Autor: Ariel Olivares

Alligator Alcatraz cumple un mes de funcionamiento en Florida, con unos 600 migrantes deportados desde ahí, mientras el Gobierno estatal presume de como un «hub» para deportaciones y un modelo para los próximos centros de detención de la Administración de Donald Trump, pese a denuncias de opacidad y abusos.

El centro de detención se construyó en solo una semana en un aeropuerto antes abandonado entre los Everglades, zona natural al oeste de Miami rodeada de caimanes y pantanos, por lo que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo ve como ejemplo para otros centros mientras activistas lo consideran ícono de violaciones a derechos.

«Este campo de detención de los Everglades es un ejemplo atroz de la sobreactuación del Gobierno ahora donde están buscando, mediante sus excesos, construir estos campos de detención en expansión», dijo a EFE Jeff Migliozzi, director de comunicaciones de Freedom For Immigrants, que lucha contra las prisiones migratorias.

Los vuelos operados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) que comenzaron hace dos semanas han deportado a 600 migrantes desde Alligator Alcatraz, según estimó DeSantis el viernes, y grupos como la Florida Immigrant Coalition (FLIC) contabilizaron la detención de al menos 1,000 migrantes desde su apertura, el 3 de julio.

Legisladores demócratas informaron de la existencia de 750 migrantes «en jaulas» tras entrar el 12 de julio al sitio, con una capacidad actual para 2,000 personas que se elevaría a 4,000, de acuerdo con la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), encargada del lugar.

Pero existe una «falta de transparencia» del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pues sus estadísticas no muestran la cifra oficial de detenidos, aseguró a EFE la profesora Susan B. Long, cofundadora del proyecto TRAC, que analiza los datos de detenciones migratorias en Estados Unidos.

«Estaban reteniendo a personas en Alligator Alcatraz en Florida y no estaba listado (en las estadísticas de ICE) y existen todos estos reportes de la prensa sobre cómo están manteniendo a personas ahí», expuso en una entrevista.

Nuevo «hub» migratorio

El gobernador de Florida resaltó que el lugar es ahora un «hub», pues el DHS puede deportar de manera directa a los migrantes desde la antigua pista o, si son «de seis o siete países diferentes», los trasladan a otros estados, como Luisiana, donde los «segregan con base en su país» para colocarlos en otros vuelos.

También aseveró que es un modelo mientras avanza la inyección económica para ICE.

Esta agencia federal recibirá $45,000 millones hacia 2029 para construir centros de detención, un 62 % más que todo el sistema federal de prisiones y que resultaría en la detención diaria de 116,000 personas, según un análisis del American Immigration Council (AIC).

«Florida ha sido líder en esto y sé que la Casa Blanca ha llamado a otros estados a imitar lo que Florida está haciendo», expresó el mandatario estatal en una conferencia la semana pasada.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó desde el 14 de julio que la Administración conversa con cinco estados gobernados por republicanos para «replicar» el modelo de Florida.

De hecho, Florida alegó «una emergencia» para construir el sitio, estimado en 450 millones de dólares, y la semana pasada la Agencia Federal de Manejo de Desastres (FEMA) anunció $608 millones a gobiernos estatales y locales para construir o ampliar centros de detención para migrantes.

Activistas no se rinden

En este panorama, jueces pidieron información sobre Alligator Alcatraz mientras avanzan dos demandas distintas contra el sitio, una de defensores migratorios liderados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) y otra de los ambientalistas Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity.

Ambas argumentan que las autoridades no aclaran quién es el principal responsable del lugar, por lo que el Gobierno federal y el de Florida evaden sus competencias ambientales y del trato a los migrantes al excusarse en que no tienen jurisdicción, según alegan.

«Esta es una situación sin precedentes en la que cientos de detenidos están incomunicados, sin habilidad para acceder a las cortes, bajo una autoridad que nunca se ha explicado y que podría no existir», señala la demanda de ACLU, acompañada por la agrupación Americans for Immigrant Justice.

El presidente israelí, Isaac Herzog, acusó este lunes a las Naciones Unidas de retrasar la entrega de la ayuda humanitaria que, según aseguró, Israel está permitiendo entrar en Gaza y denunció que el grupo islamista palestino Hamás está realizando alegaciones falsas con respecto a la situación humanitaria en el enclave.

Durante una visita a la Vilna, Herzog afirmó que Israel está llevando a cabo «enormes esfuerzos» en el ámbito humanitario y para cumplir el derecho internacional, y aseguró que tan solo esta semana entraron en la Franja 23,000 toneladas de ayuda humanitaria por vía terrestre.

«Hay cientos de camiones que todavía están esperando a la distribución y Naciones Unidas no está avanzando con la distribución», aseveró, tras reunirse con el presidente lituano, Gitanas Nauseda, que en una rueda de prensa criticó que «la hambruna no puede usarse como una herramienta de lucha política o militar».

El presidente lituano señaló que el país báltico apoya «el derecho a la autodefensa de Israel en consonancia con el derecho internacional».

Sin embargo, al mismo tiempo enfatizó que «la protección de los civiles y del personal humanitario», así como la disponibilidad de infraestructuras y recursos esenciales «no es negociable».

«Instamos al Gobierno de Israel a adoptar medidas urgentes para resolver la crisis humanitaria garantizando un suministro y distribución de ayuda humanitaria a los civiles en Gaza, en particular a mujeres y niños», dijo Nauseda.

Por su parte, Herzog denunció que Hamás está lanzando «acusaciones falsas» a la par que ignora su propia responsabilidad en el sufrimiento de la población de Gaza.

El presidente israelí, de raíces lituanas, mostró también una foto de uno de los rehenes en manos de Hamás, Evyatar David, que también cuenta con orígenes en ese mismo país báltico.

«Miren el brazo del secuestrador, que es gordo y grueso y carnoso y miren el cuerpo esquelético y flaco del rehén. Su vida está en grave peligro», dijo, señalando la imagen.

Los dos presidentes aludieron además a la comunidad judía en Lituania, que fue diezmada en el Holocausto durante la ocupación nazi del país báltico entre 1941 y 1945.

Herzog anunció que visitaría un bosque en el que fueron ejecutados judíos durante el Holocausto y habló del «eterno imperativo moral de no olvidar nunca y de no cruzarse nunca de brazos ante el antisemitismo y el odio».

Al menos 62 personas han fallecido en Japón en lo que va de verano, más de la mitad en el último mes, durante el que el país asiático ha experimentado temperaturas sofocantes y anotado un nuevo máximo histórico nacional, 41.2 grados.

Buena parte del archipiélago japonés se mantenía en alerta por riesgo de insolación este lunes, quinto día consecutivo en el que el mercurio supera los 40 grados, y el pronóstico de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) vaticina un escenario similar para el martes, donde se prevé que incluso en la más templada isla norteña de Hokkaido los termómetros superen los 31 grados en algunos puntos.

Sólo en la semana del 21 al 27 de julio, 10,804 personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales a causa del calor, de acuerdo a las cifras más recientes de la Agencia nacional de Bomberos y Gestión de Desastres. La cifra total desde mayo y hasta el pasado 27 de julio asciende a 52.774, según el organismo.

De acuerdo a cifras publicadas este lunes por la Oficina forense de Tokio, entre junio y julio fallecieron 56 personas sólo en el área capitalina, más de dos tercios en zonas donde se disponía de aire acondicionado pero no se utilizaba. El mayor número de muertes se registró en personas mayores de 70 años, 26.

Las autoridades japonesas vienen pidiendo encarecidamente que se usen estos aparatos en días calurosos como los actuales para evitar los peligros asociados al calor extremadamente húmedo del país, que dificulta la secreción de sudor que regula naturalmente la temperatura corporal.

Recomiendan, además, hidratarse con frecuencia y reponer sales, así como realizar descansos frecuentes cuando se trabaja al raso.

La saga que se inició a finales del mes pasado con la aprobación de una reforma legal revertida posteriormente que restaba autonomía a las agencias anticorrupción ucranianas vivió este fin de semana un nuevo capítulo con la desarticulación a manos de esas mismas estructuras de una trama de corrupción a alto nivel relacionada con la compra de material militar.

Según explicó la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU), la trama descubierta por sus detectives infló precios para la adquisición con fondos públicos de drones y sistemas radioelectrónicos de defensa aérea en beneficio de quienes participaban en ella. Entre los sospechosos destacan un diputado del partido del presidente Volodímir Zelenski y varios dirigentes regionales e integrantes de la Guardia Nacional ucraniana.

En una reunión poco habitual de Zelenski con los jefes de la NABU y de la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP), que también participó en la operación, el presidente ucraniano agradeció su labor y pidió tolerancia cero contra este tipo de delitos.

Zelenski también reivindicó la ley propuesta por él mismo y aprobada por el Parlamento el pasado jueves para restaurar la independencia de las agencias anticorrupción como el mejor instrumento para combatir estas prácticas.

“Es importante que las instituciones anticorrupción operen de forma independiente, y la ley aprobada el jueves les garantiza todas las herramientas necesarias para luchar de verdad contra la corrupción”, declaró Zelenski tras la reunión, que ha sido criticada por activistas anticorrupción y desde sectores opositores.

Acusaciones de cinismo

En un breve artículo publicado en Censor.net, publicación considerada cercana al líder de la oposición, Petró Poroshenko, la jefa de la oenegé anticorrupción Mezha, Martina Boguslavets, criticó la actitud de Zelenski al recordar que la ley que ahora reivindica no hizo otra cosa que anular una reforma en sentido contrario que el propio presidente promovió y ratificó.

“Es la cumbre del cinismo escribir ahora que esto (la desarticulación de la trama corrupta de los drones) ha ocurrido gracias a la independencia de las agencias anticorrupción que usted trató de destruir”, argumentó Boguslavets.

La jefa de la oenegé Mezha le recriminó también a Zelenski que en el mensaje sobre su reunión con los directores de los órganos anticorrupción escribiera que éstos le informaron de su actividad, como hace habitualmente tras recibir a cargos de los servicios de inteligencia o el Ejército que sí son sus subordinados.

“Y una cosa más. ¿’Dieron parte al presidente’?”, escribió Boguslavets en su mensaje.

Zelenski ratificó el pasado 22 de julio una ley aprobada con la mayoría de su partido en el Parlamento que subordinaba las dos agencias anticorrupción mencionadas al fiscal general, un cargo nombrado directamente por el presidente.

La reforma fue interpretada por muchos en la sociedad civil ucraniana y por los aliados europeos de Kiev como un intento de hacerse con el control de dos órganos hasta ahora independientes.

Medios de referencia ucranianos como Ukrainska Pravda o el Kyiv Independent relacionaron esta maniobra con las investigaciones que ha llevado a cabo la NABU a personas que forman o formaron parte del entorno del presidente como el exministro Oleksí Chernishov, el antiguo asesor de la oficina presidencial Rostislav Shurma o el copropietario de la productora Kvartal 95, fundada por el propio Zelenski cuando era actor, Kvartal 95.

Según algunos críticos de la reforma finalmente revertida por Zelenski tras varios días de protestas ciudadanas en las calles y de advertencias de Bruselas y otras capitales europeas, al subordinar la NABU y la SAPU quería parar este tipo de investigaciones a personas de su círculo.

En un mensaje publicado en Telegram, el diputado Oleksí Goncharenko, del partido Solidaridad Europea, liderado por el expresidente Poroshenko y el que tiene más diputados en la oposición-, ha escrito que las investigaciones contra legisladores del partido del presidente como el que acaba de perder el cargo por el escándalo de los sobreprecios en la compra de drones son una maniobra para que no se investigue a figuras más cercanas a Zelenski como Mindich.