Autor: Alvaro Cruz

En 2010 entré a la colonia Las Margaritas, en Soyapango. Para poder hacerlo tuve que darle $5.00 a pandilleros que tenían control en la calle de acceso a la colonia. Uno de ellos me hizo parada y me preguntó hacia donde iba y la dirección de la persona o familia que iba a visitar. Iba en mi vehículo en calidad de periodista, pues tenía conocimiento que las pandillas extorsionaban a quienes se atrevían a entrar a la colonia.

Hice las respectivas entrevistas y finalmente llegué al puesto provisional de la Policía Nacional Civil (PNC), cuyo jefe de turno me negó que los pandilleros tuvieran control en la colonia, incluso negó que le cobraran extorsión a quienes ingresaban. Tres horas después cuando iba a retirarme, dos pandilleros me hicieron alto y uno de ellos me advirtió que me habían visto estacionado frente al local de la PNC, por lo que tenía que entregarles $20.00 o me quitaban el carro. Mi respuesta fue que estuve estacionado en el lugar, porque cerca vivía el pariente que visitaba. Les entregué los $20.00 y me retiré de inmediato. Jamás volví a visitar dicho lugar hasta el fin de semana pasado.

Publiqué el reportaje y un subinspector policial me visitó para desmentir la información, asegurando que los pandilleros no tenían el control en la colonia, muchos menos el control en los accesos, pero cuando le mostré las fotos de las paredes manchadas por las maras y los audios de los pobladores y de los pandilleros exigiéndome el dinero para dejarme salir, me responsabilizó por su suerte, en el sentido que lo podrían trasladar hacia un lugar lejano.

La tarde-noche del sábado pasado fui a la colonia Las Margaritas a visitar a un excompañero de trabajo enfermo. Gratamente las paredes ya no están afeados por los grafitis pandilleriles y los vecinos, especialmente los pequeños comerciantes ya no son objeto de extorsión. “Todos los pandilleros están presos, ahora son las 11:00 de la noche y los niños y jóvenes pueden estar jugando en las calles” me dijo un poblador quien destaca que antes eran $50.00 quincenales los que entregaba a los pandilleros.

Otro vecino me contó que hace años los pandilleros entregaban a policías corruptos parte de lo que exigían a la población y sus visitantes. “Casi frente a los policías asaltaban, amenazaban y extorsionaban, los pandilleros hacían y deshacían a su antojo”, pero cuando entró el Régimen de Excepción a los malos policías ya los habían trasladado y a todos los mareros los metieron presos, lo malo es que también se llevaron a la cárcel a personas inocentes”, me dijo un anciano a quien las pandillas le exigían $20.00 semanales por permitirle trabajar en un pequeño taller.

Algunos pobladores afirman sentirse seguros y agradecidos con las autoridades porque hicieron una “limpieza” de pandillas. “Ahora sentimos que vivimos con seguridad y en paz, la PNC y el ejército patrullan a cada instante” y eso nos da garantías para movilizarnos a toda hora”, dice una joven universitaria que recuerda su niñez y adolescencia cargada de temor por el accionar de las pandillas que se movilizaban armadas a toda hora y en toda forma de transporte.

Hay que reconocer que el Régimen de Excepción ha llevado tranquilidad a la mayor parte del territorio nacional. Colonias que antes estaban literalmente controladas y secuestradas por las maras, hoy respiran aire de paz y tranquilidad, por ejemplo Los Ángeles en Apopa, la 10 de Octubre en San Marcos, la Majucla en Cuscatancingo y otras  comunidades, antes, que vivían bajo el acecho y la zozobra generada por las pandillas, ahora son sitios donde las personas viven relativamente en paz.

En la comunidad 22 de Abril, en Soyapango, hasta antes de la entrada en vigor del Régimen de Excepción, ni la PNC entraba por temor a los pandilleros, pero ahora ya se puede caminar entre sus estrechos pasajes. Ha vuelto la libre movilidad, la gente sale y entra con tranquilidad, aunque de vez en cuando ocurre un hecho delictivo.

En general la población vive tranquila sabiendo que los pandilleros están  presos o escondidos sin margen de actuación, aunque el reclamo suele ser por los inocentes que guardan prisión injustamente. Hay muchos que fueron apresados y que hasta ahora yacen en las cárceles.  El sistema judicial, con la premura del caso, debe revisar estos casos y dejar en libertad a los que siendo inocentes están siendo víctimas de los daños colaterales.

Ningún buen salvadoreño debe estar molesto o reclamar por los pandilleros presos, pero si exigir que todo inocente goce de libertad. Todos, o la mayoría, somos los beneficiados directos de la dureza contra las pandillas y no reconocerlo sería ingrato y hasta inmoral, pero también tenemos que abogar por los inocentes, que  al igual que el resto de salvadoreños deben gozar de la libertad.

Como me dijo el vecino de Las Margaritas: “Es  bueno que las autoridades se lleven presos a los pandilleros, porque eso nos ha dado paz y tranquilidad, pero lo malo es que también ese han llevado a gente inocente”, lo que seguramente genera angustias en los parientes suyos.

En definitiva, en materia de seguridad El Salvador vive sus mejores momentos. Con Régimen o sin Régimen no hay que darles tregua a las pandillas, pero también hay que apostarle a políticas de prevención y estimulación para evitar su renacimiento.

*Jaime Ulises Marinero es periodista.

En El Salvador, muchas personas pasan más tiempo en sus lugares de trabajo que en sus propios hogares. Para una gran parte de la población, jornadas que inician al amanecer y se extienden hasta altas horas del día son parte de la rutina. De acuerdo con estudios recientes, 8 de cada 10 trabajadores en San Salvador laboran 49 horas o más por semana, superando el límite legal establecido por la legislación nacional.

El Código de Trabajo salvadoreño establece que la jornada laboral no debe exceder las 44 horas semanales para turnos diurnos, y 39 para turnos nocturnos. También contempla el pago adicional por horas extraordinarias y reconoce que el tiempo en que una persona está disponible para la empresa, aunque no esté realizando tareas activas, puede considerarse tiempo efectivo de trabajo. Sin embargo, la aplicación de estas normativas varía en la práctica, y no siempre se cumple con lo estipulado.

Esto plantea una pregunta válida: ¿por qué se sigue trabajando más allá de lo legalmente permitido? Algunas personas argumentan que se trata de una decisión individual motivada por la necesidad económica. Otros señalan que hay una cultura organizacional que valora la permanencia prolongada en el lugar de trabajo como una muestra de compromiso, lo cual no siempre se traduce en mayor productividad.

Mientras tanto, en otros países se han explorado modelos distintos. Islandia, por ejemplo, llevó a cabo entre 2015 y 2019 uno de los estudios más amplios sobre reducción de la jornada laboral, disminuyendo la semana laboral a 35 o 36 horas sin reducir salarios. Los resultados indicaron mejoras en bienestar y productividad, lo que llevó a que más del 80 % de los trabajadores adoptarán esta nueva modalidad.

En el Reino Unido, un estudio piloto realizado en 61 empresas con más de 2,900 empleados probó una semana laboral de cuatro días. Tras seis meses, el 92 % de las empresas decidió mantener el modelo, reportando beneficios como menor ausentismo, mejor salud mental y, en algunos casos, un incremento en ingresos.

Francia adoptó una jornada máxima de 35 horas desde el año 2000. Países Bajos y Dinamarca presentan promedios aún menores —29 y 33 horas semanales respectivamente— sin que ello haya afectado su productividad o bienestar general. De hecho, estos países suelen ubicarse entre los más eficientes y felices del mundo, según datos de la OCDE y del World Happiness Report.

Estos ejemplos invitan a reflexionar sobre qué modelo laboral es realmente sostenible a largo plazo. No se trata de establecer comparaciones directas, ya que las condiciones económicas y sociales varían entre países, pero sí de abrir el debate sobre la posibilidad de organizar el trabajo de manera que priorice tanto la eficiencia como la calidad de vida.

En el contexto salvadoreño, la extensión de las jornadas laborales suele responder a una combinación de factores: desde las necesidades económicas individuales hasta prácticas empresariales que no siempre se alinean con la normativa laboral vigente. Esto sugiere que cualquier transformación debe contemplar no solo la realidad de los trabajadores, sino también el papel de las instituciones encargadas de supervisar y garantizar el cumplimiento de la ley.

La discusión sobre la duración de la jornada laboral no es nueva, pero ha cobrado nueva relevancia en un mundo donde el equilibrio entre vida personal y profesional se valora cada vez más. Pensar en nuevas formas de organizar el trabajo no implica necesariamente producir menos, sino hacerlo de forma más inteligente, saludable y equitativa.

El reto está en encontrar un modelo que responda a las necesidades del país, mejore la calidad de vida de los trabajadores y, al mismo tiempo, fortalezca la productividad y la sostenibilidad de las empresas.

* Jaime Solis es experto en derechos laborales