Autor: Dania Quehl

Durante 2025, varios exfuncionarios salvadoreños fueron condenados por delitos de corrupción, fraude electoral y vínculos con estructuras criminales, según resoluciones emitidas por distintos tribunales del país.

En febrero de este año, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, a cuatro años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes, tras comprobarse que no cumplió con el pago de las cuotas correspondientes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y al Fondo de Pensiones de los empleados municipales durante su gestión como edil.

Posteriormente, en septiembre, el Tribunal Primero de Sentencia impuso al exedil una segunda condena de 18 años de cárcel por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, relacionados con negociaciones con pandillas en el marco de las elecciones presidenciales y municipales de 2014 y 2015.

Con ambas sentencias, Muyshondt acumula 22 años de prisión. Tras las condenas emitidas, la defensa técnica del exalcalde ha presentado recursos de apelación en ambos casos. El exfuncionario permanece detenido desde el 4 de junio de 2021.

En el mismo proceso judicial por negociaciones con pandillas, el tribunal también condenó a 28 años de prisión al exministro de Seguridad, Benito Lara, y a 28 años de cárcel al exministro de Gobernación, Arístides Valencia, por los delitos de fraude electoral (20 años) y agrupaciones ilícitas (8 años).

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados, quienes pertenecían a los partidos políticos FMLN y Arena, sostuvieron al menos 17 reuniones con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18, en las que se acordó que pandilleros y sus familiares votaran a favor de determinados candidatos.

Además, se estableció que estas estructuras coaccionaron a habitantes de distintas comunidades para favorecer a partidos específicos en los comicios.

Otro caso relevante ocurrió en junio de 2025, cuando el Tribunal Quinto de Sentencia de Salvador condenó a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano por delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas.

La exedil fue condenada a seis años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes y cuatro más por negociaciones ilícitas.

Las acusaciones señalaron que los impagos de los empleados de la alcaldía ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2022.

Por otra parte, en agosto el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a 10 años de prisión al exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, en el caso conocido como Rais-Martínez. El tribunal le impuso cinco años por cada delito.

Según la FGR, Martínez favoreció a terceras personas en la creación pruebas falsas en un proceso judicial. Mencionar que en 2024, el exfiscal fue condenado en la vía civil por enriquecimiento ilícito por un monto de $71,736.62, suma que deberá reintegrar al Estado salvadoreño.

En este mismo caso también fue condenado el exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por el delito de fraude procesal.

Procesos pendientes

Por otra parte, entre los procesos pendientes donde figuran exfuncionarios se señala el caso del exmagistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, quien fue arrestado en febrero de 2025 por el delito de enriquecimiento ilícito, por más de $200,000 en perjuicio de la administración pública.

En ese mismo mes, el Juzgado Primero de Paz de San Salvador ordenó su detención provisional y envió el caso a la etapa de instrucción. Hasta la fecha no se ha programado audiencia preliminar. Actualmente, el exfuncionario guarda prisión en un penal de la zona occidental, en Santa Ana.

Chicas ya había sido declarado culpable por enriquecimiento ilícito de manera civil, en noviembre de 2024, cuando la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador lo sentenció a reintegrar más de $202 mil, junto a su núcleo familiar.

Asimismo, continúa el proceso judicial por la masacre de los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), ocurrida el 16 de noviembre de 1989. En este caso se procesa al expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard; al exdiputado Rodolfo Antonio Parker, y a nueve exmilitares, quienes desde noviembre de 2024 fueron enviados a la etapa de juicio.

El 18 de noviembre de 2024, tras la audiencia preliminar, el juzgado determinó que existían indicios suficientes para procesar a los 11 imputados por su presunta participación en la planificación y ejecución del crimen, ordenando la apertura a juicio. No obstante, hasta el momento, no se ha establecido una fecha para la vista pública.

El Juzgado Cuarto de Menor Cuantía, juez 2, admitió una solicitud de embargo contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (Cosavi) por un monto de $2,598.31, según la resolución emitida el 25 de noviembre de 2025.

La orden judicial, de la cual Diario El Mundo posee copia, establece el embargo de bienes propios de la cooperativa a favor de una persona afectada por el desfalco millonario ocurrido en la entidad financiera durante 2024.

El abogado Henri Fino, representante de la víctima, explicó que, tras la admisión de la demanda, el juez procedió a decretar el embargo, y la parte demandante optó por bienes inmuebles propiedad de Cosavi como garantía para el pago de la deuda.

«Inmediatamente admitida la demanda el juez decreta embargo en bienes propios de Cosavi, que es lo que hay que hacer en este momento, según la ley hay varias opciones de embargo, y nosotros le expresamos al juez que es lo que queremos embargar, en este caso optamos por bienes inmuebles», detalló Fino a Diario El Mundo.

De acuerdo con el abogado, con la resolución emitida, el siguiente paso en el proceso será que el juez dicte un oficio para ejecutar el embargo o designe a un oficial público de juez ejecutor para asegurar los bienes previamente señalados. Ante ello, dijo que el pasado lunes presentó el escrito indicando los términos y bienes que solicitan sean embargados.

Fino destacó la importancia de la resolución judicial, considerando que 103 de las demandas previas habían sido declaradas «improponibles o inadmisibles» por 15 Juzgados de lo Civil y Mercantil, así como por magistrados de las Cámaras Civiles.

“La improponibilidad significa que la pretensión no es justiciable; sin embargo, un juez de menor cuantía ha determinado que sí existe una acción ejecutiva que debe ser conocida por el órgano judicial. Eso es importante”.
Henri Fino, abogado

Ante ello, señaló que la admisión de la demanda es significativa porque se fundamenta de manera independiente y sigue el mismo sustento legal que las otras 103 demandas presentadas contra la cooperativa y lo unico que varian son los montos solicitados.

El abogado recalcó que tras la resolución, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), como entidad que tiene intervenida a Cosavi, será notificada sobre la medida de embargo decretada por el juzgado. «Legalmente en su oportunidad le van a notificar a la superintendenta por tener calidad de interventora de Cosavi», aseguró el abogado.

Por su parte, Juan José Ortíz, el representante de los afectados manifestó que la resolución se convierte un precedente para los demás procesos pendientes. “Esta resolución viene a generar un precedente importante para los afectados en el sentido que hay un juez que nos da la razón, que no estamos equivocados en nuestra lucha».

El representante agregó que la decisión también pone en evidencia otras falacias en la cooperativa, como la entrega de dinero por capas. La última capa habilitada por el SSF fue anunciada el 31 de octubre, para la devolución de fondos de hasta $70,000.

Ante la alerta sanitaria por la nueva variante de la Influenza A H3N2, subclado K, el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (Simetrisss), exhortó al Ministerio de Salud (Minsal) a implementar de manera oportuna un plan de contingencia frente a la posible llegada de dicha variante al país, debido a su alta capacidad de contagio.

El secretario general de Simetrisss, el doctor Rafael Aguirre, advirtió que si bien la variante no presenta una mayor letalidad en comparación con la cepa original, sí representa un riesgo importante para el sistema de salud por la rapidez con la que se propaga.

«Es más virulento de lo normal, no es más mortal, no está generando más mortalidad en el sentido que no es más tóxica que la cepa original, el gran problema es que infecta muy rápido y cómo infecta muy rápido y tiene una gran capacidad de infección muchas personas se van a infectar en poco tiempo y el problema es que van a saturar las emergencias», explicó Aguirre.

El médico señaló que la variante de la Influenza A H3N2 tiene la capacidad de evadir las defensas del cuerpo, lo que implica que incluso personas sanas, sin enfermedades preexistentes pueden desarrollar la enfermedad. Entre los principales síntomas mencionó fiebre superior a 38.5 grados, dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga y cansancio, los cuales pueden evolucionar a cuadros de bronconeumonía o neumonía.

Ante ello, el doctor Aguirre expresó su preocupación ante la falta de planificación por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, especialmente en relación al posible aumento de pacientes contagiados con la enfermedad.

«No se ha hablado de ningún tipo de planificación que va a involucrar la telemedicina, ese es el gran problema de este momento, que no tenemos a la fecha planes contingenciales como cubrir la alta demanda que vamos a tener en los centros de atención»,
Rafael Aguirre, secretario general de Simetrisss.

Según el galeno, ya se han confirmado casos de la variante H3N2 en los países vecinos de Guatemala y Honduras, por lo que considera probable que en las próximas semanas se detecten casos en el país, sin descartar su posible circulación en el territorio salvadoreño.

«La preocupación no es la mortalidad o la capacidad de mortalidad del virus, sino la cantidad de gente que se va a ver afectada y no sabemos cual va a ser el plan para poderlos abordar de forma oportuna», afirmó Aguirre.

De igual forma, el secretario general de Simetrisss criticó que no se haya impulsado una campaña de vacunación contra la Influenza de tipo A o B por parte del Ministerio de Salud, la cual sostuvo podría reducir de forma significativa los cuadros graves de salud.

«La primera acción importante del Ministerio de Salud era haber lanzado una campaña de vacunación masiva contra la influenza que protege de forma significativa contra cuadros grave de esta enfermedad y a la fecha no se ha hecho y nos preocupa porque quiere decir que muchas personas se van a ver afectadas con esta gripe y van a terminar colapsando las unidades de emergencia»
Rafael Aguirre, secretario general de Simetrisss.

El médico dijo que existe disponibilidad de vacunas contra la Influenza en el Seguro Social, no obstante lamentó que no se haya realizado un refuerzo oportuno, por lo que recomendó a la población acercarse a los centros de atención para vacunarse contra la enfermedad.

Ante ello, Aguirre instó a la población a consultar los centros de salud ante la aparición de síntomas y a mantener medidas de prevención como el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos y el uso de alcohol gel, especialmente en personas con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión.

La Influenza A H3N2 es un virus asociado a infecciones respiratorias similar a la de una gripe, pero con malestares más severos, que de no tratarse puede causar hospitalizaciones, especialmente en adultos mayores y menores de edad. El Ministerio Salud contabiliza hasta el 29 de noviembre de 2025, sólo tres casos de Influenza A H3N2 en El Salvador, sin embargo, no especifica si se trata de la variante.

Médicos, enfermeras, personal administrativo y de limpieza del Hospital Rosales fueron despedidos, este martes, por el Ministerio de Salud (Minsal), una decisión que los trabajadores calificaron como injusta tras haber dedicado décadas de servicio al principal centro hospitalario de la capital.

Desde tempranas horas de la mañana, cientos de médicos y demás trabajadores del hospital fueron citados a las instalaciones del Hospital Central, donde en una fila aguardaban para ser llamados uno a uno y escuchar, de manera verbal, que sus plazas habían sido suprimidas.

El personal, que hasta la noche del lunes laboraba en el hospital Rosales, dijo que el mensaje fue breve, «agradeciendo» sus años de servicios y la indicación de presentarse ante Recursos Humanos para continuar con el proceso de despido. Entre los despedidos hay personal con más de tres décadas de servicio, en áreas críticas como la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y médicos de diferentes especialidades.

«Nos dijeron que muchas gracias por el tiempo laborado y que éramos cesado de nuestras plazas y que pasáramos a recursos humanos, eso fue todo lo que nos dijeron».
Médico de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que pidió anonimato por temor a represalias.

Según detalló la profesional con más de 30 años de trabajo les ofrecieron dos alternativas, la primera acogerse a un retiro voluntario o aceptar el despido con indemnización. En este último caso, se les explicó que deberán esperar hasta enero de 2026 para que se les informe el monto correspondiente.

No obstante, quienes opten por renunciar podrían enfrentar sanciones que les impedirían laborar en el sistema de salud por hasta cinco años, según informó el personal de salud en el lugar.

«Yo creo que no era lo correcto porque no nos merecíamos eso sinceramente, fue un personal que estuvo con ellos en la pandemia y en muchos accidentes y el personal estuvo dando la cara y no nos merecíamos esto como Hospital Nacional Rosales».
Médico despedido del hospital Rosales.

Dicha situación genera especial preocupación entre empleados con enfermedades crónicas, quienes dependen de los tratamientos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social para continuar sus tratamientos. Un trabajador del área de enfermería explicó que padece una enfermedad crónica en la columna y que, tras el despido, ya no podrá cotizar ni costear su tratamiento.

«Son 17 años de trabajo, yo padezco de una enfermedad en la columna y el tratamiento es muy caro y al despedirme me quedo sin seguro y no se que haré», expresó con preocupación el enfermero.

El personal despedido advirtió que la reducción de personal con experiencia podría impactar en la atención a los pacientes, debido a que, según han escuchado, contratan personal sin experiencia y de otros países, lo cual podría afectar en la atención adecuada de los pacientes.

«El hospital se queda sin personal, desaparece; ponen nuevo personal sin experiencia, de conejito indio los nuevos pacientes que lleguen nada más. Con esto van a ver mas muertes, no van a poder dar diagnósticos, vienen médicos de otros países sin experiencia personal», dijo otro doctor.

Asimismo, los trabajadores denunciaron que entre los despidos se encuentran mujeres embarazadas y personal en período de maternidad.

Desde septiembre de 2025, pacientes del hospital Rosales han sido trasladados a otros centros de salud de la capital, debido a la intervención del Ministerio de Salud en el recinto hospitalario, en el cual se estaráa realizando intervenciones paralelas al nuevo hospital construido frente al antiguo nosocomio.

El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado, Jueza 3, negó las medidas sustitutivas a la detención provisional a favor del líder de la Alianza El Salvador en Paz, José Santos Melara, acusado de presuntamente planear atentados el día de la investidura presidencial de 2024.

La decisión fue tomada durante una audiencia especial de revisión de medidas, solicitada por la defensa técnica del imputado debido a las múltiples enfermedades crónicas que padece. No obstante, el tribunal resolvió mantener la detención provisional.

El abogado defensor, Guillermo García, informó que la jueza argumentó que el estado de salud de Melara ha mostrado mejoría y que recibe una atención adecuada dentro del centro penitenciario.

“La señora jueza ha mantenido la medida de detención provisional argumentando de que la salud de ‘Pepe’ esta mejorada y está mejor cuidado en el centro penal en las condiciones de privado de libertad que se encuentra”, Guillermo García, abogado defensor.

El abogado señaló que existen reconocimientos médicos del Instituto de Medicina Legal (IML) que establecen que están surgiendo nuevas enfermedades.

“Es cierto que se le ha desaparecido la ulceras de los pies pero se le están durmiendo las manos, no tiene movilidad en las manos y esa es una de las situaciones de la condición de salud que nosotros argumentábamos”, agregó.

García reiteró que aún están a la espera de un informe medico del Hospital Rosales sobre exámenes realizados a Melara por padecimientos. En ese sentido, se espera que al tener los resultados se pueda programar una nueva audiencia de revisión de medidas a fin de obtener la medida sustitutiva a la detención.

El líder de la Alianza El Salvador en Paz estuvo presente en la audiencia vía retoma desde el centro penal La Occidental, en Santa Ana, donde guarda prisión desde el inicio del proceso judicial.

Junto a Santos Melara se procesa al exdirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Atilio Montalvo, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos y Roberto Antonio Esquivel. Además del comunicador social de Chalatenango, Luis Menjívar.

Todos son procesados de los delitos de organizaciones terroristas y actos terroristas.

De los 11 acusados, solo Atilio Montalvo, se encuentra bajo medidas sustitutivas a la detención debido al estado crítico de salud, otorgadas en julio de 2025.

A las afueras del Centro Judicial contra el Crimen Organizado se encontraba familiares y miembros de la organización que lideraba Santos, quienes lamentaron la decisión del tribunal y exigieron su libertad.

Según su familia, Santos Melara padece enfermedades crónicas, entre ellas diabetes, hipertensión crónica y ha sufrido principios de derrame cerebrovascular.

El abogado García recalcó que la familia se encarga de entregar los medicamentos a Santos Melara, pese a que aseguró es responsabilidad del Estado, “encargado de velar por la salud del privado de libertad”.

Los acusados fueron detenidos el 30 de mayo de 2024, por supuestos atentados que se desarrollarían durante la investidura del presidente salvadoreño Nayib Bukele, el 1 de junio de ese año, para iniciar su segundo periodo presidencial.

A inicios de diciembre, el Tribunal de Crimen Organizado amplió el plazo de instrucción por otros seis meses, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) apela para aumentar a dos años.

El Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco) prevé que para el año 2026 el sistema educativo registre una reducción de al menos 3,000 docentes, debido a la disminución sostenida de la matrícula estudiantil a nivel nacional.

El secretario general de Simeduco, Francisco Zelada explicó que, según estimaciones del gremio, a partir de 2026 la planta docente se reduciría unos 2,000 educadores, quienes han optado por la renuncia voluntaria tras cumplir los requisitos para pensionarse, pero el resto se deberían a despedidos.

“Eso en nuestros cálculos producirá una reducción de cerca de 3,000 educadores para el año 2026”
Francisco Zelada, secretario general de Simeduco.

El docente calificó el año académico 2025 como “uno de los más críticos” para el sistema educativo, por lo que advirtió que las condiciones actuales podrían provocar que el panorama en el 2026 sea aún más complejo, especialmente por la continua reducción de la matrícula escolar.

Zelada señaló que el sindicato no cuenta con un registro exacto del número de docentes despedidos, debido a que muchos temen pronunciarse públicamente, pero detalló que Simeduco ha recibido alrededor de siete denuncias formales de profesores que habrían sido separados del Ministerio de Educación, siendo la mayoría de ellos del departamento de Sonsonate.

En ese sentido, estimó que la cantidad de docentes despedidos podría ser mayor, pero que por temor a represalias no han presentado  las respectivas denuncias.

«Entendemos que son algunas docenas de educadores que han sido despedidos pero sienten temor de interponer sus denuncias y por eso no tengamos el dato de este año”, expresó.

Ante ello, el sindicato de maestros hace el llamado al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para que ejecute medidas creativas para garantizar el derecho a la estabilidad laboral de los educadores y también para promover estrategias y políticas de calidad educativa.

Al inicio del mes de diciembre, el gremio Bases Magisteriales Salvadoreñas también calificó el cierre del año escolar 2025 como el “más crítico en la historia” del magisterio, al denunciar condiciones laborales deterioradas, falta de revisión salarial y el colapso del sistema de salud docente.

La alcaldía de San Salvador Centro informó que modificará sus horarios de atención al público para las siguientes dos semanas, debido a las festividades de Navidad y de fin de año 2025.

Según compartió la comuna en sus redes sociales, los horarios especiales de atención con referente a trámites de registro familiar para el 26 de diciembre la será de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, sin cerrar al mediodía en los siguientes puntos:

• Oficinas Centrales 1, 2, 4, 5 y 6
• Cementerio La Bermeja
• Hospital 1 de Mayo
• Hospital Maternidad
• Agencia Metrocentro
• Distritos Ayutuxtepeque, Mejicanos, Ciudad Delgado y Cuscatancingo

Con respecto a los Puntos de Atención Empresarial (PAE), la alcaldía indicó que en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde estarán habilitados el próximo viernes las agencias central, Metrocentro en La Mascota, así como la zonas 1, 2, 4, 5 y 6.

Mientras que el sábado 27 de diciembre y sábado 3 de enero de 2026, los Puntos de Atención Empresarial estarán habilitados de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía únicamente en la agencia de Metrocentro y en el distrito de Mejicanos.

Tanto las oficinas de registro familiar como las PAE estarán cerradas los días 22 y 23 de diciembre.

Dichas disposiciones se aplican a diversos servicios municipales con el fin de facilitar los trámites a la ciudadanía durante este período festivo.

Mercados

De igual forma, indicó que los mercados municipales, así como plazas estarán cerrados el 25 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026. Estos serán:

• Mercado Central, edificios del 1 al 10
• Mercado Sagrado Corazón de Jesús
• Mercado Modelo
• Mercado San Jacinto
• Mercado Monserrat
• Mercado San Antonio
• Mercado Cuscatancingo
• Mercado Zacamil
• Mercado San Antonio
• Mercado Excuartel
• Mercado Tinetti
• Mercado Detallista La Tiendona
• Mercado Mayorista La Tiendona de Plátanos
• Centro Comercial Libertad
• Mercado de Mejicanos 1 y 2
• Mercado Zacamil
• Mercado Las Colinas
• La Placita Ciudad Delgado
• La Placita Ayutuxtepeque
• La Placita Cuscatancingo
• Plaza Melida Anaya Montes

Por su parte, el Mercado de Cuscatancingo estará cerrado el 25 de diciembre, así como el 1 y 2 de enero de 2026.

La comuna también indicó que los cementerios y las Oficinas Centrales La Bermeja atenderán del 22 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026 de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de la 1:00 a las 4:00 de la tarde.

A este horario se suman los trámites de los cementerios de Mejicanos, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo.

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Le invitamos a realizar sus compras navideñas en los Mercados Municipales de San Salvador Centro. Para su comodidad, le compartimos los cierres programados: pic.twitter.com/5bGCwoUwe4

— Prensa San Salvador Centro (@PrensaAMSSC) December 18, 2025

La matrícula del año escolar 2025 registró una disminución de más de 33,000 estudiantes en comparación con el año anterior, de acuerdo con datos brindados por el Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (Simeduco).

El secretario general de Simeduco, Francisco Zelada, informó el viernes, durante una conferencia de prensa, que para el año 2025 se contabilizaron 1,243,829 estudiantes matriculados a nivel nacional, mientras que en 2024 el sistema educativo registró 1,276,854 niños y jóvenes inscritos.

De acuerdo con las cifras presentadas por el sindicato, entre 2024 y 2025 se produjo una disminución de 33,025 estudiantes, lo que equivale a una reducción aproximada del 3 % del total de la matrícula nacional.

El docente indicó que la disminución del alumnado se ha observado en los primeros grados y en el nivel de primera infancia, situación que atribuyó principalmente a la baja en la tasa de natalidad registrada en los últimos años.

Zelada señaló que la baja en la cantidad de estudiantes matriculados no corresponde únicamente al año escolar recientemente finalizado, sino que forma parte de una tendencia sostenida registrada en los últimos tres años dentro del sistema educativo.

Según explicó, en 2023 la matrícula alcanzó los 1,297,360 estudiantes, por lo que al compararse con las cifras de 2024 y este año se evidencia una reducción de 20,506 y 53,531 alumnos, respectivamente.

Ante ello, Simeduco proyecta que para el próximo año 2026, el sistema educativo podría no alcanzar el millón de estudiantes matriculados, lo que implicaría que alrededor de 358,000 alumnos aún no se han incorporado al sistema del Ministerio de Educación.

«Para el año 2026, el sistema no está llegando ni al millón de estudiantes lo que significa que unos 358,000 estudiantes todavía no se han matriculado», advirtió Zelada.

Además, consideró que es poco probable que dicha cifra aumente durante el mes de enero de 2026, cuando inicie el período de matrícula extraordinaria.

Para Simeduco, el año escolar 2025 «ha sido uno de los años más críticos», debido a las condiciones a la que se ha enfrentado el sector docente ante la falta de revisión salarial y el colapso del sistema de salud, y ahora se suma la reducción de la matrícula escolar, que avecinan podría empeorar para el próximo año.