Autor: Dania Quehl

  • Sindicato de maestros y asociación de colegios privados dicen estar a la expectativa de nueva ministra de Educación

    Sindicato de maestros y asociación de colegios privados dicen estar a la expectativa de nueva ministra de Educación

    Tras el reciente nombramiento de la capitán y doctora Karla Trigueros como ministra de Educación, sindicatos de maestros y la Asociación de Colegios Privados manifestaron estar a la expectativa de los cambios que el sector educativo pueda enfrentar.

    De acuerdo con el presidente de la Asociación de Colegios Privados, Javier Hernández, si bien el cambio de autoridades como un proceso habitual dentro de la administración pública, el perfil profesional de la nueva funcionaria ha generado opiniones divididas.

    No obstante, consideró que su formación podría ser favorable para impulsar el cambio al sistema educativo del país.

    «La formación que tiene es una formación que permite un capital académico que tiene que ver con la actualización tecnológica, no esta alejada a la tecnología, y esto tiene que ver con que el liderazgo la educación en el sistema nuestro salvadoreño obliga a estar actualizado, obliga también a ordenar prácticamente lo que se estaba desbordando en lo que es el actuar administrativo de el sistema educativo”.
    Javier Hernández,
    Presidente de Asociación de Colegios Privado.

    En contraste, Hernández considera que el nombramiento de Trigueros puede ser una oportunidad para solventar los problemas que aquejan al sistema educativo del país, no solo del sector público, sino también del privado.

    “Todo esto nos llena de una expectativa positiva que creemos que Karla (Trigueros) puede ser en este momento la portadora de las soluciones de resolver la problemática educativa que se tiene que no se cuidaba este detalle podría irse acrecentando más y ser una bomba de tiempo para el sistema educativo”.
    Javier Hernández, presidente de Colegios Privados

    Por su parte, el secretario de organización de Bases Magisteriales, Paz Zetino manifestó que la destitución del exministro Mauricio Pineda era una decisión que esperaban desde hace tiempo, ya que alegaron que desde que asumió las directrices de la cartera de Educación, hace tres años el ministerio se caracterizó por «llevar una violación total de nuestro marco jurídico y creo que eso no le conviene a ningún sistema educativo, por ese lado nos alegra a nosotros”.

    Según expresó durante la gestión del exfuncionario ocurrió la pérdida de autoridad de los docentes en las aulas como una de las principales preocupaciones del sector, por lo que aseveró que “lo que necesitamos es devolver la autoridad a los profesores y también exigir que los padres de familia asuman su rol”.

    En ese sentido, hacen la gremial de educadores hicieron el llamado a ministra Trigueros a retomar el diálogo con los docentes. «Lo que hay que hacer ahorita es exhortar a la nueva funcionaria para que retomemos y resolvamos los problemas que aquejan especialmente al Magisterio Nacional».

    «Que esperaríamos hoy nosotros con la nueva funcionaria, en principio desde hace ratos hemos dicho que nos preocupa la violación o haber aportado nuestro marco jurídico, ese marco jurídico debe respetarse. Yo esperaría que la nueva ministra de Educación humanice más ese Ministerio de Educación».
    Paz Zetino, secretario de organización de Bases Magisteriales

    La tarde del lunes, la ministra de Educación envió un memorándum a los directores de los centros educativos públicos, en el que informaba sobre las medidas disciplinarias obligatorias que las escuelas deberán cumplir a partir del miércoles.

    Según el escrito los estudiantes deberán cumplir con una serie de lineamientos para el ingreso al centro educativo, entre ellas, deben portar un uniforme limpio y ordenado, así como un corte de cabello adecuado y presentación personal correcta e ingresar en orden con un saludo «respetuoso».

    En sus primeros días como ministra, Trigueros ha realizado giras por escuelas públicas del área metropolitana, paracentral y el oriente del país, mientras vestía su uniforme militar.

  • Tribunal revoca medidas y ordena detención de exministro Benito Lara

    Tribunal revoca medidas y ordena detención de exministro Benito Lara

    El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador revocó la tarde de este lunes las medidas sustitutivas a favor del exministro de Justicia, Benito Lara y ordenó detenerlo provisionalmente, mientras se desarrolla el juicio por negociaciones con pandilla, donde el exfuncionario es acusado por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas

    La anulación de las medidas ocurre en el cuarto día de la vista pública. De acuerdo con abogados de la defensa la decisión del los jueces que componen el referido tribunal fue de manera sorpresiva debido a que se informó sin haber sido solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).

    «De verdad lo lamentamos como defensa la decisión de revocar las medidas y decretar la detención», dijo uno de los abogados.

    Ante ello, la Fiscalía indicó a traves de una publicación en su cuenta de X, que la decisión del colegiado se debe a las declaraciones del testigo criteriado con clave «Noé», por lo que se consideró que existía un riesgo de fuga por parte del exfuncionario.

    «Luego de escuchar las declaraciones del testigo y de analizar las evidencias presentadas hasta el momento, el Tribunal 1° de Sentencia considera que existe un peligro de fuga por parte del exministro Benito Lara, por tanto ha ordenado que permanezca detenido, mientras el proceso avanza», dijo la FGR en la red social X.

    Hasta horas de la tarde del lunes, el exfuncionario se encuentra detenido en las bartolinas de los juzgados, según confirmaron fuentes judiciales a Diario El Mundo.

    La semana pasada, la Fiscalía solicitó la detención provisional de Benito Lara, sin embargo, los jueces rechazaron la petición debido a que argumentaron que no habían justificaciones suficientes y que el acusado acudía con regularidad a las citas en el Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador.

    El exfuncionario enfrenta juicio junto a otras cuatro personas por negociar votos electorales de los comicios de 2014 y 2015 a cambio de beneficios para las pandillas.

    En el caso también se procesa al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, el exministro de Gobernación Arístides Valencia, así como al periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado. Todos acusados de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

    El juicio entró en receso este lunes y seguirá el martes a las 11:00 de la mañana con la declaración de los testigos ofertados por la representación fiscal.

  • Corte de cabello adecuado y saludo respetuoso serán medidas disciplinarias obligatorias en las escuelas públicas a partir de este miércoles

    Corte de cabello adecuado y saludo respetuoso serán medidas disciplinarias obligatorias en las escuelas públicas a partir de este miércoles

    La nueva ministra de Educación, Karla Trigueros, informó este lunes que a partir del miércoles 20 de agosto de 2025, los directores de los centros educativos del país deberán cumplir con medidas disciplinarias y hacerlas cumplir a los estudiantes.

    Según el memorándum dirigido a los directores de las escuelas públicas, los estudiantes deberán ingresar a los centros de estudio con un: «uniforme limpio y ordenado, corte de cabello adecuado y presentación personal correcta, ingreso en orden con saludo respetuoso», dice el memorándum de fecha 18 de agosto, que fue publicado por la titular de Educación en sus redes sociales, y republicado por el presidente Nayib Bukele.

    «Este día envié este memorándum para todos los directores de escuelas e institutos a nivel nacional, para que asuman su rol como modelos de orden y disciplina para nuestros estudiantes. Las medidas serán efectivas a partir de este miércoles 20 de agosto», escribió la ministra Trigueros.

    El presidente Bukele retomó la publicación y señaló que «para construir El Salvador que soñamos, está claro que debemos transformar por completo nuestro sistema educativo. Dios Unión Libertad», escribió en su red social de X.

    El pasado jueves, 14 de agosto, Bukele reveló que había nombrado como nueva ministra de Educación a la capitana del Ejército salvadoreño y médico, Karla Trigueros, un nombramiento que ha sido criticado por el Frente Magisterial Salvadoreño, un sindicato que aglutina a maestros del sector público.

    En un comunicado, la organización calificó el nombramiento como “aberrante” y advirtió acerca de una posible militarización de la educación pública salvadoreña.

    Desde el viernes, la nueva ministra ha realizado giras por escuelas públicas del área metropolitana, paracentral y el oriente del país, mientras vestía su uniforme militar.

     

     

  • Posponen nuevamente el juicio en contra de Ana Ligia de Saca por lavado de dinero

    Posponen nuevamente el juicio en contra de Ana Ligia de Saca por lavado de dinero

    El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador reprogramó nuevamente la vista pública en contra de la exprimera dama de la República, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, acusada del delito de lavado de dinero y activos por más de $17.6 millones.

    El juicio estaba previsto iniciar este lunes, sin embargo, fue pospuesto para desarrollarse del 29 de septiembre al 3 de octubre, debido a la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), según manifestó la oficina del tribunal que conocerá el caso.

    El juicio se ha venido posponiendo desde marzo del año 2023, en este caso y este año, la vista pública estaba agendada para el 11 del presente mes y posteriormente se notificó para este 18 de agosto.

    La Fiscalía acusó a Ana Ligia de Saca de haber utilizado $17 millones de Casa Presidencial para pago de beneficios directos y hasta sus tarjetas de crédito, durante la gestión del expresidente Antonio Saca.

    En el caso también se procesa al hermano de la exprimera Óscar Edgardo Mixco Sol, Ricardo Ernesto Lemus Zelaya, José Antonio Armando Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán y César Daniel Funes Cruz. Además de Milton Romeo Avilés Cruz y José Antonio Armando Lemus Zaldívar.

    Por este caso, Mixco Sol de Saca fue condenada a 10 años de cárcel en junio de 2021, en un fallo dado por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.

    Sin embargo, la sentencia fue anulada en octubre del año 2022 por la Cámara Primera de lo Penal y ordenó repetir el juicio.

    En octubre de 2023, la defensa de la exprimera dama solicitó un procedimiento abreviado, donde la exprimera dama aceptaría los cargos imputados a cambio de una reducción de pena, sin embargo, no se llegó a un acuerdo.

  • Precio del combustible bajará hasta $0.05 a partir de este martes

    Precio del combustible bajará hasta $0.05 a partir de este martes

    El precio de los combustibles en El Salvador tendrá una nueva reducción de hasta cinco centavos de dólar a partir de este martes, informó este lunes la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).

    A través de una publicación en su cuenta de X, la Dirección General de Energía indicó que el diésel bajo en azufre tendrá una disminución de $0.05 por galón, por lo que su precio de referencia será de $3.29 en la zona central del país, $3.30 en el occidente y $3.934 en el oriente del territorio salvadoreño.

    La gasolina regular, también reportará una disminución de $0.04, y se comercializará a un costo de referencia de $3.51, $3.52 y $3.955 en las zonas central, occidental y oriental del país, respectivamente.

    En cambio, la gasolina superior no reflejará ningún aumento o disminución, por lo que su costo se mantendrá con el mismo precio de referencia de la ultima quincena, que corresponde a $3.80, $3.81 y $3.84 en las zonas central, occidental y oriental del territorio salvadoreño, respectivamente.

    Esta sería la segunda ocasión consecutiva que la Dirección de Energía anuncia una baja en el precio de los combustibles, la primera fue el pasado el pasado 4 de agosto cuando indicó una reducción de hasta $0.15,

    La DGEHM actualiza los precios de referencia de los combustibles cada inicio de quincena, de esta forma, los nuevos precios estarán vigentes entre el 19 de agosto y 1 de septiembre de 2025.

    Aunque en esta ocasión el gobierno salvadoreño no explicó a qué se debe la reducción, a inicios del mes, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informó sobre un aumento en su oferta del crudo en 547,000 barriles diarios a partir se septiembre, una situación que pudo haber sido relevante en el mercado.

  • La Fiscalía recuperó al Estado cerca de $22 millones entre junio 2024 y mayo 2025

    La Fiscalía recuperó al Estado cerca de $22 millones entre junio 2024 y mayo 2025

    La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Adjunta de la Defensa de los Intereses del Estado, recuperó cerca de $22 millones entre junio de 2024 y mayo de 2025, según detalla la Memoria de Labores de la institución.

    De acuerdo con los datos expuestos en el informe del Ministerio Público, dicha unidad especializada recuperó un total de $21,923,904.62 en beneficio del Estado salvadoreño.

    Los ingresos provienen de diversas acciones legales y administrativas dirigidas para resarcir daños al patrimonio estatal, en los que se incluyen la recuperación de impuestos, sanciones, cobros por responsabilidades civiles, reintegros, multas y cumplimiento de sentencias.

    La Fiscalía detalla que entre los principales rubros de recuperación están $6,006,873.95 de impuesto sobre la renta, $4,193,415 correspondientes a casos de evasión penal de renta e Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como $2,735,656.29 en concepto de multas, $1,729,422.25 por IVA, y $3,484,256.64 en garantías.

    El informe también describe otras fuentes de recuperación, entre ellas peculado, donde se registró $75,891.85; mientras que por cumplimiento de contrato fueron $2,256,927.73 y por contrabando de mercancías se recuperó un total de $35,976.80, según las cifras de la FGR.

    En el caso de multas tributarias relacionadas con evasión de impuestos se registraron $145,945.09 recuperados, mientras que en casos de aranceles por evasión fiscal se obtuvieron $222,260.99.

    A estos se suman otros rubros de recuperación como cohecho propio, daños materiales, canon de arrendamiento, responsabilidad civil, hurtos, multas laborales y daño ambiental.

    Otros fondos recuperados

    Por otra parte, la Fiscalía General de la República indicó que a través de la Unidad Penal del Estado, se iniciaron 1,823 casos en distintas zonas del país. De estos, 1,107 corresponden al departamento de San Salvador, donde se logró recuperar un monto de $4,863,887.60.

    En Santa Ana se reportaron 529 casos y una recuperación de $1,359,635.89, mientras que en San Miguel se atendieron 187 casos, con un monto recuperado de $140,821.24. El total recuperado por esta unidad asciende a $6,364,344.73.

    En la Unidad de Impuestos, el Ministerio Público reportó la apertura de 1,824 expedientes relacionados con estados de cuenta y presentó 33 demandas judiciales. Esta unidad recuperó un total de $7,106,419.96, superando el monto inicialmente demandado, que fue de $4,592,143.67 dólares.

    En cuanto al área civil, la Unidad Civil reportó la presentación de 47 demandas y obtuvo 15 sentencias favorables. Se realizaron 1,830 intervenciones judiciales y se iniciaron 1,124 casos. Entre las intervenciones se encuentran audiencias conciliatorias, inspecciones, demandas civiles y mercantiles, así como obtención de títulos a favor del Estado. El monto recuperado mediante cobro administrativo fue de $87,960.

    La Unidad de Juicios de Cuentas y Multas registró un total de 3,473 casos relacionados con multas, 329 juicios de cuentas y 14 procesos vinculados a otras obligaciones. El monto total recuperado por esta unidad fue de $7,445,003.06. Además, se realizaron más de 432 audiencias, 37 inspecciones, 23 sentencias condenatorias en apelación y 216 sentencias condenatorias directas.

    Además, las unidades de Administración de Justicia y Fe Pública informaron sobre 2,176 casos ingresados, 229 audiencias iniciales, 183 órdenes administrativas y 251 requerimientos presentados, entre otros procesos judiciales. Y en las Unidades de Medio Ambiente reportaron 605 casos ingresados, con 208 audiencias iniciales, 159 suspensiones condicionales y dos demandas civiles por daño ambiental, así como 81 sentencias condenatorias.

  • CSJ destinará más de $350,000 para la compra e instalación de alarmas contra incendios para cinco dependencias

    CSJ destinará más de $350,000 para la compra e instalación de alarmas contra incendios para cinco dependencias

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) destinará más de $350,000 para la compra e instalación de alarmas contra incendios para cinco de sus dependencias, según la oferta de compra publicada en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

    La licitación de compra con fecha del 11 de agosto de 2025, expone que el Órgano Judicial pretende adquirir 1,719 dispositivos para los sistemas de alarma contra incendios, los cuales serán distribuidos en las Oficinas Administrativas y Jurídicas de la CSJ, los centros judiciales de Soyapango, Ciudad Delgado, Metapán, y el Instituto de Medicina Legal (IML) de San Salvador.

    En detalle, se compraría cinco paneles de control de alarma de incendio direccionable, 1,105 detectores de humo fotoeléctrico, 74 detectores multicriterio humo/monóxido (para sótanos) y 92 detectores de temperatura

    Además de 207 luces estroboscópicas con sirena, 226 estación manual de incendio, cinco paneles de control y cinco teclados anunciadores.

    La instalación de los sistemas contra incendios se contempla con los siguientes costos: para las Oficinas Administrativas y Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia, el monto asciende a $87,046.40.

    Mientras que para el Centro Judicial de Soyapango, $68,000; que para el Centro Judicial de Ciudad Delgado, $64,000; y para el Centro Judicial de Metapán por $60,000. En el caso del Instituto de Medicina Legal, la compra e instalación de los equipos está valorada en $76,000.

    En total, dichos insumos se comprarán por un monto total de $355,046.40 que serán financiados con fondos del Gobierno, según detalla la oferta de compra.

    En lo que va del año 2025, la Corte Suprema de Justicia ha gestionado varias ofertas de compra, entre ellas, la adquisición de un seguro hospitalario y de vida para sus empleados y magistrados por $6.4 millones.

    La compra de vales de calzado para los empleados de la institución y del órgano judicial por más de $182,000 y otros $54,000 para la adquisición de calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas.

    A estos se suman la compra de uniformes para los empleados del Órgano Judicial, correspondiente al año 2025, por más de $831,000 financiados con fondos del Estado; la adquisición de equipo de audio y videoconferencia para equipar las salas de audiencia de los centros judiciales del país por $1.8 millones y $2.4 millones para la compra de una nueva flota de vehículos para el uso de la institución

  • Defensa de exministro pedirá detener a testigos "Noé" y "Salomón" en caso de negociaciones con pandillas

    Defensa de exministro pedirá detener a testigos «Noé» y «Salomón» en caso de negociaciones con pandillas

    La defensa del exministro de Gobernación, Arístides Valencia informó que solicitarán al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador la detención de los testigos criteriados bajo clave «Noé» y «Salomón», quienes participaron en las reuniones entre los líderes de pandillas y los partidos políticos de Arena y el FMLN, en el periodo de las elecciones de 2014 y 20215.

    En el tercer día de la vista pública, el testigo «Noé» se refirió a las 11 reuniones que se concretaron entre los miembros de la Mara Salvatrucha (MS) y dos fracciones del Barrio 18 con representantes de dichos partidos, como parte de las estrategias para conseguir votos electorales para las elecciones presidenciales de 2014, cuando Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén eran candidatos de ambos partidos.

    El abogado del exfuncionario, Jaime Ortega consideró que el testigo debería «estar respondiendo en el país ante el régimen de excepción», por lo que manifestó que solicitarán la detención de los testigos criteriados por los crímenes confesados ante el tribunal.

    «Es parte de la estructura criminal de la MS desde 1994, entonces es una persona con récord criminal impresionante y nosotros consideramos que es un criminal confeso y que él debería estar cumpliendo acá en el país ante el régimen de excepción. Estamos valorando en conjunto y vamos a solicitarle al tribunal una vez lo desacreditemos y confiese los crímenes que ha cometido que se giren los oficios pertinentes para que se ordene la detención de esta persona y que venga a responder al régimen de excepción»
    Jaime Ortega, abogado del exministro de Gobernación.

    Ortega explicó que en la primera parte de la declaración el testigo se refirió a las primeras tres reuniones efectuadas y a la participación de su defendido como «gestores de paz», sin embargo, sostuvo que es necesario que rinda toda la información con respecto a los presuntos hechos, donde él participó como parte de la estructura criminal.

    «Ha mencionado que llegaron a una reunión y que el señor Arístides Valencia manifestó que el plan que llevaba es que fueran gestores de paz para una especie de generar o gerenciar lo que se conoce como procesos de pacificaciones. Eso es lo que ha dicho el testigo», dijo el abogado del exfuncionario.

     

    El exministro de Gobernación es procesado junto a el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, el exministro de Justicia Benito Lara, el periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado. Los cinco imputados procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

    Durante la primera etapa del juicio, la Fiscalía General de la República relató sobre las presuntas reuniones de las estructuras criminales y los partidos entre los años 2013 y 2015, en el periodo previo y durante las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de El Salvador.

    De acuerdo con la FGR, las negociaciones incluyeron ofrecimientos y entregas de dinero, así como beneficios económicos y penitenciarios a miembros de pandillas, a cambio de apoyo en los comicios. Entre los beneficios se mencionaron la entrega de grandes sumas de dinero, así como que pandilleros privados de libertad no fueran trasladados al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, en La Paz.

    Los testigos «Noé» y Salomón» han sido clave en diferentes procesos judiciales en contra de exfuncionarios, uno de ellos fue el caso Operación Cuscatlán, en el cual se dió a conocer videos, donde políticos entregaban grandes cantidades de dinero a las pandillas, entre ellos los ahora procesados en el caso de negociaciones, luego que el entonces juez especializado de sentencia A, Godofredo Salazar, le ordenara a la Fiscalía General de la República investigar a los políticos.

  • Fiscalía relata entregas y ofrecimiento de dinero de partidos políticos a pandillas en 2013-2015

    Fiscalía relata entregas y ofrecimiento de dinero de partidos políticos a pandillas en 2013-2015

    Durante el desarrollo del juicio en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; el exministro de Justicia Benito Lara y tres más, la Fiscalía General de la República (FGR) relató que los partidos políticos del FMLN y Arena habrían sostenido reuniones y negociaciones con estructuras de pandillas entre los años 2013 y 2015.

    De acuerdo con la FGR, las negociaciones incluyeron ofrecimientos y entregas de dinero, así como beneficios penitenciarios a miembros de pandillas, a cambio de apoyo en las elecciones presidenciales que se realizaron en 2014, así como para legisladores y alcaldes, además de la segunda vuelta presidencial, en 2015.

    En el caso también se procesa al exministro de Gobernación Arístides Valencia, así como al periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado. Los cinco acusados de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

    En la fase de alegatos iniciales, los fiscales relataron que entre el periodo de noviembre de 2013 y marzo de 2014, durante la campaña electoral para comicios presidenciales se identificó al menos 11 reuniones entre ambos partidos y líderes de la Mara Salvatrucha (MS) y dos fracciones de la 18, en las cuales los testigos criteriados con clave «Noé» y Salomón» participaron en ellas como miembros de las estructuras. Además de otros seis encuentros durante la segunda vuelta de los comicios presidenciales.

    En el caso del FMLN, la Fiscalía señaló a Wilson Alvarado Alemán como el principal enlace logístico con las pandillas, encargado de coordinar los pagos. El Ministerio Público aseguró que los exfuncionarios Benito Lara y Arístides Valencia eran conocidos entre las pandillas como «los padrinos». Ambos, habrían negociado votos a cambio de beneficios, como el no traslado de pandilleros al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, ubicado en el departamento de La Paz.

    Mientras que del partido Arena, representado por el exalcalde Ernesto Muyshondt y el comunicador Paolo Lüers, quienes también habrían ofrecido beneficios para ganar escaños en la Asamblea Legislativa y la alcaldía de San Salvador. Una de las primeras reuniones, según los fiscales, se llevó a cabo en enero de 2014 en la alcaldía de Ilopango, con la participación del entonces alcalde Salvador Ruano y pandilleros entre ellos el testigo “Noé”.

    En el proceso también estaban involucrados el exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano y Raúl Mijango, sin embargo, fueron exonerados, después de morir.

    Beneficios

    La Fiscalía sostiene que Lüers acudió a la reuniones con $100,000 para ser entregado a los pandilleros y distribuidos entre las principales estructuras criminales del país, $50,000 para la MS y $25,000 entre las dos fracciones de la 18. Posteriormente, en 2015, Muyshondt habría ofrecido otros $138,000, durante negociaciones en el contexto de las elecciones legislativas y municipales, y la segunda vuelta presidencial.

    Según lo expuesto por los fiscales, el objetivo de estas negociaciones era garantizar el apoyo territorial de las pandillas mediante la coacción al voto, especialmente en zonas controladas por estructuras criminales. A cambio, los partidos habrían prometido beneficios como el cierre del penal de Zacatecoluca, traslados penitenciarios y la eliminación del artículo 103 de la Ley Penitenciaria, que limitaba la salida de reos de centro penitenciario de máxima seguridad.

    Las negociaciones descritas por el Ministerio Público ocurrieron cuando Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén eran candidatos a la presidencia de la República.

    A pesar que el excandidato presidencial Norman Quijano no forma parte del proceso, la Fiscalía lo mencionó como partícipe en reuniones, una de ellas celebrada en San Salvador, donde habría solicitado apoyo a las pandillas para que “el poder regresara a Arena”, según dijeron los fiscales. Quijano fue condenado a 13 años de cárcel y cuatro meses por este caso en un proceso penal aparte, pero cuya sentencia aún es revisada por la Sala de lo Penal.

    La vista pública se instaló el miércoles 13 de agosto y en su segundo día, a FGR solicitó al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, quien conoce el caso, la detención provisional para el exministro Benito Lara, sin embargo, fue rechazada ya que los jueces determinaron que no habían «razones de hechos», ya que el imputado ha acudido a todas las audiencias programadas en su contra desde que inició el proceso.

    Este proceso penal inició luego que al dar la sentencia del caso Operación Cuscatlán, el entonces juez especializado de sentencia A, Godofredo Salazar, le ordenara a la Fiscalía General de la República investigar a los políticos que habían negociado con pandillas, y que habían sido expuestos en los testimonios de los pandilleros con régimen de protección clave «Noé» y «Salomón».

  • Médico del Minsal evaluó a Muyshondt y ordenan exámenes

    Médico del Minsal evaluó a Muyshondt y ordenan exámenes

    Un médico especialista del Ministerio de Salud (Minsal) evaluó el miércoles al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt en el centro penal de Ilopango, luego que manifestara públicamente en el juicio de padecer de un tumor en el pecho.

    En el segundo día de juicio, Muyshondt informó que las autoridades del penal de Ilopango, donde guarda prisión, facilitaron el día miércoles el acceso del especialista al recinto penitenciario para realizar el chequeo médico, donde se le indicó que la masa no es «grave”, pero recomendó exámenes de ultrasonografía para determinar si debe ser extraída.

    La evaluación ocurre luego que Muyshondt denunciara ante el Tribunal Primero de Sentencia que tenía un tumor diagnosticado desde hace dos años, que a pesar que las autoridades penitenciarias estaban al tanto de su condición médica, no había recibido atención adecuada ni los controles recomendados por su oncólogo.

    Además, denunció que las autoridades nunca cumplieron los oficios que los tribunales emitieron para que se me realizara una evaluación por parte del Instituto de Medicina Legal (IML).

    Tras sus declaraciones, los jueces que conforman el Tribunal de Sentencia que ventila el caso ordenaron que se realicen los oficios correspondientes para que Medicina Legal hagas las evaluación médicas a Muyshondt. Además, que se giren oficios a la Dirección de Centros Penales para que se permita el acceso al centro penitenciario a sus abogados y el imputado reciba los avisos sobre el proceso en el lugar donde guarda detención.

    El abogado del exedil, Óscar Argueta, consideró que son pocas las posibilidades para ingresar al centro penal, a pesar que los jueces autoricen la entrada, por lo que aseguró no tener mayores expectativas.

    «Aunque autoricen (las visitas) no creo que sea posible el ingreso al penal porque tenemos la experiencia cuando autorizaron el ingreso de la esposa y nosotros como abogados por el Quinto de Sentencia, fuimos al penal y llegamos hasta el portón así que de eso no tenemos ilusiones de que lo podamos ver personalmente».
    Óscar Argueta, abogado de Muyshondt

    El exalcalde Ernesto Muyshondt es acusado junto al exministro de Justicia y Seguridad Benito Lara, el exministro de Gobernación Arístides Valencia, así como al periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado de negociar votos electorales de los comicios de 2014 y 2015, a cambio de beneficios para las pandillas. Por estos presuntos hechos se le atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

    La Fiscalía los acusa de concretar varias reuniones con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 con el fin que los pandilleros y sus familiares votaran a su favor y así asegurar su victoria en los comicios.