La asociación Tutela Legal «Dra. María Julia Hernández» ha documentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 1,000 casos por diferentes denuncias de violaciones de derechos humanos, en el marco del régimen de excepción, que está vigente desde marzo de 2022.
El informe «Regimen de excepcion: Tres años de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos», expone que desde el inicio del régimen, el 27 de marzo de 2022, hasta febrero de 2025, Tutela Legal ha presentado 1,077 denuncias de violacion de derechos humanos, de los cuales el mayor porcentaje son personas detenidas arbitrariamente de rango etario jóvenes y laboralmente activos.
El abogado de dicha organización, Alejandro Díaz, dijo que todos los casos presentados ante la CIDH han sido aquellos que ya pasaron por un proceso en El Salvador y que se han sido agotados en instancias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de los cuales en su mayoría han sido declarados «inadmisibles o improcedentes».
«Es excepcionalmente que quizás el 1 % en estos últimos meses que se han tenido respuestas más adecuadas a las graves violaciones a los derechos humanos», destacó Díaz.
La mayoría de los casos documentados y presentados a la Comisión corresponden a personas provenientes de San Salvador, Sonsonate, La Libertad, Usulután, Santa Ana y San Miguel.
El representante de Tutela Legal señaló que la CIDH se ha comunicado con las partes que han presentado las denuncias, por lo que esperan que dicha instancia interamericana, «retome este caso dentro del proceso interamericano, ya que se han pronunciado el año pasado con el informe «que ha sido muy contundente y revelador de las grandes violaciones en el país», dijo Díaz.
El abogado destacó que la Comisión Interamericana recomienda la derogación del régimen de excepción, además de llevar registros de víctimas de graves violaciones, llevar registros de las personas detenidas y realizar investigaciones que se han estado denunciando en estos años en contra de funcionarios del Estado y que han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Por su parte, Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) dijo que han presentado más de 258 expedientes de personas detenidas que se presumen son inocentes por la documentación recolectada por los familiares de las víctimas.
El régimen de excepción cumplió tres años el 27 de marzo de 2025, y a su prórroga número 39 se reportan más de 86,400 personas detenidas señaladas de pertenecer o colaborar con las pandillas.
La medida de seguridad se aplicó luego que 87 personas fueron asesinados por parte de las pandillas, entre el 25 al 27 de marzo del año 2022.
Temor a denunciar
Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) aseguró que el régimen de excepción en lugar de garantizar una estabilidad de seguridad entre la población salvadoreña, solo ha creado un ambiente de temor entre sus habitantes y lo que hacen es «atemorizarlo, apresarlo, asesinarlo y torturarlo».
«La población se siente temerosa de denunciar los casos que son muchos, son bastantes. La comunidad internacional lo comprende y lo sabe perfectamente de esas graves violaciones de derechos humanos, las mismas Naciones Unidas, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dado diferentes resoluciones en el cual refleja el temor», sostuvo Montenegro.
El director de la CDHES señaló que a esto se suma la aprobación de la Ley de los Agentes Extranjeros, recién aprobada, que manifestó solo busca «atemorizar a las organizaciones de derechos humanos y sociales de este país para que no sigan denunciando las violaciones graves que está cometiendo el Gobierno sin que nadie diga lo que está pasando».
Las organizaciones defensoras de derechos humanos registran denuncias de violaciones a derechos humanos durante la aplicación de la medida de seguridad, como la captura de personas inocentes o de manera arbitraria, la tortura en las cárceles y la muerte de detenidos bajo la custodia del Estado.
El abogado de Tutela Legal manifestó que a tres años del régimen se registran más de 415 personas fallecidas a manos del Estado, bajo dicha medida excepcional.
