Redacción DEM

Autor: Dania Quehl

  • CSJ destinará más de $350,000 para la compra e instalación de alarmas contra incendios para cinco dependencias

    CSJ destinará más de $350,000 para la compra e instalación de alarmas contra incendios para cinco dependencias

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) destinará más de $350,000 para la compra e instalación de alarmas contra incendios para cinco de sus dependencias, según la oferta de compra publicada en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

    La licitación de compra con fecha del 11 de agosto de 2025, expone que el Órgano Judicial pretende adquirir 1,719 dispositivos para los sistemas de alarma contra incendios, los cuales serán distribuidos en las Oficinas Administrativas y Jurídicas de la CSJ, los centros judiciales de Soyapango, Ciudad Delgado, Metapán, y el Instituto de Medicina Legal (IML) de San Salvador.

    En detalle, se compraría cinco paneles de control de alarma de incendio direccionable, 1,105 detectores de humo fotoeléctrico, 74 detectores multicriterio humo/monóxido (para sótanos) y 92 detectores de temperatura

    Además de 207 luces estroboscópicas con sirena, 226 estación manual de incendio, cinco paneles de control y cinco teclados anunciadores.

    La instalación de los sistemas contra incendios se contempla con los siguientes costos: para las Oficinas Administrativas y Jurídicas de la Corte Suprema de Justicia, el monto asciende a $87,046.40.

    Mientras que para el Centro Judicial de Soyapango, $68,000; que para el Centro Judicial de Ciudad Delgado, $64,000; y para el Centro Judicial de Metapán por $60,000. En el caso del Instituto de Medicina Legal, la compra e instalación de los equipos está valorada en $76,000.

    En total, dichos insumos se comprarán por un monto total de $355,046.40 que serán financiados con fondos del Gobierno, según detalla la oferta de compra.

    En lo que va del año 2025, la Corte Suprema de Justicia ha gestionado varias ofertas de compra, entre ellas, la adquisición de un seguro hospitalario y de vida para sus empleados y magistrados por $6.4 millones.

    La compra de vales de calzado para los empleados de la institución y del órgano judicial por más de $182,000 y otros $54,000 para la adquisición de calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas.

    A estos se suman la compra de uniformes para los empleados del Órgano Judicial, correspondiente al año 2025, por más de $831,000 financiados con fondos del Estado; la adquisición de equipo de audio y videoconferencia para equipar las salas de audiencia de los centros judiciales del país por $1.8 millones y $2.4 millones para la compra de una nueva flota de vehículos para el uso de la institución

  • Defensa de exministro pedirá detener a testigos "Noé" y "Salomón" en caso de negociaciones con pandillas

    Defensa de exministro pedirá detener a testigos «Noé» y «Salomón» en caso de negociaciones con pandillas

    La defensa del exministro de Gobernación, Arístides Valencia informó que solicitarán al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador la detención de los testigos criteriados bajo clave «Noé» y «Salomón», quienes participaron en las reuniones entre los líderes de pandillas y los partidos políticos de Arena y el FMLN, en el periodo de las elecciones de 2014 y 20215.

    En el tercer día de la vista pública, el testigo «Noé» se refirió a las 11 reuniones que se concretaron entre los miembros de la Mara Salvatrucha (MS) y dos fracciones del Barrio 18 con representantes de dichos partidos, como parte de las estrategias para conseguir votos electorales para las elecciones presidenciales de 2014, cuando Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén eran candidatos de ambos partidos.

    El abogado del exfuncionario, Jaime Ortega consideró que el testigo debería «estar respondiendo en el país ante el régimen de excepción», por lo que manifestó que solicitarán la detención de los testigos criteriados por los crímenes confesados ante el tribunal.

    «Es parte de la estructura criminal de la MS desde 1994, entonces es una persona con récord criminal impresionante y nosotros consideramos que es un criminal confeso y que él debería estar cumpliendo acá en el país ante el régimen de excepción. Estamos valorando en conjunto y vamos a solicitarle al tribunal una vez lo desacreditemos y confiese los crímenes que ha cometido que se giren los oficios pertinentes para que se ordene la detención de esta persona y que venga a responder al régimen de excepción»
    Jaime Ortega, abogado del exministro de Gobernación.

    Ortega explicó que en la primera parte de la declaración el testigo se refirió a las primeras tres reuniones efectuadas y a la participación de su defendido como «gestores de paz», sin embargo, sostuvo que es necesario que rinda toda la información con respecto a los presuntos hechos, donde él participó como parte de la estructura criminal.

    «Ha mencionado que llegaron a una reunión y que el señor Arístides Valencia manifestó que el plan que llevaba es que fueran gestores de paz para una especie de generar o gerenciar lo que se conoce como procesos de pacificaciones. Eso es lo que ha dicho el testigo», dijo el abogado del exfuncionario.

     

    El exministro de Gobernación es procesado junto a el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, el exministro de Justicia Benito Lara, el periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado. Los cinco imputados procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

    Durante la primera etapa del juicio, la Fiscalía General de la República relató sobre las presuntas reuniones de las estructuras criminales y los partidos entre los años 2013 y 2015, en el periodo previo y durante las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de El Salvador.

    De acuerdo con la FGR, las negociaciones incluyeron ofrecimientos y entregas de dinero, así como beneficios económicos y penitenciarios a miembros de pandillas, a cambio de apoyo en los comicios. Entre los beneficios se mencionaron la entrega de grandes sumas de dinero, así como que pandilleros privados de libertad no fueran trasladados al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, en La Paz.

    Los testigos «Noé» y Salomón» han sido clave en diferentes procesos judiciales en contra de exfuncionarios, uno de ellos fue el caso Operación Cuscatlán, en el cual se dió a conocer videos, donde políticos entregaban grandes cantidades de dinero a las pandillas, entre ellos los ahora procesados en el caso de negociaciones, luego que el entonces juez especializado de sentencia A, Godofredo Salazar, le ordenara a la Fiscalía General de la República investigar a los políticos.

  • Fiscalía relata entregas y ofrecimiento de dinero de partidos políticos a pandillas en 2013-2015

    Fiscalía relata entregas y ofrecimiento de dinero de partidos políticos a pandillas en 2013-2015

    Durante el desarrollo del juicio en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; el exministro de Justicia Benito Lara y tres más, la Fiscalía General de la República (FGR) relató que los partidos políticos del FMLN y Arena habrían sostenido reuniones y negociaciones con estructuras de pandillas entre los años 2013 y 2015.

    De acuerdo con la FGR, las negociaciones incluyeron ofrecimientos y entregas de dinero, así como beneficios penitenciarios a miembros de pandillas, a cambio de apoyo en las elecciones presidenciales que se realizaron en 2014, así como para legisladores y alcaldes, además de la segunda vuelta presidencial, en 2015.

    En el caso también se procesa al exministro de Gobernación Arístides Valencia, así como al periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado. Los cinco acusados de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

    En la fase de alegatos iniciales, los fiscales relataron que entre el periodo de noviembre de 2013 y marzo de 2014, durante la campaña electoral para comicios presidenciales se identificó al menos 11 reuniones entre ambos partidos y líderes de la Mara Salvatrucha (MS) y dos fracciones de la 18, en las cuales los testigos criteriados con clave «Noé» y Salomón» participaron en ellas como miembros de las estructuras. Además de otros seis encuentros durante la segunda vuelta de los comicios presidenciales.

    En el caso del FMLN, la Fiscalía señaló a Wilson Alvarado Alemán como el principal enlace logístico con las pandillas, encargado de coordinar los pagos. El Ministerio Público aseguró que los exfuncionarios Benito Lara y Arístides Valencia eran conocidos entre las pandillas como «los padrinos». Ambos, habrían negociado votos a cambio de beneficios, como el no traslado de pandilleros al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, ubicado en el departamento de La Paz.

    Mientras que del partido Arena, representado por el exalcalde Ernesto Muyshondt y el comunicador Paolo Lüers, quienes también habrían ofrecido beneficios para ganar escaños en la Asamblea Legislativa y la alcaldía de San Salvador. Una de las primeras reuniones, según los fiscales, se llevó a cabo en enero de 2014 en la alcaldía de Ilopango, con la participación del entonces alcalde Salvador Ruano y pandilleros entre ellos el testigo “Noé”.

    En el proceso también estaban involucrados el exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano y Raúl Mijango, sin embargo, fueron exonerados, después de morir.

    Beneficios

    La Fiscalía sostiene que Lüers acudió a la reuniones con $100,000 para ser entregado a los pandilleros y distribuidos entre las principales estructuras criminales del país, $50,000 para la MS y $25,000 entre las dos fracciones de la 18. Posteriormente, en 2015, Muyshondt habría ofrecido otros $138,000, durante negociaciones en el contexto de las elecciones legislativas y municipales, y la segunda vuelta presidencial.

    Según lo expuesto por los fiscales, el objetivo de estas negociaciones era garantizar el apoyo territorial de las pandillas mediante la coacción al voto, especialmente en zonas controladas por estructuras criminales. A cambio, los partidos habrían prometido beneficios como el cierre del penal de Zacatecoluca, traslados penitenciarios y la eliminación del artículo 103 de la Ley Penitenciaria, que limitaba la salida de reos de centro penitenciario de máxima seguridad.

    Las negociaciones descritas por el Ministerio Público ocurrieron cuando Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén eran candidatos a la presidencia de la República.

    A pesar que el excandidato presidencial Norman Quijano no forma parte del proceso, la Fiscalía lo mencionó como partícipe en reuniones, una de ellas celebrada en San Salvador, donde habría solicitado apoyo a las pandillas para que “el poder regresara a Arena”, según dijeron los fiscales. Quijano fue condenado a 13 años de cárcel y cuatro meses por este caso en un proceso penal aparte, pero cuya sentencia aún es revisada por la Sala de lo Penal.

    La vista pública se instaló el miércoles 13 de agosto y en su segundo día, a FGR solicitó al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, quien conoce el caso, la detención provisional para el exministro Benito Lara, sin embargo, fue rechazada ya que los jueces determinaron que no habían «razones de hechos», ya que el imputado ha acudido a todas las audiencias programadas en su contra desde que inició el proceso.

    Este proceso penal inició luego que al dar la sentencia del caso Operación Cuscatlán, el entonces juez especializado de sentencia A, Godofredo Salazar, le ordenara a la Fiscalía General de la República investigar a los políticos que habían negociado con pandillas, y que habían sido expuestos en los testimonios de los pandilleros con régimen de protección clave «Noé» y «Salomón».

  • Médico del Minsal evaluó a Muyshondt y ordenan exámenes

    Médico del Minsal evaluó a Muyshondt y ordenan exámenes

    Un médico especialista del Ministerio de Salud (Minsal) evaluó el miércoles al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt en el centro penal de Ilopango, luego que manifestara públicamente en el juicio de padecer de un tumor en el pecho.

    En el segundo día de juicio, Muyshondt informó que las autoridades del penal de Ilopango, donde guarda prisión, facilitaron el día miércoles el acceso del especialista al recinto penitenciario para realizar el chequeo médico, donde se le indicó que la masa no es «grave”, pero recomendó exámenes de ultrasonografía para determinar si debe ser extraída.

    La evaluación ocurre luego que Muyshondt denunciara ante el Tribunal Primero de Sentencia que tenía un tumor diagnosticado desde hace dos años, que a pesar que las autoridades penitenciarias estaban al tanto de su condición médica, no había recibido atención adecuada ni los controles recomendados por su oncólogo.

    Además, denunció que las autoridades nunca cumplieron los oficios que los tribunales emitieron para que se me realizara una evaluación por parte del Instituto de Medicina Legal (IML).

    Tras sus declaraciones, los jueces que conforman el Tribunal de Sentencia que ventila el caso ordenaron que se realicen los oficios correspondientes para que Medicina Legal hagas las evaluación médicas a Muyshondt. Además, que se giren oficios a la Dirección de Centros Penales para que se permita el acceso al centro penitenciario a sus abogados y el imputado reciba los avisos sobre el proceso en el lugar donde guarda detención.

    El abogado del exedil, Óscar Argueta, consideró que son pocas las posibilidades para ingresar al centro penal, a pesar que los jueces autoricen la entrada, por lo que aseguró no tener mayores expectativas.

    «Aunque autoricen (las visitas) no creo que sea posible el ingreso al penal porque tenemos la experiencia cuando autorizaron el ingreso de la esposa y nosotros como abogados por el Quinto de Sentencia, fuimos al penal y llegamos hasta el portón así que de eso no tenemos ilusiones de que lo podamos ver personalmente».
    Óscar Argueta, abogado de Muyshondt

    El exalcalde Ernesto Muyshondt es acusado junto al exministro de Justicia y Seguridad Benito Lara, el exministro de Gobernación Arístides Valencia, así como al periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado de negociar votos electorales de los comicios de 2014 y 2015, a cambio de beneficios para las pandillas. Por estos presuntos hechos se le atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

    La Fiscalía los acusa de concretar varias reuniones con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 con el fin que los pandilleros y sus familiares votaran a su favor y así asegurar su victoria en los comicios.

  • Tribunal rechaza petición de la Fiscalía para detener a Benito Lara en segundo día de juicio

    Tribunal rechaza petición de la Fiscalía para detener a Benito Lara en segundo día de juicio

    El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador decretó rechazar la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de detener al exministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, quien enfrenta un juicio por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas en el Centro Judicial Isidro Menéndez, en la capital.

    Los jueces rechazaron la petición y señalaron que «deben de haber razones de hecho y debe justificarse, no lo solo pedirlo», tras su deliberación de varios minutos.

    «Este tribunal no lo considera suficiente para acceder a la petición de Fiscalía y ha habido cumplimiento en cuanto a medidas cautelares. Declarar no ha lugar la petición y ratifica medidas cautelares».
    Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.

    La decisión del tribunal fue tomada la tarde de este jueves luego que la Fiscalía General de la República  solicitara la detención provisional de Lara al finalizar los alegatos iniciales en el juicio.

    El exfuncionario enfrenta juicio junto a otras cuatro personas por negociar votos electorales de los comicios de 2014 y 2015 a cambio de beneficios para las pandillas. Hoy se desarrolla el segundo día de la vista pública.

    Benito expresó sorpresa por la solicitud de Fiscalía, y alegó que nunca ha omitido ningún llamado desde que inició el proceso judicial en su contra.

    En el caso también se procesa al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, el exministro de Gobernación Arístides Valencia, así como al periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado. Todos acusados de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

    Según la Fiscalía los imputados entregaron grandes sumas de dinero a los líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

    Mientras los jueces resolvían la petición de Fiscalía, afuera de la sala de audiencias aguardaba un agente de la Policía Nacional Civil, cuya presencia no es usual en el centro judicial ya que el traslado de reos es una asignación de los custodios.

  • Muyshondt dice que padece de un tumor y pide evaluaciones médicas

    Muyshondt dice que padece de un tumor y pide evaluaciones médicas

    El exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt denunció ante los jueces del Tribunal Primero de Sentencia que ha sido víctimas de negligencia médica por parte de la Dirección de Centros Penales, debido a que padece de un tumor en el pecho y no ha recibido tratamiento a pesar de su enfermedad.

    Durante la fase de incidentes, Muyshondt declaró que tiene un tumor que fue diagnosticado desde hace dos años y que desde entonces las autoridades penitenciarias han tendido conocimiento de su condición médica. Sin embargo, aseguró no ha tenido revisiones médicas a pesar de su oncólogo, en su momento, recomendó hacerlas cada seis meses.

    «Tengo un tumor que está creciendo y es de conocimiento de las autoridades penitenciarias desde hace tiempo y no me han querido dar tratamiento. Hasta hoy que me hicieron exámenes de sangre y orina que nada tienen que ver».
    Ernesto Muyshondt, vía remoto desde el centro penitenciario de Ilopango.

    El exfuncionario aseguró que desde que iniciaron los procesos judiciales en su contra no ha recibido atención médica, y que nunca se han cumplido los oficios emitidos por los tribunales para que tenga los respectivos chequeos por parte del Instituto de Medicina Legal (IML). «Se han negado decenas de órdenes judiciales para que sea evaluado por los médicos», añadió.

    Torturas

    Por otra parte, el exedil capitalino denunció que sufrió de maltrato físico en los centros penitenciarios La Occidental y La Esperanza, conocido como «Mariona», donde ha estado privado de libertad, así como en el Hospital Psiquiátrico de Soyapango, al que afirmó fue enviado sin orden judicial, y aseguró fue «torturado sistemáticamente». Entre las abusos que describió grabaciones con cámaras de video cuando hacía uso del baño.

    «Fui enviado a un hospital psiquiátrico donde fui torturado sistemáticamente todos los días, fui torturado por un periodo de 15 meses y medio que estuve en ese penal psiquiátrico sin orden judicial».
    Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador.

    En ese sentido, Muyshondt solicitó a las autoridad del tribunal que se le permita una evaluación médica sobre los padecimientos que se aqueja con respecto a su tumor y para que sea evaluado mentalmente.

    «Fui amarrado, fui golpeado, fui maltratado. Siempre me maltrataban y se ordenaba que se me tuviera en condiciones inhumanas, entonces quiero que Medicina Legal me evalúe mentalmente para ver si hubo o no razón que se me tuviera 15 meses y medio en el hospital psiquiátrico», aseveró Muyshondt.

    Defensores de Arístides Valencia y Benito Lara. /Alexander Montes.

    Sin acceso a la defensa

    De igual forma, Muyshondt reclamó la falta de acceso a su equipo de defensa legal, ya que alegó que desde que iniciaron los procesos judiciales en su contra no ha podido reunirse en persona con sus abogados, salvo por los breves minutos otorgados entre los recesos de las audiencias, por lo que también solicitó que se le brinde acceso a sus abogados al penal de Ilopango, donde actualmente se encuentra.

    «Se me ha negado el derecho a la defensa, no se han garantizado las garantías para mi defensa, no he podido reunirme una tan sola vez sobre este caso con mis defensores, nunca he podido conocer la estrategia de la defensa».
    Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador.

    El exalcalde guarda prisión en el centro penitenciario de Ilopango desde diciembre de 2024, donde cumple una pena de cuatro años de cárcel por incumplimiento de deberes. Dicha sentencia fue emitida en febrero de este año por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.

    Muyshondt agregó que las notificaciones sobre el caso llegan al penal de la Occidental a pesar que ya no se encuentra ahí y que en dicho centro penitenciario se falsificaba su firma, por lo que pidió que todos los avisos sean enviados al penal de Ilopango.

    Ante dichas denuncias, los jueces que conforman el Tribunal de Sentencia que ventila el caso ordenaron que se realicen los oficios correspondientes para que Medicina Legal hagas las evaluación médicas y psicológicas a Muyshondt. Además, que se giren oficios a la Dirección de Centros Penales para que se permita el acceso al centro penitenciario a sus abogados y el imputado reciba los avisos sobre el proceso en el lugar donde guarda detención.

    El exalcalde Ernesto Muyshondt es acusado junto al exministro de Justicia y Seguridad Benito Lara, el exministro de Gobernación Arístides Valencia, así como al periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado de negociar votos electorales de los comicios de 2014 y 2015, a cambio de beneficios para las pandillas. Por estos presuntos hechos se le atribuyen los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

    En el primer día de juicio la defensa solicitó en fase incidental que las declaraciones de los testigos con clave «Salomón» y «Noé», ofertados por la Fiscalía General de la República sean excluidas del desfile probatorio, ya que argumentan no cumplen los principios de legalidad.

    Jaime Ortega, abogado del exministro de Gobernación Arístides Valencia, consideró que la Fiscalía no cuenta con las pruebas suficientes para acreditar los delitos, además que las declaraciones de los testigos ofertados por representación fiscal «carecen de valor».

    «Es una declaración bastante sesgada por las condiciones propias de estos criminales y no va a ser suficiente para aprobar supuestamente el fraude electoral, porque no ha existido».
    Jaime Ortega, abogado de exministro de Gobernaciòn Arístides Valencia

    Al juicio Benito Lara, quien tiene medidas sustitutivas a la detención fue el único de los acusados que estuvo de manera presencial en la vista pública, mientras que Muyshondt estuvo vía remoto desde el penal de Ilopango. El resto de los acusados son procesados en ausencia.

  • Instalan juicio en contra de exalcalde Muyshondt y cuatro más por negociaciones con pandillas

    Instalan juicio en contra de exalcalde Muyshondt y cuatro más por negociaciones con pandillas

    El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador instaló este miércoles el juicio en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y cuatro personas más acusadas de negociar votos electorales de los comicios de 2014 y 2015, a cambio de beneficios para las pandillas.

    La diligencia comenzó con dos horas de retraso debido a la inasistencia de los abogados que participarán en el proceso.

    En el caso también se procesa al exministro de Justicia y Seguridad Benito Lara, el exministro de Gobernación Arístides Valencia, así como al periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado. Todos acusados de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

    A la vista pública llegó el exministro de Justicia, quien a la entrada a la sala de audiencia, donde se desarrolla la diligencia expresó: «Esperamos que sea un juicio apegado a derecho».

    Mientras que el exalcalde Muyshondt, estuvo vía remoto desde el penal de Ilopango, debido a que actualmente cumple una pena por incumplimiento de deberes. El resto de los acusados declarados en rebeldía son procesados en ausencia.

    Según las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados entregaron grandes sumas de dinero a los líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

    El exministro de Justicia Benito Lara y su abogado Marvin Flores previo a la instalación del juicio por negociaciones con pandillas. / Alexander Montes.

    Presuntamente, las negociaciones se ejecutaron con el fin que los miembros de pandillas y sus familiares votarán a su favor y así asegurar el triunfo en los comicios cuando Norman Quijano y Salvador Sánchez Cerén eran candidatos a la presidencia de la República.

    En febrero de este año, el exalcalde Muyshondt fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes, una pena impuesta por el Tribunal Quinto Sentencia de San Salvador.

    El juicio entró en receso este miércoles a mediodía y seguirá este jueves a las 10:30 de la mañana.

  • Fiscalía procesó a 2,037 menores de edad entre junio 2024 y mayo 2025

    Fiscalía procesó a 2,037 menores de edad entre junio 2024 y mayo 2025

    La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 2,037 menores de edad fueron procesados judicialmente en El Salvador, entre junio de 2024 y mayo de 2025, según consta en el Informe de Labores 2024-2025, publicado recientemente por la institución.

    Las cifras expuestas en la categoría señalada como «judicialización de menores», indican que los 2,037 adolescentes procesados estuvieron involucrados en un total de 1,637 casos judiciales y como resultado de estos procesos se obtuvieron 2,509 resoluciones.

    Este tipo de procedimiento penal juvenil es uno de los tres contemplados por el Ministerio Público en su informe, junto al juicio ordinario y el juicio sumario.

    En el consolidado general de los tres tipos de procesos penales, la Fiscalía reportó haber tramitado 47,861 casos entre junio 2024 y mayo 2025, en los cuales se procesó a 74,361 personas y se obtuvieron 113,119 resoluciones judiciales.

    Con respecto a la evolución del proceso penal, se registraron 26,865 casos en audiencia inicial o de imposición de medidas, donde se dictaron 50,800 resoluciones.

    Además que, 11,170 casos pasaron a audiencia preliminar o preparatoria, con un total de 23,083 resoluciones; y 6,719 casos llegaron a la etapa de vista pública o juicio, donde se emitieron 19,173 resoluciones.

    El documento también contabiliza 3,107 casos tramitados en audiencias especiales, que involucraron a 11,631 imputados y dieron lugar a 20,063 resoluciones.

    En conjunto, los datos señalan que, entre todas las etapas judiciales y audiencias especiales, se dictaron 9,828 sentencias condenatorias, lo que representa un 83.37 % del total de resoluciones finales, frente a 1,960 resoluciones absolutorias, equivalentes al 16.63 %.

    Sin embargo, el informe no especifica cuántas de estas sentencias correspondieron a menores de edad.

    Falta de información sobre menores

    Pese a la cifra de adolescentes procesados, el informe de la FGR carece de información detallada sobre las etapas judiciales que enfrentaron los menores de edad, entre ellos el número de audiencias iniciales, preliminares o juicios a los que fueron sometidos.

    Tampoco se precisa cuántos fueron condenados, absueltos o si se les aplicaron medidas alternas, como lo establece la Ley Penal Juvenil.

    La falta de información sobre procesos judiciales en contra de menores de 18 años de edad impide conocer si se aplicaron medidas especiales que se estipulan en la normativa de la Ley Penal Juvenil.

    Los casos

    Entre los casos más destacados durante el periodo reportado, figuran situaciones en las que se procesó judicialmente a adolescentes por su presunta vinculación con estructuras delictivas.

    Uno de ellos ocurrió en septiembre de 2024, cuando la Fiscalía acusó a 20 estudiantes del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) y del Instituto Nacional Técnico Industrial (Inti), a quienes se les señaló de integrar una supuesta estructura pandilleril estudiantil denominada «La Raza».

    Del total de acusados, ocho eran menores de edad, a quienes se les atribuyó los delitos de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones, tanto simples y graves.

    El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado resolvió aplicar medidas alternas a la detención para los menores, permitiéndoles enfrentar el proceso en libertad bajo condiciones específicas.

    Otro caso relevante se registró en enero de 2025, en Chalatenango, donde 10 adolescentes fueron llevados a juicio tras la difusión de un video en redes sociales en el que aparecían realizando señas alusivas a pandillas dentro de un centro escolar.

    La Fiscalía los acusó de agrupaciones ilícitas y como resultado del proceso judicial, siete menores fueron absueltos, mientras que tres fueron condenados a una pena combinada de 10 años, cinco años de internamiento y cinco más bajo libertad asistida.

    Posteriormente, los defensores de los tres jóvenes condenados presentaron un recurso de apelación. Sin embargo, la Cámara Primera contra el Crimen Organizado, con sede en Santa Tecla, La Libertad, ratificó la sentencia original.

  • Reprograman juicio contra Ana Ligia de Saca acusada de lavado de dinero y activos por más de $17.6 millones

    Reprograman juicio contra Ana Ligia de Saca acusada de lavado de dinero y activos por más de $17.6 millones

    El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador reprogramó para el próximo lunes 18 de agosto la vista pública en contra de la exprimera dama de la República, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, acusada del delito de lavado de dinero y activos por más de $17.6 millones.

    El juicio estaba previsto iniciar este lunes, sin embargo, la fecha fue cambiada debido a la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), indicó la oficina del tribunal que conocerá el caso.

    La Fiscalía acusó a Ana Ligia de Saca de haber utilizado $17 millones de Casa Presidencial para pago de beneficios directos y hasta sus tarjetas de crédito, durante la gestión del expresidente Antonio Saca.

    En el caso también se procesa al hermano de la exprimera Óscar Edgardo Mixco Sol, Ricardo Ernesto Lemus Zelaya, José Antonio Armando Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán y César Daniel Funes Cruz. Además de Milton Romeo Avilés Cruz y José Antonio Armando Lemus Zaldívar.

    En octubre de 2023, la defensa de la exprimera dama solicitó un procedimiento abreviado, donde la exprimera dama aceptaría los cargos imputados a cambio de una reducción de pena, sin embargo, no se llegó a un acuerdo.

    Por este caso, Mixco Sol de Saca fue condenada a 10 años de cárcel en junio de 2021, en un fallo dado por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.

    Sin embargo, la sentencia fue anulada en octubre del año 2022 por la Cámara Primera de lo Penal y ordenó repetir el juicio.

  • Reprograman para el próximo miércoles juicio de exalcalde Muyshondt y cuatro más acusados de negociaciones con pandillas en 2014

    Reprograman para el próximo miércoles juicio de exalcalde Muyshondt y cuatro más acusados de negociaciones con pandillas en 2014

    El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador reprogramó para el próximo 13 de agosto el juicio en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y cuatro personas más, acusados de negociar con grupos criminales a cambio de votos electorales de los comicios 2014 y 2015.

    La vista pública estaba prevista para este lunes, sin embargo, fue aplazada para dicha fecha, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó un enlace virtual para un testigo que está en el extranjero, según confirmó la oficina del tribunal que conocerá el caso, por lo que han dado dos días para realizar las respectivas gestiones.

    En el caso se procesa al exalcalde Ernesto Muyshondt, el exministro de Justicia y Seguridad Benito Lara, el exministro de Gobernación Arístides Valencia, así como el periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado, a quienes se les atribuye los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

    Las acusaciones de Fiscalía, indican que los exfuncionarios que pertenecían a los partidos del FMLN y ARENA, presuntamente sostuvieron varias reuniones con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 con el fin que los pandilleros y sus familiares votaran a su favor y así asegurar su victoria en los comicios.

    “No voy a defenderme»

    Tras conocerse la fecha prevista para el juicio, el periodista Paolo Lüers, implicado en el caso envió el fin de semana una carta, donde aseveró que no comparecerá ante los tribunales.

    “No voy a estar presente ni dejarme representar por un abogado defensor. No voy a defenderme ante una justicia, que ha perdido su independencia y ya no respeta el debido proceso. Como este es un juicio político y mediático, en este terreno me seguiré defendiendo”, expresó en la misiva.

    Según lo expresado por el periodista, los motivos para no presentarse al proceso judicial se debe tras la remoción de la jueza Edelmira Flores del Juzgado Segundo de Instrucción en 2022, por lo que, ahora que el caso está en vista pública no existe garantía de un proceso justo.

    “Yo estaba dispuesto a enfrentar las acusaciones ante esta jueza. Estaba ansioso de defenderme. Quería comprobar mi inocencia. Pero cuando removieron a la jueza, era claro que ya no podía esperar un juicio justo, en un país sin Sala de lo Constitucional legítima y con un fiscal general a las órdenes del presidente”, Paolo Lüers.

    En diciembre de 2024, el Juzgado Segundo de Instrucción de la ciudad capital resolvió enviar a etapa de vista pública a los cinco imputados, debido a la presunta existencia de los delitos.

    Según lo ventilado en las primeras etapas procesales, los acusados entregaron grandes sumas de dinero, como parte de las negociaciones con los miembros de la pandilla, motivo que determinó la probable participación como coautores en los delitos.

    En el proceso también estaban involucrados el exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano y Raúl Mijango, sin embargo, fueron exonerados, después de morir.