Autor: Alvaro Cruz

El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó en su página web una actualización sobre el procesamiento de visas de inmigrante para nacionalidades catalogadas como de alto riesgo de uso de beneficios públicos. A partir del 21 de enero de 2026, el Departamento de Estado pausará todas las emisiones de visas de inmigrante para solicitantes que sean ciudadanos de 75 países, entre los cuales se incluyen 15 del continente americano y tres de Centroamérica: Belice, Guatemala y Nicaragua.

Esta disposición del gobierno de Trump no afecta las visas de turista, por tratarse de visas de no inmigrante. Sin embargo, va mucho más allá de un travel ban tradicional, pues establece restricciones amplias que impiden a quienes buscan residir permanentemente en Estados Unidos completar sus procesos de visa. La suspensión del procesamiento implica que solicitantes de visas de inmigrante (por trabajo o reunificación familiar), de residencia permanente (green card) o basadas en empleo no podrán avanzar ni recibir citas o entrevistas mientras esta política esté en vigor.

De igual forma, las familias de ciudadanos estadounidenses y residentes legales podrían quedar separadas por más tiempo, ya que las solicitudes de reagrupación familiar quedan temporalmente congeladas. Esta medida afecta especialmente a cónyuges, hijos y padres.

Las nuevas restricciones revelan serias contradicciones entre el discurso y la práctica. Aunque no necesariamente infringen normas jurídicas, sí generan inconsistencias en los planos político, administrativo y de resultados. El gobierno de Trump ha declarado su objetivo de ordenar la inmigración, desincentivar la migración irregular y priorizar la inmigración legal y documentada. No obstante, al suspender masivamente el procesamiento de visas, bloquear la reunificación familiar y cerrar canales legales a personas que cumplen con los requisitos, se debilitan precisamente las vías que el propio discurso político dice querer fortalecer.

La evidencia histórica es clara: este tipo de medidas no reducen de manera sostenible el movimiento migratorio. Las personas no dejan de migrar; simplemente cambian de ruta. La historia migratoria de Estados Unidos lo ha demostrado una y otra vez: cuando las vías legales se vuelven inaccesibles, lentas o impredecibles, la migración irregular aumenta. En consecuencia, una política diseñada para “controlar” termina alimentando lo que busca evitar.

Al cerrarse las puertas de la inmigración regular —familiar o laboral—, el asilo se convierte en la única opción disponible para muchos. Esta dinámica no solo sobrecarga un sistema ya colapsado, sino que también dificulta la distinción entre quienes realmente necesitan protección internacional y quienes buscan una vía alternativa ante la falta de opciones legales. El resultado es menor control, no más.

Es cierto que las políticas migratorias del actual gobierno estadounidense buscan enviar una señal de dureza y responder a tensiones del debate político interno. Sin embargo, esa lógica de corto plazo choca con las necesidades estructurales demográficas, laborales, económicas y humanitarias del país.

Desde el punto de vista económico, la paradoja es igualmente profunda. Estados Unidos enfrenta déficits estructurales de mano de obra en sectores clave —salud, agricultura, servicios y tecnología— y un acelerado envejecimiento poblacional. Restringir las visas de inmigrante no resuelve esos problemas; los agrava. La inmigración legal no representa una carga, sino un activo económico y fiscal ampliamente documentado.

Nadie cuestiona el derecho soberano de los Estados Unidos a decidir quién entra en su territorio; ese derecho es incuestionable. Lo que sí resulta cuestionable es la coherencia entre el discurso y la práctica. No se puede afirmar que se busca fortalecer la inmigración legal mientras se restringen o congelan los mecanismos que la hacen posible. Si el objetivo real es una inmigración ordenada, segura y legal, la respuesta no pasa por menos visas, sino por mejores procesos, mayor capacidad administrativa y criterios más transparentes.

De lo contrario, la política migratoria estadounidense seguirá atrapada en su propia paradoja: querer orden, mientras produce desorden.

Generalmente celebrado en la ciudad de Davos, un complejo turístico en los Alpes suizos, el Foro Económico Mundial (FEM) reúne a empresarios e inversores de todo el mundo con líderes políticos desde 1974. El fundador de este encuentro, el controversial economista alemán Klaus Schwab, tuvo por mentor a Henry Kissinger en Harvard, posee un largo historial de acusaciones de corrupción y el año pasado se vio obligado a renunciar a la presidencia del Foro en medio de una nube de escándalos laborales y hasta sexuales.

Pero la reunión de Davos, por fortuna, consigue algo que ni siquiera la ONU logra con su desacreditada Asamblea General anual: hace sentir a los políticos que pueden hablar con más confianza y menos protocolo. Tal vez por la audiencia a la que acceden directamente con su palabra, los mandatarios suelen aprovechar el FEM para externar sus verdaderas preocupaciones, pedir apoyos y puentear la diplomacia.

La edición de este año no fue la excepción, pero con una sobrecarga inusitada de hipocresía, delirios y decepción. La hipocresía la puso, en particular, el viejo continente, con la presidenta de la Comisión Europea y el presidente de Francia a la cabeza.

Tanto Ursula von der Leyen como Emmanuel Macron, por acción y omisión, son responsables protagónicos del espantoso declive europeo actual. Cuando la primera se vanagloria de haber firmado un acuerdo con el Mercado Común del Sur (Mercosur) “después de 25 años de negociaciones”, en realidad ofrece el mejor ejemplo de por qué la lenta y costosa burocracia en Bruselas suma tantos detractores. Por su lado, parecía un mal chiste oír a Macron pronunciarse por un “multilateralismo eficaz”, con casi una década gobernando su país y cooperando activamente en la ineficacia del multilateralismo de su continente. Si Vladimir Putin y Pedro Sánchez hubieran llegado a Davos, el cuarteto más desastroso del último medio siglo en Europa habría estado completo.

Los delirios del foro, por supuesto, corrieron por cuenta de Donald Trump. Su hiperbólico y enmarañado discurso, por enésima ocasión, estuvo plagado de exageraciones, medias verdades y mentiras completas. Afirmó que la inflación “ha sido derrotada” en Estados Unidos, que los norteamericanos están “muy contentos” con él y que después de la II Guerra Mundial su país había “devuelto” Groenlandia a Dinamarca, como si en algún momento la isla ártica hubiera cambiado de propietario. Volvió a repetir que en 2020 había perdido contra Joe Biden en unas “elecciones amañadas”, que ha logrado resolver “ocho guerras” y que “los medios de comunicación —críticos con él— son terribles”.

Al día siguiente, como broche de oro, Trump montó una insólita ceremonia junto a otros 19 jefes de Estado y funcionarios para anunciar la creación de una especie de corporación internacional para la paz. Tras llamarla “una de las organizaciones más relevantes jamás creadas”, procedió a pedir que firmaran su estatuto varios de los líderes presentes. Pocas horas después, según cuenta el periodista mexicano Jesús Esquivel, el propio mandatario estadounidense, visiblemente molesto, habría calificado de “un montón de bebés” a esa Junta de Paz, en referencia al tipo de países que de momento la componen, como Kazajstán, Bahréin, Paraguay, Kosovo, Hungría, Marruecos, Pakistán y Argentina, entre otros.

Este último país, por cierto, presidido por Javier Milei, tuvo una participación decepcionante en Davos. Y no porque el gobernante argentino ofreciera un mal contenido en su discurso, sino porque ninguna de las bellas premisas que compartió sobre la ética, la libertad individual y la eficiencia dinámica es respetada por esos “amigos” que en 2025 mencionó como parte de esa supuesta “alianza internacional de naciones que creen en las ideas de la libertad”, donde incluye al húngaro Orbán, al salvadoreño Bukele y al mismísimo Donald Trump. Si a estos tres personajes Milei los considera defensores del “libertarismo” que él dice abrazar, su admirado Murray Rothbard debe estar retorciéndose en la tumba.

La agradable sorpresa en Davos la dio el primer ministro de Canadá, el economista Mark Carney, quien tal vez fue el único asistente que deleitó con un verdadero discurso de estadista. Carney tiene la ventaja de ser un recién llegado, con buenos antecedentes administrativos y el primer gobernante canadiense en llegar a su cargo sin haberse postulado nunca a un puesto electivo. Al igual que Trump, no procede del establishment, pero tiene la fortuna de encontrarse a años luz del temperamento y las ideas de su homólogo estadounidense.

“El poder de los que tienen menos poder comienza con la honestidad”, dijo Carney en francés, al inicio de su alocución, para luego retomar el inglés. Citó a Tucídides, se sirvió limpiamente de una hermosa analogía de Václav Havel sobre la sumisión de las mayorías durante el comunismo y expresó lo que muy pocos líderes mundiales se han atrevido a decir: “Sabíamos que la historia del orden internacional basado en normas era parcialmente falsa, que los más fuertes se eximían cuando les convenía…”. Incluso mencionó “los riesgos de una integración global extrema”.

Carney entiende el problema de fondo y acierta con la elegancia en las formas de abordarlo. También pudo haber dicho que Trump es solo el efecto de unas causas que el mundo se ha resistido a ver. La opción para resistir a los autoritarios no consiste en la atomización alocada o el globalismo nihilista, sino en la sabia mezcla entre principios y pragmatismo. Gracias a esta sola intervención, la edición 2026 de Davos valió la pena.

*Federico Hernández Aguilar es escritor salvadoreño