La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este lunes, durante la presentación de su informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, sobre un grave deterioro institucional en el país, señalando la cooptación del sistema de justicia y la generalización de la criminalización contra voces disidentes.
La comisionada Andrea Pochak, relatora de la CIDH para Guatemala, detalló que el informe prioriza el «debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial» como eje central, concluyendo que Guatemala enfrenta «serias amenazas a la gobernabilidad y al Estado democrático de derecho».
Pochak atribuyó estas amenazas al «control de determinadas instituciones estatales por parte de redes de poder político y económico articuladas para preservar intereses privados y asegurar condiciones de impunidad».
La Comisión constató el «grave deterioro del sistema de justicia», que no solo «no cumple con su rol de tutela judicial efectiva», sino porque se usa para criminalizar a quienes exigen acceso a derechos o rendición de cuentas, y simultáneamente para «resguardar intereses privados y asegurar condiciones de impunidad», explicó la relatora.
El informe concluye que la criminalización se consolidó como una «práctica generalizada».
Inicialmente esta criminalización estuvo dirigida a operadores de justicia y exfuncionarios de la ya extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero se ha extendido a un amplio espectro de la sociedad civil, alcanzando a comunidades indígenas, campesinos, periodistas, defensores de derechos humanos, e incluso a autoridades estatales, de acuerdo con el ente hemisférico.
La comisionada Pochak destacó que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Guatemala ha sido «cooptado y desmantelado para operar como un instrumento de persecución selectiva», como lo refleja el uso de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) «para blindar el ‘statu quo’ y perseguir a quienes lo cuestionan».
El documento también da cuenta de desafíos persistentes para combatir la pobreza y la desigualdad, con un particular señalamiento a las condiciones desfavorables que enfrentan los pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos sobre la tierra, lo que resulta en desalojos forzosos y criminalización.
En ese sentido, la CIDH presentó al Estado de Guatemala 43 recomendaciones, destacando la urgencia de reformas estructurales para garantizar la independencia judicial, cesar el uso indebido del sistema penal y revisar el funcionamiento del Ministerio Público.
«Para la Comisión Interamericana es urgente restablecer la institucionalidad derivada de los acuerdos de paz», concluyó Pochak.
El informe fue elaborado con una «metodología muy estricta» que incluyó una visita in loco, el análisis de audiencias públicas y más de 48 encuentros con representantes de los tres poderes del Estado y la sociedad civil.
