Autor: Ariel Olivares

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este lunes que quiere cerrar todos los hoteles de solicitantes de asilo en el Reino Unido «lo antes posible», ante los litigios legales y las protestas generadas en las últimas semanas sobre este sistema de migración.

«Entiendo por qué la gente quiere cerrar los hoteles (de solicitantes de asilo). Yo también quiero cerrarlos. Trabajaré con mi equipo para cerrarlos tan rápido como sea posible», dijo hoy el jefe del Gobierno británico en declaraciones exclusivas a BBC Radio 5 Live.

En cambio, Starmer indicó que la única forma de «vaciar» los hoteles es hacerlo de forma «ordenada, sistemática y trabajando sobre los casos tan rápido como se pueda» y después deportando a aquellas personas que no tienen derecho a estar en el Reino Unido.

Al ser preguntado sobre una fecha tentativa para cumplir este objetivo, el ‘premier’ británico expresó su intención de «adelantar» los plazos fijados actualmente, que preveían el cierre de los hoteles de acogida de migrantes antes de 2029, con el final de la legislatura actual.

La migración ilegal y la lucha contra las bandas de tráfico de migrantes en el Canal de la Mancha es uno de los puntos centrales de la hoja de ruta del Gobierno laborista, que, según Starmer, inició este lunes su «segunda fase».

Del mismo modo, aseveró que la migración es «un problema realmente serio» y reiteró su objetivo de «controlar las fronteras» del país lidiando con las personas que cruzan al Reino Unido de manera ilegal, con los hoteles de solicitantes de asilo o con las deportaciones, que bajo el Ejecutivo de Starmer han alcanzado las 35.000.

El pasado 19 de agosto, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales falló a favor del Ayuntamiento de Epping Forest (al norte de Londres) y ordenó desalojar antes del 12 de septiembre el hotel Bell de la localidad, donde se alojan más de un centenar de solicitantes de asilo y que ha sido centro de protestas después de que uno de los inquilinos fuese acusado de una presunta agresión sexual.

Sin embargo, este fallo judicial, que podría haber causado un ‘efecto rebote’ en otras localidades del país, fue revocado el pasado viernes después de que el Ministerio del Interior británico ganase un recurso en el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales que paralizó el desalojo del hotel de Epping.

La polémica alrededor de los hoteles de solicitantes de asilo ha avivado, asimismo, una tendencia a lo largo de todo el país respaldada principalmente por figuras de la extrema derecha, que han sacado a las calles la bandera de Inglaterra, con la cruz roja de San Jorge sobre fondo blanco, como símbolo de la «pureza» británica.

Al respecto, Starmer se definió en BBC Radio 5 Live como alguien «partidario de las banderas», si bien dijo que no estaba de acuerdo con el uso de los símbolos nacionales de manera «divisiva» y «devaluada».

El Gobierno español está «ejecutando la cancelación» de un contrato adjudicado a la multinacional española Telefónica y que incluía el uso de equipos de la compañía china Huawei, con el argumento de «criterios de soberanía estratégica europea y española».

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, explicó este lunes a la prensa que la adjudicación «arrancó con una idea y ha sido modulada, como con tantas otras cuestiones en materia de digitalización».

El pasado viernes, el diario español El País avanzó que el Gobierno había cancelado a última hora un contrato de 10 millones de euros adjudicado a Telefónica destinado al fortalecimiento de la red pública de fibra óptica de Red.es, equipada con componentes del fabricante chino.

«Estamos en un ámbito dinámico muy cambiante y entendemos que este proceso responde a la normalidad de tantos otros procesos», argumentó. Añadido que el nuevo destino de esos 10 millones de euros será «inminente a largo de los próximos días».

No obstante, concretó que el Gobierno ha tomado esa decisión «en base a criterios de soberanía estratégica europea y española», aunque ello «no cambia en nada» su «política».

Preguntada por la inclusión de Huawei en una ‘lista negra’, respondió que «no hay una lista de proveedores, sino un esquema nacional de seguridad, y en cada decisión se analiza pormenorizadamente la situación y se toman las decisiones que se consideran».

Consultada, asimismo, por si las nuevas condiciones de la futura adjudicación limitará el acceso de Huawei, González Veracruz dijo que cuando se publique ese contrato, «se conocerán las condiciones».

A principios de agosto pasado, el Ejecutivo español defendió los contratos cerrados con la multinacional china para gestionar y almacenar escuchas telefónicas judiciales. Aseguró que la seguridad de todas las comunicaciones y la ciberseguridad en España están «totalmente garantizadas» con los más altos estándares europeos.

Dos semanas antes, un portavoz de la Comisión Europea insistió en que los países de la Unión Europea deben «restringir o excluir a Huawei de sus redes 5G» porque la compañía china «representa un riesgo mucho mayor» que otros proveedores.

Los directores de los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Tom Cotton y Rick Crawford, respectivamente, habían solicitado al gobierno de Donald Trump que revise los acuerdos de intercambio de inteligencia con España.

Alertaban los legisladores estadounidenses de que el Ministerio del Interior de España había adjudicado contratos de 12,3 millones de euros a Huawei para proporcionar servidores y servicios de consultoría para los sistemas de interceptación telefónica de España y subrayaban que la compañía «tiene estrechos vínculos con el Partido Comunista chino (PCCh)».

Al menos 1.4 millones de personas han resultado afectadas entre enero y julio pasados en Colombia por situaciones relacionadas con el conflicto armado y con desastres naturales, advirtió este lunes la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

En su Informe de Situación Humanitaria, la OCHA detalló que 694,700 personas resultaron afectadas por desastres, mientras 74,400 fueron desplazadas, 113,200 confinadas y 736,000 sufrieron restricciones a la movilidad.

«Entre enero y julio de 2025, el número de personas afectadas por ataques contra la población civil en Colombia aumentó en un 25 %, en comparación con el mismo periodo del año anterior», señaló ese organismo en el documento.

La OCHA detalla que en los primeros siete meses del año hubo 84.900 víctimas de ataques a la población civil, 2,800 por acciones armadas, 5.300 por uso de artefactos explosivos y 31,500 por ataques a objetivos ilícitos de guerra.

«Estas afectaciones están asociadas principalmente a medidas de control social, amenazas, y homicidios selectivos contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y miembros de las comunidades; constituyendo así infracciones a los principios de distinción y proporcionalidad», agregó la información.

La situación más grave ocurrió entre enero y marzo cuando la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó en la región del Catatumbo (noreste) una ofensiva contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, en una disputa por el control territorial de esa vasta región del departamento de Norte de Santander, lo que dejó cerca de un centenar de muertos, incluidos civiles, y unos 60,000 desplazados.

Ese mes, la entonces representante de la OCHA en Colombia, Claudia Rodríguez, afirmó a EFE que la violencia guerrillera en la región del Catatumbo es la peor desde que el Gobierno y las FARC firmaron el acuerdo de paz en 2016.

Lluvias agudizan la crisis humanitaria

La OCHA advirtió este lunes que «los desastres por temporada de lluvias agudizaron la situación humanitaria en más del 50 % del territorio nacional, dejando a un total de 694,000 personas impactadas por desastres de origen natural durante lo corrido de 2025».

«Para julio, más de 124,000 personas, principalmente de comunidades indígenas y rurales, así como refugiados y migrantes, de las regiones Amazónica y Orinoquía, se vieron afectadas por el desbordamiento de ríos y el aumento de lluvias que se presentan desde marzo», añadió el organismo.

Las lluvias han agravado las necesidades humanitarias de los habitantes de varios departamentos como Arauca, Guaviare, Putumayo, Caquetá y Amazonas, que también se ven afectados por el conflicto armado.

Las altas temperaturas de agosto han dejado 2,177 fallecidos en España este último mes de agosto, 19 de ellos en La Rioja, un 71.3 por ciento más que la cifra registrada en el mismo periodo del pasado año, según estima el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Los datos de esta plataforma también revelan que las muertes de agosto atribuibles a esta causa superaron en 1,117 a las de julio, mes en el que se registraron 1,060 defunciones. En total, desde principios de junio de 2025, España ha notificado 3,644 muertes por calor, un 84.3 por ciento más que en los tres meses de verano de 2024.

Durante la segunda y tercera semanas del mes de agosto, esto es, entre el lunes 11 y el domingo 25, se han registrado las mayores cifras de muertes por calor del verano. En concreto, la segunda semana se notificaron 934 defunciones, mientras que la tercera la cifra fue de 862.

Por sexos, en agosto se han registrado 877 fallecimientos por exceso de calor en hombres y 1,300 en mujeres. En cuanto a la edad de los fallecidos, la mayoría tenía más de 65 años (2,099 muertes) y, de ellos, 1,428 eran mayores de 85 años.

Por comunidades autónomas, las más afectadas han sido Madrid, con 415 fallecimientos atribuibles a temperaturas, y Cataluña, con 361.

A estas les siguen Castilla y León (264), Comunidad Valenciana (204), Galicia (198), Andalucía (169), Castilla-La Mancha (163), Extremadura (115), Aragón (74), País Vasco (74), Navarra (47), Canarias (22), Asturias (20), La Rioja (19), Murcia (16), Cantabria (13), Baleares (cuatro) y la ciudad autónoma de Ceuta (una).