Honduras endurecerá el control y la fiscalización sobre los negocios de origen chino ante su rápido crecimiento tras la apertura de relaciones con Pekín en 2023, una medida que cuenta con el respaldo de la gran empresa pero despierta recelos entre las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
La iniciativa legislativa, aprobada la semana pasada tras ser presentada por el diputado oficialista Mario Pérez, instruye a las autoridades a auditar de inmediato la legalidad de estos comercios, el cumplimiento del pago de impuestos, el origen y control de sus importaciones, el estatus migratorio del personal y la posible fuga de divisas.
Pérez, parlamentario del conservador Partido Nacional, dijo al presentar la moción que no se opone a la nación asiática, pero lamentó que, tras más de tres años de relaciones diplomáticas con China, el resultado visible sea la proliferación de comercios minoristas en lugar de inversiones industriales a gran escala que generen empleo.
Hasta ahora, las autoridades hondureñas no han precisado la cantidad de negocios de origen chino abiertos en el país centroamericano en los últimos años. La expansión de estos establecimientos coincide con un notable incremento del flujo migratorio desde el país asiático, que pasó de 403 personas en 2020 a más de 5.000 en 2025, según los registros oficiales.
Empresas exigen equidad La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, respaldó la fiscalización estatal, aunque enfatizó que el cumplimiento de la ley debe aplicarse a todos los actores económicos por igual, independientemente de su origen. «De cualquier actividad económica que realicemos en el país, debemos de cumplir leyes, debemos de cumplir reglas, reglamentos que hay, debemos de pagar impuestos», subrayó Gallardo a EFE.
Aunque la líder patronal aclaró que el sector privado organizado no ha identificado directamente prácticas de competencia desleal por parte de los empresarios chinos, advirtió que la informalidad sigue siendo un problema para la economía nacional y reduce los ingresos del Estado para invertir en infraestructura, educación y salud.
Gallardo indicó además que pequeños y medianos empresarios han expresado preocupación por una posible desventaja comercial, por lo que instó al Gobierno a garantizar que todos los negocios operen bajo el marco legal hondureño y abogó por proteger la producción nacional mediante campañas de consumo interno.
Mipymes piden impulsar la producción Por su parte, el presidente de la Federación Hondureña de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Femise), José Castañeda, calificó la regulación de «irrisoria» y afirmó a EFE que las Mipymes difícilmente pueden competir con la capacidad productiva de China. «Cuando entra el producto chino se mueren empresas nacionales», aseguró Castañeda, quien atribuyó el problema a la falta de políticas públicas integrales para fortalecer la producción nacional.
El representante de las Mipymes —sector que genera el 76 % del empleo en Honduras pero solo aporta el 34 % al Producto Interno Bruto (PIB)— señaló que las pequeñas empresas hondureñas operan en una «economía de subsistencia» y consideró prioritario impulsar la producción nacional, especialmente de alimentos.
“Necesitamos comenzar a producir comida urgentemente en Honduras”, enfatizó, tras asegurar que este tipo de supervisiones impositivas en el mediano y largo plazo terminarán «afectando al consumidor hondureño».
Castañeda también defendió que Honduras debería priorizar una estrategia de desarrollo basada en formación, producción y políticas económicas de largo plazo, en lugar de depender solo de medidas de control sobre los comercios extranjeros.
El tema cobra especial relevancia bajo el Gobierno del presidente hondureño, Nasry ‘Tito’ Asfura, cuya administración iniciada el pasado enero ha mostrado una mayor sintonía con Washington y ha recibido el respaldo abierto del mandatario estadounidense, Donald Trump, en momentos en que Estados Unidos impulsa una estrategia orientada a limitar la expansión de la influencia china en América Latina.
