Autor: Ariel Olivares

A diez años de que se adoptaran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef revela que 2,100 millones de personas , una de cada cuatro,  todavía no tienen acceso a agua potable gestionada de manera segura.

De esa cifra, 106 millones dependen de ríos, lagos u otras fuentes superficiales sin tratamiento, lo que los expone a enfermedades y a mayor marginación social, advierte el estudio titulado “Programa en materia de agua potable y saneamiento en los hogares 2000-2024: especial atención a las desigualdades”, publicado durante la Semana Mundial del Agua.

El documento destaca que entre 2000 y 2024 la población mundial creció de 6,200 a 8,200 millones de habitantes. En ese mismo lapso, 2,200 millones obtuvieron acceso a agua potable gestionada de forma segura y 2,800 millones a servicios de saneamiento, aunque el progreso ha sido desigual y lento.

Las mayores brechas afectan a quienes viven en países de bajos ingresos, contextos frágiles, comunidades rurales, grupos indígenas y minorías étnicas. En los países menos desarrollados, la población tiene el doble de probabilidades de carecer de agua potable y más del triple de quedarse sin saneamiento básico.

El informe también subraya que, aunque hubo mejoras en zonas rurales entre 2015 y 2024 ,el acceso a agua segura pasó de 50 % a 60 % y la higiene básica de 52 % a 71 %, en áreas urbanas la cobertura se ha estancado.

A nivel global, 3,400 millones de personas aún no cuentan con instalaciones sanitarias gestionadas de manera segura, incluidos 354 millones que todavía defecan al aire libre. Además, 1,700 millones no tienen servicios básicos de higiene en sus hogares.

Estas carencias generan impactos directos: más enfermedades, muertes prevenibles y mayores niveles de exclusión, en especial para las adolescentes. Muchas jóvenes de 15 a 19 años abandonan la escuela, el trabajo o la vida social durante su periodo menstrual por falta de infraestructura adecuada.

El estudio recuerda que, en la mayoría de países con datos, son mujeres y niñas quienes asumen la recolección de agua. En África subsahariana y Asia central y meridional, miles de ellas dedican más de 30 minutos diarios a esta tarea.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su Administración pedirá la pena de muerte para quienes cometan un asesinato en Washington, como parte de su plan para acabar con el crimen en la capital.

«Si alguien asesina a alguien en la capital, pena de muerte», dijo Trump durante la séptima reunión de su Gabinete.

Según el mandatario, esta «es una medida de prevención muy fuerte», pero aseguró que toda su Administración está de acuerdo.

«No sé si estamos preparados para esto en este país. Pero no tenemos otra opción», añadió.

«Si alguien mata a alguien», insistió el republicano «va a ser pena de muerte».

El anuncio de Trump forma parte de su estrategia para acabar con lo que considera una criminalidad desbordada en la capital estadounidense, donde, pese a los altos niveles de delitos, las cifras se mantienen en su punto más bajo de los últimos 30 años.

El pasado 11 de agosto, Trump tomó el control de la seguridad de Washington, por 30 días inicialmente, amparándose en la ley que permite intervenir la autoridad de la ciudad justificando que existe una «emergencia» por la alta criminalidad.

Además de los 800 miembros de la Guardia de Washington ya activados, seis estados gobernados por republicanos , Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee, enviarán también más efectivos.

Con su llegada, el número de efectivos de la Guardia Nacional asciende a unos 2,000, mientras que en la ciudad también patrullan la Policía Metropolitana y agentes federales del FBI, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según ha explicado este martes la fiscal general, Pam Bondi, ya se han arrestado 1,094 personas en Washington y se han requisado 115 armas ilegales.

Activistas y organizaciones han denunciado que las agencias federales están aprovechando esta supuesta guerra contra el crimen para detener a migrantes indocumentados.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que enviará un informe sobre las cifras de la violencia en la Ciudad de México a Stephen Miller, asesor de seguridad en la Casa Blanca, quien aseguró el lunes que la capital mexicana está gobernada por el crimen organizado.

«La reducción de homicidios en la Ciudad de México del 2018 a la fecha, es casi del 60 %. La reducción de delitos de alto impacto, cada vez hay menos delitos», señaló Sheinbaum, en conferencia de prensa diaria.

Aunque la gobernante mexicana reconoció que «sí hay temas y evidentemente (hay) que atenderlos», afirmó que «no es lo que a lo mejor imagina esta persona».

La reacción de Sheinbaum ocurre luego de que Miller, uno de los principales consejeros del presidente estadounidense Donald Trump, afirmara el lunes en una entrevista con la cadena Fox News que la capital mexicana «está dirigida por carteles criminales» y es «peligrosa» como otras ciudades en el mundo, a diferencia de Washington D.C..

Sin dar más cifras, Sheinbaum insistió en que «es importante que él (Miller) conozca lo que se ha hecho en la Ciudad de México» desde su mandato como jefa de Gobierno (2018-2023).

La mandataria mexicana aplaudió además el trabajo de la actual jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien reforzó los cuadrantes de seguridad en la seguridad e impulsa «territorios de paz e igualdad».

También dijo que le enviará a Miller datos sobre la disminución en la percepción de inseguridad y del «número de ciudadanos estadounidenses que viven en la Ciudad de México, que son un número muy importante, que probablemente él no tenga esta información».

Según un informe de la organización civil México Evalúa, tras el asesinato de dos funcionarios cercanos a Brugada en mayo, en la capital mexicana persisten los focos rojos de violencia «pese a los discursos triunfalistas».

Según el reporte, en el centro del país, incluida la Ciudad de México, «organizaciones nacionales, regionales, locales y microlocales, buscan apropiarse de los mercados ilícitos».

Las principales organizaciones criminales que se disputan el control de estos mercados en la Ciudad de México son el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel de Sinaloa, las bandas delictivas la Unión, la Anti Unión y la Peralvillo y la organización delincuencial transnacional Tren de Aragua (que nació en una cárcel de Venezuela), indica el informe.

Las declaraciones de Miller ocurren luego de que en días pasados Trump ordenara el despliegue de más de 2.000 miembros de la Guardia Nacional en Washington para reforzar la seguridad y combatir la delincuencia, una operación durante la cual se han producido ya 719 arrestos y se han incautado 91 armas ilegales, y que podría extenderse a otras ciudades, como Chicago o San Francisco, todas ellas de predominio demócrata.