Autor: Alvaro Cruz

Ha habido una ola significativa de renuncias de médicos especialistas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) desde diciembre de 2023, con estimaciones que oscilan entre 250 y 300 profesionales. Esta situación representa una verdadera crisis para la atención especializada dentro de la institución. Más del 90% de quienes han dejado el ISSS son especialistas y subespecialistas, entre ellos cardiólogos, urólogos, nefrólogos y endocrinólogos.

Aunque no existe una fuente oficial y actualizada que precise cuántas plazas de médicos especialistas tiene exactamente el ISSS —un hecho que refleja la falta de transparencia en nuestras instituciones públicas—, en términos generales se estima que el Seguro Social cuenta con “arriba de 1,700 profesionales entre especialistas, subespecialistas, médicos generales y de familia”. Esto significa que en menos de dos años, la institución ha perdido cerca del 20% de su recurso profesional.

El impacto es evidente: disminución de la capacidad instalada en áreas críticas, retrasos superiores a 5,000 citas solo en algunas regiones, y médicos generales asumiendo funciones especializadas para las que no están plenamente calificados. Especialidades como endocrinología, neurología, radio-oncología y uroginecología han quedado con muy pocos profesionales activos, comprometiendo la calidad y el acceso a los servicios. A ello se suma la sobrecarga de trabajo para quienes permanecen, lo que prolonga los tiempos de espera para la atención y el diagnostico oportuno.

Las principales causas señaladas para estas renuncias de personal profesional incluyen un ambiente laboral hostil, salarios poco competitivos, la falta de negociación del contrato colectivo, rumores de una posible fusión con el Ministerio de Salud y el hostigamiento por parte de algunas jefaturas.

¿Ante esta fuga de personal técnico, qué ha hecho el liderazgo del ISSS?

El ISSS no ha implementado medidas estructurales efectivas para retener a los médicos especialistas; por el contrario, la respuesta institucional ha sido limitada, mientras los sindicatos reportan falta de diálogo y ausencia de soluciones duraderas. El sindicato SIMETRISSS ha solicitado reuniones y audiencias con la dirección del ISSS para discutir alternativas de retención, pero hasta ahora no han recibido respuesta formal ni propuestas concretas de parte de las autoridades del Seguro Social.

A la fecha, no se han reportado campañas sistemáticas de retención basadas en incentivos económicos, reconocimiento profesional o flexibilización de cargas laborales. Esto coloca al ISSS en una situación de crisis de retención de especialistas, sin respuestas administrativas sólidas ni propuestas sustantivas para revertir la tendencia, lo que mantiene en vulnerabilidad a los servicios de atención especializada.

Si una organización no reacciona ante la pérdida del 20% de su personal técnico, puede inferirse que enfrenta un problema grave de gestión de talento y estrategia empresarial, comprometiendo su sostenibilidad operativa y financiera. En un escenario probable, la consecuencia sería una pérdida grave de productividad (30–50%), acompañada de una fuga masiva de talento y un riesgo real de insolvencia, fusión forzada o incluso cierre.

¿Es una “fusión forzada” o una privatización del sector salud lo que se busca?

El presidente del Colegio Médico, Iván Solano Leiva, junto a dirigentes sindicales, han planteado que la crisis en el ISSS —sumada a la falta de respuesta ante la fuga de especialistas, el cierre de unidades y el desabastecimiento— podría estar siendo promovida deliberadamente para justificar la privatización del sistema o la concesión de servicios a entidades privadas. La discusión parlamentaria sobre la nueva Ley de la Red Nacional de Hospitales ha encendido alertas, ya que varias organizaciones advierten que la normativa facilita el otorgamiento de concesiones y fragmenta el sistema, abriendo la puerta a una privatización encubierta.

Sindicatos de trabajadores de la salud y movimientos como SITRASALUD consideran que permitir el deterioro y la crisis institucional allana el camino para presentar la privatización como única solución viable para garantizar la atención especializada. Médicos y sindicalistas han detectado señales como la presencia de oficinas del Ministerio de Salud (MINSAL) dentro de instalaciones del ISSS y ciertas formas de tercerización como posibles preparativos hacia una integración, fusión o privatización.

Aunque el Ministerio de Salud niega oficialmente intenciones de privatización o fusión del ISSS con el MINSAL, reconoce cambios importantes encaminados a la integración hospitalaria. Sin embargo, analistas de prensa y organizaciones sociales advierten que la opacidad y la desinformación sobre los cambios normativos aumentan la desconfianza y la preocupación respecto a la privatización.

Indudablemente, la fuga de personal profesional, aunada a la inacción del ISSS para contrarrestarla, guía nuestra atención hacia razones potenciales y oscuras dentro de la institución gubernamental. Este es un debate activo sobre el rumbo del sistema de salud que debe ser clarificado con transparencia y responsabilidad.

El avance tecnológico en inteligencia artificial, internet de las cosas, robótica, impresión 3D y biotecnología, conocido como la cuarta revolución industrial, ofrece oportunidades inéditas, pero también desafíos en materia de empleo debido a los cambios radicales que provoca. De momento, es posible identificar cuatro grandes cambios en el empleo derivados de la cuarta revolución industrial: La virtualización del trabajo, el auge de la “gig economy”, el uso extendido de inteligencia artificial y la democratización del conocimiento. A continuación, examinaremos cada uno de estos cambios.

1. Virtualización del trabajo: ¿motor de desarrollo o puerta a la precariedad?

La virtualización del trabajo ha permitido que millones de personas trabajen de forma remota o híbrida, disminuyendo costos de transporte y habilitando el acceso a ofertas laborales internacionales sin migrar físicamente. Los salvadoreños que gozan de estos empleos no solo ahorran tiempo y combustible, sino que suelen percibir salarios superiores al del resto de connacionales en el mismo rubro.

No obstante, la virtualización también debilita los sistemas de protección social en nuestro país, pues quienes logran acceder a los codiciados empleos virtuales pueden carecer de aportaciones patronales al ISSS o AFP, planteando riesgos a la sostenibilidad financiera de estas instituciones y a la seguridad social de los trabajadores cuando estos se retiren o tengan problemas de salud.

2. La economía de pequeños encargos: ¿ingresos extra o ganancias miserables?

Plataformas digitales como “Uber” han consolidado la llamada economía de pequeños encargos o “gig economy” en inglés. Bajo esta modalidad de trabajo, los ingresos se generan a partir de tareas puntuales, muchas veces bajo demanda inmediata. Para algunos trabajadores esta forma de trabajar representa una vía de entrada al mercado laboral, con flexibilidad de horarios y oportunidades de ingresos extra.

Sin embargo, la economía de pequeños encargos también difumina lo que significa ser un empleador y un trabajador. Por ejemplo, “Uber” considera a sus conductores “socios” y no empleados, argumentando que ellos —y no “Uber”— aportan su equipo, deciden horarios laborales y no dependen de supervisores directos de la compañía. Esta recategorización de empleados a “socios” permite a las plataformas de pequeños encargos ajustar precios (y, en efecto, salarios) de manera dinámica y sin negociación, reducir costos al dejar de ofrecer seguridad social y beneficios, y operar con una mínima infraestructura administrativa. En países sin regulaciones específicas como El Salvador, esto crea un vacío legal que pone en situación de vulnerabilidad a quienes trabajan con estas plataformas, además de abrir la puerta a estrategias de precios predatorios que podrían eliminar la competencia local.

3. Inteligencia artificial: ¿Automatización o potenciación de actividades?

La IA está revolucionando sectores enteros, desde la manufactura hasta el análisis de datos, la salud y la educación. Lo más sorprendente, desde la perspectiva económica, es cómo esta tecnología con un potencial transformativo y desconocido tan grande, está siendo asimilada sin conflictos sociales (como sí ocurrió con la introducción de “Uber” en los mercados de taxis mundiales). Esto podría deberse a que la IA no solo mejora, sino que facilita la productividad laboral mediante la automatización y optimización de tareas y procesos, creando una coincidencia de intereses para su adopción entre empleadores y trabajadores.

Sin embargo, la adopción tecnológica suave no implica la ausencia de ganadores y perdedores. En el largo plazo, el incierto impacto de la IA probablemente dependerá de sus efectos netos en la automatización o potenciación de las actividades laborales, así como en la capacidad de los trabajadores y empleadores de apropiarse de las ganancias en productividad. Si la IA tiende a automatizar o sustituir más actividades de las que potencia, entonces la demanda de empleo se reducirá. En cambio, si la IA sigue una dirección que complemente las actividades laborales, entonces la demanda de empleo aumentará. Por otra parte, si la capacidad de negociación de los trabajadores se deteriora y no es contrarrestada por tendencias demográficas que reduzcan la cantidad de trabajadores, entonces los salarios reales podrían disminuir.

Según el Banco Mundial, la IA complementaría las actividades laborales de un 13 % de los empleos salvadoreños, aunque automatizaría un 4 % y tendría un impacto incierto en un 15 %. Esta realidad obliga a repensar lo más pronto posible la política educativa y económica. La apuesta de hace unos años de convertir a El Salvador en un centro de servicios global debe repensarse o reenfocarse ante el riesgo de estar compitiendo en un mercado cuyos precios se están reduciendo producto de la automatización.

4. Democratización del conocimiento, software y herramientas digitales: ¿Reducir brechas a bajo costo u otra oportunidad desaprovechada?

El acceso abierto a cursos en línea, bibliotecas digitales, software libre y herramientas de colaboración ha reducido las barreras para emprender y aprender de forma autodidacta. Esto abre oportunidades especialmente a países pobres para competir exitosamente en la economía global y reducir décadas de retraso.

Lamentablemente, todavía persisten brechas de conectividad, idioma y capital cultural que limitan el acceso real a estos recursos; especialmente a los que tienen un enfoque productivo y no uno de consumo. Si bien es cierto el censo de 2024 indica que ocho de cada diez salvadoreños tienen algún nivel de acceso a internet y un 93.4 % de los hogares cuenta con al menos un teléfono celular, solo cuatro de cada diez salvadoreños pueden conectarse a la red mediante internet residencial o tener una computadora. Además, apenas un 7 % de salvadoreños mayores de 3 años saben hablar inglés. De no corregir esta situación, la juventud salvadoreña y el país podría desaprovechar una gran oportunidad.

5. Redefiniendo la política laboral y educativa.

En los albores de la cuarta revolución industrial los economistas comenzaron a discutir sobre “el futuro del trabajo” y los posibles cambios que esto traería a la economía mundial. Considerar estas discusiones en su sentido literal puede ser un error mayúsculo, pues los desafíos del progreso tecnológico ya no son un ejercicio de futurología o del campo estrictamente teórico.

En un entorno donde el empleo se fragmenta y se rige por algoritmos creados para maximizar la ganancia de empresas extranjeras, es fundamental actualizar la legislación y las políticas educativas y laborales para garantizar el futuro de los trabajadores salvadoreños. Es necesario evaluar la idoneidad de una protección social universal y colectiva (independiente del tipo o modalidad de empleo), mejorar los niveles de digitalización y exigir transparencia en la gestión algorítmica y de datos personales de las gigantes tecnológicas que busquen operar en el país.

La cuarta revolución industrial representa tanto una oportunidad histórica como un riesgo de exclusión si no se adoptan políticas activas de formación, regulación y protección social adaptadas al nuevo contexto. El reto no es solo crear empleos, sino garantizar que esos empleos —virtuales, híbridos, o fragmentados — permitan ingresos justos y seguros que garanticen protección social a los trabajadores y sus familias, además que brinden oportunidades de desarrollo personal y profesional que permita un futuro donde los trabajadores lleven una vida plena. De momento, el alargamiento de la edad efectiva de retiro, las menores tasas de fecundidad, el debilitamiento de la negociación colectiva y el alza en los precios de los bienes raíces sugieren que “el futuro del trabajo” está dejando a los trabajadores atrás.

*Gabriel Pleités, Ph.D. en economía por la Universidad de Utah.

No diré que solo aquí se dan, pero comentaré algunas de las ocurridas en este mi país en el cual nací y donde moriré. Acá han tenido lugar importantes paradojas a lo largo de la historia, entendidas estas –según se desprende del diccionario– como aquellas situaciones o afirmaciones aparentemente ilógicas. Entre las segundas, encontramos algunas inmortalizadas en el refranero popular. “Lo barato sale caro”, es una; otra muy conocida es cuando se afirma que alguien “brilla por su ausencia”. También las hallamos plasmadas en frases atribuidas a personajes ilustres o en consignas enarboladas a lo largo de ciertas coyunturas políticas. “Solo sé que no sé nada”, dijo Sócrates. “Prohibido prohibir” fue el célebre lema que adquirió fama universal en el escenario turbulento de París, durante mayo de 1968.

Sobre las segundas, del entorno posbélico salvadoreño destacaría un par de absurdos relacionados con la paz –el primero– y con el respeto de la dignidad humana el segundo. Veamos. La guerra abierta que asoló el territorio nacional de 1981 a 1992, finalizó con los acuerdos firmados por las partes beligerantes. Eso se logró con el protagonismo de la Organización de las Naciones Unidas, apoyada decisivamente por los Estados Unidos y la entonces agonizante Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas casi al final de la Guerra Fría. A tan descomunal e inédito esfuerzo se sumó el “Grupo de amigos” del referido proceso integrado por los Gobiernos de México, Venezuela, Colombia y España.

Logrado el cese al fuego, dicha experiencia internacional mancomunada fue presentada ante el mundo como un modelo diseñado y edificado por el organismo multilateral universal. Pero pese a todo lo trabajado, ni la tranquilidad social ni la democracia llegaron al país para instalarse y disfrutarse a plenitud por nuestro pueblo.

Pero se consiguió garantizar, eso sí, que una ofensiva militar como la desatada por el Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional en noviembre de 1989 no volvería a ocurrir; de esa manera, los poderes económico y político tanto del país como de otras latitudes tenían garantizado el privilegio de navegar en aguas tranquilas haciendo de las suyas, totalmente seguros de que además –aprobada una amnistía general, absoluta e incondicional– quienes deberían responder ante la justicia por su participación directa o indirecta en crímenes aberrantes cometidos antes del conflicto armado y durante el mismo, en adelante dormirían tranquilos. A final de cuentas, pues, “la montaña parió un ratón”.

La otra paradoja: el lamentable estado en el que hoy se encuentran las “hijas predilectas” de los acuerdos de paz; es decir, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Leyendo nuestra depredada Constitución, la primera debería ser –literalmente– “un cuerpo profesional independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista” con “funciones de policía urbana y policía rural que garanticen el orden, la seguridad y la tranquilidad pública, así como la colaboración en el procedimiento de investigación del delito”; ello, “con apego a la ley y estricto respeto a los Derechos Humanos”.

Por mandato legal, la segunda tendría que ser de “carácter permanente e independiente, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa”; debería encargarse “de velar por la protección, promoción y educación de los Derechos Humanos y por la vigencia irrrestricta de los mismos”. Teóricamente, su titular no depende “de ninguna institución, órgano o autoridad del Estado; solo debe obedecer “a la Constitución y a las leyes de la República”. Pero ahora, más allá de aquellas buenas intenciones que ilusionaron al país y al mundo hace décadas, ambas entidades son simples marionetas en el tablado del “bukelato”. La corporación policial permanece sin un director general formal desde el fallecimiento del anterior, acaecido hace un año; el puesto lo ocupa el ministro de Justicia y Seguridad Pública.

Y acerca de la Defensoría del Pueblo, qué queda decir. Su actual titular – cuestionada durante su primer mandato por corrupción, nepotismo y turismo institucional– anda desatada en su loca carrera por ocupar por tercera vez el cargo. Para ello, recién montó su “Cumbre global sobre derechos humanos”, con la participación de una fiera vocera de la ultraderecha española y defensora a ultranza de Nayib Bukele.

Mientras tanto, las familias de las víctimas de violaciones de derechos humanos que intentaron participar en el evento no pudieron ingresar ni denunciar sus casos en tan cuestionable evento. Por ello, afuera de esos espacios prostituidos por la ambición personal y el poder manipulador –adonde pretendió lucirse una impresentable “defensora del puesto”– estuvieron y estarán Romero, Tojeira, Cortina, Marianella, María Julia y tantas personas más que merecen ser encumbradas como lo que fueron, son y serán: verdaderas defensoras de la dignidad de nuestro pueblo.

Hace algunos días, hablando con la prensa en el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos negó que fuera un dictador. Lo que sí reconoció ser, en su opinión, es “una persona con mucho sentido común”. Pueden adivinarse los respingos que provocaría tal declaración. Por lo exhibido hasta ahora, tras siete meses caóticos e inquietantes, eso del sentido común, unido a “mucho” como adverbio de cantidad, no es precisamente la forma en que la mayoría de los análisis políticos describe el método en que Donald Trump gobierna en este su segundo periodo.

Antes al contrario, el estilo cada vez más autoritario del republicano está levantando cejas por doquier, principalmente en lo que respecta a la separación de poderes y el Estado de derecho, dos de los rasgos mejor apreciados pero no siempre bien definidos de la tradición política americana. Un vistazo a las semanas recientes ilustra las razones detrás de tanta preocupación.

Con la excusa de tener una “crisis” de seguridad en Washington, el mandatario desplegó a la Guardia Nacional en la capital y ha amenazado con hacer lo mismo en otras ciudades donde a su juicio proliferan los delitos violentos. Antes había cesado a la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales por publicar datos que contradicen su autoindulgente discurso oficial sobre el empleo. Agentes del FBI fueron a intimidar a su propia casa a un crítico del presidente, ni más ni menos que su antiguo consejero, John Bolton, por una investigación sobre supuesta información clasificada que el antiguo funcionario expone en un libro de memorias. La cereza del pastel ha sido el intento de despedir a una gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, justificándose Trump en las hipotéticas inexactitudes que la mujer pudo haber escrito en una vieja solicitud de hipoteca.

Para colmo, esta andanada de acciones prepotentes no ha tenido su debido contrapeso en el Congreso, donde el presidente tiene suficiente respaldo acrítico. El deber, por consiguiente, de someter a la Casa Blanca a control ha recaído casi exclusivamente en el poder judicial, cuyos tribunales se han visto sometidos a dura prueba desde el primer día del segundo mandato de Trump.

Para colmo, esta andanada de acciones prepotentes no ha tenido su debido contrapeso en el Congreso, donde el presidente tiene suficiente respaldo acrítico
“Liberales” y “conservadores” —términos que entrecomillo por aludir a sus respectivos significados, en inglés, de “izquierda” y “derecha”— llevan décadas acusándose mutuamente de utilizar a la judicatura y las mayorías temporales en la Corte Suprema para avanzar sus agendas. Por muy certeros que puedan ser estos señalamientos, lo cierto es que ningún mandatario antes de Trump, al menos en el último medio siglo, había ido tan lejos en su desafío a la independencia judicial.

Debe tomarse en cuenta, para empezar, que el presidente republicano ya había sobrepasado, entre enero y junio de 2025 —¡en apenas cinco meses!—, el total de órdenes ejecutivas que su antecesor Biden había realizado en cuatro años: 162. Esto indica la nueva forma de operar de la Casa Blanca: inundar el sistema con edictos y luego esperar que las reacciones lleguen tarde, tal vez cuando ya se están emitiendo nuevas disposiciones.

Los tribunales, claro, se han visto obligados a expresar sus puntuales desacuerdos, a tal grado que emitieron 25 fallos contra igual cantidad de órdenes de la Casa Blanca solo en los primeros cien días de Trump, y en materias tan diversas como el financiamiento federal, los despidos de funcionarios públicos y las políticas de inmigración.

De los 21 procesos de este tipo que han escalado hasta la última instancia judicial, solo en tres de ellos la Corte Suprema no se ha inclinado por dar mayor margen de maniobra al presidente en detrimento de los jueces de primera instancia. Esto, si bien no ha supuesto (todavía) una violación flagrante a la Constitución de los Estados Unidos, ha confirmado lo que muchos advertimos sobre los intentos que Trump haría para hostigar al sistema.

En sus fallos, los magistrados del Supremo tampoco han querido siempre ofrecer explicaciones sobre lo decidido. A veces, en su descargo, el tribunal superior se ha referido a la necesidad de evitar que los jueces excedan su autoridad constitucional. En otras ocasiones, el silencio podría deberse, como lo ha hecho entrever el magistrado Brett Kavanaugh, con una especie de estrategia para moderar los tiempos hasta las sentencias finales. Sin embargo, las zonas grises sobre las que el presidente pisa son, aparentemente, cada vez más amplias.

¿Se atreverá Trump, por ejemplo, a socavar en serio la independencia de la Reserva Federal?
La gran pregunta que ronda los ambientes políticos y académicos es qué ocurrirá cuando las cosas empiecen a salirse de control. ¿Se atreverá Trump, por ejemplo, a socavar en serio la independencia de la Reserva Federal? ¿Llegará el día en que la Corte deba pronunciarse en concreto sobre el derecho a la ciudadanía americana por nacimiento? ¿Será el actual inquilino de la Casa Blanca el que contradiga en los hechos al padre fundador John Adams, quien afirmó que el gobierno debe ser “uno de leyes y no de hombres”?

Volviendo a las palabras de Trump, vale la pena recordar en qué contexto negó ser un autócrata, porque tampoco contribuyen a fomentar la tranquilidad. “Dicen que soy un dictador”, expuso, “pero impido el crimen”. Para luego agregar: “La gente dice: si eso es así, prefiero tener un dictador. Aunque yo no lo soy”.

Bueno, aún está por verse si se trató de un chascarrillo o de una advertencia.