Autor: Dania Quehl

Cerca de medio millón de niños, niñas y adolescentes quedaron en situación de abandono en El Salvador por uno o ambos padres de familia, según revelaron los datos de la más reciente Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM).

El documento publicado por el Banco Central de Reserva (BCR), señala que en el año 2024, un total de 478,982 menores entre los cero y 17 años de edad vivieron una situación de abandono de sus familiares. De estos 254,986 fueron niños y 223,996 niñas.

Según el informe, el abandono por parte del padre afectó a un total de 381,258 menores, de esa cifra, 201,850 fueron niños y 179,408 niñas. Los datos mencionados revelaron que los casos de abandono por dicho miembro de familia fue del 79 %.

Por otro lado, el abandono por parte de la madre alcanzó los 38,811 casos, de los cuales 22,455 fueron niños y 16,356 son niñas. Mientras que 58,913 menores fueron abandonados por ambos padres de familia, en el cual resultaron afectados 30,681 niños y 28,232 niñas.

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples reporta, para el año 2024, una población total de 6.3 millones de personas, de los cuales 1,882,226 se identificaron entre los cero y 19 años de edad, que equivale el 29.6 % de la población total.

En comparación con los datos publicados en la encuesta del año 2023, se expone un aumento significativo en los casos de abandono, con un total de 669,448 menores reportados. Es decir que en el último año se reporta una reducción de 190,498 casos, que equivale a una baja del 28 %.

Mencionar que los datos publicados en la encuesta anterior también detalla sobre las razones de abandono e identifica como las principales causas: abandono, migración y muerte. Sin embargo, en la tabulación del año 2024 no se brinda mayor información sobre los motivos que llevaron a un estado de abandono del infante.

Es importante señalar que los datos comparativos entre 2023 y 2024 deben no son exactos, ya que la población en El Salvador varía cada año por diversos factores y dado que la base poblacional no es la misma en ambos años, los porcentajes no necesariamente muestran una tendencia precisa.

¿Qué dice la ley?

El artículo 199 del Código Penal de El Salvador, sostiene que: “el que teniendo deber legal de velar por un menor de dieciocho años o una persona incapaz de proveerse por sí misma, los abandonare poniendo en peligro su vida o su integridad personal o los colocare en situación de desamparo, será sancionado con prisión de uno a tres años”.

Por su parte, la Ley Crecer Juntos señala que el abandono de un menor de edad es una de las infracciones grave en contra de la niñez salvadoreña, y por ende el Estado tiene la obligación de establecer las herramientas de gestión pública para la prevención, atención y erradicación del maltrato de niñas, niños y adolescentes en todas sus formas, siendo incluido el abandono

Asimismo la ley expone que, deben ejecutarse «medidas de acogimiento», que corresponden a un traslado del infante a una familia, sin compatibilidad sanguínea, con la responsabilidad de cuidar el bienestar del infante, que incluye brindar afecto y educación.

«Durante su ejecución se tratará de preservar o fortalecer los vínculos familiares, prevenir el abandono y procurar la reintegración de la niña, niño o adolescente a su familia de origen», estipula el artículo 224 de la Ley Crecer Juntos.

El Juzgado de Paz de Huizúcar, en La Libertad, ordenó, que Raúl Oswaldo Pérez, de 32 años, siga detenido por el delito de feminicidio en perjuicio de una mujer ocurrido en el referido distrito.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó, la noche del 9 de septiembre de 2025, que el cuerpo de una joven fue encontrado en estado de descomposición. La víctima fue identificada como Natalia Raquel Bernal Gómez, de 21 años de edad, quien habría sido reportada como desaparecida cuatro días antes.

De acuerdo a la información compartida por Centros Judiciales en su cuenta de X,  las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), indicaron que, la noche del 5 de septiembre, la joven fue vista por última vez al salir de una celebración a bordo de una motocicleta conducida por Pérez, quien presuntamente le habría quitado la vida.

«El cuerpo de la víctima, semienterrado y en avanzado estado de descomposición, fue ubicado en una finca del distrito de Huizúcar, tras varios días de búsqueda», dijo Centros Judiciales.

La corporación policial informó, el día 12 del mismo mes, sobre la captura del acusado, a quien se le señaló como el supuesto autor del crimen.

En la audiencia inicial, el juzgado determinó que existen los indicios suficientes para vincular al acusado con el hecho que se le imputa, por lo que resolvió que el proceso continúe en la etapa de instrucción y permanezca en detención provisional mientras avanza las investigaciones en su contra.

Fuentes judiciales informaron que la causa de la muerte fue traumatismo craneoencefálico de tipo contuso, pero no se especificó el tipo de arma utilizado.

Asimismo, remitió el caso al Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV) de San Salvador, quien será el encargado de continuar el proceso penal en contra de Pérez.

Durante el mes de septiembre, al menos nueve personas fueron asesinadas en El Salvador, según los registros de la Policía Nacional Civil. Las víctimas fueron cinco hombres y cuatro mujeres en un rango de 21 a 80 años de edad.

Miembros de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) confirmaron, este jueves, que los ambientalistas involucrados en el caso Santa Marta están fuera del país, y que no tienen previsto regresar hasta que la sentencia absolutoria emitida por el Tribunal de Sentencia de San Vicente quede firme.

El referido tribunal absolvió, por segunda vez, a Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio de los delitos de asesinato y asociaciones ilícitas.

La Fiscalía General de la República (FGR) los acusó de haber asesinado a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran miembros de la Resistencia Nacional, durante el conflicto armado de El Salvador. Sin embargo, los jueces resolvieron que las pruebas presentadas en el juicio fueron «insuficientes» para establecer la responsabilidad de los ocho acusados, motivo por el que fueron absueltos.

«Han recibido la noticia de buena forma, sin embargo, como ellos expresaron en una carta el día que se mandó a repetir la audiencia pública no confían en el sistema judicial salvadoreño, por lo tanto mientras no se declare firme la resolución manifiestan no regresar a sus viviendas. Ellos están fuera del país».
Alfredo Leiva, representante de ADES.

En ese sentido, representantes de ADES junto al Foro Nacional del Agua, el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, el Movimiento para la Defensa de la Clase Trabajadora, Bloque de Resistencia Popular reiteraron el llamado a las autoridades de la Fiscalía a abstenerse de apelar por segunda ocasión el fallo absolutorio.

«Demandamos a la Fiscalía que se abstenga de apelar el fallo y por otro lado si esto ocurriera que la Cámara de San Vicente no acepte esta apelación y de esta manera se cierre en firme la resolución y absolución de los cinco compañeros de Santa Marta», agregó Leiva.

Pese a fallo absolutorio, los jueces emitieron una condena por responsabilidad civil de manera abstracta para cuatro de los procesados en el sentido de que serán los ofendidos, los que deberán liquidar la cantidad correspondiente ante el juzgado de civil competente, con el fin de establecer la indemnización en daños y perjuicios.

Los representantes de Santa Marta manifestaron su preocupación por la posibilidad de que se inicie un proceso civil contra los también líderes ambientalistas, ya que afirman que no existe razones para que ellos enfrentes un nuevo proceso, cuando ya fueron exonerados de los delitos de manera penal.

En octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque también los declaró absueltos de delitos que se les atribuyeron en el mismo caso, sin embargo, el Ministerio Público apeló y se ordenó repetir el juicio.

«El llamado es para la Fiscalía que se abstenga de deje de estar utilizando recursos del Estado para financiar estos procesos que solo buscan la persecución», puntualizó Leiva.

La Asociación para el Desarrollo Económico y Social enfatizó que las acusaciones en contra de los ambientalistas de Santa Marta se trató de una persecución en contra de los ambientalistas de Santa Marta, quienes encabezaron la lucha en contra de la minería metálica en El Salvador.

El exministro de Justicia, Benito Lara, aseveró este martes que apelará la sentencia de 28 años de cárcel impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, luego que fuera declarado responsable por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, en el caso de negociaciones con pandillas.

«Vamos a apelar porque evidentemente no estamos de acuerdo con la resolución, vamos a esperar que nos den la sentencia completa y vamos a fundamentar lo más que podamos nuestra apelación. Sigo manteniendo que soy inocente, no hemos cometido los delitos que se nos acusan», declaró el exministro Lara tras conocer la condena.

El exfuncionario fue sentenciado a 20 años de cárcel por el delito de fraude electoral y ocho por agrupaciones ilícitas, luego que el tribunal determinará su participación en reuniones con líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y del Barrio 18, con el objetivo de asegurar votos elecciones en los comicios presidenciales y de alcaldes en 2014 y 2015.

La decisión de los jueces de emitir una sentencia se basó en el testimonio del testigo protegido con el nombre clave “Noé”, quien aseguró haber presenciado las reuniones entre exfuncionarios y miembros de pandillas. El tribunal consideró su testimonio coherente y consistente con otras pruebas presentadas durante el juicio.

Además de Lara, también fueron condenados el exministro de Gobernación Arístides Valencia, el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, el periodista Paolo Lüers y Wilson Alvarado, quienes, según las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), participaron en diversas reuniones con los grupos criminales. A Valencia se le condenó a 28 años de cárcel, mientras que Muyshondt, Lüers y Alvarado recibieron una pena de 18 años de cárcel por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

Asimismo, en la lectura del fallo el tribunal concluyó que no hubo contradicción en las declaraciones de lo dicho por el testigo «Noé» con respecto a las reuniones y a las sumas de dinero entregada por los imputados, lo cual aseguraron fue reforzado por las demás pruebas como audios e imágenes de los encuentros.

«Hubo negociaciones con grupos criminales para sacar provecho y que hubo acuerdo para haber pacto, por lo que se convierten en esta organización criminal con el objetivo de sacar un provecho, que es ganar las elecciones a través de acciones criminales»
Tribunal Primero de Sentencia

Los jueces también dieron crédito a lo dicho por el testigo “Noé” porque habían intereses de parte de los partidos políticos para obtener votos y ganar las elecciones presidenciales y municipales “no les importó negociar con terroristas que causaron terror a nuestro país”.

Tras conocer la condena, el exministro Lara cuestionó la credibilidad del testigo clave: «Será la palabra de un delincuente que le han perdonado no se cuantos delitos contra la palabra de una persona que trato de hacer la mejor cosa como funcionario público. Se están tomando las palabras de un delincuente y se le da toda la credibilidad, cuando aquí mismo vino a mentir»

El exministro de Justicia dijo que esperará que se entregue en los próximos días la sentencia escrita para presentar formalmente el recurso de apelación ante una instancia superior.

Proceso «arbitrario»

A la salida del juicio, miembros del Comité de Presas y Presos Políticos (Cofappes) denunciaron la condena impuesta en contra del exministro Lara y consideraron que se trató de un proceso «arbitrario», ya que alegan que la decisión de los jueces solo se basó en declaración de un testigo protegido pero no se valoraron las pruebas de defensa.

«Consideramos que es un juicio político y pasa a ser un preso político porque no tuvo el debido proceso», dijo la representante del comité, Lourdes Palacios, quien agregó que dicha la resolución no está apegada a derecho.

Según Palacios señaló que hay una carta especial a favor de los exministros Lara y Valencia, que expone que desde su desempeño «aportaron para la construcción de la democracia», razón por la que condenan la sentencia emitida contra el exfuncionario «porque es inocente Benito en lo que se le acusa».

Por su parte, Anabel Belloso, secretaria general de la mujer del FMLN, manifestó su respaldo a Benito Lara, afirmando que desde el inicio han creído en su inocencia. Señaló que el caso evidencia la falta de independencia entre los poderes del Estado en El Salvador, y denunció el uso político de las instituciones públicas para perseguir a opositores.

«Hemos dichos desde el inicio que creemos en la inocencia de Benito Lara. Ha quedado demostrado que en El Salvador no existe independencia de los órganos de Estado, hay una instrumentalización de las instituciones, hay persecución política y nuestro compañero Benito Lara se suma al resto de presos y presas políticas que ya tiene nuevamente El Salvador», expresó Belloso

Según Belloso, la condena contra Lara lo convierte en uno más de los presos y presas políticas que, asegura, existen actualmente en el país.

Cabe mencionar, que en la lectura del fallo la jueza encargada aseguró que «no es un juicio político», y afirmó que el tribunal tiene la obligación de valorar todas las pruebas, así como de efectuar una «sana crítica» y «sentido lógico», por lo que reiteró que la vista pública ventilada se trató es «un juicio común».

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 82 años de cárcel a Ayrton Ricardo Villalta Vargas, tras ser declarado culpable de un cuádruple homicidio en el barrio Santa Anita, en San Salvador ocurrido en el año 2023.

La sentencia fue impuesta la tarde de este lunes, luego que en las primeras horas del día se instalará el juicio en su contra, donde fue procesado de los delitos de homicidio simple, robo agravado y hurto de vehículo automotor.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) determinaron que el imputado junto a otras cuatro personas (las víctimas) se encontraba departiendo bebidas alcohólicas en una casa cuando Villalta Vargas disparó en contra de las personas.

Los hechos ocurrieron el 27 de diciembre de 2023, cuando la corporación policial informó de la escena de un cuádruple homicidio ocurrido en una vivienda del barrio Santa Anita, en San Salvador. Tras cometer los asesinatos, el imputado huyó en el vehículo de una de las víctimas y condujo por las calles de la capital.

Las víctimas fueron identificadas como: Noé Emmanuel Henríquez Ramírez, Joseline Magali López Rivas, Gloria Guadalupe Villalta Laines y William Antonio Hernández Villalta. Las últimas dos víctimas fueron reconocidas como tía y primo del condenado.

Posteriormente, alrededor de las 7:00 de la noche en una cervecería, Villalta Vargas le robó a una mujer su celular y cartera al apuntarle en la cabeza un arma de fuego, según relató la víctima durante la vista pública.

Por estos hechos, el juez del tribunal impuso una pena de 64 años de cárcel (16 años por cada uno de los asesinatos), 8 años por robo agravado y 10 años por el delito de hurto de vehículo automotor, sumando un total de 82 años de prisión.

Ademas, se ordenó al imputado a pagar $3,000 en concepto de responsabilidad civil por cada homicidio, más $175 de compensación por robo a la otra víctima. La Fiscalía había solicitado una pena de 144 años de cárcel.

La captura de Villalta Vargas se realizó el mismo día de los asesinatos tras una persecución policial, que finalizó en el Paseo General Escalón, cerca de la plaza Beethoven, en San Salvador, donde fue neutralizado por agentes de la PNC.

El juicio

Durante la vista pública, se presentaron exámenes forenses determinaron que las víctimas sufrieron heridas “penetrantes” de bala en las zonas de cráneo y tórax a causa de las heridas del arma de fuego utilizada. Además de exámenes toxicológicos revelaron que dos de las víctimas habían consumido drogas.

Asimismo, se conoció la declaración de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes inspeccionaron la escena del crimen y participaron en la persecución policial en contra del condenado.

Al igual, se presentó la declaración anticipada de una menor de edad que estuvo presente al momento del delito, quien identificó al imputado en la vivienda donde ocurrieron los asesinatos.

El empresario del transporte colectivo, Catalino Ezequiel Miranda Arteaga, permaneció hospitalizado durante una semana antes de su fallecimiento, debido a una recaída relacionada con sus padecimientos crónicos de salud, informó su abogado Rolando Aparicio.

De acuerdo con su abogado, Miranda fue ingresado para recibir tratamiento médico tras presentar complicaciones en su estado de salud, sin embargo, no respondió al tratamiento.

«Él tuvo una recaída y se hospitalizo para darle tratamiento respectivo pero ya no reacciono al tratamiento razón por la cual ha fallecido este dia. Estuvo (hospitalizado) como una semana».
Rolando Aparicio, abogado de Catalino Miranda.

El abogado también señaló que el empresario de las rutas de buses y microbuses 42 y 142  enfrentaba un cuadro clínico complejo desde antes de su liberación, cuando logró salir de prisión tras obtener medidas alternas a la detención de parte del Juzgado Cuarto de Instrucción y el Tribunal Quinto de Sentencia, el 3 y 4 de septiembre de 2025, debido a su misma situación de salud.

Según explicó, Catalino Miranda padecía de insuficiencia renal grave y metástasis producto de un cáncer, condiciones que habían deteriorado en su estado de salud.

«Él desde antes que lo liberarán ya era una situación crítica, tenía insuficiencia renal grave, tenía una metástasis en razón de un cáncer, entonces el aparentaba estar bien pero por dentro ya sus órganos ya estaban bien dañados».
Rolando Aparicio, abogado de Catalino Miranda.

Catalino Miranda murió la madrugada de este lunes, debido a los padecimientos crónicos que habían empeorado en prisión durante los últimos meses, confirmaron sus familiares y abogados de la defensa.

La detención

Catalino Miranda fue detenido el 12 de marzo de 2022 en la noche,por incrementar ilegalmente el pasaje en las rutas 42 y 152, de su empresa Acostes de R.L., y por obstruir la vía pública con sus microbuses.

Por este delito fue condenado a tres años de cárcel, en mayo de 2023, mediante un juicio abreviado, donde confesó que aumentó el costo del pasaje en las rutas 42 y 152. Durante su detención, Catalino Miranda estuvo en prisión en el centro penitenciario La Esperanza, conocido como «Mariona»,

Ademas, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al empresario del delito de falsedad material, por supuestamente haber falsificado una cancelación de hipoteca por un préstamo de $1,800,000, delito presuntamente cometido junto a otras dos personas más.

Paralelamente, Miranda enfrentaba otro proceso penal ante el Tribunal Quinto de Sentencia por el delito de falsedad ideológica, en el que se le acusa de utilizar una documentación financiera falsa con la intención de acceder a un crédito de $2,650,000.

Mientras estuvo en prisión, el empresario del transporte expuso a través de sus abogados las enfermedades que tenía como una insuficiencia renal y una metástasis pulmonar, razones por las que se solicitó medidas sustitutivas a la detención, las cuales fueron otorgadas hace 25 días.

Entre las medidas que fueron impuestas eran que Miranda permaneciera en su casa, no salir del país y que una vez al mes la Policía Nacional Civil acudiría a su residencia para verificar su permanencia en el lugar.

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV) de San Salvador condenó a 66 años de cárcel Edwin Mauricio Alvarado Lazo, responsable del asesinato de una niña de 7 años en reparto La Campanera, Soyapango en 2023.

Alvarado Lazo fue procesado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de feminicidio agravado y agresión sexual en perjuicio de la niña Melissa H.

El crimen ocurrió en el reparto La Campanera, Soyapango, municipio de San Salvador Este, el 10 octubre de 2023 y de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, el imputado privó de libertad a la niña Melissa H., la trasladó a su vivienda para violarla y quitarle la vida.

Las investigaciones del Ministerio Público también detallan que la menor se dirigía a un parque cercano para jugar cuando fue interceptada por Alvarado Lazo y tras cometer los crímenes antes mencionados, el cuerpo de la víctima fue encontrado abandonado en un saco, cerca de una zona verde.

A raíz del hallazgo del cuerpo de la menor, se produjo la captura de Alvarado Lazo, el día 11 de octubre de 2023.

Por estos hechos, el Juzgado impuso una pena de 50 años de cárcel por el  delito de feminicidio agravado y 16 por agresión sexual, que suman un total de 66 años de prisión.

La niña fue reportada como desaparecida por sus familiares un día antes y fue encontrada a escasas viviendas donde residía junto a su hermano y su madre, en referida colonia de Soyapango.