Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, encabeza actualmente una campaña militar intensificada contra redes de narcotráfico en el Caribe y en zonas cercanas a Venezuela, bajo la administración Trump. Hasta este 24 de octubre, la operación ha dejado un saldo de 43 personas muertas en 10 ataques contra embarcaciones sospechosas de mantener vínculos con grupos como el Tren de Aragua, catalogados por EE. UU. como organizaciones terroristas.
El gobierno de Trump sostiene que estas acciones reducirán de forma significativa el tráfico de narcóticos hacia el país del norte. Sin embargo, expertos en narcotráfico advierten que la campaña tendrá un impacto limitado, cuando no nulo, sobre el flujo ilícito de drogas.
En los últimos quince años, el negocio de las drogas ilegales ha experimentado una transformación profunda. Hoy, las redes de narcotráfico operan como corporaciones globales, utilizando criptomonedas, la “dark web” y complejos sistemas financieros internacionales. La producción de estupefacientes ya no está centralizada en los grandes carteles tradicionales ni se limita a América Latina o Asia. Actualmente, las drogas sintéticas —como el fentanilo— se fabrican en laboratorios pequeños y móviles distribuidos en diversos países, incluidos algunos centroamericanos, como Honduras, Guatemala y Belice.
África Occidental y los Balcanes se han consolidado como corredores estratégicos hacia Europa. Los nuevos carteles emplean inteligencia artificial, drones y submarinos para evadir la vigilancia de las autoridades. El narcotráfico, cada vez más tecnificado y flexible, logra adaptarse con mayor rapidez que las políticas antidrogas, manteniendo una rentabilidad estimada en más de 500 mil millones de dólares anuales.
La producción de drogas ilícitas ha pasado de depender de cultivos agrícolas en regiones específicas a una industria química globalizada, impulsada por la tecnología y los mercados digitales. El control se ha dispersado: ya no hay “grandes carteles” dominantes, sino redes flexibles y transnacionales que adaptan la producción según la demanda y la presión de las políticas antidrogas. La tendencia global de producción de drogas ilícitas es claramente ascendente. Por ejemplo, la producción de cocaína aumentó cerca de un 50 % entre 2021 y 2023, alcanzando más de 3 000 toneladas en 2023, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). El mercado más grande para la cocaína ilícita continúa siendo el de las Américas, especialmente Estados Unidos, seguido por Norteamérica, Europa Occidental y Central, y Sudamérica, que en conjunto conforman los principales centros de consumo a nivel mundial. Simultáneamente, aunque la producción asciende, debido al aumento de la demanda el precio al consumidor también se ha elevado. Así un kilo de cocaína en Estados Unidos oscila entre $28 mil y $70 mil dólares, En Australia, el precio por kilogramo puede llegar hasta los $240 mil dólares y en Irlanda el precio al por mayor ha subido a mas de $40 mil dólares por kilogramo.
Impacto global de la guerra contra las drogas:
La llamada guerra contra las drogas, iniciada formalmente en 1971 por el presidente estadounidense Richard Nixon, buscaba erradicar la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas a través de políticas de represión, militarización y criminalización. A pesar de las enormes inversiones —estimadas en billones de dólares— los resultados han sido limitados y, en muchos casos, contraproducentes. Si bien algunos gobiernos lograron debilitar temporalmente a grandes carteles, la producción y el consumo de drogas no han disminuido. Por el contrario, la industria del narcotráfico se ha adaptado y expandido. Uno de los efectos más notorios ha sido la militarización y el aumento de la violencia, especialmente en países productores o de tránsito como Colombia, México y Honduras.
La ofensiva antidrogas ha generado cientos de miles de muertes, desplazamientos y violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, la criminalización del consumo ha provocado una crisis carcelaria mundial, con millones de personas encarceladas por delitos menores, en su mayoría jóvenes y de bajos recursos.
La guerra contra las drogas también ha debilitado instituciones, fomentado la corrupción y erosionado la confianza ciudadana, mientras que las políticas de erradicación forzada han causado daños ambientales y afectado gravemente a comunidades rurales. Ante estos resultados, y aunque el gobierno de Trump mantenga su cerco ante Venezuela, varios países se han replanteado este enfoque represivo, adoptando estrategias centradas en salud pública, la prevención, y la reducción de daños. Modelos como los de Portugal, Canadá y Uruguay muestran que las políticas alternativas pueden reducir la criminalización y los daños sociales sin aumentar el consumo.
* El Dr. Alfonso Rosales es médico epidemiólogo y consultor internacional.
