El partido Centro Democrático y allegados del expresidente colombiano Álvaro Uribe manifestaron este viernes que la condena a doce años de prisión domiciliaria que se le impuso por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal tiene motivaciones políticas y electorales de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.
«Dicen que le darán detención domiciliaria al presidente Uribe. De ser así queda muy clara la intención política de sacarlo de la campaña. Se hace claro el propósito político», expresó en X la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, partido fundado por Uribe.
La jueza del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, ordenó expedir «la correspondiente boleta de encarcelación» y que Uribe sea trasladado de inmediato a su casa en el municipio de Rionegro, en el departamento de Antioquia (noroeste), «donde cumplirá la prisión domiciliaria y se realizarán los controles respectivos».
En la sentencia de primera instancia, anticipada a la prensa antes de la lectura en una audiencia este viernes, la jueza también resolvió imponer a Uribe, que fue presidente de 2002 a 2010, una multa de más de 3,400 millones de pesos colombianos (unos $822,000) y lo inhabilitó por más de ocho años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Uribe, de 73 años, se convirtió el pasado lunes en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente en el denominado ‘juicio del siglo’ en Colombia, aunque la defensa del exmandatario ya anunció que apelará la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Durante la audiencia del lunes pasado en la que se dio a conocer el fallo contra Uribe, la jueza señaló que los delitos por los cuales fue condenado podrían darle de cuatro a ocho años de cárcel, mientras que la Fiscalía pidió una pena de nueve años que, en ambos casos han sido superadas por la sentencia de hoy.
En ese sentido, María Paula Correa, quien fue jefa de gabinete durante el Gobierno del presidente uribista Iván Duque (2018-2022), afirmó que «ningún argumento de la defensa fue tenido en cuenta».
«Una condena mayor a la que solicita la Fiscalía… Detención inmediata a pesar de la jurisprudencia. Y todavía dicen que no es un fallo político. Álvaro Uribe es inocente y la mayoría de los colombianos estamos con usted», expresó Correa en X.
El director nacional del Centro Democrático, el excongresista Gabriel Jaime Vallejo, manifestó que «los colombianos y el mundo» deben saber que «hoy se está condenando a un hombre inocente».
«Queda claro que la justicia ha sido instrumentalizada con fines políticos. Queda claro que quieren arrasar con la oposición», añadió Vallejo en X.
El concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien también es parte del Centro Democrático, lamentó que Uribe recibió una «condena superior a la solicitada por la Fiscalía» y que hubo «errores graves en la valoración de las pruebas».
«Infame lo que pasa con Álvaro Uribe Vélez. La segunda instancia debe corregir semejante equivocación», agregó Briceño.
El uribismo convoca marchas el 7 de agosto en respaldo al expresidente y a «la democracia»
El partido colombiano de derecha Centro Democrático convocó este viernes a una marcha el próximo 7 de agosto en respaldo al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien acaba de ser condenado a doce años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La formación fundada por Uribe llamó a sus simpatizantes a movilizarse «en todos los rincones del país» en defensa del exmandatario.
«Este es el clamor de millones de compatriotas», señala el texto, donde el partido admitió respetar «las instituciones y la justicia», a pesar de estar «convencidos de que hoy se está condenando a un hombre inocente: el presidente Álvaro Uribe Vélez, el líder que salvó a Colombia», afirma el comunicado, que no menciona la pena impuesta al expresidente.
La movilización fue convocada para el 7 de agosto, fecha en que se conmemora en Colombia la Batalla de Boyacá, hito de la independencia nacional, y que coincide con el inicio del último año de mandato de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda del país.
«Marcharemos… para decirle al país que ya falta poco: estamos a poco más de un año de poner fin a la noche oscura», añade el comunicado, en aparente alusión a las elecciones presidenciales previstas para 2026.
El mensaje termina con la frase «¡Ojo con el 26!», acuñada por Uribe y que ha sido utilizada por sectores opositores al actual Gobierno como consigna electoral, en referencia al cambio de poder tras el gobierno de Petro.
Oposición española defiende a Uribe
El líder de la oposición española, el conservador Alberto Núñez Feijóo, defendió este viernes que el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, condenado a una pena de 12 años de prisión domiciliaria por delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, es «un hombre íntegro» que ha luchado por su país «de manera democrática».
«Me parece un hombre íntegro, que siempre ha defendido a Colombia de sus adversarios de manera democrática. La justicia no debe utilizarse para presionar a la oposición», escribió el presidente del Partido Popular en un mensaje publicado en su perfil de X.
Uribe, de 73 años y fundador del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el lunes en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente en el denominado ‘juicio del siglo’ en Colombia.
Las palabras de apoyo de Feijóo llegan en el mismo día en el que 26 expresidentes de 13 países iberoamericanos, entre ellos los españoles José María Aznar y Mariano Rajoy, han pedido a la ONU y a la Organización de Estados Americanos (OEA) que atiendan las «graves afectaciones» contra los derechos humanos del exmandatario colombiano.
De hecho, Feijóo republica un mensaje previo en X del expresidente colombiano Iván Duque, uno de los firmantes de ese escrito, en el que difunde el texto y señala que en la condena a Uribe «se violaron tratados de derechos humanos y no hay una sola prueba que justifique una condena; Uribe es inocente».
«Acudimos ante ustedes para que (…) asuman la histórica responsabilidad de salvaguardar el Estado constitucional y de derecho en Colombia», expresa la carta remitida ante un proceso penal que, en opinión de los firmantes, ha estado «plagado de anomalías, que ahora han derivado en una condena judicial de primera instancia».
