Autor: Alvaro Cruz

No estoy de acuerdo contigo, Sobrino, me decía mi tía Margot, usuaria de los servicios del ISSS, en reacción a mi artículo de la semana pasada sobre la integración del MINSA y el ISSS.

“Imagínate, en estos momentos tenemos que esperar hasta un año o más para una operación, muchas veces no hay medicinas y tenemos que comprarlas en las farmacias privadas. Con más gente, como tú sugieres en tu artículo, todo esto sería peor. Tiempos de espera más prolongados y la compra de medicamentos aún mayor. No hijo, no me compliques mi vida por favor”.

Como mi tía, muchos ciudadanos coinciden con este tipo de lógica: que la integración o ampliación del sistema podría colapsarlo aún más. El miedo es comprensible: si los recursos actuales no bastan para dar respuesta ágil y completa a los asegurados y usuarios, ¿qué pasaría si la demanda aumentara súbitamente sin una reorganización profunda y mayores inversiones?

Pero esta postura defensiva —“sigamos haciendo lo mismo, aunque no funcione, pero por lo menos que no empeore”— también refleja resignación ante un sistema que cada día muestra más señales de deterioro: consultas diferidas por meses, desabastecimiento crónico, trámites burocráticos, hospitales y clínicas sobrecargados, y cada vez más personas —como mi tía— que deben pagar de su bolsillo lo que el sistema debería garantizar.

En lo que sí todos, usuarios y proveedores, con excepción del gobierno reinante, estamos de acuerdo es que ¡el sistema de salud de nuestro país está cada día peor! Urge, más que nunca, una reforma a fondo que confronte las debilidades estructurales, no solo para integrar, sino para transformar y rescatar la salud pública y la seguridad social de El Salvador. Quedarnos haciendo lo mismo solo asegura que la crisis empeore, y condena a millones —como mi tía Margot— a una atención incierta, cara e insuficiente.

Pero ¿que nos está pasando?

El sistema nacional de salud viene arrastrando, desde hace décadas, una serie de debilidades estructurales que no han hecho más que agravarse con el tiempo. Hasta hoy, ningún gobierno —ni anterior ni actual— ha diseñado ni implementado acciones que realmente enfrenten de raíz estas falencias inherentes al modelo sanitario del país. De manera similar a lo que ocurre en el área educativa, donde se privilegia la construcción o reparación de escuelas sin asegurar la disponibilidad de personal docente cualificado, el Ministerio de Salud (MINSAL) pretende ampliar coberturas edificando hospitales supuestamente de primer nivel, pero sin contar con el recurso humano médico y de enfermería debidamente formado para operarlos.

En ambos sectores se incurre en el mismo error: intentar solucionar el problema colocando “la yunta antes que los bueyes”, es decir, priorizando la infraestructura física por encima de la formación y contratación del capital humano necesario para garantizar calidad y sostenibilidad en la atención. Esta aproximación parcial y desarticulada perpetúa la crisis, profundizando la brecha entre la demanda y la capacidad real de respuesta del sistema de salud.

El sistema de salud de El Salvador, siempre ha adolecido de coberturas insuficientes y una alto grado de segmentación; un déficit de recursos humanos y formación; infraestructura y equipamiento insuficiente o deteriorado; desabastecimiento crónico de medicamentos e insumos; listas de espera y demoras prolongadas; fragmentación y desconexión institucional; brecha de información y sistemas de información débiles; desigualdades y vulnerabilidad social; y en consecuencia, desgastes e insatisfacción de los usuarios.

Finalmente, la pandemia de COVID-19 profundizó aún más estas debilidades, y un porcentaje importante de la población se volcó hacia el sector privado de los servicios médicos. La utilización de este sector aumentó considerablemente después de la pandemia. Como resultado, la inflación específica en los servicios médicos privados en El Salvador ha superado de forma notable la inflación general del país desde agosto de 2023. Esta tendencia se ha mantenido durante 2024 y a inicios de 2025, con incrementos significativos en los costos de consultas, procedimientos, hospitalización y medicamentos.

Además del mayor uso de servicios médicos privados —que incide directamente en su encarecimiento—, otros factores han contribuido al aumento sostenido de los costos. Entre ellos destacan: la sobreutilización de servicios, el cambio en los patrones de consumo, y la falta de regulación de precios. En conjunto, estos elementos han impulsado el alza continua en los costos de atención médica y medicamentos.

El sistema de salud, tanto público como privado, en nuestro país sufre de una enfermedad terminal que requiere, con urgencia, acciones valientes, innovadoras y audaces. Durante años, las soluciones habituales –las mismas recetas de siempre, diseñadas e implementadas por gobiernos anteriores– han demostrado ser insuficientes. Lo vimos con el problema de la seguridad: no se resolvió con medidas convencionales, sino a través de acciones nuevas y atrevidas, incluso temerarias, que no estuvieron exentas de polémica ni de la reacción crítica de organismos internacionales y defensores de derechos humanos.

A pesar de ese malestar persistente —que aún genera debate entre instituciones, con excepción del gobierno actual—, lo cierto es que estas acciones consiguieron que el ciudadano salvadoreño, independientemente de su clase social, hoy se sienta más seguro y amparado por su gobierno. Así como se enfrentó el desafío de la seguridad, también la crisis de nuestro sistema de salud exige respuestas distintas, disruptivas y verdaderamente transformadoras. Seguir haciendo lo mismo solo agravará la enfermedad; es hora de sanar con la determinación y creatividad que el momento reclama.

* El Dr. Alfonso Rosales es médico epidemiólogo

Durante los últimos 30 años, el mecanismo migraciones-remesas ha sido el principal motor del funcionamiento de la economía salvadoreña. Sin embargo, el abrupto debilitamiento de este mecanismo, provocado por las políticas de la segunda administración del presidente Trump, ha puesto en evidencia su fragilidad y sus límites. En este nuevo contexto, apostar por la reindustrialización y la recuperación de la agricultura ya no es una opción, sino una necesidad impostergable. Dado que existen condiciones para establecer las alianzas necesarias que permitan viabilizar este proceso, el siguiente paso es definir con claridad las estrategias, políticas, programas y acciones que lo harán posible.

Este golpe de timón exige, ante todo, superar el dogma neoliberal según el cual “la mejor política industrial es la que no existe”. Aunque desde la administración Saca en adelante distintos gobiernos han manifestado su compromiso con políticas sectoriales —particularmente en la agricultura, la industria, los servicios internacionales y el turismo—, en la mayoría de los casos ese compromiso ha sido más retórico que efectivo. Salvo por el esfuerzo más consistente de la actual administración en el ámbito turístico, los avances en los demás sectores, y en la industria en particular, han sido débiles, fragmentados o meramente declarativos.

Para avanzar con seriedad en la formulación de una política industrial efectiva, es indispensable, en primer lugar, tener claridad conceptual. Las políticas públicas son el conjunto de acciones emprendidas por el Estado para alcanzar objetivos de interés colectivo. En este marco, la política industrial se refiere a las intervenciones del gobierno orientadas a influir en el comportamiento y la estructura de la economía, especialmente en el sector industrial, con el propósito de aumentar su competitividad, generar más empleos dignos, elevar las tasas de crecimiento, y ampliar y diversificar las exportaciones, entre otros objetivos de interés público.

En segundo lugar, es fundamental identificar las intervenciones concretas que debería asumir el Estado salvadoreño para materializar una política industrial efectiva. Un referente histórico clave es el período comprendido entre 1949 y 1979, durante la vigencia del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (MISI), cuando la política industrial desempeñó un papel central. Esta etapa coincide con el periodo de mayor crecimiento económico en la historia de El Salvador, con una tasa promedio anual del 5.5%. Entre las principales medidas adoptadas en ese contexto destacan: incentivos fiscales a las industrias nacientes, acceso a financiamiento en condiciones preferenciales, creación del polo de desarrollo industrial Ilopango–Soyapango, mejoramiento y expansión de la infraestructura de apoyo a la producción —como servicios de agua potable y energía eléctrica, red de transporte y telecomunicaciones—, protección del mercado interno mediante barreras arancelarias y no arancelarias, e impulso decidido a la integración comercial centroamericana.

A este referente histórico se suma un insumo contemporáneo de gran relevancia: el Plan de Desarrollo Industrial 2025–2029, presentado por la ASI el pasado 12 de junio. Este documento propone, entre otras medidas, la creación de nuevas zonas industriales; una reforma integral del sistema de formación técnica; la mejora del acceso a financiamiento productivo; el desarrollo de insumos que permitan generar bienes con mayor valor agregado; y la ampliación y modernización de los servicios públicos esenciales —como energía, agua, transporte y conectividad— a precios competitivos. Asimismo, plantea fortalecer la participación de empresas nacionales en cadenas de valor locales e internacionales, modernizar la infraestructura de apoyo a la producción (carreteras, puertos y aeropuertos), establecer incentivos de nueva generación alineados con el entorno global, fomentar una cultura de innovación empresarial y facilitar el acceso a tecnologías avanzadas como la automatización, la inteligencia artificial y el internet de las cosas.

A partir de estos dos insumos —el referente histórico del MISI y la propuesta técnica contenida en el Plan de Desarrollo Industrial 2025–2029—, una tarea urgente es la creación de un foro nacional con participación del gobierno, la empresa privada, la academia, el sector sindical y organizaciones sociales. Este espacio permitiría acordar y concretar las intervenciones prioritarias, definir los recursos necesarios para su financiamiento y establecer los responsables de su implementación. Una iniciativa similar debe impulsarse para la reactivación y modernización del sector agropecuario, tema que abordaremos en un próximo artículo.

El Salvador no puede seguir inmóvil frente al lento crecimiento económico, la débil creación de empleos y la dependencia de mecanismos cada vez más frágiles como las migraciones remesas. Sin una política industrial sólida, coherente y sostenida en el tiempo, la reindustrialización seguirá siendo una promesa incumplida. Recuperar la capacidad de producir, generar empleo digno y construir un modelo de desarrollo más equilibrado y resiliente exige voluntad política, visión y un compromiso colectivo firme. El tiempo de actuar no es mañana. Es ahora.

* William Pleites es director de FLACSO El Salvador

El pasado viernes, una noticia cimbró los titulares internacionales de los principales medios de comunicación: el intercambio de miembros de la peligrosa banda criminal venezolana, el Tren de Aragua, por prisioneros estadounidenses y presos políticos en Venezuela. Este movimiento diplomático, que acaparó la atención mediática global, puso de manifiesto no solo la complejidad de las negociaciones geopolíticas, sino también, aunque quizás de forma menos explícita, la relevancia estratégica del presidente Nayib Bukele, de su gabinete de seguridad, del Gobierno de El Salvador, y su colaboración con Estados Unidos en el combate a la criminalidad transnacional.

A primera vista, la noticia se centra en Venezuela y su rol en este particular ajedrez. Sin embargo, para un criminólogo y observador atento de las dinámicas de seguridad en la región, la implicación del Tren de Aragua en un canje de esta magnitud lanza una señal clara y preocupante: la capacidad de esta organización de trascender fronteras y de convertirse en un actor de peso en el mapa criminal internacional como ya se ha expuesto en varias columnas en años anteriores, tratando de negar la realidad de su presencia trasnacional y de ser verdaderos actores no estatales criminales. 

Aquí es donde la experiencia de El Salvador cobra una dimensión particular. Durante los últimos años, el presidente Bukele, su gabinete de seguridad y la Fiscalía General de la República han sostenido una lucha frontal sin precedentes contra las pandillas locales y el crimen organizado, logrando un control territorial y una reducción de la violencia que ha sido objeto tanto de admiración y reconocimiento en los cinco continentes. Este éxito, validado por la percepción de seguridad de sus ciudadanos, se ha construido, en parte, sobre la base de una estrecha coordinación y un intercambio de inteligencia con agencias de seguridad de Estados Unidos y la confianza con la administración Trump.

La presencia del Tren de Aragua en países como Colombia, Perú, Chile, México, Estados Unidos y, preocupantemente, las alertas sobre su posible infiltración en Centroamérica convierten a este grupo en una amenaza de seguridad regional. En este contexto, la capacidad de El Salvador para contener y desarticular estructuras criminales organizadas se vuelve un activo estratégico para Estados Unidos. Si bien el canje del viernes no involucró directamente a prisioneros del CECOT salvadoreño, el solo hecho de que miembros de una banda tan peligrosa estén en el centro de una negociación internacional subraya la necesidad crítica de que países como El Salvador mantengan y profundicen sus capacidades operativas y de inteligencia contra este tipo de organizaciones, siendo los únicos en la región con este claro enfoque y resultados que se miden en la cantidad de toneladas de drogas incautadas que van hacia el sueño de los narcotraficantes llegar a los Estados Unidos. 

La colaboración entre el Gobierno de El Salvador y Estados Unidos en materia de seguridad no es solo una cuestión bilateral; es un dique de contención crucial contra el crimen transnacional y en especial al continente. Los recursos, la capacitación y el intercambio de información entre ambas naciones son esenciales para identificar y neutralizar amenazas como el Tren de Aragua antes de que logren establecerse y replicar el control y la violencia que alguna vez ejercieron las pandillas locales.

En un mundo donde las redes criminales son cada vez más sofisticadas y globalizadas, la efectividad de la política de seguridad salvadoreña, combinada con la excelente relación en este momento con el gobierno de Donald Trump, envía un mensaje potente: la lucha contra el crimen organizado es un esfuerzo compartido que exige alianzas firmes y una vigilancia constante. El ajedrez de la seguridad internacional es complejo, pero El Salvador ha demostrado ser un jugador clave en la protección de sus ciudadanos y, por extensión, en la estabilidad regional. En este juego el presidente Nayib Bukele se convierte en un actor protagonista y desarrolla movimientos en el tablero y escenario geopolítico como no había logrado el país en 204 años de República, quien hubiera pensado que la nación con los mayores niveles de incidencia criminal en la administración que le precedió ahora este jugando en grandes ligas con un liderazgo ganado por ser disruptivo e innovador. 

* Ricardo Sosa es doctor y máster en Criminología