Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, por supuestos vínculos con el crimen organizado, según reveló este miércoles el diario Los Angeles Times.
La información surge en medio de la creciente presión de la Administración del presidente Donald Trump sobre México para reforzar las acciones contra los cárteles del narcotráfico y se suma al caso que involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado previamente por presuntos nexos con organizaciones criminales.
De acuerdo con el periódico estadounidense, que cita fuentes anónimas familiarizadas con las investigaciones, Durazo y Villarreal habrían sido despojados de sus visas para ingresar a Estados Unidos como parte de pesquisas de carácter penal.
Pese a ello, ambos mandatarios estatales, integrantes del partido oficialista Morena, continúan ingresando regularmente a territorio estadounidense mediante programas de cooperación coordinados con autoridades de ese país.
Según la publicación, Alfonso Durazo, de 71 años y cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, es investigado por presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado. El diario señala además que viaja frecuentemente a Estados Unidos para recibir tratamiento médico por problemas de salud.
En el caso de Américo Villarreal, de 68 años, la investigación estaría relacionada con el contrabando de combustible, una práctica conocida en México como huachicol. El gobernador de Tamaulipas negó las acusaciones y aseguró al medio estadounidense que no ha cometido ninguna irregularidad.
Las revelaciones se producen semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos contra Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia de su cargo tras ser acusado de colaborar con el Cartel de Sinaloa junto a otros funcionarios de su administración.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump catalogó a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y ha insistido en ampliar la cooperación bilateral para combatir estas estructuras criminales. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado cualquier intervención militar estadounidense en territorio mexicano al considerar que atentaría contra la soberanía nacional.
La tensión entre ambos gobiernos aumentó recientemente luego de que Sheinbaum solicitara al embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, respetar los asuntos internos del país tras declaraciones relacionadas con la estrategia contra el narcotráfico.
