Autor: Alvaro Cruz

La última encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas fue presentada recientemente por Iliana Álvarez, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), y Amparo Marroquín quien es la vicerrectora de Proyección Social de dicha casa de estudios. Este sondeo ha sido objeto de críticas por parte de quienes no aceptan algunos de sus resultados como ‒por ejemplo‒ los relacionados con los niveles de confianza expresados por la población hacia instituciones y figuras gubernamentales, comenzando por la del inconstitucional. Una de las voces que han formulado abiertamente sus cuestionamientos al respecto es la del administrador de empresas Juan José Ortiz, quien además tiene estudios de maestría en Desarrollo Local y en Economía para el Desarrollo; asimismo representa y ejerce la vocería de las afectadas y afectados en el caso del escándalo financiero de la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI), de la cual se benefició el partido oficialista Nuevas Ideas. Está con las víctimas, pues.

Ortiz señaló que la medición se realizó del 2 al 13 de diciembre del 2025, por lo que no se consideraron en la misma los “golpes que la economía familiar” recibió “al final del año”; para este analista, debido a ello no se pudo medir “el sentimiento de malestar” generado por “el despido de más de 20 000 empleados del sector público”. Sostiene entonces que, pese a que el IUDOP la presenta como la opinión de las salvadoreñas y los salvadoreños “sobre el año 2025”, lo anterior revela un problema metodológico de dicha exploración. Por eso, aseguró, Nayib Bukele aparece valorado con una nota de 8.33.

Entonces, pregunta, ¿qué habría pasado si la encuesta se hubiera realizado al inicio de este 2026? Probablemente, se responde, la calificación recibida habría sido “mucho más baja”; aunque, desde mi perspectiva, quizás lo más apropiado sería decir “menos alta”. ¿Y qué habría pasado –pregunto yo– si la encuesta se hubiera realizado al final de enero del presente año, luego de la aprobación legal del pago de la “Quincena 25” al personal del sector público y al que las empresas privadas quisieran, con un tope salarial de 1500 dólares? Quizás la nota se hubiese incrementado. Es cuestión de mercadeo oficialista y su impacto en la gente; o pan para hoy y hambre para mañana.

En cuanto al “nivel de confianza” que las personas entrevistadas dicen depositar en Bukele, en una escala del uno al cien este alcanzó los 77 puntos. Pero ese dato se basa esencialmente en la seguridad ciudadana que, según el IUDOP, junto con el combate a las pandillas y la delincuencia recibe el beneplácito de casi el 70 % del público abordado; esa es la dimensión porcentual de quienes sostienen que “es lo mejor que está sucediendo actualmente en El Salvador”. Pero con otros de los componentes de lo que constituye la seguridad humana, ¿qué pasa? Veamos.

Más de noventa entre cada cien resienten que el costo de la vida siguió igual o creció arriba de los dos tercios; los precios de la canasta básica subieron para casi el 70 % de la población interrogada y esto afectó negativamente la situación económica familiar del 75; el desempleo se incrementó para casi un 40 % y en similar proporción la gente opinó que seguía igual; el salario mínimo fue elevado en un 12 %, pero al evaluar dicha medida casi seis de cada diez opiniones indicaron que la mejoría fue poca o nula; no hubo alivio en la economía familiar de más de la mitad de la población y empeoró para casi un cuarto; entre quienes dejaron de comprar alimentos o medicinas y redujeron sus gastos, junto a quienes suspendieron un tiempo de comida diario, el total alcanza cerca del 15 %. Además, a más de seis de cada diez les preocupa la elevada dependencia que el país tiene de las remesas.

¿Adónde quedan entonces las seguridades alimentaria, en salud y financiera? ¿Y la seguridad jurídica en un país en el cual al amigo se le interpreta la ley y al enemigo se le aplica? ¿En qué lamentable estado se encuentra esta con una crecida cantidad de personas inocentes detenidas, víctimas de la violación de sus garantías judiciales y de las normas del debido proceso legal? ¿Y la ambiental, cuando casi el 70 % de la gente responde en la encuesta que la Ley general de minería metálica en El Salvador ‒aprobada hace más de un año‒ no la ha beneficiado nada o solamente un poco?

Se ha superado la indignante muerte violenta, producto del accionar pandilleril, que se paseaba tenebrosa entre nuestras mayorías populares; pero la insultante muerte lenta que genera la injusta estructura económica y social sigue peligrosamente al acecho, presente y creciente.