Autor: Ariel Olivares

En México, los infartos cerebrales están dejando de ser exclusivos de la población adulta mayor y afectan cada vez con más frecuencia a personas jóvenes, advirtió el urgenciólogo Daniel Sánchez Arreola, miembro de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia (SMME).

Con motivo del Día Mundial del Cerebro, que se conmemora el próximo 22 de julio, el especialista explicó que el estilo de vida actual —marcado por el estrés continuo, la alimentación deficiente, la falta de sueño reparador y el uso prolongado de dispositivos electrónicos— está contribuyendo al aumento de estos eventos cerebrovasculares en edades más tempranas.

A estos factores se suma, dijo, el consumo de drogas psicoactivas, lo cual representa un riesgo adicional. “Estas drogas pueden provocar una contracción repentina de los vasos sanguíneos en el cerebro, lo que aumenta el riesgo de sufrir un evento vascular cerebral incluso en edades tempranas”, señaló en un comunicado.

En 2024, México reportó 18,019 muertes por enfermedades cerebrovasculares, convirtiéndolas en la séptima causa de defunción a nivel nacional, según datos oficiales.

Cada año se registran cerca de 170,000 casos de infartos cerebrales en el país. Aunque tradicionalmente afectaban a personas mayores de 65 años, cada vez se diagnostican más en personas menores. “Hace 10 años estas enfermedades eran características de población de más de 60 o 65 años. Pero ahora, con 45 años ya es frecuente que las personas padezcan enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes, que pueden ser la antesala a un infarto cerebral”, advirtió Sánchez Arreola.

El urgenciólogo subrayó la necesidad de aplicar medidas preventivas en todos los grupos etarios, ya que quienes sobreviven a un infarto cerebral pueden quedar con secuelas y discapacidades permanentes, dependiendo del área del cerebro que resulte afectada.

También recordó que la salud cerebral ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una prioridad global. La entidad estima que hasta un 90 % de los infartos cerebrales, el 40 % de los casos de demencia y el 25 % de las epilepsias pueden prevenirse mediante acciones oportunas y educación adecuada.

El especialista insistió en que la prevención y el diagnóstico temprano son clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir el impacto de estas enfermedades en el país.

Finalmente, recomendó promover el uso de la estrategia educativa CAMALEÓN, que ayuda a reconocer los síntomas de un infarto cerebral. “El acrónimo permite recordar los síntomas más comunes: CA: cara colgada, MA: mano pesada, LE: lengua trabada, ÓN: ¡Ponte en acción! y llama al 911 o traslada al paciente a un hospital referenciando que presenta síntomas de infarto cerebral”, explicó.

El secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, señaló este viernes que el Ejecutivo está evaluando que se vete el acceso de ingenieros extranjeros a sistemas del Departamento de Defensa.

«A los ingenieros extranjeros -de cualquier país, incluida, por supuesto, China- NUNCA se les debería permitir mantener o acceder a los sistemas del Departamento de Defensa», dijo en X.

Su mensaje llegó en respuesta a una carta en la que el senador republicano Tom Cotton le manifestó la víspera su preocupación ante un informe que afirma que Microsoft emplea a ingenieros de China en el mantenimiento de los sistemas del Pentágono, algo que en su opinión expone datos altamente sensibles de EE.UU. a un «enemigo extranjero».

La compañía tecnológica, según dijo el legislador, está supuestamente confiando en ciudadanos estadounidenses como «escoltas digitales» para supervisar la actividad de los ingenieros chinos en dichos sistemas.

Aunque Cotton admite que esa organización cumple los requisitos de que los estadounidenses sean los que manejen información sensible, sí advierte que los «escoltas digitales» normalmente no tienen la formación técnica o la experiencia necesaria para detectar comportamientos sospechosos.

Su misiva le pidió para este 31 de julio una lista de todas las empresas que trabajan para el Departamento de Defensa y tienen personal chino en las labores de mantenimiento u otros servicios, así como un listado de los que contratan escoltas digitales para Microsoft o cualquier otra firma.

Cotton, que preside el Comité de Inteligencia del Senado y también es miembro del Comité de Servicios Armados, también solicitó la formación que se provee a dichos escoltas a la hora de identificar actividades sospechosas, y recomendaciones para corregir posibles maneras de evadir los requisitos existentes.

«Estoy totalmente de acuerdo. Nuestro equipo ya está investigando esto lo antes posible», añadió el secretario de Defensa en X en respuesta a esa petición en la que el senador subrayaba la necesidad de protegerse «contra todas las amenazas» en la cadena militar de suministro de servicios. 

El régimen de Venezuela recibió este viernes a siete de los 31 niños que denuncian como «secuestrados» por el Gobierno de Estados Unidos, al que acusan de haberlos separado de sus padres migrantes deportados por el país norteamericano.

Los menores de edad llegaron en un avión estadounidense que salió «directamente» desde Houston, Texas, en el que viajó un total de 251 venezolanos y que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

En el lugar se encontraban, entre otros funcionarios, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y la primera dama y diputada, Cilia Flores, quien celebró que hayan sido «liberados» y «rescatados».

«Hoy se van a reencontrar con sus familias, con sus madres, sus abuelas y con toda Venezuela», expresó Flores, quien reiteró el compromiso del dictador Nicolás Maduro con el «rescate de todos los niños y niñas que deben estar aquí, en Venezuela, pronto, más temprano que tarde».

Por su parte, Cabello celebró la llegada de este grupo de «niños y niñas que han permanecido secuestrados por el Gobierno de los Estados Unidos allá en su territorio», y expresó también el compromiso del Gobierno venezolano para lograr el retorno de los que aún permanecen en el país norteamericano.

«Todos los días estamos haciendo algo para que los niños y las niñas puedan regresar», aseguró el ministro, quien agregó que «siguen (las) noticias» y que, en ese sentido, se espera «más movimiento» en las próximas horas, sin dar detalles.

La semana pasada, durante una marcha de simpatizantes del oficialismo y familiares de migrantes desde la oficina de la ONU en Caracas hasta la céntrica Plaza Venezuela, el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, advirtió que ya son «31 niños secuestrados» en Estados Unidos.

Posteriormente, Rodríguez aseguró que «a diario» planteaban a Washington fórmulas para el retorno de los menores, así como de los 252 migrantes en El Salvador, enviados por el Gobierno de Donald Trump en marzo.

El también presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) entregó recientemente al nuncio apostólico en Caracas, monseñor Alberto Ortega, una carta dirigida al papa León XIV para solicitar su mediación en el caso de los niños.

El Legislativo, controlado por el chavismo, ha declarado ‘persona non grata’ al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, al acusarlo de guardar silencio sobre los 252 migrantes «secuestrados» en El Salvador y los menores de edad «retenidos» en EE.UU.

Este lunes, Maduro acusó al funcionario de Naciones Unidas de ser «agente del Gobierno de Estados Unidos y la Europa imperialista».

En mayo pasado, Caracas anunció la llegada a Venezuela de una niña de dos años que, según denunciaron parientes y autoridades locales, fue apartada de su madre deportada de la nación norteamericana.

La primera dama venezolana recibió entonces a la pequeña en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, acompañada por el ministro del Interior, quien calificó este hecho como «una gran victoria».

La representación de Estados Unidos ante Naciones Unidas criticó duramente la actual gestión del Gobierno colombiano en la implementación de los Acuerdos de Paz de 2016 por «negociar de forma desorganizada» con grupos armados y, según EE.UU., proporcionarles «incentivos» para que sigan atacando.

«Lamentamos que en lugar de reducir la violencia, el Gobierno colombiano se precipite para negociar de forma desorganizada con grupos múltiples, lo que ha generado incentivos para que estos grupos redoblen sus ataques intentado mejorar su situación en la negociación», afirmó Ting Wu, consejera política adjunta de la misión de EE.UU. ante la ONU.

Estas declaraciones, que se produjeron durante la sesión en el Consejo de Seguridad de la ONU donde la Misión de Verificación presenta su informe trimestral de seguimiento, no fueron las únicas contra el Ejecutivo liderado por Gustavo Petro, aunque en ningún momento se le mencionó directamente.

Riesgo de «un conflicto mayor»

Wu dijo que «el fracaso de algunas partes del Gobierno colombiano» pone en peligro a la sociedad civil y «se corre el riesgo de llevar al país a un conflicto mayor».

«Seguimos urgiendo al Gobierno colombiano a que refuerce su determinación y que aliente los esfuerzos de los colombianos para vivir fuera de la violencia», continuó la representante estadounidense.

Además, pidió al Gobierno del país andino – sumido en una espiral de violencia fruto del fraccionamiento de las antiguas FARC, la toma de nuevos territorios por parte del ELN y la presencia de otros grupos paramilitares- que aumente su presencia en las comunidades rurales como paso previo a pacificar el país.

«Impunidad para criminales»

No cesaron ahí las puyas contra la gestión e intento de resolución del conflicto por parte del Ejecutivo colombiano.

«La paz total debe dar resultados tangibles», «proteger a criminales a efectos políticos socava toda perspectiva de una paz duradera» o «el liderazgo político flaquea» fueron otros de los mensajes que dejó la declaración de Wu.

«Los progresos limitados contra los narcogrupos, combinado con políticas lentas está echando por tierra los éxitos de las ultimas décadas», sentenció.

Asimismo, agregó que la «violencia en la retórica política y la polarización» no ayudan a resolver el problema, después de que el pasado 7 de junio el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sufriera un intento de asesinato que aún hace temer por su vida.

A la sesión de hoy asistió el viceministro colombiano de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, quien con rostro serio tomó más tarde la palabra y aseguró que «Colombia atraviesa un momento complejo», pero que desde el Gobierno de Petro continúan «llenos de esperanza».

«Reafirmamos el compromiso del presidente Gustavo Petro con la defensa de las garantías políticas y con los derechos fundamentales sin importar ideologías ni posturas», expresó Jaramillo Jassir.

Más allá de las contundentes palabras de EE.UU. contra el Ejecutivo colombiano, el Consejo de Seguridad volvió a reiterar su apoyo a la Misión de Verificación de la ONU que vigila el cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC-EP.

Varios grupos latinos condenaron un acuerdo entre los centros de servicios de Medicaid y Medicare y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de Estados Unidos para compartir con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) los datos de 79 millones de usuarios, al señalar que pueden ser usados para redadas y deportaciones.

Los datos transferidos al ICE serán los de benefactores del Medicaid, un programa federal y estatal que brinda cobertura médica a personas con bajos ingresos. Esa información incluye direcciones e información confidencial que podrá ser empleada para las redadas migratorias de los agentes de Inmigración.

«Compartir datos de Medicaid con ICE es una violación de la confianza y la privacidad. Casi 80 millones de estadounidenses podrían verse afectados. Esta medida convierte la atención médica en un arma», criticó en la red social X la organización latina ‘Unidos US’, una de las más grandes del país.

«Muchas familias trabajadoras evitarán Medicaid por temor a exponerlas al ICE», continuó la organización, que lamentó que este movimiento puede provocar que algunas familias no se inscriban al programa por temor a compartir sus datos, lo que deje sin cobertura a miles de niños por todo el país.

Y terminó pidiendo al Congreso que detenga la medida para proteger a las familias y el acceso a la atención médica de todas las comunidades.

En el programa Medicaid, promulgado en 1965 por el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson, están inscritos aproximadamente 26,8 millones de latinos, según expresó este viernes la organización’Voto Latino’.

Este grupo latino calificó en un comunicado el acuerdo con ICE como «una violación sin precedentes de la confianza pública» que genera «serias dudas» sobre los intereses de los agentes de Inmigración por acceder a esa información.

«El uso de datos de atención médica como arma para aplicar las leyes migratorias es un flagrante abuso de poder y una escalada alarmante de las continuas medidas de control migratorio de la administración Trump», denunció.

Además, señaló que «más del 50% de los niños latinos reciben cobertura médica del ‘Programa de seguro médico para niños’», al que muchos de ellos tienen acceso a través de Medicaid.

El acuerdo con ICE se produce en medio de una cruzada del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, contra los migrantes indocumentados en Estados Unidos, lo que ha dado lugar al arresto y a la deportación de miles de personas.

La Administración también ha suspendido programas migratorios que concedían estatus legal a cientos de miles de migrantes, como el TPS o el ‘parole’ humanitario, dejando en el limbo a miles de estos beneficiarios y forzándoles a abandonar un país al que llegaron de manera legal, o a permanecer a la sombra para evitar ser deportados.