Autor: Dania Quehl

La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) y habitantes de la comunidad Santa Marta solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) que no apele la resolución judicial del Tribunal de San Vicente que absolvió a ocho personas, acusados del asesinato de una mujer durante el conflicto armado.

La comunidad celebró el fallo emitido por el referido tribunal, el cual determinó que no existían pruebas suficientes para vincular a los acusados con los hechos. Los señalados, todos miembros de Santa Marta y líderes comunitarios vinculados a luchas ambientales en contra de la minería.

«Nosotros aplaudimos la posición del tribunal porque es lo que hemos esperado desde hace más de 2 años en el que hemos venido demandando la libertad de los compañeros ya que hasta este momento la fiscalía no ha podido demostrar ni siquiera que el caso existió mucho menos vincular a los compañeros y eso nos satisface y celebramos como comunidad que el caso se cierre», expresó Alfredo Leiva, representante de ADES a las afueras del Juzgado Integrado de Segunda Instancia de San Salvador, donde se realizó el juicio y se conoció el veredicto.

El Tribunal de San Vicente absolvió, por segunda vez a los procesados del caso Santa Marta, que fueron acusados por la Fiscalía General de la República por el asesinato de una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989.

En ese sentido, las organizaciones comunitarias instaron al Ministerio Público a no apelar la decisión judicial, la cual en segunda ocasión exonera de los cargos a los ambientalistas de Santa Marta.

«Llamamos a la fiscalía que no apele esta decisión de este tribunal y que respete esta decisión y que ya no siga consumiendo recursos del Estado para financiar esta farsa»
Alfredo Leiva, representante de ADES

Según la valoración de los jueces, las pruebas presentadas en la vista pública fueron «insuficientes» para establecer la responsabilidad de estos acusados, motivo por el que fueron absueltos de los delitos de asesinato y asociaciones ilícitas. Mencionar que la representación fiscal solicitó agregar un tercer delito, por privación de libertad, sin embargo, los jueces dijeron que no aplicaba porque no fue el fin del supuesto crimen y que al agregarlo sería tergiversar la exposición de la Fiscalía.

Los procesados en el caso fueron Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio, todos exonerados de todos los delitos. Para ellos, la Fiscalía pedía hasta 41 años de cárcel.

«Creo que no ha sido nada fácil para la familia pasar todo esto. Me emociona mucho que la respuesta ha sido favorable para nosotros», dijo Vanessa Laínez, hija de Alejandro Laínez, uno de los acusados que fue absuelto por segunda vez en caso Santa Marta.

Proceso civil

No obstante, pese a fallo absolutorio, los jueces emitieron una condena por responsabilidad civil de manera abstracta en el sentido de que serán los ofendidos, los que deberán liquidar la cantidad correspondiente ante el juzgado de civil competente, «para que sean efectiva porque hay que establecer la indemnización en daños y perjuicios».

Ante ello, los representantes de Santa Marta manifestaron su preocupación por la posibilidad de que se inicie un proceso civil contra los ambientalistas, ya que afirman que no existe razones para que los ambientalistas enfrentes un nuevo proceso, cuando ya fueron exonerados de los delitos de manera penal.

«Para nosotros es un sin sentido que los hayan absuelto, no haya encontrado pruebas sobre la acusación penal de los compañeros y se abra esa posibilidad para que pueda haber un proceso civil en contra de ellos, sabemos que al no existir el delito o los delitos por los que se les acusaba es un sin sentido de que se abra la posibilidad de un proceso civil»
Alfredo Leiva, dirigente de ADES

La organización sostuvo que la repetición del juicio se trató de una persecución en contra de los ambientalistas de Santa Marta, quienes encabezaron la lucha en contra de la minería metálica en El Salvador.

Asimismo, los observadores internacionales que participaron en la vista pública declararon recientemente que no existían evidencias sólidas en contra de los acusados, y que las acusaciones eran vinculadas a una criminalización en contra de los defensores ambientales del país.

A pocas horas de conocerse el fallo del juicio en contra de los ambientalistas de Santa Marta, observadores internacionales que participaron en la vista pública declararon que no existen evidencias sólidas en contra de los acusados, y que se trata de una criminalización de defensores ambientales.

«En el juicio que yo observe con los demás, encontraron que la Fiscalía (General de la República) no había comprobado que había habido un crimen, mucho menos que los cinco (acusados) de Santa Marta lo había cometido», dijo vía videoconferencia una de las observadoras identificada como Yvette Borja.

El juicio repetido se realizó entre el 29 y 31 de julio de 2025, en San Salvador, donde los acusados Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio fueron procesados en calidad de ausentes por el delito de asesinato y agrupaciones ilícitas.

Según las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados son los responsables del asesinato de una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de la Resistencia Nacional. Durante el juicio, quedó pendiente a resolver si se les sumará una tercera acusación por privación de libertad.

De acuerdo con los observadores, el caso contra los cinco ambientalistas no es un hecho aislado, sino que se trata de un tema político en contra de la Ley de la Minería Metálica, ya que aseguraron que los líderes comunitarios, han sido reconocidos por su participación en la histórica lucha en contra de la minería en El Salvador.

«Los cinco (ambientalistas) no es que sean culpables de haber cometido el asesinato, pero de lo que si son responsables es de la prohibición histórica de la minería metálica en el país y esta persecución es un ejemplo de tratar de silenciar a los ambientalistas en El Salvador», expresó Borja.

Los observadores manifestaron que los ambientalistas acusados permanecieron ocho meses encarcelados, incomunicados de sus familias, y según testimonios, habrían enfrentado malos tratos durante la detención, como pasar una noche sin comida, pese a que algunos padecen enfermedades crónicas como diabetes.

En ese sentido, esperan que en el veredicto del Tribunal de San Vicente se absuelva de los cargos a los acusados, ya que sostienen que «no hay evidencia en contra de los ambientalistas acerca de esa muerte», dijo Bernie Hammond, de la Universidad de Western Ontario, en Canadá.

El Tribunal de Sentencia de San Vicente programó, para este 24 de septiembre, la lectura del fallo del caso Santa Marta, en el cual el Ministerio Público ha solicitado penas entre los 39 y 41 años de cárcel para los imputados.

Un proceso «prolongado e injusto»

Por su parte, Vidalina Morales, presidenta y dirigente de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES), calificó el proceso como “prolongado e injusto” no solo para los acusados, sino también para la comunidad de Santa Marta y el movimiento ambientalista salvadoreño, debido a que consideró que ha sido un «golpe a la resistencia antiminera en El Salvador».

«Lo que se vivió el año pasado en octubre fue una muestra de que hay jueces que todavía están apegados a la justicia y justo por eso los compañeros quedaron en libertad porque no encontraron prueba alguna para sostener ese caso que a todas luces desde que inició el proceso no tiene fundamentos, no tenía razón de ser, es un proceso prolongado e injusto para nuestros compañeros, para nuestra comunidad Santa Marta y para nuestra organización», expresó Morales

Asimismo, la vocera de la organización añadió que «estamos a la expectativa de que el fallo sea favorable y libere plenamente a nuestros compañeros”, pese a que manifestó su preocupación ante un posible fallo condenatorio, y señaló que el “panorama que vive El Salvador es tener un control totalmente absoluto” por parte del Gobierno, y que la lucha por los derechos humanos y ambientales continúa siendo “cuesta arriba”.

El 18 de octubre de 2024, el Tribunal de Sensuntepeque resolvió absolver a los ocho procesados del caso Santa Marta, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) apeló dicha resolución y la Cámara de la Segunda Sección de de Cojutepeque ordenó un nuevo juicio.

Los comerciantes del mercado Cuscatlán, ubicado en la intersección de la 25 avenida Sur y la calle Gerardo Barrios, en San Salvador tienen hasta el próximo domingo 28 de septiembre para desalojar sus puestos de trabajos, debido a labores de remodelación del edificio.

Según confirmaron vendedores a Diario El Mundo, la notificación oficial fue entregada el pasados viernes, cuando se les indicó que debían retirar sus negocios en un plazo de solo dos días, lo que generó inconformidad entre los afectados. Sin embargo, tras conversaciones con la administración del mercado, se concedió una prórroga para los locales de artículos varios, bazares y comida hasta el próximo jueves 25 de septiembre para retirar sus ventas.

«Nosotros llegamos hasta el jueves. Nos avisaron el viernes en la mañana que el desalojo porque como aquí se estan haciendo trabajos para remodelar, entonces el viernes nos avisaron que el desalojo era para el domingo pero luego se cambio».
Vendedora del mercado Cuscatlán.

La mujer que actualmente se ubica en el área de frutas y verduras aseguró que desde se inauguró el mercado, en diciembre de 2016, tenía su puesto de trabajo en el mismo lugar, por lo que lamentó que ya no puedan permanecer ahí y ahora deban moverse a un nuevo mercado.

«Son casi 10 años en un lugar donde ya no tiene posibilidades de regresar. ¿Sabe por qué es difícil? Porque si nosotros como vendedores no nos hubiéramos unido a hablar hubiéramos quedado en la calle y aquí hay personas de la tercera edad y si no hubiéramos hablado tal vez no nos hubieran podido reubicar», agregó.

Otra de las vendedoras de la zona, mencionó que con el cambio de local han comenzado a guardar sus productos y a notificar a clientes y proveedores sobre el cierre definitivo de su negocio en el mercado Cuscatlán, así como de su nuevo lugar de trabajo.

De acuerdo con los vendedores, algunos serán reubicados en el Mercado Modelo, que se ubica entre la calle Modelo y calle 15 de Septiembre, en la ciudad capital. No obstante, expresaron que los cambios implica trabajo adicional, ya que deben acondicionar los nuevos espacios, realizar labores de limpieza y pintura, además de reorganizar sus operaciones.

«Vamos a ir en estos días para empezar a limpiar los puestos y a pintarlos porque están bastantes descuidados», expresó la vendedora.

Con respecto al pago de arrendamiento, la comerciante de productos para el hogar dijo que el monto sería inferior, ya que en el mercado Cuscatlán cancelan alrededor de $47 y pasarían a pagar aproximadamente $30, en el caso de los negocios pequeños.

Entre algunos de los mercados municipales que fueron ofrecidos para la reubicación fueron el mercado de San Jacinto, el Excuartel y Tinetti, según manifestaron los vendedores. Con los cambios, esperan que sus ventas aumenten debido a que afirmaron que desde hace unos años la afluencia de personas disminuyó significativamente.

Los bares

Sin embargo, los bares enfrentan una situación más complicada. Según los encargados de los negocios ubicados en el tercer nivel, a diferencia de los otros comercios, no se les ofreció una alternativa de reubicación, por lo que deberán buscar nuevos espacios por su cuenta.

«Hasta el domingo nos han dado, y aquí uno se va o se va. A nosotros no nos dieron lugar así que toca buscar otro lugar fuera y eso sería invertir más solo para el alquiler del local».
Dueña de bar en el mercado Cuscatlán.

Uno de los empleados del lugar, dijo que si bien, el negocio puede cambiar de ubicación, para él implica gastos adicionales para el traslado debido a que el reside a pocos metros del mercado. «Yo vivo frente al mercado y caminando me venía y ahora tendría que viajar en bus y perder tiempo en el tráfico».

Los comerciantes del área de bebidas informaron que para el próximo domingo han organizado una “fiesta de despedida”, donde planean liquidar sus productos a sus clientes habituales antes del cierre definitivo.

Diario El Mundo realizó un recorrido por el lugar e identificó a personal con camisas del Ministerio de Obras Públicas realizar trabajos de intervención en diferentes puntos del mercado. Según los comerciantes, dichos trabajos iniciaron hace aproximadamente un mes, cuando aún se les dijo que podría regresar a los mismos lugares de trabajo.

Extraoficialmente, comerciantes dijeron que se les informó que en el edificio albergará próximamente comercios como Dollarcity, Súper Selectos, farmacias, clínicas, e incluso oficinas gubernamentales.

Por el momento, entre los negocios que hasta este martes siguen funcionando están la ventas de ropa, licuados, celulares, artículos de bazar, peluquerías, barberías, comida y bares.

La biblioteca municipal, también ubicada dentro del mercado, sin embargo, no ha recibido notificación de cierre y continuará operando normalmente, de acuerdo con personal del lugar. En caso de cambios, estos serían anunciados por la Secretaría de Cultura a través de sus redes sociales.

En marzo de 2025, se anunció a través de varios medios de comunicación que instalaciones del mercado Cuscatlán estaban en alquiler. En la oferta se dijo que las empresas pueden colocar en las instalaciones hasta 5,000 personas de call center y afirma que las instalaciones se encuentran en una «zona estratégicamente ubicada».

En el año 2018, el dueño del edificio del mercado Cuscatlán anunció que estaba en el alquiler sin notificarle a la alcaldía municipal, que en su momento era presidida por Ernesto Muyshondt. El mercado ha sido el foco de innumerables polémicas debido a las condiciones de renta del inmueble. Un empresario, pariente del expresidente Saca, es el dueño del edificio.

Un informe de la entonces Dirección de Desarrollo Municipal de la Alcaldía de San Salvador reveló que el Mercado trabajaba con un déficit superior a los $2 millones.

El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango ordenó, en un procedimiento abreviado, suspender por un periodo de tres años la licencia de conducir a un motorista del transporte colectivo de la ruta 41-D tras manejar en estado de ebriedad y causar un accidente vial.

De acuerdo con la información compartida en la cuenta de Centros Judiciales, el procesado fue identificado como Joel Alexander Gamero Cortez, de 22 años, quien fue acusado del delito de conducción peligrosa de vehículo automotor.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 13 de julio de 2025, en horas de la tarde, cuando Gamero Cortez conducía un autobús de la ruta 41-D, sin pasajeros, en las cercanías del túnel de la calle antigua a Tonacatepeque. Según las autoridades, el motorista provocó un accidente que únicamente dejó daños materiales.

Tras el percance vial, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron al imputado tras ser alertados del incidente. Al realizar las pruebas de alcoholemia, el Instituto de Medicina Legal determinó que el conductor del transporte colectivo presentaba 147 grados de alcohol en sangre, razón que impedía que manejará cualquier vehículo.

Durante la audiencia, la jueza ordenó que Gamero Cortez cumpla una condena de tres años de trabajo de utilidad pública, bajo la supervisión de un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena.

“Durante este período, el imputado no podrá conducir ningún vehículo ni renovar su licencia de manejo, en cumplimiento de las medidas impuestas a solicitud de la Fiscalía General de la República”, detalló Centros Judiciales.

La reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, aprobada en diciembre de 2024, prohíbe la circulación absoluta de conductores bajo cualquier nivel de consumo de alcohol estupefacientes.

Además, de enfrentar una detención que puede llevar a un proceso penal y condena de 2 a 5 años de prisión, así como perder su licencia por un año.

Del 1 de enero al 22 de septiembre de 2025, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial registra 1,557 conductores detenidos por conducción peligrosa. Una reducción de 129 casos con respecto al mismo periodo del año anterior, que equivale a una baja del 8 %.

El Salvador cuenta únicamente con 17 mamógrafos en funcionamiento a nivel nacional, de acuerdo con la más reciente Memoria de Labores del Ministerio de Salud (Minsal), que correspondiente al periodo de junio de 2024 a mayo de 2025.

«Actualmente, 17 mamógrafos se encuentran en funcionamiento en el país. Estas acciones han contribuido a revertir la tendencia en la tasa de mortalidad por cáncer, que pasó de 58.4 por 100,000 habitantes en 2021 a 57.5 en 2024», cita el informe de la Memoria de Labores de 2024- 2025.

Los mamógrafos son equipos especializados que se utilizan para realizar mamografías, un tipo de estudio radiológico que permite obtener imágenes detalladas del tejido mamario. Su principal función es detectar de forma temprana anomalías como masas que podrían estar relacionadas con el cáncer de mama.

La realización del exámen está indicada principalmente para mujeres de 40 años de edad en adelante, al menos una vez al año como método detección temprana de la enfermedad.

El informe detalla que, durante el último año, el Minsal reportó la ampliación de la cobertura de servicios de radiología e imágenes en 11 establecimientos estratégicos del territorio nacional, que permitió la atención de 4,553 pacientes a través de 8,972 proyecciones diagnósticas.

De igual forma, entre junio 2024 y mayo 2025, las autoridades de Salud señalaron que seis Centros Especializados para la Mujer brindaron servicios a 6,057 mujeres, a quienes se les practicaron mamografías, con una tasa de positividad del 0.5%. Según detallaron, en la zona occidental del país se llevaron a cabo 7,933 estudios, beneficiando a 1,953 mujeres.

El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte entre las mujeres salvadoreñas y la limitada disponibilidad de equipos puede representar un desafío significativo para el diagnóstico temprano de la enfermedad.

Exámenes

Por otra parte, la cartera de Salud indicó que el país se unió a la Iniciativa Global contra el Cáncer de Mama, impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este marco, se fortaleció la formación de 1,154 profesionales en técnicas de autoexploración y examen clínico de mama.

El informe destaca que también se realizaron 308,248 exámenes clínicos y 28,492 mamografías, tanto en hospitales como en unidades del primer nivel de atención.

Estas acciones han contribuido, según el Minsal, a reducir ligeramente la tasa de mortalidad por cáncer de mama, que pasó de 58.4 por cada 100,000 habitantes en 2021 a 57.5 en 2024, pese a la baja cantidad de aparatos para la detección oportuna de la enfermedad.

A su vez, agregó que en el fortalecimiento del sistema de imágenes médicas se incluyó la adquisición de nuevos equipos como rayos X digitales, tomógrafos, ultrasonidos, mamógrafos, fluoroscopia y resonancias magnéticas que fueron instaladas en los Hospitales Nacionales Zacamil, Rosales y San Juan de Dios de San Miguel, lo que incrementó la disponibilidad de resonadores de 2 a 6 en todo el país.

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuentes en las mujeres a nivel mundial y es una de las principales causas de muerte. Su diagnóstico temprano, mediante una mamografía y una autoexploración, es fundamental para mejorar su detección y reducir su mortalidad.

El Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de Ormusa señala que, hasta septiembre de 2024, se diagnosticaron 979 nuevos casos de cáncer, de los cuales 416 corresponden a cáncer de mama.

En octubre se conmemora el Día de la lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha que busca concientizar a la población, promover la detección temprana y reducir el impacto de esta enfermedad.