El diputado y subjefe de la bancada del opositor Partido Nacional, Nelson Márquez, y otras cuatro personas, fueron enviados este jueves a prisión acusados de integrar una red que defraudó al Estado hondureño por más de 3.084 millones de lempiras (unos $117.4 millones) mediante contratos irregulares, laudos arbitrales inválidos y demandas fraudulentas.
Junto a Márquez fueron remitidos a prisión Eva Vásquez, exdirectora legal de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas); el juez Raymundo Esaú Gradiz Vilorio; el abogado Caronte Rojas Zavala, miembro del tribunal arbitral, y Juan Fernando Madrid, apoderado legal de la empresa Nainsa, según la resolución de la audiencia de declaración de imputado, informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.
Los cinco acusados fueron trasladados bajo un fuerte resguardo policial a la Penitenciaría Nacional, cercana a Tegucigalpa, por orden judicial y se les programó la audiencia preliminar para el 5 de agosto, señaló Silva.
En tanto, al receptor judicial Rafael Chávez Aguilar, acusado por falsificación de documentos, se le dictaron medidas sustitutivas, añadió.
Por este mismo caso también están acusados la exprocuradora general Lidia Estela Cardona, la excoordinadora del Gobierno Martha Doblado; el representante de DRC Inc., Murray Paul Farmer; la jueza Irissabel Miranda Hernández y el exfuncionario de la Procuraduría General Héctor Alvarado Mejía, por delitos como fraude, prevaricato judicial y uso de documentos falsos.
Según la Fiscalía, la red comenzó a operar en el año 2000 tras el huracán Mitch, cuando el Estado adjudicó irregularmente un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., compañía no habilitada para operar en Honduras, por lo que subcontrató de forma irregular a Nainsa.
A pesar de que el contrato fue cancelado por inconsistencias, años después ambas empresas presentaron demandas basadas en un laudo arbitral inválido, nunca homologado por la Corte Suprema.
Empresas simularon competencia
Las empresas DRC Inc. y Nainsa firmaron un acuerdo confidencial en el que se comprometieron a no demandarse entre sí y simularon ser entidades independientes, aunque su actuar era coordinado con un solo fin: defraudar al Estado hondureño.
La red utilizó documentos falsos y aplicó un reglamento no publicado en La Gaceta para instaurar un arbitraje favorable, presidido por uno de los imputados, que concluyó con una condena millonaria contra el Estado hondureño.
El laudo fue declarado nulo por resoluciones judiciales firmes en 2009 y 2013, pero Nainsa interpuso una nueva demanda en 2019 con base en ese mismo documento sin validez, el cual fue admitido de nuevo por la jueza Irissabel Miranda Hernández.
En 2020, el diputado Márquez ,entonces secretario de Sedecoas, recomendó al Ejecutivo firmar un acuerdo para evitar una “erogación mayor”, a pesar de conocer la nulidad del laudo.
Poco después se firmó un convenio extrajudicial con pagos millonarios, que luego no se cumplieron, lo que reactivó una demanda de ejecución forzosa, admitida de nuevo por la juez Miranda.
En 2022, el juez Gradiz Vilorio admitió otra demanda millonaria, pese a conocer la nulidad previa del laudo.
Investigaciones de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción revelan que parte del dinero fue depositado en cuentas personales de los implicados y de familiares de altos funcionarios, así como utilizado para pagos de hipotecas y transferencias sin justificación legal.
