Autor: Dania Quehl

Los jueces del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador concluyeron en el juicio en contra de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano que durante su gestión favoreció a su asesor Ricardo Roque Baires, quien era el representante legal de la empresa Lex Support, para la recuperación de mora que enfrentaba la comuna.

Según el fallo, se comprobó que Baires fue presentado como colaborador y asesor de la alcaldía en una reunión realizada en un hotel de San Salvador en abril de 2021 y a partir de ese momento, comenzó a asistir frecuentemente a la comuna, participó en sesiones del concejo municipal y emitir opiniones jurídicas, a pesar de no contar con un contrato formal que lo acreditara como empleado de la alcaldía de Soyapango.

«Es cierto que Baires no tenía ningún contrato legal que lo ligara como empleado de la alcaldía pero sí de forma de hecho y opinaba en las reuniones del concejo y participaba como asesor de la exalcaldesa por su amistad», dijo el Tribunal.

Las pruebas determinaron que la presencia del abogado en las sesiones del concejo fue influyente para la contratación de Lex Support, la empresa encargada de recuperar la mora tributaria del municipio.

Dicha contratación fue realizada en abril de 2022 y fue firmada directamente por la exalcaldesa Montano, con aprobación previa del concejo municipal. Durante el juicio se mencionó que Montano y Baires mantenían un vínculo de confianza y amistad desde abril de 2021.

«Ese vínculo de amistad que mantenía él con la exalcaldesa de alguna manera lo vincula, tal situación que ellos dos sabiendo la situación firman el contrato», manifestaron los jueces.

Durante el proceso, se evidenció que la alcaldía ya contaba con un departamento encargado de la recuperación de la mora. Sin embargo, se optó por contratar a Lex Support, que terminó recibiendo un pago de $157,530.12, equivalente al 24.97 % de los $867,499.96 que se lograron recuperar. En contraste, se dijo de otra empresa contratada para una tarea similar, la cual solo recibió un 15 % de comisión.

Los testimonios presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) señalaron que la exalcaldesa de Soyapango presionaba a los concejales para que votaran a favor de las propuestas discutidas en presencia de Ricardo Baires.

Según los testigos, Montano advertía que, de no aprobarse dichas propuestas, reportaría a los concejales ante el partido y promovería su destitución.

Contratación de familiar

Además, el 1 de mayo de 2022, la alcaldía contrató a Ramiro Baires, hermano de Ricardo, como jefe de Transporte y Operaciones. El contrato fue presentado como prueba adicional del vínculo entre Baires y la gestión de Montano.

En ese sentido los jueces concluyeron que «si ve de las negociaciones ilícitas porque de alguna manera se favorece a esta persona con darle ese contrato y más aún que el interés de diferencia que hay con la otra contratación es de 24.97% que es mayor que otros».

Para el abogado de la exedil, Miguel Ángel Cárcamó un vínculo de amistad entre la exfuncionaria y el acusado Baires no es «una causal de delito» y que no debe ser razón para una condena.

«El vínculo de amistad no es un tipo de causal del delito, específicamente el tipo penal que el vínculo de amistad va a ser considerado para establecer una condena, por eso es que estamos en desacuerdo», sostuvo Cárcamo.

El Tribunal condenó a 4 años a Montano por el delito de negociaciones ilícitas en calidad de autora y el abogado Baires 2 años y ocho meses por el mismo delito en calidad de cómplice necesario.

La defensa de la exalcaldesa ha anunciado que apelará la condena.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) ampliar la investigación en contra de exconcejales de la alcaldía de Soyapango durante la gestión de Nercy Montano por el caso de incumplimiento de deberes en el pago de salarios a los trabajadores.

Durante la lectura del fallo, el Tribunal condenó a la exalcaldesa Montano a 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes en el pago de salario de los empleados de la comuna y por negociaciones ilícitas tras favorecer contrataciones.

El Tribunal determinó que Montano incumplió sus deberes al no garantizar el pago puntual a los empleados, mientras paralelamente se incrementaron los fondos para las fiestas patronales que la comuna celebra en los meses de octubre. Sin embargo, aclaró que no eran decisiones individuales de la exedil, sino junto al concejo municipal.

Pruebas periciales demostraron que en diciembre de 2021 el concejo municipal de la alcaldía de Soyapango aprobó $300,000 para los gastos de fiestas patronales, pero en agosto de 2022 se autorizó un aumento de $400,000 a los fondos para las festividades, quedando un total de $700,000.

«Cómo es posible que había problemas de falta de liquidez para pagar salarios y cómo es posible que el concejo municipal apruebe aumentar el presupuesto de las fiestas patronales, cómo es que no prioricen el salario de los trabajadores», criticaron los jueces.

Ante ello, el Tribunal cuestionó fuertemente a la Fiscalía por una corta investigación y les señaló que las aprobaciones ocurrían por concejo. «Desconoce este tribunal por qué la
Fiscalía no acusó a más personas, porque quien aprueba es el concejo municipal. Desconoce el tribunal porque la fiscalía se quedó tan corta en esta investigación», señalaron.

El Tribunal consideró que «no había un control rígido», pero no se demostró de donde salió el dinero para aumentar el presupuesto de las fiestas.

«Desconoce este Tribunal de dónde sacaron el dinero para las fiestas patronales pero no hay registro que se modificaran los salarios para aumentar los fondos para fiestas patronales», argumentaron los jueces.

En ese sentido, los jueces del Tribunal afirmaron que la Fiscalía «tiene la obligación de buscar responsabilidad», no solamente en contra de la exalcaldesa sino también contra los exconcejales que avalaron con sus votos el aumento al presupuesto de las fiestas patronales.

Las acusaciones señalaron que los impagos de los empleados de la alcaldía ocurrieron entre los meses de septiembre y diciembre del año de 2022, provocando protestas de los empleados.

La exedil fue absuelta de los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, malversación, e infracción de condiciones laborales o de seguridad social, debido a que se comprobó que en la municipalidad había una falta de liquidez para la cancelación de los salarios, situación que impidió que se realizarán los pagos correspondientes a los trabajadores.

Otra investigación

Por otra parte, el Tribunal también se refirió a la declaración de un perito con respecto a la firma de un documento que se le atribuía al abogado Ricardo Roque Baires, implicado en el mismo caso.

Según se explicó durante el juicio se tomó la declaración de un notario y un perito quienes revisaron una carta jurada con la supuesta firma del Roque Baires, el primero dijo que en efecto se trataba de la firma del ahora condenado, mientras que el perito dijo que no era del abogado.

«Este tribunal ha dado credibilidad al perito, no obstante Fiscalía extrañamente intenta desacreditar al perito bajo argumentos que si conoce las firmas y él examina la firma estampada y llega a la conclusión que no es la misma, pero el notario dice que no», explicaron los jueces.

En ese sentido, manifestaron que «hay un problema y esto no puede quedar si como que no nos interesa, para los juicios y para levantar justicia también debemos buscar la responsabilidad».

«En ese orden de ideas, la Fiscalía debería abrir un expediente tanto por el caso de falso testimonio de parte del notario y que realice una investigación también en las áreas administrativas porque no es posible que ante los ojos del tribunal que busca encontrar objetividad y la verdad se venga a falsear. La Fiscalía tiene esas tareas, esperemos que no pase inadvertido», informó el Tribunal.

Roque Baires fue condenado a dos años y ocho meses por negociaciones ilícitas y tres años por falsedad ideológica, además de una condena de responsabilidad civil en abstracto. Sin embargo, la pena fue sustituida por trabajos de utilidad pública.

La defensa de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano, informó que apelará el fallo del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, que la condenó a 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas.

«Esta defensa técnica tiene total respeto por la decisión del tribunal, pero estamos en desacuerdo y este proceso no ha finalizado aquí, solamente finalizó el juicio y se nos habilita la segunda etapa, una segunda instancia donde un tribunal superior va a analizar esa sentencia con base al recurso que vamos a presentar», indicó el abogado Miguel Ángel Cárcamo, quien representa a la exalcaldesa.

Nercy Montano fue condenada a seis años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes y cuatro más por negociaciones ilícitas.

Los jueces que integran el referido Tribunal explicaron que con respecto al delito de incumplimientos de deberes, la exfuncionaria ostentaba el mayor cargo dentro de la comuna de Soyapango, por lo que era la responsable legal de gestionar la municipalidad.

En el caso del delito de negociaciones ilícitas, el Tribunal dijo que hubo una acción de responsabilidad en calidad de autora, ya que se comprobó que Nercy Montano favoreció a la contratación de la empresa Lex Support, donde el condenado Ricardo Roque Baires era el representante legal para la recuperación de la mora que enfrentaba la comuna.

En los argumentos se mencionó que dichos beneficios a favor de Roque Baires se debieron a un vínculo de amistad entre los dos condenados.

Ante ello, el abogado Cárcamó consideró que un vínculo de amistad entre la exfuncionaria y el acusado Baires no es «una causal de delito» y que no debe ser razón para una condena.

«El vínculo de amistad no es un tipo de causal del delito, específicamente el tipo penal que el vínculo de amistad va a ser considerado para establecer una condena, por eso es que estamos en desacuerdo», agregó Cárcamo.

Cargos absueltos

La exedil fue absuelta de los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, malversación, e infracción de condiciones laborales o de seguridad social, debido a que se comprobó que en la municipalidad había una falta de liquidez para la cancelación de los salarios, situación que impidió que se realizarán los pagos correspondientes a los trabajadores.

Además, enfatizaron que Montabo no era la única responsable en la toma de decisiones, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) tuvo que haber implicado en las investigaciones y posibles acusaciones a los miembros del concejo.

«Desconoce este tribunal por qué la Fiscalía no acusó a más personas, porque quien aprueba es el concejo municipal. Desconoce el tribunal porque la Fiscalía se quedó tan corta en esta investigación», señalaron los jueces.

Las acusaciones señalaron que los impagos de los empleados de la alcaldía ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2022, provocando protestas de trabajadores sindicalizados.

Las persistentes lluvias registradas sobre el territorio salvadoreño durante los últimos 10 días han provocado la caída de más de 190 árboles, según el último reporte brindado por el director de Protección Civil, Luis Amaya.

De acuerdo con Amaya, entre el 16 y 26 de junio de 2025, se contabilizaron un total de 192 árboles caídos en diferentes puntos del país, de los cuales señaló que varios fueron de gran tamaño por lo que requirieron la intervención de varias instituciones del Estado.

En las últimas horas, Protección Civil reportó la intervención de un árbol caído en los edificios 400, en el distrito de Mejicanos, San Salvador, así como la caída de otro árbol sobre un paso peatonal sobre la avenida Dr. José Antonio Rodríguez Porth, siempre en la ciudad capital.

Otras de las atenciones dadas fue la remoción de escombros de un árbol que cayó sobre tres vehículos estacionados en el cantón El Sitio, del municipio de San Miguel, la noche del miércoles. Las autoridades de dicha entidad aseguraron que en el incidente no se reportaron personas lesionadas y sólo dejó daños materiales.

El director de Protección Civil destacó que para la atención de este tipo de emergencias se ha activado a los equipos que conforman la institución y trabajar de la mano con empresas de distribución eléctrica, que han participado en acciones de prevención de riesgos.

Por otra parte, en los últimos diez días la entidad reportó 176 vías obstruidas, de las cuales Amaya dijo que la mayoría ya han sido habilitadas, a excepción del puente de Villa Lourdes que colapsó el pasado 17 de junio, así como, 31 deslizamientos y derrumbes, 11 vehículos afectados, cinco muros perimetrales colapsados y dos desbordamientos de ríos.

De este último, el funcionario expresó que los desbordamientos muchas veces se dan por obstrucción del cauce, por lo que el agua tiene buscar otro camino, sin embargo, sostuvo que «no hemos tenido situación extremadamente crítica».

El director de Protección Civil recordó que las lluvias se deben al paso de una onda tropical, la cual podría seguir afectando el territorio hasta el fin de semana. «No hemos visto la necesidad de incrementar la alerta verde a amarilla pero es importante recordarle a la población», sostuvo.

Asimismo, recomendó a las familias preparar una mochila de emergencia que incluya documentos personales, artículos de higiene, medicamentos y linternas, que son insumos esenciales durante emergencias.

La Dirección General de Protección Civil informó este viernes que mantiene activos tres albergues en los departamentos de San Salvador y La Libertad que dan resguardo temporal a 66 personas pertenecientes a 26 familias, como parte de las medidas de prevención ante las recientes lluvias.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, señaló que las últimas precipitaciones sobre el territorio salvadoreño han sido constantes durante toda la noche se deben al paso de una onda tropical que no se ha registrado una «situación crítica» que genere la ocurrencia de inundaciones urbanas severas en la zona metropolitana o costera.

«Aunque hemos tenido lluvias toda la noche, aunque ha llovido toda la noche no ha sido o no ha llegado a una cantidad de lluvia tan crítica como para generar inundaciones urbanas, para generar algún tipo de situación crítica en la zona metropolitana o costera», explicó Amaya en la entrevista matutina de canal 10.

Los tres refugios habilitados actualmente se encuentran en el Complejo Educativo Chapupo Rodríguez y la Casa Comunal 10 de Octubre, ambos en San Salvador; además en el Salón de Usos Múltiples en Colón, La Libertad, donde permanecen habitantes del Barrio La Vega, ubicado en dicho distrito.

El director de Protección Civil agregó que uno de los principales incidentes se registró en el distrito de Apopa, donde fue necesario evacuar a varias familias y trasladarlas a un albergue para su debida protección.

En total, la institución cuenta con 180 albergues habilitados y equipados para la atención de las personas que requieran atención por las lluvias u otra emergencia.

El funcionario advirtió que la duración de las precipitaciones constituye un riesgo en sí misma, «a veces no es tanta la cantidad de lluvia que precipita en un momento determinado, sino el tiempo que está persiste», por lo que se debe de dar seguimiento a los reportes meteorológicos.

Entre el 16 y el 26 de junio, Protección Civil ha reportado 40 viviendas anegadas, 28 con daños leves y dos con daños mayores. Además, de dos personas lesionadas y una fallecida, que se trató de un hombre que intentó cruzar un río crecido en estado de ebriedad y fue arrastrado por la corriente.

Las lluvias, provocadas por el paso de una onda tropical, podrían continuar afectando el país hasta el fin de semana, destacó Amaya, por lo que las autoridades se mantienen en alerta en todo el territorio.

«No hemos visto la necesidad de incrementar la alerta de verde a amarilla, pero es importante recordarle a la población que no se arriesgue cruzando ríos o quebradas. La prevención es clave», subrayó Amaya.

El funcionario hizo el llamado a la población a acatar las indicaciones de las autoridades ante el posible aumento de lluvias y a evitar intentar cruzar ríos, quebradas o zonas anegadas, que pueden causar el arrastre de personas.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para el próximo 4 de julio a las 2:00 de la tarde la lectura del fallo del juicio en contra del exalcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado García, acusado de difamación en perjuicio de la fundación Instituto Técnico de Exalumnos Salesianos (Itexsal).

La vista pública se instaló el pasado 24 de junio ante el referido tribunal y durante los siguientes días se presentó la declaración de los testigos ofertados para la diligencia. La abogada de la fundación Itexsal, María José Castro, mencionó que se ofertaron un total de 47 testigos, sin embargo, solo pasaron a declarar siete, debido a que «ya habíamos ilustrado todo lo que necesitábamos ilustrar».

«Finalizó por completo la audiencia, vamos totalmente positivos del desarrollo de la misma, se hizo todo el descargo de la prueba de cargo, no así de la defensa porque no había ninguna oferta y creo que vamos satisfechos», declaró Castro a la salida del juicio.

La abogada de Itexsal afirmó que se ratificó la petición de la fundación, que de ser hallado responsable del delito de difamación, el exalclalde Will Salgado deberá pagarle $3 millones a la Fundación Itexsal.

Por su parte, el abogado de exedil, Luis Felipe Sánchez argumentó que intentaron presentar pruebas de descargo, no obstante, no fueron admitidos por el tribunal pero manifestó que las mismas pruebas presentadas en el juicio jugaron un punto a favor de su cliente, por lo que espera un fallo a favor.

«Todas, absolutamente todas (las pruebas) se convirtió en prueba de descargó a favor, entonces desde un punto de vista legal estamos a la expectativa que se resuelva sobre la base del derecho y lo que es justo», dijo el abogado Sánchez y añadió que «a nuestro criterio no se configura el delito».

El exalcalde de San Miguel, Wilfredo Salgado, es acusado de difamación en perjuicio de la Fundación Itexsal por declaraciones que hizo dónde pondría en duda el uso de los fondos estatales que recibe la institución.

«Yo siempre lo he dicho, lo reitero y lo voy a repetir hasta el cansancio, yo no he dicho nada que no sea cierto, todo lo que dije ha salido en los medios de comunicación, aquí todo mundo sabe quién es el dueño del colegio, quién es el dueño de la fundación, hay una canción que dice: ‘Lo sabe, lo sabe, todo El Salvador lo sabe’ y espero que el señor juez lo sepa, ya sería el colmo que el señor juez no lo sepa», dijo el exalcalde Will Salgado, al salir del juicio.

En septiembre de 2024, los abogados de la Fundación Itexsal presentaron una demanda en contra de Will Salgado, por el delito de difamación, por emitir presuntas declaraciones que ponen en duda el uso de los fondos estatales que recibe la fundación.

El juicio se desarrolló a puertas cerradas de la prensa, debido a que el caso tiene reserva total y no está permitido brindar detalles de lo expuesto durante la diligencia. Previo a la instalación del juicio, la defensa presentó una solicitud al tribunal para que se cambiará a una reserva parcial, sin embargo, fue negada.

De igual forma, la defensa del exedil presentó dos amparos ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en contra del tribunal que conoce el caso y de la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección Centro, ante la negativa de incorporar la declaración de un perito financiero y contable, propuesto por la defensa. Sin embargo, hasta la fecha el Órgano Judicial no emite respuesta.

El Tribunal Quinto de Sentencia de Salvador condenó este jueves a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano por delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas.

La exedil fue condenada a seis años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes y cuatro más por negociaciones ilícitas.

«Cómo es posible que había problemas de falta de liquidez para pagar salarios y cómo es posible que el concejo municipal aprueba aumentar el presupuesto de las fiestas patronales, cómo es que no prioricen el salario de los trabajadores».
Tribunal en su fallo dado el mediodía de este jueves.

Aunque inicialmente la Fiscalía General había acusado también a la exedil del delito de apropiación o retención de cuotas laborales, malversación, e infracción de condiciones laborales o de seguridad social, sin embargo, el tribunal la absolvió.

«Desconoce este tribunal de dónde sacaron el dinero para las fiestas patronales pero no hay registro que se modificaran los salarios para aumentar los fondos para fiestas patronales», concluyó el tribunal.

El tribunal cuestionó fuertemente a la Fiscalía por una corta investigación y les señaló que las aprobaciones ocurrían por concejo. «Desconoce este tribunal por que la Fiscalía no acusó a más personas, porque quien aprueba es el concejo municipal. Desconoce el tribunal porque fiscalía se quedó tan corta en esta investigación», señalaron los jueces.

En el caso también fue procesado el abogado Ricardo Roque Baires, a quien fue sentenciado a dos años y ocho meses por negociaciones ilícitas y tres años por falsedad ideológica, además de una condena de responsabilidad civil en abstracto.

A ellos se agregan en calidad de ausente la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano; el exdirector de asuntos estratégicos, Salvador Orlando Montano Méndez y el exgerente financiero, Francisco Antonio Henríquez Molina, por cargos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación y actos arbitrarios; sin embargo, el tribunal desestimó los cargos en contra de los últimos tres, debido a que no eran los encargados de solventar la situación financiera de la comuna.

Ante ello, se ordenará oficios para dejar sin efectos la detención provisional para los tres procesados absueltos.

El proceso

En un inicio la Fiscalía solicitó 26 años de cárcel para la exalcaldesa de Soyapango por malversar fondos que estaban destinados a proyectos en beneficio de la población.

Las acusaciones señalaron que los impagos de los empleados de la alcaldía ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2022, provocando protestas de trabajadores sindicalizados.

Previo al fallo, el abogado defensor de Montano, Miguel Cárcamo, aseguró que durante el juicio se demostró que la situación financiera de la alcaldía de Soyapango «no fue responsabilidad de la exalcaldesa» sino a una «crisis generada por el concejo de esa fecha».

Montano fue capturada el 28 de diciembre de 2023, dentro de la comuna, luego de varios días de protestas por parte de los sindicatos que exigían el pago de salarios, bonos y aguinaldos atrasados.

Durante el juicio, un exconcejal de la comuna declaró que Montano hacía gastos excesivos como la contratación sin justificación de personal y el elevado monto aprobado para las festividades.

Las organizaciones Foro del Agua y Reverdes presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de hábeas corpus en favor del abogado de dicha organización, Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez, acusados en el caso de la Cooperativa El Bosque.

La abogada de Reverdes, Dalila González, informó en un video publicado a través de la cuenta de X de la organización que dicho recurso se presentó el pasado 23 de junio, el cual tiene como propósito denunciar la violacion al derecho de la libertad ambulatoria, que según manifestaron «esta fuera de los marcos de la legalidad y de la Constitución». «Este mecanismo constitucional tiene como objeto revisar detenciones arbitrarias e ilegales para proteger este derecho tan fundamental como la libertad y la integridad personal.

En ese sentido, estamos argumentando que la detención de nuestros compañeros son arbitrarias e ilegales porque la jueza no cumplió con dos requisitos mínimos para decretar detención provisional», dijo González. Según argumentó, la jueza del Primero de Paz de Santa Tecla, omite demostrar «la apariencia de un buen derecho» y el «riesgo de fuga», que son importantes a considerar para decretar una detención. «En este caso ni siquiera hay elementos, ni señales mínimas que indiquen la existencia de un delito, lo que sí tenemos son elementos que reconfirman la inocencia de nuestros compañeros.

Tampoco la jueza acreditó el peligro de fuga haciendo una incorrecta valoración de los arraigos presentados por la defensa», explicó la abogada y militante de Reverdes.

En ese sentido, las organizacion piden a la Sala de lo Constitucional que se decrete un auto de exhibición personal a favor de Ángel Pérez y Alejandro Henriquez por haberse vulnerado el derecho a la libertad personal al estar bajo detención en el centro penitenciario La Esperanza, conocido como «Mariona». Además que se dicten medidas cautelares sustitutivas a la detención provisional.

La Fiscalía acusó a Pérez y a Henríquez de los delitos de resistencia agresiva y desórdenes públicos en calidad de coautores en perjuicio de la paz pública. Según el planteamiento de la representación fiscal, los imputados tenían la intención de ingresar a la Residencial Los Sueños, donde vive el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Ambos procesados enfrentaron el 30 de mayo de 2025 la audiencia inicial ante el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, donde se ordenó detención provisional y que el caso pase a fase de instrucción, donde seguirá la investigación en su contra.

El pasado 16 de junio, la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, rechazó el recurso de apelación presentado por los abogados defensores del Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, bajo el argumento que la audiencia inicial era todavía temprana para hacer valer las solicitudes de diligencias de la defensa, y que para eso se tenía la etapa de instrucción Ángel Pérez fue detenido el 12 de mayo mientras participaba en un plantón frente al centro comercial Las Piletas y de la Residencial Los Sueños, para pedir ayuda al presidente a cancelar una orden de desalojo dirigida para 300 habitantes de la comunidad.

Posteriormente se reportó la captura del abogado Alejandro Henríquez en las afueras de las instalaciones de la organización para la que laboraba, en la colonia Miramonte de San Salvador.

Las lluvias que azotaron al territorio salvadoreño en las últimas horas provocaron la caída de árbol sobre tres vehículos estacionados en el cantón El Sitio, del municipio de San Miguel, informó la Dirección General de Protección Civil.

En su cuenta de X, las autoridades de dicha entidad aseguraron que en el incidente no se reportaron personas lesionadas y sólo dejó daños materiales.

Personal del Equipo Táctico Operativo se desplazó al lugar para realizar labores de remoción de escombros con el fin de liberar la vía obstruida.

La emergencia de San Miguel se suma a otros incidentes registrados en diferentes puntos del país. En la colonia Los Nogales, en San Salvador un árbol cayó sobre una vivienda, causando daños en el techo del hogar. El equipo de Protección Civil Municipal de la alcaldía de San Salvador Centro informó que no se reportaron víctimas, solo daños materiales.

En la calle antigua a Montserrat, jurisdicción de la ciudad capital, personal de la Dirección de Desechos Sólidos realizó labores de desagüe de tragantes obstruidos con el fin de evitar inundaciones.

Asimismo, equipos de Protección Civil ejecutaron trabajos de limpieza de cunetas y monitoreo preventivo en diversos puntos del país, incluyendo Aldea San Antonio, en Santa Ana; la Comunidad Darío González, en San Salvador Centro y en la intersección de la 39 avenida Norte y el bulevar Universitario, en la capital.

Desde las 12:00 de la madrugada a 7:00 de la mañana de este jueves, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) registro el acumulado de lluvias, donde detallan que en la estación del Volcán de San Miguel alcanzó los 72.2 milímetros de lluvias, mientras que en Jalponga, en la Paz fueron 72 y en San Simón, en Usulután se reportó 69.2 milímetros de lluvias acumulada.

Por otra parte, en San Isidro, Cabañas alcanzó los 64.2; en Berlín, Usulután con 61 y Ahuachapán con 59.4 milímetros de lluvias acumuladas.

Medio Ambiente pronostica para este jueves la formación de lluvias y tormentas eléctricas, producto del paso de una onda tropical reforzada por sistemas atmosféricos en niveles medios y altos de la tropósfera.

Según las proyecciones, a partir del mediodía, se intensificará la actividad lluviosa en la cadena montañosa y la franja volcánica del país, extendiéndose durante la tarde hacia zonas aledañas.

Padres de familia dijeron el miércoles ante la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) que al menos tres de los 40 jóvenes detenidos en cuatro centros educativos de San Salvador ya no estudiaban en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen).

Maribel Flores, madre de uno de los jóvenes, acudió a dicho lugar para exigir información sobre su hijo, a quien acusan de formar parte de un grupo de estudiantes que buscaban reactivar la pandilla «La Raza estudiantil».

Según explicó su hijo desde hace un año no estudia en dicho centro educativo «porque estaban saliendo estas cosas», por lo que no comprende porque lo vinculan con una supuesta formación de una nueva pandilla.

«No han dicho nada de delitos, a él lo fueron a traer a la casa que supuestamente por agrupación ilícita y mi hijo ni sale, lo saqué de estudiar por eso, por ese mismo problema y ellos dicen que ellos quieren culpar de una nueva pandilla y eso no es pandilla, eso desde cuándo viene», expresó con pesar Flores.

La madre del joven, de quien no quiso revelar su identidad, dijo que desde que lo sacó del instituto trabajaba con su papá en una chatarrera, «lo saque por este problema y me lo traen por algo que no es así, es injusticia», aseveró la mujer quien cargaba un plato de comida para su hijo.

Flores relató que su hijo, a diferencia de otros detenidos, fue arrestado en su casa sin presentar orden de captura física en su contra.

«Ellos (la policía) llegaron diciendo de que nos andaban buscando, entonces mi hijo salió contento a abrirle a los policías y los policías llegan bien enojados y dijeron si era ‘fulanito’ y dijo que sí y el policia bien contento cuando le vio la cara a mi hijo y le dijo: ‘Usted está detenido traemos una orden de captura’, y a mi en ningun momento me mostraron orden de captura, en ningún momento y como uno no sabe de esas cuestiones, ellos solo dijeron que tenían una orden de captura y se lo llevaron, y mi hijo es inocente».
Maribel Flores,
Madre de familia.

Asimismo, aseguró que otros jóvenes fueron detenidos en lugares de trabajo y en aulas de universidades sin órdenes de captura visibles.

Geovani Martínez, tío de otro exestudiante del Inframen, mencionó que él dejó de estudiar hace tres años, hecho que no concuerda con las acusaciones que da la Fiscalía. «Ahorita lo que nos han dicho sobre el abogado que nos va a asignar la Procuraduría, es lo único de ahí de lo demás no hay información», añadió.

Otro padre, quien también tiene un hijo exalumno del Inframen, expresó su preocupación por el uso de la figura de agrupación ilícita de manera indiscriminada contra estudiantes.

«Mi hijo salió hace dos años, él estaba trabajando cuando lo detuvieron, se dedicaba a la albañilería, pero ellos (la policía) lo agarran con eso del régimen. Con eso de régimen se agarran y ahí estamos mal, yo estoy de acuerdo que detengan a la persona, pero que lo agarren en el hecho».
Padre de familia.

Junto a ellos, madres, padres, tíos y hermanos de los jóvenes detenidos fueron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República estuvieron en las afueras de la unidad de menores para conocer el estado de salud físico y emocional de sus familiares.

Padres de familia de los estudiantes de institutos públicos detenidos ayer por la FGR, acudieron a la Unidad Especializada en Niñez y Adolecencia de la PGR para verificación de estado de salud y contacto de familiares. Video de Dania Quehl. pic.twitter.com/syIJBlKp04

— Diario El Mundo (@ElMundoSV) June 25, 2025

Los jefes del hogar coinciden en que esta ola de detenciones está afectando gravemente el futuro de los jóvenes con las acusaciones que plantea el Ministerio Público fiscal en contra de los detenidos.

«Dicen que tienen conocimiento de que están creando una nueva pandilla, osea que todos los institutos son creadores de nuevas pandillas, dicen pero eso es mentira. Pierden el año de estudio, no sabemos qué va a pasar con ellos, todos estamos con incertidumbre porque no dan mayor información ni nada y no podemos hablar por el régimen», manifestó un padre de familia.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, difundió ayer imágenes de la investigación vinculada a la pandilla «La Raza estudiantil», que dejó 40 estudiantes detenidos de cuatro institutos educativos públicos.

«¿Estos son los ‘pobres niños’?» dijo el titular de la FGR en la publicación realizada en su cuenta de X sobre el caso, en la que compartió fotografías de los estudiantes haciendo señas alusivas a dicha pandilla, dinero y lo que parecería ser un altar a San Simón, acompañado de billetes y monedas.

«Durante los allanamientos que han seguido a las capturas de estos aprendices de pandilleros, se ha logrado incautar prueba suficiente, de sus comportamientos criminales», manifestó Delgado sobre los hallazgos.

Algunos de sus familiares mencionaron que están reuniendo documentación de arraigo y participación estudiantil para intentar demostrar la inocencia de los jóvenes ante las autoridades.

Los jóvenes detenidos la tarde del martes permanecieron en las bartolinas de la calle Concepción, de San Salvador, conocidas como El Penalito y este miércoles fueron llevados a las instalaciones de la PGR, para chequeos de salud y pudieron ver a sus familias.

Los menores de edad seguirán en prisión en El Penalito mientras que los mayores serán trasladados a centros penales, según empleados de la PGR.

La Fiscalía giró órdenes de captura y se ejecutaron en cuatro centros educativos, 28 estudiantes fueron detenidos en el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), seis en el Instituto Nacional Albert Camus, cuatro en el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI), y dos en el Instituto Nacional Acción Cívica Militar, según un comunicado de la institución.

A los jóvenes se les atribuye el delito de agrupaciones ilícitas, ya que sostienen que dentro de las instituciones cometían delitos como amenazas, agresiones sexuales, además de consumo de drogas y agredían a sus compañeros además de otras instituciones.