Autor: Alvaro Cruz

Salí del país vía Comalapa rumbo al Aeropuerto Benito Juárez el 31 de octubre de 1983. Llegando me dirigí a Villa Coapa, zona urbana ubicada al sur del Distrito Federal mexicano en Tlalpan y muy cercana al Estadio Azteca; sus orígenes se remontan hasta 1967, antes de la masacre en Tlatelolco y las Olimpiadas celebradas en aquel país. Permanecí unos meses en la casa de un compatriota, profesional y académico, amigo de juventud que con su esposa e hijo vivían en el exilio; de haberse quedado, seguramente lo hubiera asesinado la dictadura. Bueno, en enero de 1981 su hermano y su cuñada ingresaron a la lista de las miles de personas desaparecidas de manera forzada.

No obstante haber sufrido un episodio grave para mi seguridad en agosto de ese año, mi partida se consumó hasta noviembre de 1983. Fue una especie de autoexilio al que recurrí convencido de que duraría poco y me veía regresando lo más pronto posible. Pero me quedé ocho años, dos meses y cinco días para hacer de México mi otra patria tras haber sido cofundador ‒en 1984‒ del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O. P.”, perteneciente a los religiosos dominicos, y secretario ejecutivo del mismo hasta finales de 1991.

Desde dicho espacio conocí la dura situación que golpeaba a sus mayorías populares, acompañándolas en sus angustias. Antes había escuchado decir que,allá, “los derechos humanos se respetaban del esmog para arriba”; no así de esa contaminada nube negra hacia abajo. Siendo “extranjero”, terminé expulsado por meterme en “asuntos internos” y volví a mi país de origen ‒ya contratado‒ a dirigir el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), dos años y meses después de la ejecución impune de su fundador: el jesuita Segundo Montes.

Pero aquel compromiso permaneció y así fuiexpulsado nuevamente en abril de 1997 ‒por la misma razón‒ cuando integré una misión internacional encargada de observar la situación de derechos humanos, particularmente en los conflictivos Estados de Guerrero y Chiapas. Continuaron, pues, mi interés sobre dicha realidad y la relación con colegas de allá. Ello, pese a que después de esta última eventualidad me negaron la visa. Solo pude retornar hasta finales de mayo del 2003; es decir, siete años despuésgracias a la intervención de la querida Mariclaire Acosta cuando fungió como subsecretaria para Derechos Humanos y Democracia en la cartera de Relaciones Exteriores. Dicho cargo desapareció en agosto. Para mi suerte, esa oportuna gestión me posibilitó contar con un salvoconducto e ingresar al territorio del hermano país apenas tres mes antes.

¿Por qué comparto hoy esta historia? Pues porque, además de haberme involucrado directamente en la promoción y defensa de los derechos humanos del pueblo mexicano durante algunos años hace más de cuatro décadas, he permanecido pendiente de lo ocurrido luego hasta la actualidad. Eso me vincula con aquel entorno que no es ajeno al nuestro.

Ciertamente, acá comenzaron a reducirse progresivamente las muertes violentas a partir del 2016. Después se instauró desde hace cuatro años el régimen de excepción que aún permanece. Disminuyeron además las desapariciones forzadas,aunque oficialmente no se busquen las víctimas directas; también comenzaron a bajar las extorsiones y el temor a las pandillas. ¡Qué bien!, pese a cómo se logró. Pero eso no convierte a El Salvador en “el país más seguro del hemisferio occidental”, como presumen el oficialismo y sus aplaudidores.

Es, sí, el más militarizado; en tal escenario se presentó recientemente acá una famosa artista colombiana. La misma acaba de realizar en México una gira de catorce conciertos que cerró ante más de cuatrocientas mil personas en el Zócalo capitalino, rompiendo allá el récord de asistencia a ese tipo de eventos y sin el montón de soldados rodeándola como acá.

Por eso, pregunto, ¿es México un país seguro como la versión gubernamental salvadoreña alardea del nuestro? Para responder atinadamente, se debe considerar de forma integral cada contexto. En el nuestro, se dice que personeros policiales intentaron negociar con el Cártel Jalisco Nueva Generación ‒ese que encabezaba “El Mecho”, recién abatido‒ para secuestrar y regresar desde aquella nación a la nuestra a uno de los máximos líderes mareros. El tamaño, las finanzas, el armamento y el poder de fuego de los grupos criminales salvadoreños para nada se acercaban al de los mexicanos como el mencionado, cuyos tentáculos se extienden por el mundo. Pero resulta raro que acá, que yo sepa, no hubo bajas entre las pandillas.

Llenar estadios y otros escenarios con aplausossonoros a “lobas” y “murciélagos”, no significa vivir y disfrutar de una paz sólida y duradera. Por ello, debemos esforzarnos para que nuestros países ‒además de ser “lindos”‒ ya no sigan siendo “heridos”recurrentemente y de variadas formas.