Autor: Dania Quehl

Las temperaturas disminuyeron durante las primeras horas de este domingo hasta los 6.4 grados Celsius en el cantón Los Naranjos, en el departamento de Sonsonate, según el último registro climatológico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn). Dicho sector se convirtió en el punto más frío del país.

En el orden de temperaturas bajas, el segundo lugar más frío fue Las Pilas, en Chalatenango, donde el termómetro marcó los 8.4 grados. A este le siguió Planes de Montecristo, Metapán, sector que registró temperaturas de 11.2 grados Celsius y Finca Los Andes, en Santa Ana, con 12 grados de temperatura.

En La Palma, Chalatenango, se reportaron temperaturas mínimas de 13.7 grados, mientras que en Apaneca, Ahuachapán, el termómetro registró los 14 grados Celsius; en San Andrés, La Libertad, se registraron los 14.4, en Volcán de San Miguel, con 14.5, y en Puente Cuscatlán se registraron temperaturas de 15.4 grados Celsius.

De igual forma, en las estaciones climatológicas de El Pacayal y Sensuntepeque se reportaron temperaturas mínimas de 16.4 grados Celsius, respectivamente; mientras que en Perquín se registraron los 16.5 grados de temperatura.

Por su parte, se reportaron temperaturas más cálidas en en Santa Ana con 17 grados Celsius, mientras que en los sectores de Berlín, Santiago de María e Ilopango se identificaron temperaturas de 17, 17.3, 17.6 y 18.6 grados Celsius.

Otros puntos del territorio salvadoreños reportaron temperaturas entre los 19 y 21 grados Celsius como mínima para la mañana de este domingo, uno de ellos fue San Francisco Gotera, en Morazán, donde se registraron 20.2 grados Celsius.

Desde el inicio del año 2026, en el territorio salvadoreño se ha registrado un descenso en las temperaturas, provocado por la influencia de los vientos del norte. El Ministerio de Medio Ambiente pronosticó para el lunes el ingreso de un nuevo sistema de vientos nortes con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora.

Para la siguiente semana, se prevé que el evento climatológico provoque ráfagas ocasionales entre 50 y 80 kilómetros por hora, específicamente en las zonas altas del occidente y norte del territorio salvadoreño.

Organizaciones sociales, sindicales y comunitarias marcharon este domingo por las principales calles de San Salvador para conmemorar el 34 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, al tiempo que exigieron el cese de más de tres años del régimen de excepción, así como el respeto al debido proceso para las personas detenidas bajo dicha medida que aseguran afecta institucionalidad democrática.

Sonia Urrutia, representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, indicó que la conmemoración busca recordar los principios fundamentales de los acuerdos, como la protección de los derechos humanos y la creación de instituciones al servicio de la población. Sin embargo, aseveró que actualmente estas instituciones se encuentran «debilitadas».

«Hoy a 34 años de esa firma de los Acuerdos de Paz, estamos enfrentando una profunda crisis de retrocesos democráticos en nuestro país en donde las instituciones que fueron creadas bajo la firma de los Acuerdos de Paz ahora están coartadas por el Ejecutivo, en donde estamos enfrentando un debilitamiento a las diferentes instituciones judiciales, un debilitamiento a aquellas instituciones que fueron creadas como la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional Civil que fue creada para cuidar a las personas ahora estamos enfrentando una persecución», expresó Urrutia.

La dirigente social denunció que a casi cuatro años de la aplicación del régimen de excepción existen persecuciones contra sindicatos y organizaciones de derechos humanos, donde personas han sido arrestadas sin garantías legales dentro de la medida de excepción, por lo afirmó es importante recordar la firma de los Acuerdos de Paz, ocurrido el 16 de enero de 1992.

«No puede haber paz sino reivindicamos esas luchas históricas que se conquistaron como pueblo salvadoreño, no puede haber paz con dignidad sino se respetan los derechos humanos, en el cual como movimiento social exigimos el cese del régimen de excepción que tanto daño ha hecho a las familias más pobres del país». Sonia Urrutia, representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular.

El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) planteó que el país enfrenta un proceso de desmantelamiento de los logros alcanzados tras los Acuerdos de Paz. Según el representante Samuel Ramírez, el régimen de excepción ha ocupado prácticamente todas las instituciones del Estado, debilitando la labor principal de la Procuraduría de Derechos Humanos y otros organismos encargados de garantizar la justicia y la protección de los derechos humanos de los salvadoreños.

«Estamos ahora en un régimen de excepción que ha ocupado todas las instituciones de gobierno, tenemos una Procuraduría que es una vergüenza que no vela con derechos humanos. Estamos en un régimen de excepción con más 90,000 personas capturadas en un porcentaje alto que son inocentes», manifestó Ramírez.

Durante la marcha, participantes expresaron sus exigencias, entre ellas la liberación del abogado Enrique Anaya y la jefa de Anticorrupción de Cristosal, Ruth López, quienes desde mediados del año 2025 fueron detenidos por presuntos actos delictivos.

«La libertad de Enrique (Anaya) la queremos ya; es una persona defensora de nuestros derechos, como vamos a quedar callados ante una injusticia como esta y como Ruth (López) y los demás compañeros que son maltratados y son hechos prisioneros por decir la verdad, esa es una injusticia muy grande», dijo una persona participante de la marcha.

Otro de los puntos que los manifestantes exigieron es la derogación de la Ley de la Minería Metálica, ya que  advirtiendo que su aplicación afectaría gravemente al Bosque El Espino, una zona de alta importancia ambiental y ecológica.

Al mismo tiempo, representantes de alrededor 40 comunidades afirmaron que los Acuerdos de Paz son fundamentales para garantizar la memoria histórica y los derechos de quienes sufrieron represión y exilio durante el conflicto armado. Sin embargo, advirtieron que la democracia derivada de los acuerdos no ha sido suficiente para resolver los «problemas estructurales del país».

«El hecho de que la democracia liberal representativa derivada de los acuerdos de paz haya resultado insuficiente para resolver problemas estructurales del país no significa la instalación de democracia totalitaria que es una dictadura. Por ello, proponemos una democracia participativa donde la población puede decidir directamente en los aspectos que afectan su vida», dijo una de las voceras.

La marcha inicio desde el Parque Cuscatlán rumbo al Centro Histórico de San Salvador, en la cual caminaron con pancartas en mano para recordar la importancia de mantener viva la memoria de la firma de los Acuerdos de Paz y la necesidad de garantizar la protección de los derechos humanos. La guerra civil en El Salvador fue de 1980 a 1992 y dejó unas 75,000 personas fallecidas, unos 8,000 desaparecidos y cientos de masacres.

Cruz Verde Salvadoreña informó, la tarde del sábado, que un hombre perdió la vida luego de ahogarse en la Playa San Diego, jurisdicción del departamento de La Libertad.

Según el reporte de cuerpo de socorros, la víctima fue identificada como Javier Edenilson Castro, de 32 años de edad, quien ingresó al mar cuando presentó dificultades.

Cuerpos de socorro indicaron que guardavidas de la Dirección de Protección Civil realizaron un rescate profundo y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, fue declarado fallecido en el lugar.

Tras el rescate, el personal de la institución realizó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP); sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, indicaron que el hombre falleció en el lugar.

Otro incidente similar se reportó el 15 de enero, en Playa San Diego, donde un joven de 20 años falleció ahogado tras ser arrastrado por el mar. Socorristas atendieron la emergencia, pero la víctima ya no presentaba signos vitales.

Asimismo, el 1 de enero, una menor de aproximadamente siete años murió ahogada en el distrito de Mercedes Umaña, municipio de Usulután Norte, departamento de Usulután. Según información publicada por el Periódico Digital Usuluteco, el hecho ocurrió en el cantón La Montañita, cuando la niña perdió la vida en una piscina ubicada en el lugar conocido como Hacienda Santa Anita.

Una persona perdió la vida tras ser atropellada en un accidente de tránsito sobre la carretera que conduce de Sonsonate hacia Nahuizalco, en el sector conocido como Los Mangos, en el departamento de Sonsonate, informó la noche del sábado Comandos de Salvamento.

De acuerdo con el reporte de la institución, la víctima fue identificada como Pérez Mate, de 49 años, quien habría sido embestido por un conductor de un vehículo particular, que posteriormente se fugó. Al lugar se hicieron presentes socorristas de Comandos de Salvamento Sonsonate, quienes trataron de auxiliar a la victima.

Según el informe, el hombre presentaba lesiones de gravedad en distintas partes del cuerpo, entre ellas, un fuerte golpe en la cabeza, sangrado interno en el pecho y sospecha de fracturas en el brazo y pierna derecha. El diagnóstico fue trauma craneoencefálico, hemotórax y posibles fracturas múltiples.

A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, los socorristas informaron que la víctima ya no presentaba signos vitales al momento de la llegada, por lo que no fue posible realizar maniobras de reanimación debido a la severidad de las lesiones.

En otro hecho, sobre la carretera que conduce hacia San Pablo Tacachico, en la colonia Santa Isabel, en el municipio de Santa Ana Centro, ocurrió un triple accidente que involucró a una motocileta, una camioneta y un pickup.

De acuerdo con los reportes, la camioneta impactó contra una pupusería y lesionó a personas lesionadas, quienes fueron auxiliadas por socorristas.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial registra del 1 al 24 de enero de 2026 un total de 1,512 accidentes de transito, en los cuales 915 personas han resultado lesionadas y 91 han muerto. En dicho periodo, las autoridades reportan la muerte de 38 peatones.

El paso vehicular estará cerrado este domingo sobre el casco urbano de Santa Elena por la competencia de ciclismo Grand Prix, recordó el Viceministerio de Transporte (VMT).

Según la información compartida por las autoridades, el cierre será de calles de ida y vuelta en todo el bulevar Luis Poma, desde la incorporación en la carretera al Puerto de La Libertad hasta la Plaza Bicentenario.

La restricción vehicular iniciará a las 9:00 de la mañana y terminará a las 12:00 del mediodía de este domingo.

La actividad deportiva forma parte de un calendario que inició el pasado sábado y se extenderá hasta el próximo 31 de enero.

El evento ciclístico internacional reúne a más de 100 atletas, en su mayoría provenientes del extranjero para las competencias, del cual El Salvador es sede.

El VMT ha programado más cierres de calles para lo que resta de la actividad deportiva. Para el martes 27 de enero el paso restringido iniciará a las 9:00 de la mañana en el desvío de Amayo y se extenderá toda la carretera Longitudinal del Norte hasta Metapán, donde retornará en la misma carretera hasta llegar a Nueva Concepción.

El miércoles 28 de enero la competición iniciará en El Carmen, cerca del Aeropuerto Internacional de El Salvador y transitará por la carretera Litoral pasando por Zacatecoluca, San Nicolás Lempa y Jiquilisco hasta llegar a Usulután.

Para el viernes 30 de enero la competición iniciará en el parque Cerro Verde recorriendo la carretera al Cerro Verde, luego incorporándose a la carretera a Sonsonate hasta llegar al Periférico Claudia Lars.

Luego tomará la carretera a Opico hasta llegar a la calle a Quezaltepeque hasta Walmart Constitución. El cierre temporal empezará a las 9:00 de la mañana.

La competencia terminará el 31 de enero con una carrera que iniciará en el bypass Surf City y llegará hasta el redondel de Surf City y en esa misma calle retornará al punto inicial. Se prevé que el cierre esté vigente de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Las autoridades salvadoreñas aseguraron que los recientes casos de estafas y extorsiones telefónicas efectuadas desde números telefónicos con códigos de áreas internacionales no representan un riesgo físico para la población salvadoreña.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, lo reiteró el sábado luego de una conferencia de prensa de los ministros de Seguridad y Defensa, junto al fiscal general. «En El Salvador NO HAY SECUESTROS, y tampoco hay carteles de la droga. Lo que ha habido son ESTAFAS TELEFÓNICAS realizadas desde una cárcel en Colombia. No hay ningún riesgo real. La solución es sencilla: NO PAGAR», escribió Bukele en X.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó que se han identificado más de 375 números telefónicos con códigos de área internacionales y que con ayuda estadounidense detectaron que todas las llamadas provinieron de una cárcel de Colombia para contactar a posibles víctimas en el territorio salvadoreño.

Según explicó el funcionario, se trata de una modalidad de estafa telefónica en donde citan a las personas a un lugar lejano, les hacen creer que están secuestradas y luego las amenazan con llamar a sus familias para que se les depositen dinero a cambio de su supuesta liberación.

En redes sociales, una pareja denunció que recibieron una llamada de un cliente potencial de su emprendimiento, les pidió el un número de referencia personal y al familiar le llamaron pidiéndole dinero.

Villatoro afirmó que esas llamadas, aunque tienen números con códigos +57 +52, de Colombia y +502, de Guatemala, todos provienen específicamente de la cárcel de Cómbita, ubicada en el país colombiano, por lo que recomendó que, en caso de recibir una llamada con dichos códigos, lo mejor que se puede hacer es bloquear el número telefónico y no enviar dinero a ninguna cuenta, sin ningún riesgo.

Pese a los casos denunciados, el Gabinete de Seguridad enfatizó que no se ha confirmado «ningún riesgo físico» y que se trata de prácticas delictivas conocidas que buscan generar miedo y obtener dinero por medio del engaño. Lo calificó de algo psicológico.

«Ante estas estafas telefónicas no existe ningún riesgo físico, todo es psicológico, aquí no hay ninguna evidencia de alguien que haya salido lastimado, lesionado o alguien que haya visto físicamente quién era el que lo estaba cuidando en ese supuesto secuestro”. Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad Pública y Justicia.

De acuerdo con el ministro, «un pequeño número de salvadoreños han caído en esas estafas telefónicas», por lo que enfatizó que es importante difundir las denuncia de las personas que hayan sido víctimas de la organización criminal.

«Lo que hay que hacer ante esta llamada es no pagar, simplemente retornarnos a nuestra empresa, nuestra casita, a seguir con nuestras actividades», dijo el ministro.

Ante ello, las autoridades recordaron a la población que ante llamadas sospechosas se recomienda bloquear los números que inicien con los códigos antes mencionados, así como no proporcionar información personal y reportar cualquier intento de fraude a las instancias correspondientes.

«Lo que tenemos que hacer ante esta llamada es no pagar, bloquear esas llamadas de códigos +57, +52 y +502; la prueba más sencilla porque ellos no tienen llamada normal de teléfono, es decirles que les hagan una llamada telefónica no por WhatsApp, eso pueden aplicar también para verificar que lo que les están haciendo es una estafa telefónica”, indicó.

Como parte de las investigaciones con apoyo de Estados Unidos las autoridades salvadoreñas lograron identificar más 101 teléfonos encendidos al interior del centro penitenciario colombiano.

Las autoridades salvadoreñas hicieron el llamado a las autoridades de Colombia a que se hagan requisas en el centro penitenciario con el fin de localizar los aparatos telefónicos con los que cometen dichos delitos, y no solo en El Salvador sino también en otros países de América Latina como Guatemala, Honduras, Argentina y Perú.

«Las autoridades colombianas tienen que poner orden en esta cárcel, porque somos los salvadoreños, hondureños, dominicanos, panameños, costarricenses, peruanos, bolivianos, chilenos, argentinos, los que estamos pagando las consecuencia de la flojera en el tratamiento penitenciario de estos criminales», exigió Villatoro.

El titular del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, aseguró que en El Salvador no operan cárteles de droga ni se registran casos de secuestro, como resultado a las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno.

Dicha afirmación surge tras denuncias de presunta modalidad de estafa telefónica, donde le hacen creer a las personas que están secuestradas a cambio de dinero. Según explicó se trata de un modus operandi, donde citan a las personas a un lugar lejano y les hacen creer que están «secuestradas» y paguen por la supuesta liberación.

En ese sentido, el funcionario aseguró que no existe evidencia de ningún caso de secuestro y que estas versiones responden a una sugestión asociada a la delincuencia de años anteriores. Añadió que las referencias a cárteles o secuestros, «es porque están amenazando o tratando de intimidar a toda América Latina», y sostuvo que «en este país no existen carteles ni secuestradores».

«Que quede claro que en este país no existen carteles de droga, ni tampoco existen secuestros, ni mucho menos secuestradores. Ante estas estafas telefónicas no existe ningún riesgo físico, todo es psicológico, aquí no hay ninguna evidencia de alguien que haya salido lastimado, lesionado o alguien que ha visto físicamente quién era el que lo estaba cuidando en ese supuesto secuestro». Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad Pública.

En redes sociales se viralizó un video de una pareja que denunciaba el intento de una estafa de características similares, en donde personas con acento colombiano y mexicano los contactaron, los hicieron llegar a un lugar despoblado y posteriormente le llamaron a un familiar para pedirle dinero por su rescate.

El ministro de Defensa, René Merino Monroy, enfatizó que las denuncias de los supuestos casos de secuestros son falsos y que solo se trata de un grupo de estafadores que buscan atemorizar a la población salvadoreña.

«No son más que estafas telefónicas y ¿por qué hay psicosis en la población?, alguna población cae en esas llamadas telefónicas es porque tenemos un recuerdo reciente de lo que se vivió en nuestro país en el pasado, del nivel de violencia que había en este país y por lo tanto utilizan ese método para hacerle creer a la población que están bajo control de esos delincuentes». René Merino Monroy, ministro de Defensa.

El titular de Defensa afirmó que las autoridades salvadoreñas tienen el nivel de desempeño para combatir el narcotráfico, y que existe un trabajo coordinado con la Policía Nacional Civil para combatir la delincuencia con la continua búsqueda de miembros de organizaciones criminales.

«Hemos seguido a pesar de la tranquilidad que ahora se vive. Estamos trabajando para evitar cualquier tipo de delito que se cometa en conta del pueblo salvadoreño», concluyó Merino.

Ante ello, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado hizo el llamado a la población que sea víctima de dicho tipo de estafa a que denuncien a la Fiscalía General de la República (FGR), quienes aseguró trabajan con autoridades internacionales para ubicar a los responsables y detener las amenazas.

Ante recientes denuncias de estafas telefónicas en donde se hace creer a las víctimas que están secuestradas y se contacta a sus familiares para que paguen una cantidad, las autoridades del Gabinete de Seguridad hizo una recomendaciones como bloquear los números, cortar la llamada o no pagar.

El ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro explicó que se trata de una modalidad de estafa telefónica en donde citan a las personas a un lugar lejano y les hacen creer que están «secuestradas», les piden el número de un familiar a quien le exigen dinero para una supuesta liberación.

El funcionario aseguró que con esas estafas telefónicas «no existe ningún riesgo físico» y que se trata de una afectación psicológica, ya que no existe «ninguna evidencia de alguien que haya salido lastimado, lesionado o alguien que ha visto físicamente quien era el cuidador en ese supuesto secuestro».

Aseveró que las llamadas provienen de números con códigos +57 +52, +502 pero que con ayuda estadounidense concluyeron que provienen de la cárcel de Cómbita, de Colombia, por lo que recomendó que, en caso de recibir una llamada con dichos códigos, lo mejor que se puede hacer es bloquear el número telefónico  y que no envíe dinero a ninguna cuenta. Además, pidió que se denuncie a las autoridades correspondientes.

«Lo mejor que podemos hacer es no pagar, bloquear esas llamadas de códigos que están ahí, +57. +52, +502, y la prueba mas sencilla es que ellos (reos) no tienen llamadas normales de teléfonos. (Díganles) que le hagan una llamada telefónica, no por Whatsapp, sino llamada normal y eso es algo que también lo pueden aplicar para verificar que lo que están haciendo es una estafa telefónica». Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad Pública y Justicia.

De acuerdo con el ministro, «un pequeño número de salvadoreños han caído en esas estafas telefónicas», por lo que enfatizó que es importante difundir las denuncia de las personas que hayan sido víctimas de la organización criminal.

«Como salvadoreños, debemos entender que ningún servicio puede ser solicitado de algún código de +57, que es el código país de Colombia, +52 que es el código país de México y de Guatemala que han sido más de 375 números que hemos identificado a esta organización criminal en la cárcel colombiana», recalcó.

Señaló que en la cárcel de Cómbita, Colombia, hay más de 101 teléfonos encendidos donde ellos están haciendo ese tipo de llamadas.

En ese sentido, hizo el llamado a las autoridades de Colombia a que se hagan requisas en el centro penitenciario con el fin de localizar los aparatos telefónicos con los que cometen dichos delitos, y no solo en El Salvador sino también en otros paises de America Latina.

«No se entiende cómo en una cárcel de América Latina los reos van a tener acceso a esa cantidad de teléfonos y SIM, porque esos números mexicanos también los compran, se los mandan y todos esos códigos los compran desde la cárcel», agregó Villatoro.

El ministro dijo que la Policía de República Dominicana, Honduras, Guatemala, Argentina y Perú les han confirmado que en esos países está ocurriendo «la misma modalidad» de estafas, afectando a América Latina.

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que, este domingo 25 de enero, la distribución de agua potable en el municipio de Ahuachapán Centro, se verá afectada debido a trabajos de mantenimiento de la compañía eléctrica en la zona.

Según indicó la institución a través de su cuenta de X, que la suspensión del suministro se deberá a la interrupción del servicio de energía eléctrica, como parte de trabajos de mantenimiento previamente programados.

“Debido a trabajos de mantenimiento en el suministro eléctrico en la zona habrá interrupción programada en el servicio de agua potable”, aseguró ANDA.

La autónoma señaló que las labores de mantenimiento está previsto entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde del domingo, afectando específicamente a los distritos de Concepción de Ataco y Apaneca.

ANDA explicó que, una vez restablecido el servicio eléctrico, los sistemas de agua potable iniciarán nuevamente su operación de manera gradual.

La institución recomendó a la población tomar las medidas preventivas necesarias y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier actualización relacionada con estos trabajos.