Proteger el medioambiente y defender los derechos humanos son tareas de alto riesgo en Latinoamérica, que solo en 2024 contabilizó 257 muertes violentas ,el 80 % de casos a nivel mundial, lo que evidencia que es la región más peligrosa para resguardar el planeta.
Estos datos son parte del informe de análisis global de la ONG Front Line Defenders (FLD) que ha señalado en el mapa los cinco países iberoamericanos más peligrosos para desempeñar este tipo de tareas: Colombia (con 157 víctimas), México (32), Guatemala (29), Brasil (15) y Perú (9).
Los conflictos armados y las actividades extractivistas son algunas de las causas detrás de estos casos, pero la desprotección estatal y el “desmantelamiento de la legislación ambiental” por parte de los respectivos gobiernos son «los principales responsables del aumento de esta violencia», explica a EFE Julia Lima, portavoz de FLD.
El problema se ha incrementado respecto a 2023, cuando fueron asesinadas 196 personas en todo el planeta, de las cuales 166 en países iberoamericanos de acuerdo con el informe anual de la ONG Global Witness (GW).
Y en la primera mitad de 2025 “el escenario sigue empeorando” según Lima, con un “aumento en la tendencia de criminalización” de los defensores que «agota a las víctimas y profundiza la impunidad».
Colombia, en cabeza.
El Programa Somos Defensores, que sistematiza los casos con los que estas organizaciones elaboran sus recuentos anuales, contabiliza en el primer trimestre del año al menos 39 asesinatos en Colombia, un país que según afirma uno de sus portavoces, Juan Manuel Quinche, «ha tenido una historia muy violenta»; primero con el surgimiento de “grupos guerrilleros y paramilitares, y luego con aquellos que derivan de los procesos de desmovilización”.
Menos de un 15 % de los asesinatos de defensores se resuelve con una sentencia judicial, asegura Quinche, lo que «perpetúa la violencia» y tiene “consecuencias fuertes” para otros protectores de la tierra, en particular en zonas donde “el Estado no está presente”, teniendo en cuenta la «estratégica» ubicación del país, que conecta los Andes, la Amazonía y los océanos Pacífico y Atlántico, lo que «propicia la presencia de actores armados ilegales de carácter transnacional”.
México, “racismo sistémico”
En México, el FLD denuncia un “racismo sistémico que permea el sistema de justicia penal” y afecta a defensores de los pueblos indígenas con «arrestos arbitrarios» y penas de prisión tan severas que se consideran como «cadena perpetua informal».
Esto “limita su derecho a defender sus intereses y derechos colectivos”, como la protección a sus espacios naturales, y los expone a ser víctimas de «todo tipo de vulneraciones».
Con una población de 18 millones de habitantes, Guatemala ocupa el décimo lugar en tamaño en Latinoamérica, pero el tercero en violencia contra defensores de derechos a nivel global con 29 asesinatos.
El aumento de la violencia contra ambientalistas es «extremo» en Centroamérica, según GW, considerando que, “en una región con menos del 1 % de la población mundial, fueron asesinadas 36 personas defensoras” solo en 2023: «Uno de cada cinco homicidios” en todo el mundo.
La Amazonía de fondo
Las milicias armadas, “a menudo compuestas por terratenientes y grupos rurales locales”, son señaladas por el FLD como responsables del incremento de violencia en Brasil, en especial contra los pueblos indígenas.
La “falta de cumplimiento” de los mecanismos de protección por parte del Gobierno brasileño también influye en el aumento de casos, denuncia Lima.
Perú cuenta con una parte importante de la Amazonía (12 %), únicamente por detrás de Brasil (60 %) y este territorio es «desde hace años» centro de actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico, lo que ha ocasionado un incremento en los ataques a comunidades que defienden su territorio.
«La ausencia de fiscalización estatal y la corrupción han agudizado la situación», asevera Lima, que recuerda la vinculación de casos de deforestación con empresas privadas cuyos propietarios forman parte del propio Gobierno.
El Acuerdo de Escazú -un tratado regional que entró en vigor en 2021 tras ser aprobado en Costa Rica en 2018 con el objetivo de, entre otros puntos, garantizar la protección a los líderes ambientales de la zona- no ha logrado disminuir la violencia en la región.
Si bien, reconoce Lima, «marca un precedente en la protección medioambiental» su aplicación «es compleja por la falta de apoyo estatal de los países firmantes», encargados de «blindar a las comunidades» frente a sus agresores.
Además, no contempla a los periodistas en la categoría de defensores ambientales, un punto a debate considerando que 44 periodistas ambientales han sido asesinados en los últimos 15 años, según un estudio de la Unesco.
