Autor: Dania Quehl

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) invertirá más de $85,000 para la compra de útiles escolares para beneficio de los hijos de los empleados del Órgano Judicial, para el año académico 2026, según la oferta de compra publicada en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

La licitación de compra se lanzó el pasado 30 de junio de 2025 y contempla la adquisición de un total de 3,680 paquetes escolares para los estudiantes desde parvularia hasta bachillerato.

El documento establece la compra de 443 paquetes de útiles escolares para parvularia con un costo unitario de $21.22, totalizando $9,400.46; 1,582 paquetes para primaria, a $19.32 cada uno, para un total de $30,564.24 y 1,655 paquetes para secundaria y bachillerato, con un valor unitario de $27.68, sumando $45,810.40.

El monto total de la inversión asciende a $85,775.10, que serán financiados con fondos del Gobierno, según lo detalla la oferta de compra.¿Qué llevará cada paquete?El documento de compra detalla que cada paquete de utensilios estará adaptado al nivel educativo correspondiente de los estudiantes. Para parvularia, cada paquete debe contener 27 artículos, entre los que se incluyen cuadernos rayados y cuadriculados, crayolas, lápices de colores, tijeras, sacapuntas, borrador, cinta adhesiva, estuche para lápices y pegamento.

Para el nivel de primaria señala que cada paquete debe tener cuadernos cuadriculados, rayados, de doble raya, juego de geometría, lápices de grafito, plumones, corrector liquido, tijeras metálicas, yardas de plástico, así como borradores, sacapuntas y bolígrafos de color rojo, azul y negro.

Mientras que los paquetes para secundaria y bachillerato, contendrán rayados y cuadriculados de espiral, estuche de geometría, plumones, lápices de colores, portaminas, sacapuntas, plumas de punta fina, corrector, tijeras y rollo de cinta adhesiva.

El documento también especifica que los paquetes se entregarán diferenciados por género, con base en el diseño de los cuadernos. De los 3,680 paquetes, 1,757 serán destinados a niñas y 1,923 a niños.

La Corte Suprema de Justicia indicó que la compra de útiles escolares para los hijos de sus trabajadores forma parte de las prestaciones sociales que la entidad otorga a los empleados judiciales y en cumplimiento al Contrato Colectivo de Trabajo.

En lo que va del año 2025, la CSJ ha publicado varias ofertas de compra, entre ellas, la adquisición de un seguro hospitalario y de vida para sus empleados y magistrados por $6.4 millones.

La compra de 4,572 vales de calzado para los empleados de la institución y del órgano judicial por $182,880 y otros $54,741 para la adquisición de calzado para el personal que realiza funciones de protección a funcionarios y magistrados y para realizar funciones operativas.

Asimismo, la oferta para la compra para suministros de medicamentos para abastecer las clínicas empresariales del órgano judicial, para este año, por un valor total de $231,101.97 y la compra de suministros de equipos médicos y de laboratorio para el Instituto de Medicina Legal por $628,259.47.

Y a estos se suman la compra de uniformes para los empleados del Órgano Judicial, correspondiente al año 2025, por más de $831,222.90, financiados con fondos del Estado.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador absolvió este viernes, 4 de julio, al exalcalde migueleño Wilfredo Salgado García del delito de difamación en perjuicio de la fundación Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos (Itexsal).

«El señor juez consideró a bien que soy una persona inocente de todos los cargos y me dejó prácticamente absuelto de todos los cargos, gracias a Dios y de la oración de un montón de personas», dijo el exalcalde de San Miguel, Will Salgado, a la salida del fallo por el juicio por el delito de difamación en contra de la Fundación Itexsal.

Nacionales | «Soy una persona inocente de todos los cargos», dijo el exalcalde de San Miguel, Will Salgado, a la salida del fallo por el juicio por el delito de difamación en contra de la Fundación Itexsal.

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— Diario El Mundo (@ElMundoSV) July 4, 2025

El abogado del exedil, Luis Felipe Sánchez señaló que el juez del tribunal tuvo a bien absolver del delito que se le atribuía.

“Como defensa técnica nos sentimos satisfechos, ya lo habíamos dicho desde un principio y reiteramos categóricamente que desde una perspectiva jurídica mi cliente era inocente”.
Luis Felipe Sánchez,
Abogado defensor de Will Salgado.

Asimismo, lamentó que el caso fue puesto bajo reserva, por lo que por el momento no se podrá conocer los detalles que la defensa desarrolló durante todo el proceso civil.

Por su parte, la abogada de la fundación Itexsal, María José Castro consideró que absolución del exalcalde se debió a un recurso de amparo interpuesto por la parte demandada en contra del tribunal, a lo cual dijo “hizo que el juez tuviera un cambio importante en el desarrollo del procesos”.

En ese sentido, indicó que analizarán sobre la posibilidad de presentar un recurso de apelación sobre la resolución emitida este viernes.

“Vamos a discutir y analizar para los recursos necesarios con respecto a la resolución que el juez ha considerado de que no se establecía los delitos con los videos que el señor Will Salgado había manifestado”.
María José Castro,
Abogada de fundación Itexsal

El caso
En septiembre de 2024, los abogados de la Fundación Itexsal presentaron una demanda en contra de Will Salgado, por el delito de difamación, por emitir presuntas declaraciones que ponen en duda el uso de los fondos estatales que recibe la fundación.

La fundación Itexsal demandó a Salgado por $3 millones, monto que Salgado declaró desde el inicio del proceso judicial que no tenía problema con pagar si perdía el caso.

El juicio se desarrolló a puertas cerradas de la prensa, debido a que el caso tiene reserva total y no está permitido brindar detalles de lo expuesto durante la diligencia.

En reiteradas ocasiones la defensa presentó una solicitud al tribunal para cambiar el proceso de reserva total a una reserva parcial, sin embargo, fue negada. Previo a la instalación del juicio, la defensa presentó una solicitud al tribunal para que se cambiará a una reserva parcial, sin embargo, fue negada.

El exalcalde migueleño reveló que actualmente enfrenta otras dos demandas, a las cuales no entró en detalles debido a que también tienen reserva, según manifestó Salgado.

Nacionales | María José Castro, abogada de la Fundación Itexsal manifestó que analizarán si apelan la decisión del Tribunal Primero de Sentencia, ya que consideran que habían pruebas que establecían la existencia del delito.

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— Diario El Mundo (@ElMundoSV) July 4, 2025

Durante el desarrollo del caso, la defensa del exedil presentó dos amparos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en contra del tribunal que conoce el caso y de la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección Centro, ante la negativa de incorporar la declaración de un perito financiero y contable, propuesto por la defensa.

El Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, de Chalatenango entrego formalmente, este jueves, la sentencia escrita que condena a tres altos exmilitares por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982, durante el conflicto armado de El Salvador.

«Este día la jueza ha entregado físicamente la sentencia, donde se contiene el resumen de los hechos que se conocieron, las pruebas y se consigna el veredicto del tribunal del jurado, el cual fue unánime», informó el abogado acusador, Gustavo Huezo.

El veredicto fue emitido el pasado 3 de junio por un jurado conformado por cinco personas, quienes de forma unánime encontraron culpables al excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, con sede en Chalatenango, coronel Mario Adalberto Reyes Mena; al exministro de Defensa, general José Guillermo García y al exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán y fueron sentenciados a 15 años de cárcel, cada uno.

El abogado Huezo indicó que a partir de la entrega del fallo escrito, la defensa tiene el derecho de apelar la sentencia, sin embargo, explicó que el veredicto del jurado es inapelable, por lo que de hacer uso de dicho recurso se podría considerar la reducción de pena.

«El veredicto del jurado no admite recurso, es decir, al jurado no se le puede pedir explicación de por qué tomó una decisión o por qué no la tomó. Entonces, eso no es que sea apelable, lo que es apelable y que la defensa tendrá su derecho, con base al principio de igualdad y derecho de igualdad que tiene es de interponer recurso podría ser, técnicamente podrían ellos interponer recurso del tema de la pena», dijo el abogado.

En ese sentido, enfatizó que la pena era de 15 años por cada una de las muertes, sumando 60 años de cárcel, no obstante, la jueza condenó a la pena mínima a los exmilitares por «razones humanitarias», por sus edades.

En el caso que la defensa decidiera apelar el veredicto del jurado, el abogado, argumentó que este podría ser válido si posterior a la resolución del juicio se comprueben «circunstancias» que validen la incompetencia del jurado, no obstante, sostiene que la selección del jurado se realizó de manera «muy transparente», donde la defensa tuvo la oportunidad de impugnar a los jurados que consideraban que no cumplían los requisitos y el procedimiento fue transparente.

«Entonces, nosotros como acusadores particulares consideramos particularmente que se debe mantener la sentencia, no vemos que exista algún motivo como para interponer recurso», afirmó el abogado Huezo.

Además de la pena de cárcel, el abogado señaló que el juzgado impuso una condena civil en abstracto, lo que habilita a los familiares de las víctimas a presentar demandas en la jurisdicción civil para cuantificar y reclamar indemnización por los daños sufridos.

Por su parte, el presidente de la fundación Comunicándonos, Óscar Pérez, expresó que haber logrado una condena por el asesinato de los cuatro periodistas holandeses se trato de una lucha contra la impunidad de los delitos de guerra.

«Esta entrega es un acto histórico porque es una sentencia que derrota la impunidad en El Salvador porque se ha condenado a tres altos mandos militares que dirigieron la guerra durante el conflicto pasado y en este sentido es un aviso muy importante contra la impunidad», manifestó Pérez.

Koos Koster, Hans ter Laag, Joop Willems y Jan Kuiper fueron asesinados el 17 de marzo de 1982, luego que fueran emboscados en Santa Rita, Chalatenango, por soldados del Batallón Atonal que salían de la Cuarta Brigada de Infantería, de El Paraíso, en el mismo departamento.

Fueron emboscados por dicha patrulla mientras documentaban el impacto de la guerra en El Salvador, como parte de su labor para una televisión holandesa.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que el mes de junio de 2025 se ubicó como el tercer junio más lluvioso desde 1971, con un acumulado de 400 milímetros de lluvia.

El resumen climatológico de la entidad señala que durante el pasado mes se registraron 478.2 milímetros de lluvia acumulados, lo que representa un 54 % más que el promedio histórico nacional de 310.7 para dicho mes.
«En junio 2025 llovió más de lo normal y se convirtió en el tercer junio más lluvioso desde 1971», destacó el Marn a través de una publicación en su cuenta de X.

Con respecto al sector con mayor registro de lluvias del mes, el Marn indicó que fue la estación Las Pilas, en Chalatenango, con 718.1 milímetros de lluvia acumulado.

El aumento de las precipitaciones en el último mes se debió a un conjunto de ondas tropicales y la interacción de sistemas de baja presión y la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) frente al Pacífico.

En las últimas dos semanas de junio, dichos fenómenos meteorológicos provocaron sobre la formación de lluvias y tormentas eléctricas que afectaron al territorio salvadoreño de manera indirecta y causaron la caída de cerca de 200 árboles, obstrucción de vías, deslizamientos, viviendas afectadas y evacuación de personas.

Adicionalmente, el 16 de junio, Protección Civil emitió una alerta verde por el incremento de las lluvias durante ese fin de semana por el paso de una onda tropical junto a baja presión y la ZCIT.

El inicio de la época lluviosa se oficializó a partir del 21 de mayo en las zonas centro, occidente y suroriente del país. Por su parte, la temperatura más baja se reportó el 12 de junio en Finca Los Andes, jurisdicción del departamento de Santa Ana.
Temperaturas
De igual forma, Medio Ambiente detalló en su resumen climatológico que el récord de temperatura máxima mensual fue de 30.2  grados Celsius en Los Naranjos, Sonsonate, el 21 de junio, mientras que el día más caluroso del mes fue el día 1 con 38  grados centígrados, en la estación Cuscatlán.

Según los registros recopilados por Diario El Mundo, a partir de los datos diarios del Marn sobre las temperaturas máximas, otros días con calor extremo durante junio fueron el día 6 con 37.4 grados Celsius, el 30 con 36.2 grados y el 2 de junio registró temperaturas máximas de 36 centígrados. Sin embargo, los días 15 y 23 de junio no se reportaron temperaturas máximas.

El Marm prevé que para el mes de julio se desarrolle el periodo de canícula, que se traduce a una reducción de las lluvias por debajo de lo normal donde se pueden desarrollar sequías meteorológicas.

Las autoridades pronostican que El Salvador dicho fenómeno inicie entre la segunda quincena de julio y los primeros días del próximo mes de agosto, con mayor influencia en las zonas de oriente y paracentral del país, así como en la franja costera y los alrededores del lago de Güija, en Santa Ana.

El Juzgado Tercero de Paz de Soyapango ordenó, en audiencia de imposición de medidas, la detención provisional para Jorge Efraín Vásquez Ibarra y Geovanny Pablo Gómez Milán, implicados en el asesinato de una menor de 14 años de edad, en la colonia 10 de Octubre, en Soyapango, San Salvador, el 1 de junio de 2025.

De acuerdo con la información compartida por la Fiscalía General de la República (FGR), Vázquez Ibarra está vinculado a la clica Montemaría Loco Salvatruchos, mientras que Gómez Miranda pertenece a la clica Abriles Dangerous Loco Salvatruchos, ambas de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Según la acusación, el 1 de junio de 2025, los imputados junto a tres adolescentes menores de edad llevaron a la víctima a un lugar desolado, donde le quitaron la vida con un arma blanca, «generando múltiples laceraciones».

El cuerpo de la menor de edad fue encontrado al día siguiente por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) en un predio baldío con una camiseta negra y un pantalón deportivo azul, según información extraoficial. Ese mismo día se reportó la captura de cuatro de cinco de los procesados.

En las capturas se identificó a Vásquez Ibarra y Gómez Milán, junto a Rodrigo Alejandro Meléndez Salvador y Mynor Giovanni Chicas López, estos dos últimos menores de edad, quienes el 19 de junio pasado enfrentaron audiencia en el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador por el delito de agrupaciones ilícitas y se decretó que siguieran en prisión.

Posteriormente, el día 24 del mismo mes, Meléndez Salvador y Chicas López junto a otra menor de edad que no fue identificada enfrentaron audiencia inicial por su presunta participación en el feminicidio de la adolescente, donde se ordenó que se mantengan en internamiento mientras se investigan los hechos, según informó Fiscalía.

«Ante eso, la representación fiscal cuenta con elementos probatorios, testimoniales, periciales y documentales en las que se pueda establecer la participación de cinco procesados y la existencia del delito», expuso el fiscal del caso.

Los imputados permanecerán en detención mientras continúan las investigaciones en su contra por el delito de homicidio agravado.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó este jueves que 11 personas fueron arrestadas y acusadas de presuntamente intentar reorganizar una pandilla en el departamento de Ahuachapán.

El ministro Villatoro publicó en sus redes sociales que entre los detenidos se encuentran tres menores de edad, quienes fueron identificados como Cristopher A., Anderson V. y Brandon S.

El resto de los capturados fueron identificados como Rafael Antonio Vanegas Girón, Sandra Yanira Castro, María Cecilia Cuellar, Daniel Alexander Chávez Núñez, Iván Leonel Rivera Martínez, Gabriela Beatriz Morán González, Luis Enrique Ramos Dávila y Mario Eduardo Ábrego García.

Según las acusaciones dichas por el ministro de Justicia, los detenidos pretendían reorganizar la pandilla 18 Sureños, en el occidente del territorio salvadoreño. Las capturas fueron ejecutadas por la Policía Nacional Civil (PNC) junto a elementos de la Fuerza Armada.

«La guerra contra las pandillas continúa hasta erradicar por completo este cáncer y sepan que cualquier intento de reorganizarse para seguir dañando a nuestra sociedad será neutralizado», manifestó Villatoro en la misma publicación de X.Otros casosEn los últimos días, las autoridades del Gabinete de Seguridad informaron sobre la detención de varios estudiantes, entre ellos menores de edad por presuntamente querer formar la pandilla «Raza estudiantil» al interior de cuatro centros educativos en San Salvador.

La última información revelada, señaló que se trataban de 48 jóvenes, entre ellos 14 menores de edad pertenecientes del Instituto General Francisco Menéndez (Inframen), Instituto Nacional Albert Camus, Instituto Nacional Técnico Industrial (Inti) y el Instituto Nacional Acción Cívica Militar.

Los jóvenes fueron detenidos el pasado 24 de junio y serán procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, así como relacionados a delitos sexuales, amenazas al cuerpo docente, conspiraciones para asesinar a policías y falsificación y alteración de monedas, según informaron las autoridades en una conferencia de prensa el 30 del mes pasado.

Los padres de familia de los detenidos llegaron a la Procuraduría General de la República (PGR) para obtener información de los jóvenes. En el lugar manifestaron que al menos tres de ellos ya no estudiaban al momento de las capturas.

Un colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) declaró en el juicio en contra del exfiscal general Luis Antonio Martínez González, que el exfuncionario en el año 2014 tuvo conocimiento sobre posibles actos de corrupción que involucraban a un exjuez y a dos exalcaldes, de los cuales no se tomaron acciones inmediatas para iniciar investigaciones.

El testigo, quien se desempeñaba como agente auxiliar en la Unidad de Delitos Financieros de la FGR, relató ante el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador que en ese año asistió a una reunión con jefes de unidades y el fiscal general para coordinar acciones en relación con una supuesta amenaza de muerte contra Martínez por parte del exdiputado Wilber Rivera Monge, quien era investigado por lavado de dinero.

Sin embargo, señaló que en la misma reunión se discutieron escuchas telefónicas en las que surgieron nombres de exfuncionarios supuestamente vinculados a actos de corrupción, entre ellos el exjuez Romeo Aurora Giammattei, la exalcaldesa de San Rafael Cedros, Dina Arévalo y el exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano.

Las grabaciones sugerían la comisión de delitos como cohecho y negociaciones ilícitas, detalló el testigo ante el tribunal. «En ellas había información de delitos de cohecho y negociaciones ilícitas», dijo el testigo.

En ese sentido, declaró que la información obtenida en las escuchas telefónicas que presuntamente involucraban a un exjuez y exalcaldes no fue redirigida al área competente de la Fiscalía, sino que primero debía haber una «instrucciones» por parte del fiscal general, situación que ocurrió hasta el año 2015, cuando los casos relacionados con corrupción fueron remitidos a la Unidad Especializada de Delitos contra la Corrupción.

Previo a la orden de traslado de la información, las investigaciones se mantenían bajo la unidad de lavado de dinero, según expuso el testigo.

A la salida del juicio, el exfiscal Luis Martínez afirmó que las escuchas telefónicas fueron utilizadas como herramienta legal dentro de una investigación que inicialmente abordaba amenazas en su contra.

«Como la misma ley dice las escuchas telefónicas es una de las herramientas de investigación y se desarrolló una compleja investigación inicialmente por una conspiración para atentar contra Luis Martínez, así se iniciaron y eso fue dando eventos que se fueron ampliando las investigaciones y por esas investigaciones a través de intervenciones telefónicas se han llevado varios casos incluido este mal llamado Rais-Martinez», manifestó el exfuncionario.

Y aseguró que los procedimientos se desarrollaron conforme a la ley. «Fue parte del trabajo que se realizó, trabajo hubo, investigación hubo, procesos hay, así que no pueden imputarse que infringimos alguna ley, si algo tenemos es que hemos tenido la conciencia moral bien calibrada desde que he desarrollado mi función como fiscal», concluyó.

El proceso judicial en contra del exfiscal Martínez continúa en desarrollo con las declaraciones de los testigos que forman parte de las pruebas presentadas por la Fiscalía en el caso.
El Ministerio Público ofertó al inicio de la vista pública 42 testigos, sin embargo, a la fecha se han prescindido de cinco, de los cuales uno fue por vínculo familiar con uno de los imputados.El casoLa Fiscalía General de la República acusa al exfiscal Martínez del delito de omisión de la investigación y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial. Según las investigaciones el exfuncionario favoreció de supuestas pruebas falsas que habría permitido en favor del empresario Enrique Rais, en acusaciones en contra del abogado Mario Calderón y su esposa Claudia Herrera.

Junto al exfiscal Martínez, se procesa al exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Arriaza González, a quien se le atribuye el delito de actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública y al abogado Francisco Grimaldi por el delito de fraude procesal en perjurio de la administración jurídica.

El caso Rais-Martínez data desde el año 2016, cuando el fiscal Martínez junto a otros dos imputados fueron procesados por «una estructura de asociación delictiva» para ocasionar daños a varias personas.

El juicio en contra del exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, en el caso denominado Rais-Martínez continuó el lunes con la declaración de testigos ofrecidos por la Fiscalía General de la República.

El abogado querellante, Mario Calderon, explicó que en la jornada del día se presentó el testimonio de Claudia Matria Herrera, su esposa y víctima a quien se le acusó del delito de amenazas en contra del empresario Enrique Rais.

«Se declararon hechos de que ella estaba recibiendo una persecución en septiembre de 2014 en la que otra persona la seguía un una motocicleta, el equipo de seguridad trataron de agarrar a esa persona y no pudieron agarrar para entregarlo a las autoridades. De ese hecho, ese hecho es que Enrique Rais y Hugo Rais partieron para denunciar la amenaza (en su contra) con agravación en especial, cuando en ningún momento lo ha detenido ella a Enrique Rais», expuso Calderón.

El abogado de la querella argumentó que el exfiscal había ordenado intervenciones telefónicas donde se identificaron los motivos para acusar a su esposa por el presunto delito de amenazas, del cual fue absuelta.

«Se hicieron intervenciones telefónicas, Luis Martínez ordenó esas intervenciones telefónicas porque él decía que había un complot para atentar contra su vida por parte de otras personas y en esas intervenciones telefónicas que fueron ordenadas por el mismo se captaron llamadas con un juez de paz y otrora persona donde se descubrió esa trama de la captura de ella y la fabricación del peritaje. Eso fue lo que utilizaron para armarle el caso de delitos contra amenazas», explicó.

Asimismo, se recibió la declaración de un segundo testigo, de quien se asegura fue víctima de otro proceso fraudulento por parte del exfiscal, donde se fabricaron peritajes psicológicos «a la medida» y en donde está involucrado Wilfredo Ernesto Gutiérrez Ayala.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exfuncionario del delito de omisión de la investigación y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial. Según las acusaciones Martinez favoreció de supuestas pruebas falsas que habría permitido en favor del empresario Enrique Rais, en acusaciones en contra del abogado Mario Calderón y su esposa Claudia Herrera.

La representación fiscal tiene previsto la declaración de 42 testigos que sustentarán las acusaciones en contra de los imputados. Desde la instalación de la vista pública, el pasado 16 de junio se han escuchado el testimonios de al menos 10 personas.

El caso Rais-Martínez data desde el año 2016, cuando el fiscal Martínez junto a otros dos imputados fueron procesados por «una estructura de asociación delictiva» para ocasionar daños a varias personas.

Junto al exfiscal Martínez, se procesa al exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Arriaza González, a quien se le atribuye el delito de actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública y al abogado Francisco Grimaldi por el delito de fraude procesal en perjurio de la administración jurídica.

En diciembre de 2024, la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro encontró culpable al exfiscal por enriquecimiento ilícito de $71,736.62. Mientras que en el año 2018 fue condenado a cinco años de cárcel por revelación de información privada en contra del sacerdote Antonio Rodríguez, conocido como «Padre Toño».

El número de detenidos acusados de pertenecer a la «Raza Estudiantil» subió a 48, según las últimas actualizaciones del Gabinete de Seguridad.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, señaló que las autoridades realizaron la intervención de los jóvenes en centros educativos del país que buscaban retomar actividades pandilleril, que se formó desde años pasados.

El ministro detalló que son 34 mayores de edad y 14 menores que tenían cargos establecidos dentro la estructura. «El 70% son mayores de edad», indicó Villatoro.

«La investigación lo que refleja es una conducta típica y característica de una pandilla donde tienen niveles jerárquicos y aparte de los niveles jerárquicos tienen una actividad definida que era la venta de droga».
Gustavo Villatoro,
Ministro de Seguridad.

El pasado 24 de junio, la Fiscalía giró órdenes de captura y se ejecutaron en cuatro centros educativos: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Instituto Nacional Albert Camus, Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI), y el Instituto Nacional Acción Cívica Militar, según un comunicado de la institución.
¿De qué los acusarán?El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó que los jóvenes capturados serán procesados por los delitos de agrupaciones ilícitas, así como relacionados a delitos sexuales, amenazas al cuerpo docente, conspiraciones para asesinar a policías y falsificación y alteración de monedas.

Las autoridades sostuvieron que previo a las reformas, las leyes protegían a los menores que delinquían. «Habían leyes con intención que el Estado fracasara cuando se enfrentara con menores», indicó el ministro Villatoro.

«Tienen que entender que vamos a llegar a la complejidad en las leyes y en las acciones que necesitamos para salir adelante», añadió Villatoro.

«Tenemos casos lamentables en los cuales, estas personas que están actualmente acusadas, introducían alumnas al interior de servicios sanitarios de los centros educativos, con la intención de abusar sexualmente de ellas, mientras otros se encargaban simplemente de alejar al cuerpo docente o de alejar a compañeros que querían auxiliarlas».
Rodolfo Delgado,
Fiscal general.

Por último, sugirieron a los padres de familia y cuerpo docente a «hacer un serio examen de conciencia».

«Todas estas situaciones son las que se están dando y son las situaciones que estas personas estaban provocando al interior de los centros educativos. Creo que los padres y los maestros o las personas que están encargadas en la crianza de estos adolescentes deben hacer un serio examen de conciencia», agregó el fiscal.

La vocería de prensa fue convocada por el gabinete de Seguridad y no se permitieron preguntas de los periodistas.

Los jóvenes fueron detenidos el pasado 24 junio y el siguiente día, un grupo de padres de familia llegaron a la Procuraduría General de la República donde los jóvenes pudieron hablar con ellos, realizar un chequeo de salud y ser enviados a centros de detención.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la transformación del Centro Judicial Integrado de Soyapango en un Centro Judicial especializado contra el Crimen Organizado, como parte de una estrategia para mejorar la eficiencia del sistema judicial y optimizar el uso de los recursos institucionales.

El acuerdo fue aprobado con 14 votos a favor durante la sesión de Corte Plena celebrada el 22 de abril de 2025, según consta en el Acta Nº 29 e informa que la nueva sede albergará a los Tribunales Primero al Sexto contra el Crimen Organizado, además de otras sedes judiciales.

De acuerdo con el acta, la propuesta fue discutida previamente en la Comisión de Jueces y tiene como objetivo principal descongestionar los tribunales que actualmente conocen casos de crimen organizado, ayudando a reducir la alta carga laboral que enfrentan.

Durante la sesión, el magistrado Quinteros advirtió que actualmente varios juzgados operan en «condiciones de hacinamiento», por lo que el traslado permitiría implementar un «modelo de gestión centralizado» y un uso más eficiente de los espacios judiciales.

«Hay espacios en el Centro Judicial Isidro Menéndez (en San Salvador) que son compartidos entre diferentes tribunales lo cual no genera un clima laboral óptimo», se lee en el acta publicada por la CSJ.

El magistrado también aseguró que la prestación de servicios judiciales no se verá afectada, ya que los cuatro Juzgados de Paz y de Familia seguirán funcionando en Soyapango. Además, explicó que el reordenamiento territorial permite realizar este tipo de «movimientos estratégicos» sin afectar la atención a los usuarios.

Con la transformación, se prevé que el edificio de Soyapango sea utilizado «prácticamente» el 100 % de su capacidad. Sin embargo, no se mencionó fecha de inicio.

Los magistrados revelaron que en San Salvador se concentra el 64.1 % de la carga contra el crimen organizado y 58.1 % con base a imputados por este tipo de delitos, por lo que el volumen de trabajo hace necesaria dicha reestructuración.

En contraste, señalaron que los Juzgados de Familia en Soyapango manejan en promedio 62 casos al mes, lo que permite la reorganización sin perjudicar otros servicios.

Con la distribución en el Centro Judicial de Soyapango, los magistrados indicaron que se trasladarían 259 personas de los seis Tribunales contra el Crimen Organizado, más 93 personas que son practicantes y meritorios.

Además se acordó que los juzgados que permanecerán en el edificio de Soyapango estarán ubicados en el primer nivel, como parte del reordenamiento interno, y se llevarán a cabo campañas de divulgación para informar a la población sobre los cambios.

Sumado a la reubicación física, el proyecto incluye avances tecnológicos como la implementación del expediente digital, con miras a eliminar el uso de papel y hacer más eficiente el proceso judicial, según explicó el magistrado Marroquín Martínez.

De igual forma, se sugirió la construcción de una nueva «Cámara Gesell» en el Centro Judicial Isidro Menéndez, las cuales son diseñadas para la toma de entrevistas o declaraciones de víctimas o testigos.