La Cámara Ambiental de Segunda Instancia, con sede en Santa Tecla, en La Libertad, aceptó el miércoles todas las pruebas en contra del exdiputado del partido GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo y su esposa por una demanda de enriquecimiento ilícito por más de $392,000 y que el caso avance a etapa probatoria.
Durante la audiencia, la Cámara admitió los documentos de prueba ofrecidos tanto por la Fiscalía General de la República (FGR) y de los abogados de la defensa. El exdiputado Soto expresó su agrado, ya que aseguró que la aceptación de todas pruebas presentadas por sus abogados «es una victoria para nosotros».
«Las señoras magistradas de la Cámara de lo Ambiental nos han aceptado todas las pruebas que nosotros hemos presentado donde va a quedar desvirtuado cualquier insinuación de enriquecimiento ilícito. Nosotros estamos muy contentos con la justicia salvadoreña, con el trabajo honestamente que están haciendo las señoras magistradas de la Cámara de lo Ambiental y esperemos que los procesos continúen«, dijo el exlegislador.
La Fiscalía General de la República presentó la demanda por presunto enriquecimiento ilícito señalando 25 irregularidades detectadas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Entre ellas destacan depósitos bancarios sin origen identificado, pagos de préstamos y tarjetas de crédito, así como la compra de vehículos, por un monto total de $392,989.62 no justificados.
Al exdiputado Soto se le señalan 18 irregularidades por un monto de $332,409.19, mientras que su su cónyuge, Vanessa María Handal de Lazo por siete inconsistencias que ascienden a un monto de $60,585.43.
El abogado de la defensa, Wilmer Marín manifestó que la admisión de las pruebas ofertadas en la audiencia lograrán desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía en contra del exdiputado y su esposa.
«Esperamos que a través de la pericia que se ha presentado de parte de esta representación quede plenamente demostrado en el caso de mi cliente que efectivamente él no tuvo ninguna clase de enriquecimiento como hace erróneamente el señalamiento de la Fiscalía», afirmó Marín.
Además, agregó que como parte del proceso está pendiente que la Cámara envíe un oficio a la Corte de Cuentas de la República (CCR) para que la entidad ponga a la disposición un listado de peritos que serán los encargados de revisar las pruebas la documentación, «después de eso esperaríamos tal vez que en un plazo de unos 6 meses pueda llevarse a cabo la audiencia probatoria».
Soto Lazo es uno de cinco exdiputados que fueron enviados, en abril, a juicio civil por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por presunto cometimiento de enriquecimiento ilícito, con base a los informes de la Sección de Probidad y discutidos en la Corte Plena de dicho mes.
