La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) anunció este lunes que los precios de la gasolina se mantendrá sin variación para la quincena del 22 de julio al 3 de agosto de 2025, sin embargo, el precio del diésel bajo en azufre sufrirá un alza de $0.07 a nivel nacional.
La Dirección de Energía publicó en su cuenta de X que la gasolina superior se venderá al mismo precio que se estableció en la quincena pasada, cuando incrementó $0.04, con un costo de referencia de $3.95, $3.96 y $3.99 por galón en las zonas central, occidental y oriental del territorio salvadoreño, respectivamente.
Asimismo, la gasolina regular mantendrá su valor para los siguientes 15 días y se venderá a $3.70 en la zona central, $3.71 en el occidente del país y a $3.74 en el oriente.
Sin embargo, el diésel bajo en azufre será el más afectado debido a que sufrirá un alza de $0.07 a nivel nacional, que causará que el precio del galón se cotice a $3.49 en la zona central, $3.50 en occidente y $3.54 en el oriente del país.
La estabilidad de los precios del combustible representa un alivio para el bolsillo de los conductores, quienes desde el 27 de mayo han enfrentado incrementos, cuando se marcó un alza de hasta $0.06. Desde entonces los incrementos no pararon y se acercan cada vez a los $4, en el caso de la gasolina superior.
Factores
La Dirección de Hidrocarburos señaló que la Agencia Internacional de Energía (AIE) informó sobre disminuciones de la reservas de petróleo en Estados Unidos, afectado la oferta en el mercado internacional.
De igual forma, expone que la AIE notificó sobre fluctuaciones importantes de los inventarios de diésel en Estados Unidos, «afectando al mercado internacional de este derivado».
Además, indican sobre interrupciones en las refinerías del país estadounidense, provocando «una menor producción de los derivados del petróleo», afectado los precios internacionales.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) notificó esta semana la designación del juez que presidirá la vista pública en el proceso penal contra cuatro exfiscales y dos empleados de la Fiscalía General de la República (FGR), vinculados al caso conocido como «Corruptela».
Según información proporcionada por fuentes judiciales, un juez del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador fue designado para conocer el expediente, luego de una resolución emitida por la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro.
El juez asignado deberá conocer las fases previas a la vista pública, incluida una audiencia especial de “prueba indebidamente rechazada”, programada inicialmente para el pasado lunes 14 de julio. Sin embargo, dicha diligencia fue reprogramada para los días 11 y 12 de agosto, debido a la incapacidad médica de uno de los abogados defensores.
Una vez desarrollada esta audiencia, el tribunal podrá fijar la fecha oficial de la vista pública, en la que se ventilarán los delitos atribuidos a los exfuncionarios y empleados judiciales.
Procesados
En este proceso penal están acusadas las exfiscales Yesenia Carolina Aguilar y Caroline Janette Nóchez, por los delitos de omisión de investigación y privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública.
También enfrentan cargos los exfiscales Mauricio Alberto Aguilar, acusado de omisión de investigación, y Marta Cecilia Colindres, por privación de libertad por funcionario o empleado público.
A ellos se suman dos empleados de la FGR: Edwin Geovanny Hernández, acusado de peculado por culpa y falsedad documental agravada, y Damián Cabrera Bernal, por peculado por culpa.
De acuerdo con la acusación fiscal, los empleados administrativos habrían colaborado con el exfiscal general Luis Martínez para sustraer aproximadamente $400,000 de la institución. Por su parte, los exfiscales habrían incurrido en múltiples irregularidades procesales, como la omisión de investigaciones, el archivo injustificado de diligencias y la creación de casos con documentos falsos.
La Fiscalía también les atribuye la emisión de órdenes de captura presuntamente ilegales, promovidas por el empresario Enrique Rais.
Entre las personas afectadas se encuentran René Alberto Medrano y Mario Ricardo Calderón Castillo. Este último permaneció detenido durante 17 meses tras ser acusado de extorsión contra Rais, y actualmente funge como querellante en el proceso penal contra el exfiscal general Luis Martínez.
Socios afectados por el desfalco millonario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Santa Victoria de R.L. (Cosavi) denunciaron que a la fecha reportan seis personas han muerto sin haber recibido una respuesta sobre la recuperación de sus ahorros.
El vocero de los afectados Juan José Ortíz cuestionó que a más de un año que se dio a conocer el desfalco, siguen sin recibir su dinero pese a que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) dijo que contaban con $30 millones en activos para responder a los socios, «y pueden preguntar a cualquiera de nosotros, a ninguno se le ha devuelto ni un cinco después de 15 meses, ¿Dónde están esos $30 millones de activos?», cuestionó.
«Ya llevamos seis muertos, cuántas personas más tienen que fallecer para que estas personas entiendan que ese sistema de devolución de dinero no nos resuelve». Juan José Ortíz, vocero de afectados Cosavi.
Uno de los casos es el de Guillermo Castañeda Soto, de 68 años, quien falleció hace cuatro meses tras no acceder a la atención médica especializada que necesitaba para tratar múltiples enfermedades. Su hermano, Eduardo relató que Guillermo sufría de problemas de diabetes y otras condiciones crónicas, y que los intereses que recibía de su inversión en Cosavi le permitían costear sus medicamentos.
«Yo he sufrido en carne propia la pérdida de mi hermano gemelo Guillermo Castaneda, que hace cuatro meses que falleció y falleció porque ocupaba los intereses que Cosavi le pagaba para comprar su medicina, para su tratamiento de columna, diabetes y al no tener tuvo que dirigirse a la medicina del Seguro Social y ahí está la respuesta, no aguanto más». Eduardo Castaneda, hermano de víctima.
Castaneda recordó que el pasado 13 de julio su hermano hubiera cumplido los 69 años. Ante ello, el hombre enfatizó que el 80 % de los socios de la cooperativa son adultos mayores entre 75 y 80 años, «y si nos van a devolver nuestro dinero en 10 años, posiblemente la mitad ya estemos bajo tierra».
El grupo de afectados mencionó que desde que se dio a conocer el caso se han ejecutado diferentes peticiones a las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), para tener acceso a sus ahorros, sin embargo, aseguran que no han recibido respuestas.
Una delegación de salvadoreños afectados por el desfalco millonario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Santa Victoria de R.L. (Cosavi), se reunieron recientemente con representantes del Congreso de Estados Unidos para exponer la grave situación que enfrentan y solicitar su intervención.
El vocero de los afectados, Juan José Ortíz, informó este viernes que el mes pasado viajaron a la ciudad de Washington, en Estados Unidos para reunirse con el congresista Jim McGovern y fueron atendidos por su equipo jurídico, a quienes les plantearon las problemáticas de los socios afectados por el desfalco y que aún no reciben sus ahorros.
«Su equipo jurídico nos atendió, hemos puesto al congresista al día de lo que está pasando, se ha comprado propiedades en territorio norteamericano con dinero que está siendo investigado por lavado de dinero. El congresista y su equipo se ha comprometido a acompañarnos». Juan José Ortíz, vocero de los afectados.
Afectados de Cosavi acudieron a las oficinas de la Superintendencia del Sistema Financiero. /Alexander Montes.
En esa misma línea, señaló que han solicitado explorar la posibilidad que la congresista Norma Torres y el congresista Chris Van Hollen se puedan sumar a su causa.
Tras dicha gestión, Ortíz aseguró que cuatro organizaciones de Estados Unidos han enviado una carta al Fondo Monetario Internacional (FMI), donde manifestaron su preocupación del caso, «y decidieron incluir nuestro caso entre uno de esos problemas que están pasando en El Salvador».
«Así que es realmente penoso que el Estado salvadoreño no nos quiere escuchar, no nos quiere recibir, no quiere escuchar nuestras alternativas de solución. Es penoso que El Salvador este siendo nombrado por lamentables situaciones como el caso de Cosavi y otros problemas del país, pero finalmente invitar al presidente de la República (Nayib Bukele) a la voluntad política. Juan José Ortíz, vocero de los afectados
Ayer, a 15 meses que la investigación fue anunciada, los afectados hicieron una concentración y una conferencia de prensa. / Alexander Montes.
Ademas, denunció que desde que se dio a conocer el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha brindado información sobre los avances de la investigación, ni del proceso judicial que enfrentan las 32 personas señaladas en el caso.
«Cómo es posible que a 15 meses ni la Fiscalía, ni la Superintendencia, ni el Juzgado Especializado contra el Crimen Organizado nos quieran brindar una tan sola conferencia para ver como va el caso», agregó Ortíz.
En la etapa final del juicio conocido como «Rais-Martínez», el exfiscal general Luis Antonio Martínez González aseguró que durante el desarrollo del proceso penal se ha demostrado que no hubo ninguna omisión, ni encubrimiento de delitos mientras estuvo al frente de la Fiscalía General de la República (FGR).
«No se ha comprobado ninguna conducta jurídica culpable de mi persona, no hay ninguna responsabilidad penal de mi persona y ningún acto de fraude procesal, ni en el peritaje de Medicina Legal, ni el juicio de las amenazas», manifestó el exfiscal Martínez, como parte de su derecho a última palabra.
Durante su intervención, el exfuncionario enfatizó en que no existe prueba alguna que lo vincule directamente con los hechos que se le imputan y que se tratan de acusaciones promovidas por el exfiscal Douglas Meléndez, las cuales consideró que carecen de sustento y fueron impulsadas con otras motivaciones.
«Ya mi defensora ya ha refutado con mucha claridad y ha establecido claramente que yo no he ofendido ni un delito ni una ley. No se no se omitió, ni se ha negado ninguna investigación de ningún hecho delictivo durante mi ejercicio como fiscal general en ningún caso». Luis Martínez, exfiscal general
Martínez enfrenta cargos por los delitos de omisión de la investigación y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, sin embargo, la representación fiscal solicita el cambio de este último por el delito de fraude procesal.
La Fiscalía acusa al exfiscal Martínez de favorecer de supuestas pruebas falsas en favor del empresario Enrique Rais, en acusaciones en contra del abogado y ahora parte querellante del proceso, Mario Calderón y su esposa Claudia Herrera. El abogado querellante manifestó al inicio del proceso que los casos fueron «fabricados» y que los investigadores actuaron con base en información manipulada.
Ante dichos señalamientos, el exfiscal negó cualquier implicación delictiva y sostuvo que no existen las pruebas que lo vinculen a un hecho de fabricación de casos y de no haber tenido conocimiento de los hechos señalados en su contra.
«Aquí siempre se ha hablado de que se ha favorecido al señor Enrique Rais y los juicios extrajudiciales de esa investigación, no pude haber participado en ninguna cuestión porque ni siquiera me di cuenta que había sucedido. No se ha comprobado en ninguna prueba ninguna participación o conducta con finalidad de engañar ni he participado en la fabricación de una realidad», agregó el exfiscal en su derecho de última palabra.
Intervenciones telefónicas
Por otra parte, el exfiscal defendió la legalidad de las intervenciones telefónicas realizadas bajo su gestión, señalando que estas se realizaron con base en la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, aprobada en 2010, y siempre bajo autorización judicial.
«La intervención en una limitación legítima excepcional, proporcional y razonable del derecho constitucional contenido en el artículo 24 de la Constitución, el cual fue reformado en el año 2009», recalcó Martínez.
Martínez cerró su declaración apelando a la justicia del tribunal y haciendo un llamado a valorar los hechos con imparcialidad.
«No se ha comprobado ninguna conducta jurídica culpable de mi persona, no hay ninguna responsabilidad penal de mi persona y ningún acto de fraude procesal, ni en el peritaje de Medicina Legal, ni el juicio de las amenazas». Luis Martínez, exfiscal general
El juicio contra el exfiscal Martínez y los demás implicados se encuentra en su etapa final y el tribunal deberá emitir una sentencia en las próximas semanas.
La Fiscalía solicitó una condena de 15 años de prisión, 10 años por el delito de fraude procesal, en sustitución del delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y cinco años por omisión de investigación. Además de una responsabilidad civil de $800,000.
Junto al exfiscal Martínez, se procesa al exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Arriaza González, a quien se le atribuye el delito de actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública y al abogado Francisco Grimaldi por el delito de fraude procesal en perjurio de la administración jurídica. Para ellos, se pide una pena de 10 y 20 años de cárcel respectivamente.
Anoche, el juicio llegó a su fin. Martínez y Arriaza mantienen su medida de arresto domiciliario, mientras que Grimaldi no debe cambiar de residencia y la Policía Nacional Civil deberá llegar a verificar su estancia. Previamente, la Fiscalía había pedido detención provisional por peligro de fuga para él.
El fallo del juicio será dado el próximo 22 de agosto a las 10:00 de la mañana.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la creación del Sistema de Información de Gestión Penal (SIGIP), una herramienta que permitirá mejorar recolección y el procesamiento de la información para el seguimiento de casos relacionados con los delitos de enriquecimiento ilícito y corrupción.
El proyecto presentado por la Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción, forma parte de una estrategia integral que permitirá, ademas de la recopilación de información, facilitar el acceso controlado y dar seguimiento técnico a los casos judiciales y mejorar la transparencia en el manejo de procesos penales vinculados a delitos financieros, regulados en la Ley Especial Contra el Lavado de Dinero y Activos, según consta en el acta número 34 de la Corte Plena, con fecha del 13 de mayo de 2025.
«Se ha contemplado una etapa de monitoreo y evaluación, a fin de realizar ajustes al sistema de acuerdo a las necesidades de las sedes judiciales a medida que el sistema se alimente con información», se expone en el acta.
Según explicaron los magistrados, el plan aprobado contempla el diseño e implementación escalonada del sistema SIGIP, el cual se desarrollará en tres etapas, iniciando con una prueba piloto en las sedes judiciales de los departamentos de San Salvador y La Libertad y con ello, la capacitación para sus usuarios.
La primera etapa dio inicio el 6 de junio de 2025 y finalizará el 15 de enero de 2026 e incluirá los Juzgados de Paz, Tribunales de Sentencia y Tribunales contra el Crimen Organizado. Mientras que la segunda etapa, se prevé del 12 de febrero al 18 de septiembre de 2026, que abarcará los Juzgados de Menores, Cámaras de lo Penal, Cámaras contra el Crimen Organizado, así como las Cámaras con competencia para conocer los procesos civiles de enriquecimiento ilícito y el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio.
Por ultimo, la tercera fase, daría inicio el 3 de noviembre de 2026 para finalizar el 21 de junio de 2027, que incluirá los Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de Instrucción, Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena y Juzgados de Ejecución de Medidas al Menor.
Orientación
Por otra parte, los magistrados de la Corte Plena señalaron que el nuevo sistema contempla las capacitaciones para el personal judicial a través de Microsoft Teams, así como la elaboración de guías y videos pedagógicos que faciliten el uso del SIGIP. Además, que las sedes judiciales deberán designar personal para asumir los roles de encargado y digitador del sistema, previa notificación mediante memorándum institucional.
«Se establece que Corte en Pleno acuerda el plan de trabajo del SIGIP, su respectivo cronograma de trabajo en las sedes judiciales correspondientes, así como ordenar a la Secretaría General emitir circular dirigida a las sedes judiciales involucradas informándoles sobre la aprobación del SIGIP, las disposiciones para su funcionamiento y el cronograma del plan de trabajo para su ejecución», indica el acta.
De igual forma, se determinó que la Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción realizará el control de calidad de la información, mientras que la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Información estará a cargo de la evaluación de riesgos, con participación de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos.
El proceso se contempla una etapa de monitoreo y evaluación constante para ajustar el sistema según las necesidades reales que surjan en las sedes judiciales conforme se avance en su implementación.
El nuevo proyecto se aprobó con el voto de 13 magistrados que conforman la Corte Plena, el 13 de mayo del presente año. Sin embargo, dicha información fue conocida recientemente debido a que la CSJ publica las actas con varios meses de retraso.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el miércoles al Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador una pena de 15 años de cárcel para el exfiscal general Luis Antonio Martínez González, acusado de presuntos actos de corrupción en el caso denominado Rais-Martínez.
Al exfiscal se le procesa por los delitos de omisión de la investigación y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, sin embargo, el abogado de la querella, Mario Calderón, informó que la representación fiscal pidió el cambio en la tipificación del último delito.
En ese sentido, la Fiscalía solicitó una condena de 10 años por el delito de fraude procesal, en sustitución del delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y 5 años por omisión de investigación.
La Fiscalía acusa al exfiscal Martinez de favorecer de supuestas pruebas falsas en favor del empresario Enrique Rais, en acusaciones en contra del abogado y ahora parte querellante del proceso, Mario Calderón y su esposa Claudia Herrera.
Junto al exfiscal Martínez, se procesa al exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía, Julio Adalberto Arriaza González, para quien la Fiscalía solicita 10 años de prisión por fraude procesal, en cambio del delito de actos arbitrarios.
Mientras que para Francisco Grimaldi se han pedido 20 años de cárcel por fraude procesal, ya según explico Calderón, al imputado se le procesa por dos hechos distintos, aplicándose la figura jurídica del “concurso real de delitos”, lo cual implica 10 años por cada caso.
“En un solo caso pero Grimaldi cometió dos acciones delictivas en distintos momentos y a él se le atribuye la figura del concurso real de delitos, que también la Fiscalía lo hizo”. Mario Calderón, abogado querellante
Asimismo, la representación fiscal pidió que los imputados cumplan con una responsabilidad civil de $800,000 para el caso del exfiscal Martínez; $200,000 para Julio Arriaza y $10,000 para Francisco Grimaldi.
El exfiscal Julio Adalberto Arriaza González. /FGR
¿Por qué el cambio de tipificación de delitos?
Según explicó el abogado de la querella, en etapas previas de la vista publica, un juez del Juzgado Octavo de Instrucción había reclasificado los delitos de los imputados Martínez y Arriaza, sustituyendo el fraude procesal por los delitos de divulgación de información y actos arbitrarios, respectivamente, explicó el querellante.
Calderón manifestó que se trató de un cambio no solicitado por las partes del caso, sino de una decisión del juez, que considero no fue justificada.
“El juez utilizó un argumento del cual la Fiscalía no había hecho uso de nada, dijo que Luis Martínez había divulgado información sobre el tema de los teléfonos que estaban intervenidos, pero de eso no se le acusó a Luis Martínez en el requerimiento, ni a Julio Arriaza. Ahí el juez lo tomó como que esa debería de haber sido la acusación, pero esa no fue la acusación que hizo la Fiscalía en el 2016” Mario Calderón, abogado querellante
Ante ello, expresó que en el juicio se solicitó volver a la calificación original de fraude procesal para el exfiscal Luis Martínez y Julio Arriaza, que tenía originalmente y que el juez de instrucción cambió a revelación de hechos y actos arbitrarios. “Nosotros pedimos volver a la calificación original”.
El abogado Francisco Grimaldi (saco gris). /FGR
El abogado señaló que la resolución del cambio tipificación de delitos será resuelta hasta el cierre del juicio, según ordenó el juez y en caso que no se acepte, se modificaría la petición de pena en los delitos, debido a que el fraude procesal tiene mayor pena que revelación de hechos y actos arbitrarios.
El proceso
La vista pública continuará esta tarde con la última etapa del proceso, que corresponde a las últimas declaraciones de las víctimas, así como el derecho a la última palabra de los imputados, si desean hacer uso de ella.
En jornadas pasadas, testigos manifestaron que el exfiscal Martínez en el año 2014, tuvo conocimiento sobre posibles actos de corrupción que involucraban a un exjuez y a dos exalcaldes, de los cuales no se tomaron acciones inmediatas para iniciar investigaciones.
Así como, declaraciones que señalaron la existencia de llamadas telefónicas donde se habló de peritajes que se usarían como parte del caso fabricado, según se conoció durante la prueba testimonial, quienes sostuvieron que el exfiscal Martínez conocía sobre esas situaciones, sin que se tomarán acciones al respecto.
El caso Rais-Martínez data desde el año 2016, cuando el fiscal Martínez junto a otros dos imputados fueron procesados por «una estructura de asociación delictiva» para ocasionar daños a varias personas.
El Tribunal Sexto de Sentencia de Salvador suspendió este lunes la revisión de asignación de jueces para el juicio en contra de cuatro exfiscales y dos empleados administrativos de la Fiscalía General de la República (FGR), vinculados al caso “Corruptela”, debido a la falta de un acuerdo escrito por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Fuentes judiciales cercanas al proceso informaron a Diario El Mundo que la revisión del caso fue aplazada debido a que aún están a la espera de que la Secretaría de la Corte envíe el documento oficial que autoriza la conformación del tribunal que conocerá el caso.
En ese sentido, explicó que hasta no recibir dicho acuerdo no se puede establecer una fecha para la instalación de la vista pública, por lo que serán notificados hasta nuevo aviso.
En este caso se procesa a las exfiscales Yesenia Carolina Aguilar y Caroline Janette Nóchez, ambas por los delitos de omisión de investigación y privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridades públicas.
Asimismo, a los exfiscales Mauricio Alberto Aguilar por el delito de omisión de investigación y Marta Cecilia Colindres, acusada por el delito de privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridades públicas.
A estos se suman, los empleados de la FGR, Edwin Geovanny Hernández por el delito de peculado por culpa y falsedad documental agravada y Damián Cabrera Bernal por el delito de peculado por culpa.
Según la acusación del Ministerio Público, los empleados administrativos acusados de peculado habrían ayudado al exfiscal general, Luis Martínez a que sustrajeron unos $400,000 de la institución, mientras que los exfiscales a realizar una serie de irregularidades en contra de personas que posteriormente fueron judicializadas.
Así mismo, argumentó que hubo omisión al investigar hechos delictivos y archivaron diligencias sobre delitos cometidos, así como fabricar casos con documentos falsos, y les reprochó haber girado órdenes de captura presuntamente ilegales promovidas supuestamente por el empresario Enrique Rais.
Entre las víctimas se señalan a René Alberto Medrano y Mario Ricardo Calderón Castillo, este último pasó 17 meses detenido ilegalmente, tras ser acusado por los exfiscales de extorsión en contra del empresario ligado al caso, Enrique Raís y ahora es querellante en el proceso penal contra el exfiscal general Luis Martínez.
Las autoridades contabilizan un promedio de 12 accidentes viales relacionados con motociclistas, según las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial que registra un incremento de un 22 % en accidentes de motociclistas hasta la segunda semana de julio,
El portal de datos que recopila los reportes de la Policía Nacional Civil (PNC) expone que, entre el 1 de enero y el 12 de julio de 2025, se han registrado 2,254 accidentes de motocicletas.
Esta cifra representa un aumento de 403 accidentes de tránsito en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 1,851 casos, lo que equivale a un incremento del 22 %.
Asimismo, el Observatorio indica que hasta la segunda semana de julio los accidentes en moto han dejado 2,137 personas lesionadas, un aumento de 475 casos comparado con el año 2024 al mismo periodo, cuando se contabilizaron 1,662, un alza del 29 %.
En el caso de los fallecidos, se reportan 240 decesos correspondientes a motociclistas, los cuales reflejan una reducción del 8 % con 22 casos menos.
Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, se han registrado un total de 11,020 accidentes de tránsito, de los cuales el 20 % están relacionados con motociclistas.
Al igual que los accidentes a nivel general, la principal causa de los percances en motocicleta se deben a la distracción del conductor, seguido de la invasión de carril, no guardar la distancia reglamentaria y la excesiva velocidad.
Chocan contra vehículos y árbol
Durante el fin de semana, los cuerpos de socorro han atendido accidentes de tránsito en donde varios motociclistas han resultado heridos.
La Policía Nacional Civil (PNC) registró, la tarde del domingo, a un motociclista lesionado, luego que perdiera el control y cayera de su unidad. El hecho ocurrió en el kilómetro 2 de la carretera al Cerro Verde, en las inmediaciones del cantón Lomas de San Marcelino, distrito del Congo, Santa Ana Este. El hombre fue trasladado a un centro asistencial, debido a que del impacto quedó abajo de un pick up.
Comandos de Salvamento también registró un accidente entre una motocicleta y un vehículo sobre la carretera de Sonsonate hacia San Salvador, en el desvío de Piedras Pachas, en el distrito de Izalco, en el occidente del país, en donde resultaron lesionadas cinco personas.
Asimismo, auxilió a otras tres personas lesionadas en un choque entre dos motocicletas sobre el bulevar del Ejército, jurisdicción del distrito de Soyapango.
Otro motociclista resultó lesionado al chocar contra un árbol en la carretera hacia El Delirio, cerca del cantón La Ceiba, distrito y departamento de San Miguel.
Actualmente, en El Salvador se registran 1.9 millones de automotores en el parque vehicular a nivel nacional, de estos 652,559 unidades son motocicletas, que corresponde al 33 % del total.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) invertirá más de $1.8 millones para la compra de nuevos equipos de audio y videoconferencia para la realización de audiencias virtuales en los centros judiciales del departamento de San Salvador.
Según la oferta de compra publicada en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros), la Corte contempla la adquisición de 364 equipos electrónicos por un costo total de $1,855,743. Del total, 244 serán equipos destinados a soluciones de video para las salas de audiencia y 120 corresponden a sistemas de audio, los cuales serán instalados en las salas de audiencia de diversos centros judiciales del país.
El documento establece que para la compra de los equipos audiovisuales se destinarán del presupuesto $1,632.783 con precio unitario por equipo entre los $2,170 y $13,400. Mientras que para las herramientas de audio se invertirá $222,960 con un precio de unidad de $1,858.
La distribución de los equipos serán de la siguiente manera:
314 para el Almacén General DCPI de la CSJ.
31 para el Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador.
10 para el Centro Judicial de Segunda Instancia, en San Salvador.
4 para el Centro Judicial de Derecho Privado y Social, en San Salvador.
4 para el Edificio Cardona, en San Salvador.
1 para el Centro Integrado de Soyapango, en Soyapango.
La compra total será financiada con fondos del Gobierno, según lo detalla la oferta de compra de Bolpros.
Entre las especificaciones técnicas de los equipos, se detalla que cada pantalla contará con un tamaño de 85 pulgadas, procesador de mínimo 8 núcleos, 12 GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento interno.
Además de esta inversión, la Corte Suprema de Justicia ha publicado dos licitaciones adicionales, la primera por $828,243.59 para la compra de cámaras de videovigilancia, las cuales serán instaladas en los centros judiciales de Metapán, Soyapango, Ciudad Delgado, así como el Centro Judicial de Derecho Privado y Social y el Instituto de Medicina Legal (IML), de San Vicente.
A esto se suma la compra de suministros e instalación de un sistema eléctrico en el Centro Integrado de Soyapango por $118,818.67, con fondos provenientes del Estado.
