Autor: Ariel Olivares

Cinco personas pertenecientes al Cartel del Pacífico fueron detenidas durante dos operaciones simultáneas realizadas en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California (noroeste), por fuerzas armadas mexicanas durante el registro de dos domicilios.

En los cateos realizados en dos domicilios, además de las detenciones, se aseguraron cuatro armas cortas, partes de armas de fuego, siete cargadores, 85 cartuchos útiles, una bolsa con metanfetamina y una bolsa de plástico con marihuana, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en un comunicado.

La acción comenzó mediante labores de investigación, en las que se identificaron dos domicilios en las colonias Hacienda los Laureles y Las Américas, en Tijuana, donde se resguardaban los sujetos vinculados a la organización delictiva, por lo que las fuerzas de seguridad implementaron vigilancias fijas y recabaron pruebas suficientes para intervenir.

En una acción simultánea, agentes de seguridad catearon un inmueble en la colonia Hacienda los Laureles, donde detuvieron a un hombre y una mujer y confiscaron 85 cartuchos y una bolsa con marihuana. Mientras que en la colonia Las Américas arrestaron a tres personas y aseguraron cuatro armas cortas, partes de armas, siete cargadores, cartuchos y una bolsa con cristal de metanfetamina.

Fuentes oficiales revelaron a EFE que los detenidos fueron identificados como Alfonso Villa Briones, alias Cabo13; Juan David Ramírez Saldaña y Lizeth Ramírez Flores; Arturo Isaí Delgadillo Escutia, alias El Chila, y Rosa María García Flores, todos ellos integrantes del cartel que opera en la zona.

Los cinco fueron informados de sus derechos y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica. Los inmuebles quedaron sellados y bajo custodia de las autoridades.

La operación fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía y Policía Estatal.

Las instituciones que integran el gabinete de seguridad del Gobierno de México han realizado más de 5.800 detenciones, incluyendo capos buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), tras los acuerdos para evitar aranceles a México con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reforzar el combate contra el tráfico de drogas.

Proteger el medioambiente y defender los derechos humanos son tareas de alto riesgo en Latinoamérica, que solo en 2024 contabilizó 257 muertes violentas ,el 80 % de casos a nivel mundial, lo que evidencia que es la región más peligrosa para resguardar el planeta.

Estos datos son parte del informe de análisis global de la ONG Front Line Defenders (FLD) que ha señalado en el mapa los cinco países iberoamericanos más peligrosos para desempeñar este tipo de tareas: Colombia (con 157 víctimas), México (32), Guatemala (29), Brasil (15) y Perú (9).

Los conflictos armados y las actividades extractivistas son algunas de las causas detrás de estos casos, pero la desprotección estatal y el “desmantelamiento de la legislación ambiental” por parte de los respectivos gobiernos son «los principales responsables del aumento de esta violencia», explica a EFE Julia Lima, portavoz de FLD.

El problema se ha incrementado respecto a 2023, cuando fueron asesinadas 196 personas en todo el planeta, de las cuales 166 en países iberoamericanos de acuerdo con el informe anual de la ONG Global Witness (GW).

Y en la primera mitad de 2025 “el escenario sigue empeorando” según Lima, con un “aumento en la tendencia de criminalización” de los defensores que «agota a las víctimas y profundiza la impunidad».

Colombia, en cabeza.

El Programa Somos Defensores, que sistematiza los casos con los que estas organizaciones elaboran sus recuentos anuales, contabiliza en el primer trimestre del año al menos 39 asesinatos en Colombia, un país que según afirma uno de sus portavoces, Juan Manuel Quinche, «ha tenido una historia muy violenta»; primero con el surgimiento de “grupos guerrilleros y paramilitares, y luego con aquellos que derivan de los procesos de desmovilización”.

Menos de un 15 % de los asesinatos de defensores se resuelve con una sentencia judicial, asegura Quinche, lo que «perpetúa la violencia» y tiene “consecuencias fuertes” para otros protectores de la tierra, en particular en zonas donde “el Estado no está presente”, teniendo en cuenta la «estratégica» ubicación del país, que conecta los Andes, la Amazonía y los océanos Pacífico y Atlántico, lo que «propicia la presencia de actores armados ilegales de carácter transnacional”.

México, “racismo sistémico”

En México, el FLD denuncia un “racismo sistémico que permea el sistema de justicia penal” y afecta a defensores de los pueblos indígenas con «arrestos arbitrarios» y penas de prisión tan severas que se consideran como «cadena perpetua informal».

Esto “limita su derecho a defender sus intereses y derechos colectivos”, como la protección a sus espacios naturales, y los expone a ser víctimas de «todo tipo de vulneraciones».

Con una población de 18 millones de habitantes, Guatemala ocupa el décimo lugar en tamaño en Latinoamérica, pero el tercero en violencia contra defensores de derechos a nivel global con 29 asesinatos.

El aumento de la violencia contra ambientalistas es «extremo» en Centroamérica, según GW, considerando que, “en una región con menos del 1 % de la población mundial, fueron asesinadas 36 personas defensoras” solo en 2023: «Uno de cada cinco homicidios” en todo el mundo.

La Amazonía de fondo

Las milicias armadas, “a menudo compuestas por terratenientes y grupos rurales locales”, son señaladas por el FLD como responsables del incremento de violencia en Brasil, en especial contra los pueblos indígenas.

La “falta de cumplimiento” de los mecanismos de protección por parte del Gobierno brasileño también influye en el aumento de casos, denuncia Lima.

Perú cuenta con una parte importante de la Amazonía (12 %), únicamente por detrás de Brasil (60 %) y este territorio es «desde hace años» centro de actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico, lo que ha ocasionado un incremento en los ataques a comunidades que defienden su territorio.

«La ausencia de fiscalización estatal y la corrupción han agudizado la situación», asevera Lima, que recuerda la vinculación de casos de deforestación con empresas privadas cuyos propietarios forman parte del propio Gobierno.

El Acuerdo de Escazú -un tratado regional que entró en vigor en 2021 tras ser aprobado en Costa Rica en 2018 con el objetivo de, entre otros puntos, garantizar la protección a los líderes ambientales de la zona- no ha logrado disminuir la violencia en la región.

Si bien, reconoce Lima, «marca un precedente en la protección medioambiental» su aplicación «es compleja por la falta de apoyo estatal de los países firmantes», encargados de «blindar a las comunidades» frente a sus agresores.

Además, no contempla a los periodistas en la categoría de defensores ambientales, un punto a debate considerando que 44 periodistas ambientales han sido asesinados en los últimos 15 años, según un estudio de la Unesco.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este miércoles uno más de los sucesivos estados de excepción que ha dictado para combatir al crimen organizado desde que a inicios de 2024 declarase al país bajo «conflicto armado interno» para enfrentar una crisis de violencia sin precedentes causada por el auge de las bandas criminales.

En esta ocasión, el estado de excepción abarca cuatro de las veinticuatro provincias del territorio ecuatoriano, tres menos que el anterior decreto, que también incluía a la capital Quito.

Las provincias afectadas por esta medida son El Oro, Manabí, Los Ríos y Guayas, cuya capital es Guayaquil, la ciudad más poblada del país.

Estos cuatro territorios se encuentran en la zona costera del país y concentran la mayor parte de la actividad criminal al circular por ellas las principales rutas del narcotráfico que buscan enviar a través de los puertos de Guayas y El Oro grandes cantidades de cocaína hacia Norteamérica y Europa.

El estado de excepción implica que en estos territorios están suspendidos los derechos fundamentales de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, con el objetivo de facilitar las operaciones de las fuerzas de seguridad, especialmente en la irrupción a viviendas e inmuebles sospechosos.

El decreto trata de incorporar las directrices de la Corte Constitucional, que en los anteriores estados de excepción ha modulado las medidas impuestas por el Gobierno, al que ha instado a combatir a las bandas criminales con las herramientas legales ordinarias y no perpetuar una medida en poblaciones que llevan más de año y medio con derechos fundamentales suspendidos.

En el anterior estado de excepción, el tribunal anuló la medida para las prisiones, militarizadas desde el inicio de la declaración de «guerra» de Noboa para recuperar el control de los centros carcelarios, hasta ese momento dominados por las distintas bandas criminales que operan en el país.

Este nuevo decreto, que tendrá que ser revisado nuevamente por la Corte Constituciona, llega en un momento de enfrentamiento de Noboa contra el máximo tribunal de garantías, ya que recientemente anuló parcialmente una serie de artículos de un conjunto de polémicas leyes promovidas por Noboa.

Entre los artículos suspendidos figura la prerrogativa que se le había dado a Noboa para conceder «indultos anticipados» a policías y militares que sean procesados delitos cometidos en el marco del «conflicto armado interno», así como la posibilidad de que el sistema nacional de inteligencia dé identidades falsas a los agentes y maneje recursos exentos de cumplir con la ley de contratación pública.

Las crisis de violencia que vive Ecuador ha llevado a que el país figure a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, con un promedio que se ha recrudecido en este año 2025 al registrar más de un asesinato por hora.

Más de 22,000 personas, entre ellas alrededor de 11.000 niños, han sido desplazadas en una ciudad de la región de Hiran, en el centro de Somalia, debido a intensos combates que han dejado a miles de personas aisladas y sin acceso a servicios básicos, alertó este jueves Save the Children.

Los enfrentamientos entre milicias locales, fuerzas gubernamentales y grupos armados no estatales en Hiran se han intensificado en los últimos dos meses, con una escalada significativa el pasado 27 de julio que provocó el desplazamiento de más de 22,800 personas solo en la ciudad de Mahas.

Save the Children denunció que los desplazados se refugian en aldeas cercanas con familias de acogida, en condiciones de hacinamiento, o a la intemperie, sin acceso a servicios esenciales.

Asimismo, advirtió de que 21 centros de salud que respalda en la zona han suspendido sus actividades a causa del conflicto, incluido un centro de estabilización para niños con desnutrición aguda severa.

«Nos preocupa que el conflicto en la región de Hiran haya interrumpido servicios vitales para la infancia, incluidos niños que estaban siendo tratados por desnutrición y que se han visto obligados a huir con sus familias de los centros de salud», dijo en un comunicado el director de Save the Children en Somalia, Mohamud Mohamed Hassan.

Además, la ONG alertó de que el conflicto ha dañado fuentes de agua, bloqueado rutas de acceso y agravado la inseguridad alimentaria, al impedir que las familias accedan a pastos, mercados y agua potable.

Mujeres, niños y otros grupos vulnerables carecen de refugio adecuado y sufren un fuerte estrés psicológico, mientras Save the Children manifestó su «profunda preocupación» por el aumento de informes sobre el reclutamiento de menores por actores armados de ambos bandos.

En total, el conflicto ha desplazado a unas 100.000 personas en las regiones de Hiran y Gedo (sur) en los últimos dos meses, según socios humanitarios y autoridades locales, lo que incrementa la presión sobre recursos ya limitados como el albergue, los alimentos, el agua potable y la atención sanitaria.

La ONG recordó que este nuevo desplazamiento se suma a una crisis previa en comunidades ya golpeadas por una grave sequía, que ha provocado un fuerte aumento de la desnutrición infantil, agravado por los recortes en la ayuda humanitaria.

A principios de este año, 32 centros de salud apoyados por Save the Children en la región de Hiran fueron cerrados debido a la falta de financiación.

«Hasta la fecha, no se ha entregado ayuda humanitaria significativa, lo que subraya la necesidad urgente de una respuesta humanitaria coordinada y sin restricciones para atender necesidades vitales», dijo Hassan.

Así, la organización hizo un llamamiento para brindar asistencia inmediata que incluya refugios de emergencia, distribución de artículos no alimentarios, suministro de alimentos y agua, servicios móviles de salud y atención psicosocial.

También instó a los actores humanitarios a coordinarse con las autoridades locales y las comunidades de acogida para garantizar intervenciones inclusivas y planificar actividades de recuperación temprana, como educación y medios de vida, que refuercen la resiliencia a largo plazo. 

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán en los próximos días, anunció este jueves el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov

«La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días llevarán sus preparativos», dijo Ushakov, citado por la agencia oficial TASS.

El diplomático subrayó que «el lugar de la reunión también fue, en principio, acordada, pero informaremos de ello un poco más tarde».

Destacó que la propuesta de celebrar una cumbre entre Putin y Trump es de la Casa Blanca, cuyo emisario especial, Steve Witkoff, se reunió el miércoles con el líder ruso en el Kremlin.

«Lo importante es que esta reunión sea exitosa y productiva», subrayó.En cuanto a una futura reunión entre ambos mandatarios y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también puesta sobre la mesa por Witkoff en el Kremlin.

«La parte rusa dejó esa posibilidad totalmente sin comentarios», explicó Ushakov, quien describió como «constructiva» la reunión del emisario de Trump con Putin.

Agregó: «Considero que ambas partes pueden sentirse satisfechos con el resultado de la conversación».

Trump, que ha mantenido seis conversaciones telefónicas con Putin desde principios de año, había dicho la víspera que existían «muchas posibilidades» de que la reunión tuviera lugar «muy pronto».

Putin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra, mientras se vio por última vez las caras con Trump en junio de 2019, encuentro celebrado en Helsinki.