Autor: Ariel Olivares

El Gobierno español aprobó este martes el proyecto de ley de información clasificada, que permitiría sacar a la luz los documentos reservados de la dictadura franquista y la transición democrática.

La norma propuesta, que deberá ser debatida y avalada por el Parlamento, establece el levantamiento del secreto de todos los documentos clasificados hace 45 años o más, aunque ese plazo máximo será prorrogable otros 15 de forma motivada.

De esta manera, los documentos reservados anteriores a 1981 serán desclasificados, lo que incluye aquellos relacionados con la dictadura y el periodo posterior que culminó con la constitución democrática de 1978.

Son cuatro categorías de información clasificada –Alto Secreto, Secreto, Confidencial y Restringido–, y a cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación según el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (Parlamento), Félix Bolaños, destacó este martes que, con esta ley, se supera «una rémora» de la legislación española, una «ley preconstitucional que proviene de la dictadura».

«Nos ponemos en estándares europeos, avanzamos como una democracia madura que somos para que los ciudadanos tengan derecho a saber, para que las administraciones tengan la obligación de aportar documentación que sea importante para la historia y, por supuesto, se protege la seguridad nacional y la defensa en nuestro país», aseguró.

La competencia para clasificar y desclasificar información será exclusiva del Gobierno, a propuesta del jefe del Ejecutivo o de los ministros, en el caso de Alto Secreto y Secreto; y de un número «tasado y reducido» de autoridades en las categorías de Confidencial y Restringido.

También se fortalece el acceso del Congreso de los Diputados a la información clasificada en la comisión parlamentaria constituida a este efecto.

La ley introduce un régimen sancionador administrativo para quien desvele ese tipo de información, con multas que van de los 30.000 euros a los 2,5 millones.

El proyecto también estipula que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, redobló este martes sus acusaciones contra el exmandatario demócrata Barack Obama, a quien señala como el presunto «líder de una conspiración» en su contra, como vía para desviar la atención sobre el polémico caso de Jeffrey Epstein.

Preguntado sobre la controversia alrededor de la supuesta «lista de clientes» con la que el financiero habría chantajeado a importantes personalidades y un próximo interrogatorio a la cómplice de Epstein en prisión Ghislaine Maxwell, Trump afirmó que no seguía de cerca el caso.

«La cacería de brujas de la que se debería estar hablando es que pillaron desprevenido al presidente Obama», indicó en una larga diatriba sobre el tema durante un encuentro en el Despacho Oval con el mandatario filipino, Ferdinand Marcos Jr..

Trump aludió a la investigación divulgada por su directora de inteligencia, Tulsi Gabbard, quien llamó la semana pasada a procesar a varios funcionarios de la Administración de Obama (2009-2017) por presuntamente conspirar para deslegitimar la victoria del ahora presidente en las elecciones de 2016.

«Intentaron manipular las elecciones, los descubrieron y debería haber consecuencias muy severas por ello. Es hora de perseguir a los culpables. A Obama lo pillaron directamente. La gente dice: ‘Oh, ¿sabes? es un grupo de personas. No es un grupo, es Obama. Sus órdenes están escritas. Los papeles están firmados», aseguró.

Según el líder republicano, los supuestos conspiradores pensaron que estarían a salvo de ser expuestos si marcaban todos los documentos como «altamente clasificados».

«Pues bien, lo altamente clasificado se ha hecho público, y lo que hicieron en 2016 y luego también 2020 es muy criminal», dijo repitiendo las acusaciones sin pruebas de que le fue robada la victoria en las presidenciales de 2020, donde perdió frente al demócrata Joe Biden (2021-2025).

Trump adelantó que Gabbard podría desclasificar próximamente «miles de documentos adicionales» sobre la presunta «conspiración».

Las agencias de Inteligencia de su Administración acusan a funcionarios del mandato de Obama de filtrar declaraciones falsas a medios de comunicación, entre ellos The Washington Post, afirmando que Rusia intentó interferir a través de medios cibernéticos en el resultado de los comicios de 2016.

Trump también cargó contra su entonces oponente, la exsecretaria de Estado demócrata Hillary Clinton, el exdirector de Inteligencia Nacional James Clapper, el exdirector del FBI James Comey y Biden.

El mandatario ha insistido en sus señalamientos en varias publicaciones en su red Truth Social, donde volvió a generar polémica al compartir un video falso generado con inteligencia artificial en la que se muestra a Obama siendo arrestado en el Despacho Oval.

Sin embargo, sus controvertidas declaraciones no han logrado acallar la insatisfacción de los miembros del movimiento Make America Great Again (MAGA), sus más acérrimos seguidores, después que el FBI descartara la existencia del listado de clientes y confirmara que el pederasta murió por suicidio.

Estos exigen la publicación de todas las pruebas contra el magnate, como prometió Trump antes de regresar al poder en enero pasado.

La polémica sobre el caso fue avivada la semana pasada con la publicación por The Wall Street Journal de una supuesta carta de contenido «obsceno» enviada por Trump a Epstein durante los años en los que eran amigos, algo que el presidente ha negado categóricamente diciendo que esa nota es «falsa».

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó este martes la orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra Hernán Bermúdez Requena, quien se desempeñó como secretario de Seguridad del estado de Tabasco y quien era investigado desde 2024 por sus vínculos con el crimen organizado.

Bermúdez Requena, conocido como El Comandante H, fue designado secretario de Seguridad en el estado de Tabasco (sureste) en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y se le acusa de ser uno de los líderes de La Barredora, una célula criminal vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“A partir de febrero de 2025 cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro (…) y se obtuvo también la ficha roja a Interpol”, informó García Harfuch.

Asimismo, explicó que la Fiscalía General de Justicia del estado de Tabasco inició una carpeta de investigación en el mes de noviembre de 2024 contra el exsecretario, después de que se tuvieran indicios “a raíz de varias notas periodísticas e información local en el estado de Tabasco”.

Sobre la búsqueda, afirmó que se está trabajando en ello y que “el Gobierno del estado es quien lo está buscando y el Gobierno federal está apoyando en la localización de este sujeto”.

Desde octubre de 2024, el Gobierno federal ha estado cooperando con el estado de Tabasco en la investigación del exfuncionario, informó la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, en su rueda de prensa matutina.

Según la información de inteligencia, Bermúdez Requena habría tenido vínculos con criminales desde 1999 y un posible arresto en 2006 por la ejecución de un ganadero.

Por su parte, Sheinbaum explicó que “tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien esté involucrado para poder abrir una carpeta de investigación”.

“No se va a cubrir a nadie, las investigaciones, en cualquier caso, para cualquier persona deben hacerse, pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario”, sentenció la presidenta.

El diputado australiano Bob Katter, de 80 años, se negó este martes a jurar lealtad al rey Carlos III de Inglaterra -jefe de Estado de Australia- durante la sesión constitutiva del Parlamento en Camberra.

Cuando se le preguntó si juraba lealtad al monarca, así como a sus herederos y sucesores, el veterano de Queensland (noreste), elegido once veces consecutivas para el mismo escaño desde 1993, respondió: «No, juro lealtad al pueblo australiano», según la retransmisión en directo del Parlamento.

Esta respuesta no interrumpió la ceremonia de inauguración del nuevo Parlamento, dominado por el Partido Laborista que lidera el primer ministro Anthony Albanese y que consiguió revalidar su mandato de tres años con una aplastante mayoría en las elecciones del pasado mayo.

El pasado noviembre, el independiente Katter dijo que era «extremadamente irrespetuoso que a los diputados australianos no se les ofreciera la oportunidad de jurar su lealtad al pueblo de Australia cada vez que se renueva la legislatura», informaron medios locales.

La negativa de hoy se produce después de que la senadora indígena Lidia Thorpe causara revuelo el año pasado al asegurar que nunca había jurado lealtad a la monarquía británica, asegurando que en el juramento «al rey, sus herederos y sucesores» siempre ha dicho «hairs» (cabellos) y no «herederos» (heirs).

Thorpe tuvo que repetir el juramento tras llamar a la difunta reina Isabel II «colonizadora» en 2022.

Durante la campaña electoral de 2022 que le llevó al poder, Albanese se comprometió a realizar un referendo sobre la monarquía si lograba revalidar su mandato, una idea que no ha vuelto a mencionar en el último año.

Australia ya celebró en 1999 una consulta popular para convertirse en república, pero esta fracasó después de que un 54,87 % de los votantes optara por mantener la monarquía, frente a un 45,13 % que quería poner fin a la vinculación con Reino Unido.

El pasado octubre, el rey Carlos III realizó una visita oficial a Australia, donde participó en diversos actos como misas o visitas al Parlamento, y que fue aprovechado por el movimiento republicano para relanzar una campaña sobre el futuro del país.