administrativas en las fronteras, no hay unificación de esfuerzos regionales, ni criterios que se encaminen al unionismo de los pueblos. En términos coloquiales este PARLACEN tiene más observadores que una final del mundial de fútbol y hasta Rusia está en la lista.

Desconozco si en el resto de países el PARLACEN les ha generado beneficios a sus poblaciones, pero en El Salvador no se palpan o pasan desapercibidos.  El país aporta alrededor de 2 millones de dólares anuales a dicho ente, más los gastos en que se incurren para la elección interna de cada país. Es una millonada de dinero que se despilfarra en un ente que no nos genera beneficios.

Costa Rica no es miembro del PARLACEN y es el país con más desarrollo en Centroamérica, lo que refleja que las buenas intenciones que en un principio se tuvo con la creación de este ente, fue letra muerta o frases que nadie quiso entender, mucho menos aplicar de manera correcta. Podemos decir que el PARLACEN fue una buena intención que nunca dio resultados, al menos para El Salvador.

La semana pasada el Asamblea Legislativa, de manera expedita, reformó la Constitución para excluir a El Salvador del PARLACEN al considerar que no le acarrea ningún tipo de beneficios reales a la población salvadoreña. Para aprobar la exclusión, con dispensa de trámite, los diputados oficialistas reformaron los artículos 80 y 133 de la Constitución. El primero se refería a que los diputados del PARLACEN son electos popularmente y el segundo a que tienen iniciativa de ley. Asimismo, los diputados también justificaron la exclusión en el hecho que dicho ente da inmunidad a políticos vinculados a casos de corrupción. Esto último es muy cierto y muchos han encontrado en el Parlamento Centroamericano su modo de vida y su resguardo legal. Algunos o la mayoría de diputados salvadoreños que nos representan en el PARLACEN ni siquiera son conocidos porque literalmente fueron candidateados en calidad de “rellenos” y me imagino que en el resto de países centroamericanos y República Dominicana ocurre algo similar.

Personalmente creo que la mayoría de salvadoreños consideramos al PARLACEN como un ente improductivo, protector de políticos sin probidad notable y con objetivos distorsionados que obedecen a partidos políticos y no a intereses unionistas. Sin embargo, pienso que faltó debate y fundamentación. Se debió legitimar de mejor forma la decisión, el tema debió exponerse en la palestra de la discusión nacional y el resultado muy probablemente hubiese sido el mismo; es  decir, el desconocimiento de los diputados del PARLACEN y del organismo en sí.

*Jaime Ulises Marinero es periodista

Un día como hoy, hace ochenta años, la humanidad fue testigo de uno de los acontecimientos más estremecedores de la historia moderna. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana hora de Hiroshima, el bombardero estadounidense B-29 Enola Gay lanzó sobre la ciudad japonesa una bomba de uranio conocida como Little Boy. En cuestión de segundos, el artefacto arrasó todo en un radio de tres kilómetros, provocando la muerte instantánea de unas 145,000 personas y dejando otras 50,000 víctimas fatales en los días siguientes, producto de la exposición a la radiación. Tres días más tarde, Fat Man, una bomba de plutonio, destruyó Nagasaki y cobró otras 70,000 vidas. En medio del horror, Japón firmó su rendición, marcando el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la era nuclear.

Detrás de este hito militar se encuentra uno de los esfuerzos científicos más colosales de la historia: el Proyecto Manhattan. Una constelación de científicos de renombre internacional participó directa o indirectamente en su desarrollo. Las bases teóricas, sentadas por Albert Einstein con su teoría de la relatividad especial, fueron solo el comienzo. A lo largo de las décadas previas, la física nuclear había avanzado rápidamente: Ernest Rutherford propuso el modelo nuclear del átomo; James Chadwick descubrió el neutrón; Enrico Fermi exploró la capacidad de los neutrones térmicos para inducir reacciones nucleares; y el trío compuesto por Lise Meitner, Otto Hahn y Fritz Strassmann logró la primera fisión del átomo de uranio.

En Estados Unidos, científicos como Harold Urey, Ernest Lawrence, Edward Teller, Niels Bohr y John von Neumann se unieron al proyecto. Al frente del esfuerzo estuvo el general Leslie R. Groves, quien designó como director científico al brillante y carismático J. Robert Oppenheimer, figura clave en el desarrollo de la bomba.

Desde el punto de vista científico, la bomba atómica puede considerarse un prodigio del ingenio humano: un salto cualitativo en la comprensión y manipulación de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Sin embargo, desde una perspectiva ética, es difícil no considerarla una monstruosidad: un instrumento de destrucción masiva que convirtió el conocimiento en tragedia y muerte.

Este contraste plantea preguntas que siguen siendo profundamente actuales: ¿puede el avance de la ciencia representar un retroceso en términos de humanidad? ¿Debe la ciencia imponerse límites éticos? ¿Puede el propio método científico valorar moralmente los fines a los que se orienta?

Estas no son cuestiones meramente históricas. En pleno siglo XXI, el desarrollo tecnológico militar continúa por caminos igualmente inquietantes. Drones autónomos, enjambres robotizados, misiles hipersónicos imposibles de interceptar, vehículos no tripulados con capacidad ofensiva, e incluso sistemas de defensa aérea como el Iron Beam en israelí, basado en láseres de alta potencia, evidencian una tendencia hacia la automatización, la velocidad extrema y la precisión quirúrgica en el arte de la guerra. El problema no es únicamente técnico: es, sobre todo, ético.

Y este dilema no se limita al ámbito bélico. También lo encontramos en áreas como la inteligencia artificial, la edición genética y biotecnológica, la medicina personalizada, la eutanasia eugenésica, el cambio climático y las propuestas de geoingeniería. A esto se suman las fake news y la manipulación mediante tecnologías como los deepfakes, capaces de suplantar la voz, la imagen o los gestos de una persona para hacerla decir lo que nunca dijo.

Cada nuevo avance reaviva el dilema del poder sin control, de la ciencia sin conciencia. Nos enfrentamos a desafíos que ya no pueden abordarse únicamente desde la ingeniería o la física, sino que exigen una reflexión profunda sobre el sentido del conocimiento mismo. Aquí es donde la filosofía, y más concretamente la metafísica y la ética, adquieren un papel imprescindible.

Debemos preguntarnos por el modo en que establecemos contacto con la realidad, por los fundamentos últimos de nuestros métodos, y por los principios éticos que deben guiar nuestras decisiones. Es en estos momentos de crisis —cuando se tambalean teorías aceptadas, cuando emergen nuevas disciplinas o cuando el poder del conocimiento amenaza con volverse contra nosotros— que se hace imprescindible un pensamiento que vaya más allá de los datos y las fórmulas.

Ochenta años después de Hiroshima y Nagasaki, seguimos enfrentando el mismo interrogante fundamental: ¿qué clase de humanidad queremos construir con la ciencia que desarrollamos?

* El padre Fernando Armas Faris es sacerdote católico