Autor: Dania Quehl

Jaime Quintanilla, abogado defensor de Enrique Anaya presentó, este miércoles, un escrito ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde solicitan tener acceso al expediente administrativo sobre los hechos por los que fue detenido su cliente, el pasado 7 de junio de 2025, así como un constante chequeo médico.

De acuerdo con el escrito entregado y firmado de recibido, el martes 10 de junio tras reunirse con Anaya se le informó sobre las enfermedades que él padece, por lo que solicitan que se aplique el Principio IX de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad, con el fin de asegurar “la identificación y tratamiento de cualquier problema significativo de salud”.

Dicha solicitud corresponde a que «toda persona privada de libertad tendrá derecho a que se le practique un examen médico o psicológico, imparcial y confidencial», según se lee en el documento.

Además, sostiene que “es imprescindible” que dentro de las próximas 24 horas se ordene una evaluación médica que constate su estado de salud actual, “a fin de asegurar que mientras dure su privación de libertad reciba el tratamiento médico adecuado a sus condiciones” y que se agregue una constancia médica.

Anaya fue detenido el sábado 7 de junio en la vivienda de su hija en Ciudad Merliot, Santa Tecla y la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó su captura por el presunto delito de lavado de dinero. Actualmente, guarda detención en la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), en San Salvador.

Tras su visita tres días después de su detención, el abogado Quintanilla manifestó que Anaya se encontraba en estado de salud estable, a pesar de padecer de una enfermedad crónica, por lo que es importante mantener un seguimiento adecuado de su salud y que reciba los medicamentos correspondientes.

Expediente

El abogado denunció que desconocen sobre los hechos por los que fue detenido su representado, por lo que en el mismo escrito presentado a la Fiscalía piden el acceso del expediente administrativo que documenta los hechos en los que se basa la imputación hecha contra Anaya.

Quintanilla argumentó que para sostener una defensa es necesario conocer sobre los hechos que llevaron a la detención, situación que se dificulta cuando se limita conocer sobre las presuntas razones de la captura.

Diario El Mundo consultó a fuentes judiciales sobre la remisión de Anaya a los juzgados para su acusación formal y hasta horas de la mañana de este miércoles seguía sin ser presentado.

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó los primeros tres casos de gusano barrenador en humanos en El Salvador, según datos actualizados esta semana en el portal de vigilancia epidemiológica de dicha cartera de Estado.

Las cifras del boletín epidemiológico hasta la semana 22 de 2025 -hasta el 31 de mayo-, exponen que se identificaron tres personas con miasis, una enfermedad endémica causada por la mosca Cochliomyia hominivorax y causante del gusano barrenador.

Según se detalla, los pacientes fueron identificados a partir de la semana del 11 al 17 de mayo, cuando se registraron dos personas con la enfermedad y una más en la semana del 25 al 31 del mismo mes, que corresponde a la última actualización del Ministerio de Salud.

La miasis del gusano barrenador se produce cuando la mosca hembra pone sus huevos en las heridas superficiales o en las mucosas de animales, luego las larvas salen de los huevos y se alimentan de tejidos vivos y fluidos.

El primer caso gusano barrenador en ganado fue detectado el 10 de diciembre de 2024 por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y fue confirmado como positivo tres días después por el laboratorio de la Comisión Panamá – Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG).

Esto ocurrió en medio de una emergencia regional por el resurgimiento de la plaga y después de 30 años de haber sido erradicada en El Salvador, en la década de 1990.

Protocolo sanitario

En enero, el Ministerio de Salud emitió una serie de lineamientos técnicos para la atención de pacientes, en caso de ser contagiados por miasis. La entidad expuso que una persona sospechosa es aquella que tenga dolor en la piel localizado, enrojecimiento, prurito, y una lesión con pus que tenga presencia de huevecillos o larvas de gusano en la herida. Además, que en los últimos 21 días haya tenido contacto con animales contagiados por el gusano barrenador.

Salud indicó que para atención de estos pacientes, el personal deberá utilizar equipo de protección nivel 2, que consiste en camisas y pantalones mangas largas, con protección facial. A su vez de hacer limpieza en la herida y retirar la totalidad de larvas o huevos, siempre cuidando que las larvas no caigan al suelo.

Asimismo, Salud expuso que las personas infectadas deben aplicar analgésicos como el Ibuprofeno, neomicina y bacitracina para mantener las heridas limpias, además de verificar la vacuna del tétano y dar seguimiento a la herida.

Hasta ahora, se manejaba de manera extraoficial que en el país había casos en humanos, pero ni Salud ni el MAG habían confirmado. Previamente, la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena advirtió de un reporte de una mujer infectada con gusano barrenador en la zona del Bajo Lempa.

El Minsal agrega en su boletín el número de casos en Centroamérica del gusano barrenador en humanos, donde detalla que 61 casos se registran en Panamá, 59 en Honduras, 40 en Costa Rica y cuatro en Guatemala. Sin embargo, las autoridades del gobierno de Nicaragua informaron que han detectado 117.

En Honduras, las autoridades reportan una persona fallecida.

El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 16 años de cárcel a Ricardo Andrés Berríos Choto, acusado de estafar a más de una treintena de personas luego de hacerse pasar por un empleado del Ministerio de Vivienda para ofrecer terrenos en el departamento de San Salvador.

De acuerdo con la información compartida por la Fiscalía General de la República (FGR), Berríos Choto llegó al cantón Malacof, del distrito Tonacatepeque, en San Salvador Este, donde se presentaba ante las personas como empleado de dicha cartera de Estado y ofertaba a las personas espacios para construir viviendas.

“El imputado ofrecía terrenos para que construyeran sus casas a cambio de dinero, esto también incluía la instalación de servicios de agua potable y energía eléctrica. También les prometía canastas básicas, medicamentos y consultas médicas”, detalló la Fiscalía.

La representación fiscal indicó que el procesado convocaba a reuniones informativas con las víctimas y les explicaba los supuestos beneficios que tendrían si hacían los trámites con él. La Fiscalía identificó a 31 víctimas, de dos casos diferentes, que declararon en contra del acusado.

Asimismo, comprobaron que Berríos Choto ofrecía terrenos que no eran de su propiedad y que en ocasiones daba el mismo inmueble a varias personas.

Berríos Choto fue procesado por el delito de estafa agravada, el cual se cometió entre los años de 2021 y 2022, en el distrito de Tonacatepeque, San Salvador Este.

La

Fiscalía General de la República (FGR) ordenó este miércoles la captura de personas acusadas de pertenecer a una estructura que se dedicaba al robo en establecimientos comerciales y viviendas, haciéndose pasar por agentes policiales.

“Ejecutamos 16 órdenes de detención administrativa, en este caso estamos desmantelando una estructura que operaba en los departamentos de Sonsonate y Ahuachapán. Esta estructura se dedicaba a cometer el delito de robo agravado principalmente en víctimas que ellos seleccionaban previamente”, informó el fiscal del caso.

En el operativo junto a la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de Hugo Adiel Castro Castro, José Wilfredo Castro Castro, Néstor Alberto Martínez Zepeda, Karelyn Jeanneth Martínez Zepeda, Luis Alfredo Quele Belloso y Juan Carlos Salazar Aguilar.

De acuerdo con la Fiscalía los detenidos se hacía pasar por agentes policiales y de la Fuerza Armada para ingresar a los comercios y viviendas de las víctimas para ejecutar los delitos.

“El modo de operar de esta estructura es que se vestían de soldados y policías, vale aclarar que parte de los miembros de la estructura en algún momento pertenecieron a la Fuerza Armada, entonces se vestían con uniformes de soldados y policías, simulaban tener órdenes de registro para que las víctimas abrieran sus puertas y una vez estaban al interior procesión a buscar cosas de valor, como joyas para cometer el robo”, detalló el fiscal.

Según indicó la representación fiscal, entre las víctimas se identificaron a personas dedicadas al préstamo de dinero, empresarios, supermercados y establecimientos donde ellos observaban que habían también armas de fuego.

Durante los allanamientos se incautó dinero en efectivo, armas de fuego, vehículos automotores, uniformes militares, teléfonos celulares y otros objetos que utilizaban los imputados para su accionar criminal.

“Con los ocho registros realizados y las capturas efectuadas se resuelven 14 casos de robo agravado que ocurrieron entre los años 2023 y 2024 en Sonsonate y Ahuachapán”, aseguró la FGR.

La investigación comenzó en el 2024 cuando los imputados robaron armas de guerra; que dio lugar a las primeras capturas y con el operativo ejecutado en la madrugada de este miércoles se finaliza la investigación al desmantelar la banda en su totalidad, resaltó la Fiscalía.

El Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente (Marn) alertó el martes de una probabilidad media del 30 y 60 % de probabilidad de la ocurrencia de inundaciones urbanas, deslizamientos y caída de rocas en el territorio salvadoreño debido a las fuertes lluvias.

Según la última actualización del informe del pronóstico de impacto, los vientos asociados a tormentas generarán probabilidad media de caída de ramas, árboles y vallas publicitarias, debido a vaguada cercana a la región Centroamericana que favorecen a la formación de las lluvias y tormentas en el país.

El Marn detalló que durante las próximas 72 horas existe la probabilidad media de inundaciones urbanas y crecidas súbitas en distritos de la franja costera y occidente del país, así como probabilidad de deslizamientos y caída de rocas en zona montañosa norte de los departamento de Chalatenango y Cabañas; complejo volcánico Berlín-Tecapa y cordillera de Jucuarán.

Estos eventos pueden ocasionar afectaciones en las vías de acceso por caída de elementos debido a viento y humedad del suelo, además de interrupción al servicio básicos, por viento de actividad eléctrica.

A esto se suma, posibles crecidas repentinas en ríos y quebradas que puedan provocar arrastre de personas, vehículos y otros elementos expuestos en el cauce e inundaciones urbanas generando afectación leve al tráfico y paso peatonal.

Los deslizamientos y caídas de roca pueden interrumpir caminos y parcialmente carreteras, afectar poblados en cercanías de laderas y taludes, según señala el informe.

El Ministerio de Medio Ambiente vigila un nuevo sistema de baja presión que tiene un 80 % de probabilidad de formación ciclónica para los próximos siete días, según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

El Centro de Huracanes indica que el área de baja presión localizada al sur del Golfo de Tehuantepec produce actividad de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, por lo que las condiciones ambientales son propicias para “el desarrollo gradual de este sistema, y una depresión tropical”.

“Es probable que se forme a fines de esta semana o durante el fin de semana mientras se mueve generalmente hacia el oeste-noroeste justo frente a la costa suroeste de México”, advierte el NHC.

Los abogados de la defensa del presidente de la cooperativa El Bosque, Ángulo Pérez, y el abogado del Foro del Agua, Alejandro Henríquez presentaron el lunes ante la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla la apelación de la resolución de la audiencia inicial, donde se decretó detención provisional.

«Hemos presentado un recurso de apelación contra la resolución de la jueza del Primero de Paz de Santa Tecla, quien ordenó instrucción formal con detención provisional en contra de nuestros compañeros», informó Carlos Fuentes a través de un video compartido por el Foro del Agua, en su cuenta de X.

Fuentes explicó que la apelación se presentó debido a que la defensa consideró que la juzgadora resolvió «contrario a derecho, haciendo una incorrecta y arbitraria aplicación de las reglas de la sana crítica e interpretación de los hechos».

El vocero del Foro del Agua señaló que los argumentos y las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) no tenían elementos que muestran la participación de Ángel y Alejandro en los supuestos delitos que se les imputan, que corresponden a desórdenes públicos y resistencia agresiva.

La jueza lo que hizo fue hacer una aplicación arbitraria para dar la apariencia del buen derecho y lo que hizo fue una incorrecta interpretación de los hechos, entonces lo que encontramos es que la jueza está inventando una nueva categoría penal, porque ella rompe los criterios que establece el Código Penal y concluye que ellos exceden el ejercicio del derecho de reunión y manifestación», indicó Fuentes.

La noche del 12 de mayo de 2025, los habitantes de la cooperativa El Bosque participaron en un plantón frente al centro comercial Las Piletas y de la Residencial Los Sueños, para pedir ayuda al presidente a cancelar una orden de desalojo dirigida para 300 habitantes de la comunidad.

En dicha concentración fue detenido Ángel Pérez, en medio del forcejeo con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) y demás de los habitantes trataban de impedir la detención, según se observa en la transmisión realizada por Radio Balsamo TV.

Un día después, se reportó la captura del abogado del Foro del Agua, Alejandro Henríquez en la afueras de las instalaciones de dicha organización, en la colonia Miramonte de San Salvador, según informaron miembros de la misma organización.

Ambos detenidos enfrentaron el 30 de mayo la audiencia inicial ante el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, donde se ordenó que continúen en detención provisional y que el caso pase a fase de investigación durante seis meses.

Al finalizar la audiencia, el abogado defensor Oswaldo Feusier dijo que el expediente fiscal no tenía los requisitos para que ambos detenidos estén en prisión y que después de tres horas de argumentos de la defensa, la jueza dio su fallo en menos de tres minutos.

La Fiscalía acusó a Pérez y a Henríquez de los delitos de resistencia agresiva y desórdenes públicos en calidad de coautores en perjuicio de la paz pública.

Según el planteamiento de Fiscalía, los imputados tenían la intención de ingresar a la Residencial Los Sueños, donde vive el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

«A pesar que se le mostró una gran cantidad de videos, una gran cantidad de imágenes donde se demuestra que no hubo desórdenes públicos, que lo que hubo fue agresión de la PNC y de la policía militar, ella (la jueza) toma arbitrariamente una imagen donde lo que se demuestra es otra cosa», agregó Fuentes, del Foro del Agua.

La organización también informó que los procesados en el caso de la Cooperativa El Bosque fueron trasladados al centro penitenciario La Esperanza, conocido como Mariona, donde deberán guardar prisión hasta que el caso pase a fase de instrucción.

El abogado Salvador Enrique Anaya se encuentra recluido en la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) en estado de salud estable, a pesar de padecer de una enfermedad crónica que ha sido motivo de preocupación tras su captura el pasado fin de semana, dijo el martes su abogado defensor, Jaime Quintanilla, tras visitarlo.

“Entramos a ver a Enrique, está estable gracias a Dios se le está brindando su medicamento, sin embargo, una de las peticiones bastantes serias que pide es que antes de su detención él estaba en un tratamiento propio de su enfermedad y estaba en esa etapa y cuando lo llevaron a chequeo en Medicina Legal dijo que le hicieran las pruebas que le habían ordenado a nivel privado”, declaró Quintanilla a las afueras de la División de Tránsito Terrestre.

Anaya fue trasladado a dichas instalaciones el lunes 9 de junio, luego que fuera llevado a la Dirección Central de Investigaciones (DCI) tras su detención el sábado 7.

El abogado indicó que Anaya padece de una enfermedad crónica desde hace varios años y que parte de sus chequeos médicos se le solicitó la realización de ultrasonografía, la cual dijo no pudo hacerse, por lo que hace solicita que se le brinde el tratamiento médico adecuado mientras permanece en detención con el fin de evitar una complicación.

Marcela Ramos, socia del abogado Anaya señaló que “en estos momentos no ha tenido un monitoreo de su condición de salud, no ha tenido un reconocimiento médico y él indicó desde su detención que ya tenía una orden para una ultrasonografía esquelética y no se le ha autorizado, ni se le ha brindado”.

Ante ello, el abogado hizo el llamado a la comunidad internacional a que den seguimiento al estado de salud de Anaya para que “se den cuenta del estado en que él se encuentra y puedan ver su condición porque tiene temor de su situación dado que si no le van a dar la medicación adecuada, si no va a tener en su momento los tratamientos su situación podría disminuir”.

Anaya fue detenido el sábado 7 de junio en la vivienda de su hija en Ciudad Merliot, Santa Tecla y la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó su captura por el presunto delito de lavado de dinero.

Remisión a juzgados

Por otra parte, el abogado Quintanilla dijo que aún desconocen cuándo remitirán a Anaya a los juzgados, pese a que este martes se cumplen las 72 horas de la detención administrativa por ser delitos comunes, no obstante, dijo que es probable que siga en detención durante el plazo del régimen de excepción, que consta de 15 días.

“Aplicar un régimen de excepción a una jurisdicción ordinaria para ellos (Fiscalía) es normal, cuando el régimen de excepción ya sabemos es llevado a cabo por el programa de seguridad por delitos relacionados a pandillas, secuestros, extorsión y homicidio y no existe una organización criminal de Enrique Anaya como abogado”, argumento.

Quintanilla añadió que hasta el momento desconocen sobre los hechos por los que fue detenido su representado, por lo que sostuvo que es difícil sostener una defensa cuando se limita conocer sobre las presuntas razones de la captura.

“Como no sabemos porque lo van a juzgar ahorita estamos en situación de incertidumbre, ya que tanto Enrique como la defensa desconocemos los hechos por el cual él ha sido detenido. La Fiscalía lo acusa al momento de la captura de lavado de dinero, yo estoy mas que seguro que lo van cambiar y ¿cuando lo vamos a saber? hasta el momento que lo llevan a tribunales”, expresó.

“No se ha tenido acceso al expediente a pesar que ha pasado tanto tiempo de su detención, Enrique no conoce sobre los hechos por los cuales se le está imputando el delito, así que eso es parte de una estrategia para poder obstaculizar su defensa que en definitiva si él no conoce los hechos, si no nos dan acceso al expediente, sino cumplen con los términos legales pues lo que se está realizando al final es una violación al debido proceso”.

Marcela Ramos, abogada

Ante ello, el abogado dijo que solicitarán a la Fiscalía información sobre los argumentos de detención que se planean informar en el requerimiento cuando sea remitido a juzgados con el propósito de ejercer una defensa justa.

El abogado reconoció que en años anteriores investigaciones financieras de forma administrativa durante los periodos presidenciales de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén “afortunadamente todo eso él lo pudo desvanecer” y “no trascendió a nivel público”.

La Dirección Nacional de Integración destinará más de $2.2 millones para la contratación de servicios profesionales para sus programas institucionales, con el objetivo de fortalecer la ejecución de la Fase VI del Plan Control Territorial a través de la Política de Integración.

De acuerdo con la información publicada en el sitio web de la Bolsa de Productos y Servicios (Bolpros) se pretende la contratación de recurso humano especializado para distintas áreas clave de los programas y ferias que realiza la institución.

Entre las categorías de personal a contratar se encuentran especialistas en medicina general, enfermería, masajistas clínicos y fisioterapeuta, así como profesionales para atención psicológica, abogados y trabajo social. Esto por un monto de inversión de $96,163.20.

Para el rubro de deportes, se pretende emplear a árbitros, profesores de fútbol, baloncesto, básquetbol, atletismo, karate y coordinadores por un monto de $169,999.62. Asimismo, se contratará maestros en artes plásticas, música, canto, danza, teatro, pintacaritas, animadores, música, coreografías de baile, ajedrez y profesionales para impartir clases de cerámica, torno, arte textil, arte circense, modelado y escultura por un monto de $509,119.59.

Además, la contratación de docentes y auxiliares en asignaturas de lenguaje, comprensión lectora, inglés, informática y matemáticas e historia de El Salvador, por una inversión de $129,286.08.

A esto se suma, la contratación de personal técnico y administrativo para los diferentes programas por un costo de $289,825.20, profesionales para la administración y funcionamiento de las escuelas integradoras por $542,897.79 y técnicos de programas por $264,287.42.

Por último, se contempla emplear a motoristas para el apoyo técnico, operativo y logístico por un monto de $232,000.00. El costo total de la inversión será de $2,233,578.90 con financiación del Fondo General de la Nación.

La institución señaló que la contratación de estos servicios busca fortalecer las capacidades institucionales para la planificación, coordinación y seguimiento de las actividades en el marco de la Política de Integración, garantizando así una cobertura efectiva a nivel nacional.

La Dirección de Integración tiene entre sus funciones principales promover espacios de desarrollo integral para la juventud, mediante opciones recreativas y de uso productivo del tiempo libre. Además de promover los servicios integrales de salud, y el desarrollo de programas de educación en todos los ámbitos de salud; y potenciar programas de salud mental y atención psicológica.

El alcance que se pretende alcanzar es a nivel nacional, abarcando los 14 departamentos, sus 44 municipios y 262 distritos. Los programas, enmarcados en la Ley del Sistema Nacional de Integración, forman parte de los esfuerzos de la Fase VI del Plan Control Territorial para fomentar la participación social y comunitaria en el país.

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó a 20 años de prisión a tres hombres por el asesinato de una persona en la colonia Xanadú, en el departamento de San Miguel en el año de 2023.

La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a los responsables como Héctor Leonel Molina Díaz, Wílmer Alexander Flores Treminio y Moisés Mariano Benítez Maltez, quienes se encontraban departiendo en la colonia Xanadú, en San Miguel, cuando discutieron con la víctima dejándolo inconsciente.

“Los imputados se retiraron del lugar y volvieron 25 minutos después para quitarle la vida ocasionándole lesiones en distintas partes del cuerpo con un cuchillo”, detalló la FGR.

El crimen fue reportado por la Policía Nacional Civil (PNC) el 28 de octubre de 2023 y que la causa de muerte habría sido por lesiones de arma blanca.

Ese mismo día, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro informó en sus redes sociales sobre la captura de Héctor Molina, Wílmer Flores y Moisés Benítez, ahora condenados, donde el funcionario aseveró que “ningún asesinato quede impune”.

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de 80 y 40 años de cárcel para dos pandilleros de la MS-13 por múltiples delitos cometidos al oriente del territorio salvadoreño.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que los procesados fueron responsables de ocho homicidios agravados y dos homicidios tentados, así como tres casos de privación de libertad, tres casos de extorsión y de agrupaciones ilícitas.

Uno de los condenados fue identificado como Fredy Miguel Cháv ez Guevara, quien fue hallado culpable por cuatro homicidios agravados.

Según se detalló, una de las víctimas de homicidio fue un miembro del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de San Miguel, quien fue atacado con arma de fuego luego de recibir la orden de otro pandillero que se encuentra recluido en el penal de San Francisco Gotera.

“Los imputados aseguraban que la víctima pertenecía a la pandilla contraria”, destacó la Fiscalía.

La segunda sentencia fue impuesta a Reynaldo Antonio Argueta Gómez, a quien se le condenó a 40 años de cárcel por dos homicidios agravados.

La representación fiscal indicó que los crímenes ocurrieron entre septiembre del 2012 y julio del 2013 en los distritos de Osicala, en Morazán; Ciudad El Triunfo, en Usulután y Chirilagua, en San Miguel.

En otros hechos, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó este viernes a 22 años de cárcel a Pedro Adrián Sánchez Bonilla por los delitos de violación en menor o incapaz y violación simple en perjuicio de un menor de 13 años de edad. De acuerdo con la FGR, Sánchez aprovechaba que la víctima se encontraba sola para cometer los abusos.

Los hechos ocurrieron durante siete años, entre 2016 y 2023 en el caserío El Cordoncillo, cantón Cangrejera, en el municipio de La Libertad Costa.