Autor: Dania Quehl

  • Imponen penas de hasta 354 años de cárcel para pandillero de la MS por agrupaciones ilícitas y 16 casos de extorsión

    Imponen penas de hasta 354 años de cárcel para pandillero de la MS por agrupaciones ilícitas y 16 casos de extorsión

    El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, Juez 2, de San Miguel condenó a 243 años de cárcel a Julio César Vásquez Flores, miembro de clica Los Coronados Little Saycos de la MS-13, a quien se le declaró responsable por los delitos de proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.

    Según indicó la Fiscalía General de la República (FGR), a Vásquez Flores se le comprobó como responsable de cometer al menos 16 casos extorsiones agravadas, así como un caso de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, en el departamento de Morazán. El imputado fue sentenciado en calidad de rebelde.

    El Ministerio Público aseguró que el imputado tenía la función de «paro» en la estructura pandilleril. De igual forma, se sentenció a otros dos pandilleros identificados como Santos Maximino Orellana Vásquez (rebelde) y Mario Ernesto Vargas Argueta (presente) a 14 años de cárcel por los delitos de extorsión agravada y de agrupaciones ilícitas.

    «Las víctimas de estos terroristas eran comerciantes que en 2015 pagaron la extorsión por miedo a que los imputados cumplieran sus amenazas», agregó.

    La Fiscalía señaló que los imputados fueron declarados culpables de cometer graves delitos en el distrito El Divisadero, en el sector conocido como kilómetro 18, y en los cantones Santa Anita y Las Conchas, todos pertenecientes al departamento de Morazán.

    Otras penas

    En otras condenas, el Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 30 años de cárcel a Sharon Maderick Escobar Cerón y Laura Liseth Flores Hernández, miembros de la clica Miraflores Locos Salvatruchos de la MS-13, declaradas culpables del delito de extorsión agravada continuada en perjuicio de una persona en el departamento de La Paz.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Escobar Cerón y Flores Hernández interceptaron a la víctima cuando se encontraban en un vehículo automotor y la obligaron a subirse para exigirle dinero a cambio de no atentar en contra de su vida. Los hechos ocurrieron en abril de 2022, en el distrito de San Pedro Masahuat de La Paz Oeste

    «Con intimidaciones de hacerle daño, le demandaron una considerable suma de dinero. La víctima por temor se comprometió a entregarles el efectivo, pero en cuotas, comenzando desde el mes de abril hasta septiembre», agregó la FGR.

    En el juicio, se comprobó con diferentes pruebas documentales, testimoniales y periciales que ambas mujeres cometieron el delito que se les atribuye, por lo que se les impuso la pena de 30 años de prisión, a cada una. Además, se les ordenó pagar un total de $2,500 dólares en concepto de responsabilidad civil.

    Por otra parte, en un procedimiento abreviado, el Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel impuso una pena de 10 años de cárcel en contra de Armando Romeo Martínez Gutiérrez y José Enrique Bonilla Ayala, luego de aceptar que extorsionaron a un comerciante del centro de la ciudad migueleña.

    La representación fiscal indicó que ambos imputados tienen el rango de «paro» en la clica calle Amargura Salvatruchos de la MS-13 y el 18 de mayo de 2022, le exigieron al propietario de un negocio el pago inmediato de la extorsión y por miedo a las amenazas la víctima denunció el crimen en la Policía Nacional Civil (PNC).

    «Los pandilleros le hablaron por teléfono a la víctima y le exigieron dinero, así como producto de su negocio a cambio de dejarlo trabajar en la zona y no asesinarlo», detalló la Fiscalía.

  • Primeros tribunales especializados contra crimen organizado ya fueron trasladados a nueva sede en Soyapango

    Primeros tribunales especializados contra crimen organizado ya fueron trasladados a nueva sede en Soyapango

    El proceso de traslado de los tribunales especializados contra el crimen organizado de San Salvador hacia el Centro Judicial Integrado de Soyapango comenzó oficialmente a finales de julio de 2025, y varios ya operan la nueva sede judicial.

    «Estimado usuario se le informa que a partir del 28 de julio le estaremos atendiendo en el Centro Judicial contra el Crimen Organizado sede en Soyapango», se lee en un aviso colocado en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador.

    Afiche de los cambios colocado en las oficinas de los tribunales de crimen organizado en el Centro Judicial Isidro Menéndez. Foto Dania Quehl

    A la fecha, los Tribunales Primero y Segundo contra el Crimen Organizado ya han sido reubicados en las instalaciones judiciales ubicadas sobre calle Antiguo Matazano, pasaje Marsella, en el distrito de Soyapango, San Salvador Este, según confirmaron fuentes judiciales a Diario El Mundo.

    En el caso del Tribunal Tercero, solo permanece en funciones el juez 3, mientras que los jueces 1, 2 y 4 ya se encuentran atendiendo desde el nuevo centro judicial. Se prevé que el único juez en funciones en los juzgados de San Salvador se traslade por completo este jueves.

    Por su parte, el Tribunal Cuarto y Quinto contra el Crimen Organizado continúan sus funciones en el Centro Judicial Isidro Menéndez, a excepción del juez 1, del ultimo tribunal mencionado.

    Mientras tanto, el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado sigue funcionando en su sede original, aunque se prevé que puedan iniciar su traslado a inicios de la próxima semana.

    El Juzgado de Menores de Soyapango y el Juzgado de Instrucción de Soyapango han sido trasladados al Centro Judicial Isidro Menéndez, ocupando ahora las oficinas que anteriormente pertenecían a los jueces 1, 2 y 4 del Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado.

    Asimismo, el Juzgado de lo Civil de Soyapango, juez 1 y 2, se encuentra actualmente ubicado en el espacio que ocupaba el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado, como parte de una reestructuración interna del sistema judicial.

    En abril de 2025, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la transformación del Centro Judicial Integrado de Soyapango en un Centro Judicial especializado contra el Crimen Organizado, como parte de una estrategia para mejorar la eficiencia del sistema judicial y optimizar el uso de los recursos institucionales.

    Actualmente, el personal técnico continúa adecuando oficinas y áreas de atención, mientras avanza el proceso de reorganización institucional.

    En julio de 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó a la Asamblea Legislativa que 21 juzgados de paz y de instrucción sean convertidos para ser incorporados a Tribunales de Crimen Organizado de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, como parte de la reforma a la Ley Orgánica Judicial.

    De igual forma, se dijo que los empleados de los juzgados que fueran absorbidos podrían ser reubicados de acuerdo a la propuesta de reforma de dicha ley.

  • Defensa de Eugenio Chicas dijo que está delicado de salud pese a recibir medicamentos

    Defensa de Eugenio Chicas dijo que está delicado de salud pese a recibir medicamentos

    Los abogados de la defensa del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, informaron que el exfuncionario se encuentra en estado de salud «delicado», pese a estar recibiendo medicamentos dentro del centro penal donde guarda prisión provisional.

    Según explicó el defensor a Diario El Mundo, Chicas padece de enfermedades crónicas como hipertensión arterial y diabetes, condiciones que, según dijo, han afectado su estado general. «Está bien delicado. Él padece de presión arterial alta y diabetes», afirmó el abogado.

    El exfuncionario se encuentra recluido en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas, conocido como La Occidental, ubicada en el departamento de Santa Ana.

    Eugenio Chicas fue fue arrestado el pasado 13 de febrero, luego de dejar a su hijo en un centro educativo. La Fiscalía General de la República (FGR), quien sostuvo que será acusado por enriquecimiento ilícito por un monto superior a los $200,000, en perjuicio de la administración pública.

    En una publicación en la red social X, la FGR señaló al momento de su captura que el exfuncionario “deberá enfrentar responsabilidad penal ante los tribunales”.

    El 28 del mismo mes, el Juzgado Primero de Paz de San Salvador ordenó su detención provisional y remitió el proceso a la etapa de instrucción. A petición de la Fiscalía, el caso fue declarado en reserva total.

    Chicas ya había sido declarado culpable por enriquecimiento ilícito de manera civil, en noviembre de 2024, cuando la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador lo sentenció a reintegrar más de $202 mil, junto a su núcleo familiar.

  • Juramentan a peritos financieros en caso de enriquecimiento ilícito del exmagistrado Eugenio Chicas

    Juramentan a peritos financieros en caso de enriquecimiento ilícito del exmagistrado Eugenio Chicas

    El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador juramentó este miércoles a dos peritos financieros, que tendrán a su cargo el análisis de los movimientos patrimoniales del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, acusado de enriquecimiento ilícito por la Fiscalía General de la República (FGR).

    La diligencia forma parte del proceso penal en contra del exfuncionario, quien enfrenta cargos por presuntamente haber incrementado su patrimonio de manera injustificada durante su gestión como magistrado del TSE.

    Los abogados de la defensa confirmaron a Diario El Mundo que, los expertos serán los responsables de realizar los análisis técnicos de cerca de 40 puntos de pericia ofrecidos por el Ministerio Público y la defensa. Entre ellos figuran ingresos, egresos y bienes adquiridos por Chicas.

    «Se va a contabilizar los ingresos de él (Eugenio Chicas) por mes y por año», dijo el abogado.

    Los informes periciales serían clave para determinar si existió o no incremento patrimonial no justificado por parte del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral.

    La defensa del exfuncionario aseguró que en los análisis periciales se sumará los $50,000 que el exmagistrado recibió de indemnización por parte del presidente Nayib Bukele, en el caso de calumnias en el año 2019.

    El 18 de octubre de 2017, Chicas demandó a Bukele en el Juzgado Primero de Sentencia de Santa Tecla, debido a que dos días antes, el entonces alcalde de San Salvador en una entrevista de televisión dijo que el exmagistrado violó a su hija de crianza y luego se casó con ella para no ir a la cárcel.

    Proceso penal

    Eugenio Chicas fue detenido el pasado 13 de febrero, después de dejar a su hijo en el centro educativo; la Fiscalía afirmó que lo acusaría por enriquecimiento ilícito de más de $200,000, en perjuicio de la administración pública.

    “Deberá responder penalmente, ante los tribunales, donde será presentado en los próximos días”, informó la Fiscalía en su cuenta de X, al momento de la captura.

    El 28 del mismo mes, el Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó la detención provisional en contra del exmagistrado mientras el caso se remitió a fase de instrucción. El caso tiene reserva total a petición de la Fiscalía.

    En noviembre de 2024, la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador encontró responsable a Chicas y su familia por el delito de enriquecimiento ilícito y lo sentenció a reintegrar más de $202 mil.

    Según el fallo, el exmagistrado debe reintegrar la suma de $173,705.57; mientras que a su esposa Blanca Ayala Martínez, la suma de $11,282; su hijo Carlos Chicas González, $1,080.44; y su excónyuge Ana Lucía Ramírez Ayala, $16,489.50.

  • Hombre acusado de asesinar a su pareja y simular suicidio seguirá detenido

    Hombre acusado de asesinar a su pareja y simular suicidio seguirá detenido

    El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador decretó este miércoles, en audiencia inicial, detención provisional en contra de un hombre identificado como Pedro David Torres Hernández, de 31 años de edad, tras ser acusado de asesinar a su pareja y posteriormente simular un suicidio.

    Torres Hernández fue procesado por el delito de homicidio agravado en perjuicio de la víctima y fraude procesal en perjuicio de la administración de justicia.

    Según el requerimiento fiscal, la noche del pasado 9 de agosto de 2025, el imputado llegó a la vivienda de la víctima identificada como Carlos Roberto B., ubicada en la colonia San Luis, en San Salvador, con quien mantenía una relación sentimental.

    El homicidio se habría cometido entre las 6:00 y las 7:30 del día siguiente, cuando colocó una cuerda en el cuello de su pareja hasta asfixiarlo.

    «Ambos ingirieron bebidas alcohólicas y presuntamente el procesado permaneció en el lugar con la intención de matarlo», indicó la cuenta de Centros Judiciales.

    Tras el crimen, el imputado habría simulado un escenario de suicidio, al colocar un lazo en unas gradas y acomodar el cuerpo de la víctima en una posición final y posteriormente avisó a los vecinos que se había quitado la vida.

    Según agrega Centros Judiciales, la Policía Nacional Civil, detuvo a Torres Hernández debido a que al llegar a la escena del crimen se identificaron «incongruencias», por lo que se procedió a ser detenido.

    En la audiencia inicial, se determinó que existen indicios suficientes para que el caso pase a la etapa de instrucción, por lo que el imputado deberá seguir en detención provisional mientras continúan las investigaciones en su contra.

  • Crean Mesa del Exilio Salvadoreño para promover el diálogo y lanzan campaña de liberación en favor de abogada Ruth López

    Crean Mesa del Exilio Salvadoreño para promover el diálogo y lanzan campaña de liberación en favor de abogada Ruth López

    Un grupo de salvadoreños en el exterior anunció la creación de la Mesa del Exilio Salvadoreño, una iniciativa que busca coordinar esfuerzos entre personas exiliadas y promover el “diálogo” sobre la situación democrática de El Salvador.

    “Hicimos una convocatoria para lanzar la Mesa del Exilio Salvadoreño, recordemos que en los últimos meses decenas de salvadoreños, hombres y mujeres que nos ha tocado abandonar el país por la dictadura, por la persecución, el amedrentamiento, las amenazas de encarcelamiento”, dijo la abogada Ingrid Escobar a través de un video compartido en redes sociales.

    La creación de la Mesa se realiza a 100 días desde que la Fiscalía General de la República (FGR) ordenara la captura de la abogada de Cristosal, Ruth Eleonora López Alfaro, acusada de enriquecimiento ilícito.

    Según el comunicado emitido el martes, la Mesa surge como respuesta al contexto político actual en El Salvador, marcado por el régimen de excepción, el cual ha permanecido vigente desde marzo de 2022.

    “El establecimiento del régimen de excepción durante 3 años de vigencia y 40 prórrogas inconstitucionales, ha convertido en práctica cotidiana la persecución de líderes sociales, políticos, gremiales, religiosos, así como de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y de intelectuales que cuestionan al gobierno”.
    Comunicado de Mesa del Exilio Salvadoreño

    La organización señaló que entre sus principales objetivos plantea dar voz a la comunidad exiliada, visibilizar casos de persecución política y exigir el respeto a los derechos humanos.

    Como primera acción anunció el lanzamiento de una campaña permanente por la liberación de Ruth López, a quien consideran un “emblema” de más de 80 personas privadas de libertad por razones políticas.

    “Ruth López ha dedicado su vida a la defensa del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos fundamentales”, se expone en el comunicado.

    La organización considera que su arresto representa “una amenaza al libre ejercicio de la abogacía, a la democracia y a los principios universales de justicia”.

    Ruth López fue detenida la noche del domingo 18 de mayo de 2025 en su residencia, por presuntamente haber colaborado con el exmagistrado y presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio en la sustracción de fondos del Estado, según argumentó el Ministerio Público.

    En junio del presente año, el Juzgado Décimo Segundo de Paz decretó la detención provisional de Ruth López por un periodo de seis meses, mientras sigue su proceso.

    La Mesa también denunció que desde la aprobación del régimen de excepción, en marzo de 2022, al menos 435 personas han muerto bajo custodia en centros penitenciarios durante la aplicación, según los registros de organizaciones de derechos humanos.

  • Giran 82 órdenes de captura en contra de presuntos pandilleros del Barrio 18 acusados de homicidios, extorsión y posesión de drogas

    Giran 82 órdenes de captura en contra de presuntos pandilleros del Barrio 18 acusados de homicidios, extorsión y posesión de drogas

    La Fiscalía General de la República (FGR) giró el martes 82 órdenes de captura en contra de presuntos pandilleros del Barrio 18 acusados de cometer múltiples delitos, entre ellos homicidios, extorsión y posesión de drogas en el departamento de Santa Ana.

    De acuerdo con la información compartida por la Fiscalía, entre los detenidos están tres hombres identificados como William Antonio Pacheco Morales, José Ernesto García Castro y Jonathan Mauricio Agreda Mendoza, a quienes se les atribuye los delitos de agrupaciones ilícitas, así como a otra persona identificada como Carlos Antonio García Arévalo, a quien se procesa por el delito de homicidio agravado. Todos perfilados como ‘homeboys’ del Barrio 18.

    Según las acusaciones del Ministerio Público, a las personas con órdenes de captura se les procesará por los delitos de homicidio, desórdenes públicos, extorsión, amenazas, agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de drogas y feminicidio, cometidos entre los años de 2013 y 2019, en el distrito de Chalchuapa, en Santa Ana.

    Entre los hechos que se les atribuyen figura el asesinato de dos hermanos, ocurrido en el año 2019. «Las víctimas fueron señaladas como miembros de una pandilla contraria, por lo que fueron intervenidos por ocho sujetos, los golpearon y les dispararon con arma de fuego», dijo la FGR.

    La representación fiscal añadió que durante el operativo se realizaron diferentes allanamientos donde se incautó «evidencia que fortalecerá las investigaciones» de la entidad.

    Ademas, aseguró que les notificará a otros 38 pandilleros de la estructura delincuencial del nuevo delito que se les acumula.

     

  • Muyshondt admite reuniones con pandilleros pero niega pacto: las últimas palabras de los acusados en el juicio negociaciones con pandillas

    Muyshondt admite reuniones con pandilleros pero niega pacto: las últimas palabras de los acusados en el juicio negociaciones con pandillas

    En el último día del juicio por el caso de negociaciones con pandillas, el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, admitió haber sostenido reuniones con miembros de estructuras criminales en nombre del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), pero rechazó haber concretado algún pacto o entrega de dinero a favor de los grupos delincuenciales.

    “Yo siempre he aceptado que me reuní con representantes de las pandillas, nunca lo he negado, nunca he escondido mis motivaciones, ni de en nombre de quien lo hice, lo hice en nombre de Arena, así como en 2015 por la candidatura de Edwin Zamora para la alcaldía de San Salvador a quien estaba bloqueando las pandillas”, afirmó Muyshondt durante su intervención en los alegatos finales ante el Tribunal Primero de Sentencia.

    Muyshondt argumentó que el objetivo de las reuniones era para facilitar que la población salvadoreña fuera a votar en las elecciones presidenciales de 2014 y legislativas y municipales en 2015 sin ser acosados por las pandillas.

    “Mi motivación de todas las reuniones fue que la gente pudiera votar libremente, trabajar en el territorio libremente sin ser amenazado o coaccionado o intimidado por las pandillas”.
    Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador.

    El exalcalde relató que sostuvo al menos siete reuniones con dichos grupos, dos en el año 2014 y cinco más en 2015, en las que el testigo criteriado con nombre clave “Noé” lideraba los encuentros mientras portaba un carnet de una organización no criminal.

    Según explicó, las personas con las que se reunió nunca se identificaron como líderes pandilleros, sino como «mediadores y miembros de un proceso de pacificación”. Además que ninguno portaba ningún tatuaje visible alusivo a las pandillas.

    El exedil capitalino afirmó que todas las reuniones eran del conocimiento del entonces presidente del partido tricolor, Jorge Velado.

    Por otra parte, manifestó que nunca ofreció cerrar el centro penitenciario de Zacatecoluca, en La Paz, y menos de prometer dinero a pandillas a cambio de un apoyo para las elecciones de 2014 y 2015, como fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR).

    “Lo que hicimos fue exponer el plan de gobierno de Arena, para que la gente lo conociera. Nunca les prometí beneficios carcelarios, ni cerrar ‘Zacatraz’, ni mucho menos les di dinero”, sostuvo Muyshondt ante los jueces de sentencia.

    Muyshondt también cuestionó la versión de la Fiscalía, que lo acusa de entregar $138,000 a las pandillas a cambio de votos electorales, a lo que Muyshondt respondió que eran mentiras. «Es mi palabra contra la palabra de un terrorista»

    “Yo no solo soy inocente como se ha demostrado en esta audiencia, sino además estoy orgulloso de lo que pude hacer para que la gente pudiera votar sin ser coaccionado por las pandillas”.
    Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador.

    Además, Muyshondt negó haber tenido contacto con Raúl Mijango o Paolo Lüers, este último procesado en el mismo caso.

    El exfuncionario consideró que el caso tiene motivaciones políticas y que su detención ya supera los 50 meses y más de 1,500 días, violentando su derecho a la defensa.

    “No me fui porque decían que el que nada debe nada teme, por eso me quedé y siempre me presenté hasta que me dejaron detenido”, cerró Muyshondt.

    Por último, cuestionó que no se haya procesado a otras figuras políticas mencionadas por el testigo, como el excandidato Edwin Zamora y el extesorero del partido Arena, quien sería el encargado de conocer los desembolsos del partido de derecha.

    Al exedil se le procesa por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas en los años de 2014 y 2015. La Fiscalía solicitó 24 años de cárcel por dichos delitos.

    Benito Lara: “Ni cinco centavos» para las pandillas

    Por su parte, el exministro de Justicia Benito Lara, también acusado en el caso, expresó que no entregó «ni un cinco» a las pandillas a cambio de apoyo electoral, sino que en su periodo como diputado de la Asamblea Legislativa promovió leyes en favor de la población.

    “Por mis manos no pasaron nunca ni cinco centavos para la delincuencia. Nunca ha pasado una idea en mi mente, ni ninguna iniciativa en el caso legislativo que haya favorecido a la delincuencia, mi conducta ha sido distinta», dijo el exministro Lara previo a la audiencia del martes.

    El exministro alegó que como diputado por el partido FMLN votó para la aprobación de la Ley de Contra las Pandillas, así como para la implementación de escuchas telefónicas para una mejor investigación e iniciativas para aumentar penas y combatir a los grupos criminales en el país.

    “Como ministro hicimos acciones en centros penales, eso debe valorarse. Estoy con la frente en alto porque estoy convencido que por mis manos no ha pasado ni cinco centavos para las pandillas”, aseguró Lara.

    En su declaración final, el exministro de Justicia negó haber tenido vínculos con pandillas y haber cometido fraude electoral, así como agrupaciones ilícitas, como lo acusa la Fiscalía.

    La defensa

    Durante los alegatos finales, las defensas de los acusados insistieron en la falta de pruebas materiales, la dudosa autenticidad de los videos presentados por la Fiscalía y las contradicciones en los testimonios del testigo “Noé”, con respecto a las presuntas reuniones.

    Según destacaron peritos señalaron que los videos que forman parte de la prueba documental del Ministerio Público fueron descargados de internet y no pueden verificarse su autenticidad por presuntas alteraciones.

    La defensa sostuvo que no se comprobó la participación activa de los acusados con estructuras criminales, ni que sus acciones hayan influido directamente en los resultados electorales de 2014 y 2015, ya que el sufragio de ambos años se desarrolló sin irregularidades.

    En el caso también se procesa al exministro de Gobernación Arístides Valencia, Wilson Alvarado y Paolo Lüers, a quienes se les atribuye los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

    El Tribunal de Sentencia programó la lectura del fallo para el próximo 19 de septiembre a las 10:00 de la mañana, mientras mantiene la detención provisional en el caso del exministro Benito Lara, quien habría solicitado la sustitución por arresto domiciliario.

  • Arena y FMLN entregaron más de $550,000 a pandillas en 2014 y 2015, según FGR

    Arena y FMLN entregaron más de $550,000 a pandillas en 2014 y 2015, según FGR

    Los partidos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena), entregaron más de $550,000 a estructuras criminales durante las elecciones presidenciales de 2014 y municipales y legislativas de 2015, como parte de las negociaciones para conseguir votos, reveló la Fiscalía General de la República (FGR) en etapa final del juicio de negociaciones con pandillas.

    En el caso se procesa al exministro de Justicia, Benito Lara; al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; y el ministro de Gobernación, Arístides Valencia, así como el periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado, este último señalado de ser el enlace entre los partidos y las pandillas. Todos acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

    Durante los alegatos finales, la Fiscalía expuso que el testigo con nombre clave “Noé”, afirmó que los líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18, participaron en al menos 18 reuniones con el FMLN y al menos siete con Arena, además de otras con fines locales en favor de candidatos a alcaldes.

    De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público Fiscal, basado en la declaración del testigo, Lara, Valencia y Alvarado, representaban al partido del FMLN y entregaron en diferentes reuniones alrededor de $312,500 a las pandillas, a cambio de apoyo en las elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta, así como para legisladores y alcaldes.

    Según detallaron en la vista pública, en dos reuniones relacionadas a las elecciones presidenciales de primera vuelta, Wilson Alvarado entregó $24,500 y posteriormente $35,000, que se dividieron en ambas estructuras delincuenciales. Mientras que para elecciones de segunda vuelta, el procesado entregó otros $35,000 y $5,000, montos que según dijo la FGR se corroboró en escuchas telefónicas que forman parte de las pruebas.

    Por su parte, la Fiscalía dijo en el juicio que Arístides Valencia entregó las cantidades de $35,000 y $7,000, este último establecidos en concepto de «viáticos», para las pandillas. En el caso del exministro Lara, habría entregado junto con Valencia la cantidad de $21,000 y posteriormente otros $150,000. 

    La Fiscalía afirmó que se realizaron múltiples entregas de dinero en efectivo, además de recibir alertas sobre órdenes de captura, disminución de operativos policiales y traslados de líderes detenidos del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, en La Paz a centros penitenciarios «comunes».

    Los tres acusados del partido de izquierda habrían acudido a la mayoría de las reuniones, donde también acordaron los beneficios que las pandillas podían recibir si lograban que la población salvadoreña votará a favor de dicho partido político. En una de las reuniones se ofreció una dieta mensual de $400 para miembros de pandillas a cambio de votos, así como la propuesta de líneas de crédito para las estructuras delictivas.

    Según el testimonio de «Noé», el exministro Lara aseguró a los miembros de pandilla que se había coordinado con policías para permitir la libre movilización de sus miembros sin ser detenidos por la policía y en una de las reuniones el exfuncionario solicitó apoyo político para ser nombrado ministro de Seguridad.

    En las declaraciones también se mencionó al fallecido Raúl Mijango, quien habría participado como facilitador entre el partido y los miembros de las estructuras criminales.

    Arena también pactó

    En el caso del partido de Arena, la Fiscalía señaló que las reuniones se entregó la cantidad de $238,000 a las pandillas, en las que participó el exedil Ernesto Muyshondt y el periodista Paolo Lüers, según el testigo “Noé».

    Según los datos de la Fiscalía, Paolo Lüers entregó $100,000 en efectivo a las pandillas, el cual se dividiría entre ambas estructuras. Mientras que el exalcalde de San Salvador habría entregado el monto de $138,000, de los cuales $69,000 fueron entregados directamente a “Noé”, quien usó parte del dinero para comprar droga y la otra mitad fue entregado al Barrio 18.

    En el testimonio también se indicó que en una de estas reuniones, el candidato presidencial Norman Quijano se presentó personalmente y prometió eliminar restricciones a pandilleros, invertir $100 millones en programas de rehabilitación para pandilleros y utilizar cuarteles militares como granjas.

    El Ministerio Público destacó que en el testimonio del criteriado, los pandilleros se organizaron para ir casa por casa exigiendo votos a favor del partido y en algunos casos robaban los Duis de las personas.

    Además, se anexó el acta de declaración del expresidente del Consejo Ejecutivo Nacional (Coena), el fallecido Jorge Velado, quien fue entrevistado en 2019. De acuerdo con lo expuesto por FGR, Velado advirtió a Muyshondt sobre las reuniones y confirmó que en una ocasión le entregó $30,000 que habrían sido parte del dinero entregado a las pandillas.

    La Fiscalía General de la República aseguró en el juicio que los fondos negociados por los dos partidos políticos fueron usados por las pandillas para adquirir armas de fuego, drogas y vehículos, lo que incrementó su capacidad delictiva en el territorio salvadoreño.

    Por estos hechos, la representación fiscal considera que imputados son responsables de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, y que estos están «plenamente configurados».

    El Ministerio Público solicitó 24 años de cárcel para el exalcalde Muyshondt, así como para Paolo Lüers y Wilson Alvarado; 12 años por agrupaciones ilícitas y 12 por fraude electoral. Mientras que para los exministros Benito Lara y Arístides Valencia se solicitó una pena de 18 años, 10 por fraude electoral y ocho por agrupaciones ilícitas.

    La vista pública se encuentra en su fase final y se espera que este martes los abogados de la defensa presenten sus alegatos finales y se pueda conocer la fecha para la lectura del fallo.

    Este proceso penal nació en la lectura del fallo del caso Operación Cuscatlán, cuando el entonces juez especializado de sentencia A, Godofredo Salazar, ordenó a la Fiscalía General de la República investigar a los políticos que habían negociado con pandillas, y que habían sido expuestos en los testimonios de los pandilleros con régimen de protección clave «Noé» y «Salomón».

  • Fiscalía pide 24 años de cárcel para exalcalde Muyshondt y 18 años para exministro Lara en caso de negociaciones con pandillas

    Fiscalía pide 24 años de cárcel para exalcalde Muyshondt y 18 años para exministro Lara en caso de negociaciones con pandillas

    La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó este lunes ante el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador una pena entre 18 y 24 años de cárcel en contra de tres exfuncionarios y dos personas más, acusadas de negociar votos electorales a cambio de beneficios para las pandillas en los años 2014 y 2015.

    Los imputados procesados en el caso son el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, el exministro de Justicia y Seguridad Benito Lara, el exministro de Gobernación Arístides Valencia, así como el periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado. Todos acusados de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

    Durante los alegatos finales del juicio, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 24 años de cárcel en contra del exalcalde Muyshondt, 12 años por el delito de agrupaciones con pandillas y 12 años por fraude procesal. Misma pena se solicitó para el periodista Paolo Lüers y para Wilson Alvarado por los mismos delitos.

    Para ellos tres, la representación fiscal les atribuyen los delitos en «concurso real», ya que alegan que  los delitos se cometieron en dos ocasiones: la primera en las elecciones presidenciales en 2014 y la segunda en los comicios de alcaldes y Asamblea Legislativa en 2015. Por lo que, la pena de 6 años de cárcel solicitada para cada delito se duplicó para cada caso, quedando 12 por cada uno de ellos y un total de 24.

    Mientras que para el exministro de Seguridad Benito Lara y el exministro de Gobernación Aristides Valencia, la Fiscalía pidió 18 años de prisión, 10 por fraude procesal y 8 por agrupaciones ilícitas, por cada uno.

    Tra conocer las peticiones de Fiscalía, el exministro de Seguridad, Benito Lara, expresó a la prensa que «no están apegados a derecho». El exministro se encuentra en detención provisional en las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez, luego que fuera revocada las medidas sustitutivas a su favor,

    Según explicó la Fiscalía, las penas solicitadas son las máximas por cada delito, y en caso de Muyshondt, Lara y Valencia se les señala agravante especial por ser funcionarios al momento de cometer los delitos.

    El exministro Benito Lara en el juicio en su contra por negociaciones con pandillas. Dania Quehl

    Las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) señalan que los imputados pertenecían a los partidos políticos del FMLN y Arena, quienes presuntamente sostuvieron al menos 17 reuniones con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18, para las elecciones presidenciales y de alcaldes en 2014 y 2015.

    En dichas reuniones presuntamente se acordó que los pandilleros y sus familiares votaran a su favor y así asegurar su victoria en los comicios. Además de coaccionar a la población de diferentes comunidades para votar por un partido definido.

    De acuerdo con la representación fiscal, las negociaciones se realizaron cuando Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén eran candidatos a la presidencia de la República.

    El juicio continuará mañana con la presentación de los alegatos finales de la defensa y se espera se conozca la fecha para la lectura del fallo.

    En febrero de 2025, el exalcalde Muyshondt fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes, una pena impuesta por el Tribunal Quinto Sentencia de San Salvador.

    El exedil fue declarado culpable de no gestionar de la mejor manera la situación del impago de las cuotas laborales y tributarias a los empleados de la municipalidad,