La Comisión Europea (CE) aseguró este lunes que está preparada para «todas las posibilidades» y tiene «todas las opciones en la mesa» tras las nuevas amenazas de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que la institución europea anunciara una nueva multa a Google de 2,950 millones de euros ($3,465 milllones).
«Como en cualquier circunstancia, la Comisión está preparada para todas las posibilidades y todas las opciones siguen sobre la mesa», afirmó el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olof Scholz, al ser preguntado por la reacción de Trump a la multa.
En concreto, el presidente estadounidense amenazó en un mensaje publicado en sus redes sociales con iniciar un procedimiento bajo la Sección 301 «para anular las sanciones injustas que se están cobrando a estas empresas estadounidenses que pagan impuestos».
Esta disposición de la Ley de Comercio de 1974 permite al Gobierno de EE.UU. tomar represalias comerciales, entre ellas aranceles o restricciones, contra países extranjeros que a su juicio lleven a cabo políticas comerciales injustas o discriminatorias en perjuicio de empresas norteamericanas.
La CE, sin embargo, no ha querido ir más lejos y se ha negado a hacer «más comentarios» al respecto, puesto que entiende que esta amenaza de Trump es todavía algo «hipotético» que «no ha ocurrido» aún.
La multa anunciada por Bruselas asciende a 2,950 millones de euros ($3,465 millones de dólares) y sanciona, tras cuatro años de investigación, una situación de abuso de posición dominante por parte de la multinacional en el sector de la publicidad en línea, al favorecer sus propios servicios en este sector en detrimento de sus rivales.
La sanción es la segunda más alta jamás impuesta por el Ejecutivo comunitario por abusos monopolísticos, por detrás de la multa de más de 4,000 millones de euros ($4,699 millones)también a Google por violar las normas comunitarias de competencia a través de Android.
Además de multar a la compañía, los servicios europeos de Competencia que dirige la española Teresa Ribera exigieron a Google poner fin al comportamiento que favorece sus propios servicios de tecnología publicitarias y adoptar «medidas para erradicar sus conflictos de interés inherentes a lo largo de la cadena de suministro de tecnología publicitaria» o ‘adtech’».
La opinión preliminar del Ejecutivo comunitario es que Google sólo podrá subsanar la situación vendiendo una parte de su negocio publicitario en línea, pero optó por dar 60 días al gigante digital para que proponga otras posibles soluciones.
