Autor: Dania Quehl

La Asociación para el Desarrollo Económico y Social (Ades) de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, junto a familiares de uno de los acusados en el caso conocido con el mismo nombre,

presentaron este miércoles un escrito ante la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que investiguen al juez del Tribunal de Sentencia de San Vicente, Hugo Banzer Flores Alas,

señalado de pertenecer a la Guardia Nacional durante el conflicto armado salvadoreño.

“Nosotros como familiares hemos venido a presentar un escrito para que investiguen al juez que lleva el caso de los ambientalistas y nuestro familiar para que se revise si de verdad él (juez) tuvo implicaciones durante el conflicto armado como miembro activo de la Guardia Nacional”, manifestó Milton Rivas, hijo de Pedro Rivas, uno de los ocho procesados.

Según información difundida en plataformas digitales y redes sociales por el comunicador, César Fuentes, el juez Alas Flores fue su compañero dentro de la Guardia Nacional, por lo que ahora familiares de los acusados exigen que se investigue.

“Si eso es así, debe ser corroborado y apartado del caso porque esto genera un conflicto de intereses, ya que haría de juez y parte en esta investigación y podría tener hasta cierto punto un anticipo de juicio, entonces desde ese punto de vista la imparcialidad se pierde”, indicó el hijo de uno de los procesados.

Desde inicios de abril, organizaciones de derechos humanos solicitaron al juez Flores Alas que se apartará del proceso judicial que enfrentan ocho personas de la comunidad Santa Marta acusados del asesinato de una mujer durante el conflicto armado salvadoreño.

El representante de Ades Santa Marta, Alfredo Leiva, consideró que el caso se ha visto “contaminado” y existe la posibilidad que haya manipulado a los otros dos jueces que conforman el Tribunal de Sentencia de San Vicente, que conocerán el caso.

“Por lo tanto, es importante para la aplicación de una verdadera justicia que la Sección de Investigación realice la investigación y de esa manera determine si el juez puede o no actuar en el caso de nuestros compañeros”.
Alfredo Leiva,
Representante de ADES.

A ellos se sumó el abogado de Tutela Legal, Alejandro Díaz, quien expresó su apoyo a la comunidad Santa Marta y que el proceso penal ha sufrido de “atropellos” y “dilataciones” con el fin de “criminalizar” a las ocho personas acusadas.

“Ningún exguerrillero que haya participado en el conflicto armado debería de ser juez de ningún exmiembro de la Fuerza Armada o de los cuerpos de seguridad que participaron en el conflicto, así como a la inversa”, recalcó Díaz.

En el caso Santa Marta se acusa a Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio de asesinar a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

El 18 de octubre de 2024, el Tribunal de Sensuntepeque resolvió absolver a los ocho procesados del caso Santa Marta, sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) apeló dicha resolución y la Cámara de la Segunda Sección de de Cojutepeque ordenó un nuevo juicio.

El juicio repetido está previsto para el próximo 3 de junio de 2025, luego que fuera suspendido por tercera vez por carga laboral del Tribunal de Sentencia de San Vicente con otros procesos agendados.

El pasado 2 de abril, el Tribunal de Sentencia de San Vicente declaró en rebeldía a seis procesados del caso de Santa Marta, esto luego que se agotaran todos los mecanismos de notificación para obtener una respuesta por parte de los acusados.

Las organizaciones sostienen que la repetición del juicio se trata de una persecución en contra los ambientalistas de Santa Marta.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel instaló, el lunes, el juicio en contra de cuatro hombres a quienes se les acusa del asesinato de cinco personas, en el caso conocido como masacre de San Andrés, en el departamento de San Miguel durante el conflicto armado.

Los procesados fueron identificados como José Inés Benavides, alias «Necho»; José de la Cruz Orellana, alias «Chepe proyecto»; Aníbal Alvarado Benítez, alias «Chele Aníbal» y Luis Alonso Benavides Polio. Dos de los acusados tiene medidas alternas a la detención y dos guardan prisión.

Según la Fiscalía General de la República (FGR) a los imputados se les procesa el asesinato de cinco víctimas que fueron privadas de libertad en el cantón San Andrés, de San Miguel, el 7 de abril de 1981 y sus cadáveres fueron localizados un día después en el cantón Caulotillo, del municipio de San Alejo, La Unión.

La Fiscalía atribuye los delitos en perjuicio de Ángel Chávez Benavides, María Verónica de Chávez, José Luciano Benavides, Guillermo Magaña Castellón y Rogelio Magaña Castellón, quienes residían en el referido cantón y fue durante la noche que fueron sacados de su vivienda violentamente por sujetos con uniformes y vehículos militares.

En su momento, la Fiscalía aseguró que una de las víctimas era el presidente de una cooperativa local, la esposa era una maestra y ambos eran catequistas del cantón San Andrés. Las otras dos víctimas eran estudiantes, jornaleros y otro miembro de la cooperativa «pero ninguno tenía relación con las actividades subversivas de aquel entonces, ni mucho menos con el conflicto armado».

Supuestamente un «oreja» dio información sobre ellos al C2, una estructura paramilitar que ha sido relacionada con los escuadrones de la muerte. Las cinco personas fueron secuestradas y torturadas, antes de su asesinato. Cuando encontraron los cuerpos algunos estaban mutilados. Sus cuerpos tenían lesiones de bala y de tortura, según la investigación.

A los procesados se les atribuye los delitos de asesinato, privación de libertad, robo y asociaciones ilícitas, así como aquellos delitos contra las leyes o costumbres de guerra, es decir no atentar contra civiles. La FGR asegura que todos los delitos fueron cometidos durante el conflicto armado.

La vista pública está prevista para realizarse durante cinco días, donde la Fiscalía presentará pruebas periciales antropología, psicológica, físico-química y social. Además de la declaración de 15 testigos y ocho peritos con los que sustentarán su acusación en contra de los imputados.

Los cuatro exmilitares se convierten en la primera estructura que conformó un escuadrón de la muerte, durante el conflicto armado en el país, que son judicializados por un crimen de guerra, declarado como de lesa humanidad por un juez de paz.

En marzo pasado, Estados Unidos expulsó a Ángel Aníbal Alvarado Benítez de 75 años, quien residía en ese país de manera irregular.

El Gobierno de El Salvador entregó más de $245,000 a seis de los transportistas detenidos y acusados del delito de peculado por presuntamente negarse a brindar el servicio de transporte colectivo gratuito, durante la emergencia del cierre de la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros.

Dicha información fue revelada en la audiencia inicial realizada por el Juzgado Séptimo de San Salvador, donde el pasado viernes se procesó a 12 empresarios del transporte colectivo, quienes seguirán en el proceso de investigación en libertad.

En el caso, la Fiscalía General de la República acusó de incumplimiento de deberes a Genaro Ramírez, de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS); José Abel Reina, empresario de la ruta 125 y 140 de San Martín; José Alejandro Arriaza, vicepresidente de la ruta 202 de Ahuachapán; Nelson David Moreno, de la ruta 79; Napoleón Humberto Cárcamo López, empresario de la ruta 38, de Apopa y Alexander Sorto, presidente de la Mesa Nacional de Transporte y empresario de la ruta 205 de Sonsonate,

Así como Ángel Monroy Cabrera, empresario de la ruta 38-D, de Apopa; Rutilio Guardado Ferrer, empresario de la ruta 49, de Soyapango; José Roberto Cuéllar Parada, empresario de la ruta 41-D, de Soyapango; Wuillian Ricardo Flores Escobar, empresario de la ruta 54, de La Unión; Nelson Saúl Villalta Platero, de la ruta 29 Acopac, de Ilopango y Julio Ovestes Mirón Escobar, empresario de las rutas 47 y 48.

A estos últimos seis se les agregó el delito de peculado, el cual fue señalado por el presidente Nayib Bukele luego de que el gobierno desembolsará $12 millones para el pago del servicio del transporte.

La jueza indicó en la resolución de la audiencia que la Fiscalía logró comprobar que el Gobierno depositó un total de $245,169.02 a los seis empresarios del transporte colectivo acusados de apropiación de fondos del Estado.

Según detalló, a Ángel Monroy Cabrera se le depositó la cantidad de $32,134.20; a Rutilio Guardado Ferrer $51,859.57; José Roberto Cuéllar Parada el monto de $65,875.77. Mientras que al empresario Nelson Saúl Villalta Platero la cantidad de $54,662.79; a Wuilliam Ricardo Flores $16,819.32 y para Julio Ovestes Mirón el monto de $23,817.37.

La juzgadora añadió que los desembolsos se efectuaron entre el 6 y 8 de mayo, cuando ya estaba en vigencia la orden de brindar el servicio de transporte colectivo gratis, del 5 al 11 del mismo mes, como una medida de apoyo por el cierre del tramo de Los Chorros.

Sin embargo, enfatizó que por el momento solo se cuenta con la confirmación de los desembolsos en las cuentas bancarias, por lo que no será hasta que termine el plazo de investigación que la Fiscalía deberá demostrar el supuesto cometimiento del delito en una audiencia ante un Juzgado de Instrucción, donde se decidirá si los acusados son enviados a juicio o son absueltos.

El Código Penal de El Salvador establece en el artículo 325 que “el funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que se apropiare en beneficio propio o ajeno, de dinero, valores, especies fiscales o municipales u otra cosa mueble de cuya administración, recaudación, custodia o venta estuviere encargado en virtud de su función o empleo o diere ocasión a que se cometiere el hecho será sancionado”. La pena por dicho delito oscila entre los 6 y 15 años de cárcel.

La Fiscalía presentó el pasado lunes la acusación formal en contra de 12 transportistas por los delitos de incumplimiento de deberes y peculado, luego que el presidente salvadoreño ordenara a la Policía Nacional Civil (PNC) detener a aquellos que no habían brindado transporte en medio de una crisis por el cierre de la carretera Los Chorros.

La detención en flagrancia se realizó porque los días 5, 6 y 7 de mayo estos empresarios no prestaron el servicio de forma regular, siendo un servicio público y subsidiado, dijo al momento de la presentación del requerimiento la representación fiscal.

En la audiencia del viernes se dio el sobreseimiento a Roberto Jaco, empresario de las rutas 201 y 50, del occidente del país, quien murió el 12 de mayo, cinco días después de su captura. Así como a José Modesto Menjívar Vásquez, luego que se demostrará que no tenía rutas de autobuses activas cuando se ordenó la gratuidad. Menjivar Vásquez pasó 15 días en prisión preventiva en la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil.,

¿Qué ocurrió?

El domingo 4 de mayo, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez pospuso en una conferencia de prensa la reapertura de la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros para el día 11 del mismo mes, la cual prevista para el día 5, debido al colapso de un talud el 29 de abril de 2025, dejando inhabilitada la vía.

Ante ello, el presidente Bukele ordenó que del 5 al 11 de mayo el servicio de transporte colectivo debía ser gratis, como una medida de apoyo por el cierre del tramo de Los Chorros.

Posteriormente, el mandatario también ordenó a la PNC capturar a los transportistas que se negarán a brindar el servicio de transporte gratuito y que el Estado destinó $12 millones para cubrir el servicio.

Desde el cierre de Los Chorros, el 29 de abril del presente año, el Área Metropolitana de San Salvador sufrió de severas complicaciones viales, además de saturación de usuarios del transporte colectivo en diferentes paradas de autobuses del país.

El Tribunal de Sentencia de San Vicente suspendió y reprogramó por tercera ocasión la instalación del juicio en contra de ocho personas de la comunidad Santa Marta, en Cabañas, acusadas por el asesinato de una mujer durante el conflicto armado de El Salvador.

La suspensión del juicio repetido fue notificado a Diario El Mundo por el abogado de la defensa, Pedro Cruz; la vista pública estaba prevista a desarrollarse del 26 al 28 de mayo de 2025, en el Centro Judicial de Segunda Instancia de San Salvador.

Con esta sería la tercera vez que el referido tribunal suspende y programa la vista pública, en un inicio se programó del 3 al 7 de febrero, pero debido a la inasistencia de los acusados fue señalada para del 9 al 11 de abril, no obstante, fue suspendido debido a la carga laboral de uno de los jueces del tribunal que conocerá el caso. Ahora, la nueva fecha fue señalada para el próximo 3 de junio de 2025.

Alfredo Leiva, de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (Ades) de Santa Marta, señaló que la causa de la nueva suspensión se debe a la agenda del Tribunal de Sentencia de San Vicente, que coincide con otros procesos judiciales.

“Hay una excusa ahí poco creíble, el tribunal dice que por coincidencia con otros procesos judiciales se reprogramó para el 3 de junio”, dijo Leiva a Diario El Mundo.

Los implicados en el proceso son Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García y Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio, acusados del asesinato de una mujer identificada como María Inés Alvarenga asesinada el 22 de agosto de 1989, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a los excombatientes del FMLN de asesinar el 22 de agosto de 1989 a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.

Según la acusación, los procesados sacaron a la mujer de su casa y la llevaron al campamento para torturarla, posteriormente la asesinaron.

El pasado 2 de abril, el Tribunal de Sentencia de San Vicente declaró en rebeldía a seis procesados del caso de Santa Marta, esto luego que se agotaran todos los mecanismos de notificación para obtener una respuesta por parte de los acusados.

Ante ello, organizaciones sociales denunciaron y exigieron al juez de sentencia de San Vicente, Hugo Banzer Flores Alas, que se aparte del proceso judicial debido a su presunto pasado militar como miembro de la Guardia Nacional durante el conflicto armado salvadoreño, entre 1980-1992, según una información publicada por el comunicador, César Fuentes.

En octubre de 2024, el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas desarrolló el juicio en contra de los ocho acusados y fueron absueltos de los cargos, principalmente, porque el caso no configuraba los requisitos como crimen de guerra.

Sin embargo, la Fiscalía apeló dicha resolución y la Cámara de la Segunda Sección de de Cojutepeque ordenó un nuevo juicio.

Las organizaciones sostienen que la repetición del juicio se trata de una “nueva fase de persecución” en contra los ambientalistas de Santa Marta.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) advirtió, este lunes, que incrementaron a 90 % las posibilidades de que se desarrolle un ciclón para los próximos siete días en la costa del Pacífico.

En su última actualización la NOAA dijo que un área de baja presión podría formar un ciclón tropical al sur de la costa de México, donde se reportan aguaceros y tormentas eléctricas que se han concentrado más cerca de una amplia área de baja presión ubicada varios cientos de millas al sur de la costa mexicana.

El informe también señala que las condiciones parecen favorables para un mayor desarrollo ciclónico y se espera que se forme una depresión tropical alrededor de mediados de esta semana mientras se mueve generalmente hacia el oeste-noroeste del océano Pacífico.

Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) añade que la baja presión actualmente presenta un potencial de desarrollo ciclónico de 50 % para las próximas 48 horas.
Además descartan que el fenómeno tenga influencia sobre El Salvador. “El Observatorio de Amenazas estará monitoreando la evolución de este sistema, aunque no se espera influencia sobre nuestro país”, indicó Medio Ambiente.

La temporada de huracanes comenzó el 15 de mayo en el océano Pacífico con pronósticos de ocurrencia de hasta siete tormentas tropicales, cuatro huracanes y tres huracanes más de tipo mayores, es decir de categoría 3, 4, y 5.

Además, se prevé que para el 1 de junio que inicie la temporada de huracanes en el océano Atlántico. Las autoridades han previsto que ambas temporadas finalicen el 30 de noviembre de 2025.

Medio Ambiente oficializó el inicio del invierno en El Salvador el pasado 21 de mayo en algunas zonas altas del país, como Santa Ana y Chalatenango, mientras que en otros departamentos, como San Salvador, Cuscatlán, Cabañas, La Paz, San Vicente, Usulután, San Miguel, Morazán, La Unión, Santa ana y Ahuachapán, aún se encuentran en zona de transición.

Al menos 10 personas continúan resguardadas en un albergue de La Libertad
debido a un fuerte oleaje que azotó el fin de semana las costas salvadoreñas.

Según informó Protección Civil a Diario El Mundo, se trata de cuatro familias, que conforman 10 personas que fueron trasladadas a un albergue temporal, en el distrito de La Libertad, de La Libertad Costa.

“Las personas refugiadas provienen de la playa El Majahual, se mantienen en espacios dignos y reciben atención integral,” indicó el Ministerio de Gobernación a través de su cuenta de X.

Turistas y comerciantes de la playa El Majahual, en La Libertad Costa fueron sorprendidos la tarde del domingo cuando olas de gran tamaño ingresaron con fuerza hasta la zona de arena.

Durante la emergencia, guardavidas de Protección Civil junto a personal de otras instituciones de socorro evacuaron a cerca de 50 personas de dicha playa. Comandos de Salvamento, informaron de turistas lesionados en las playas del Obispo, Conchalío y El Majahual.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) advirtió de la llegada de mareas vivas que ocasionarán oleajes más rápido en las costas salvadoreñas hasta el próximo martes 27 de mayo con olas de hasta 2 metros de altura en la costa y de hasta 2.3 metros en altamar.

Protección Civil recomendó evitar ingresar al mar durante marea alta, especialmente en la planicie costera occidental (Punta Remedios), la cordillera del Bálsamo (Punta Roca), la planicie costera central (Estero de Jaltepeque), la planicie costera oriental (Bahía de Jiquilisco) y el Golfo de Fonseca (Bahía de La Unión).

Además, detalló que la marea alta será entre las 2:00 y 3:00 de la madrugada y tarde, inundando la parte alta de las playas. Mientras que la marea baja será entre las 8:00 y 9:00 de la mañana y noche, dejando al descubierto la parte baja de las playas.

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó, este lunes que el servicio de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS)

comenzará a restablecerse de forma gradual a partir de esta tarde de este lunes, luego que la tubería principal del Sistema Zona Norte sufriera daños.

“Debido a la magnitud del daño de la tubería principal de 42 pulgadas del Sistema Zona Norte, la reparación finalizará hasta mañana (lunes) al mediodía. Posteriormente, el servicio de agua potable se restablecerá de forma gradual a partir de la tarde del lunes, estimando su normalización total en el transcurso del martes”, indicó ANDA en su cuenta de X.

La interrupción del servicio ocurrió tras el colapso de la tubería principal en la estación central, el pasado domingo, debido a una fuerte presión de cerca de 1,200 libras por pulgadas cuadradas, que al chocar con uno de los tapones del sistema de bombeo provocó una fuerte explosión, según explicó esta mañana en una entrevista de canal 10, el presidente de ANDA, Jorge Castaneda.

“Eso quiere decir que el fallo súbito que se dio de gran diámetro por un efecto de sobrepresión, lanza una onda y cuando se encuentra con uno de los tapones de las tuberías de uno de los sistemas de bombeo lo que hizo fue impactar y ese impacto generó una explosión”.
Jorge Castaneda,
Presidente de ANDA.

Ante ello, la autónoma señaló que actualmente se encuentran cuatro equipos trabajando en la falla del servicio que ha afectado en grandes puntos del área metropolitana con el propósito de restablecer lo antes posible el servicio.

Sin embargo, la entidad indicó que durante el tiempo de reparaciones se continuarán presentando deficiencias en las zonas de Mejicanos, Ayutuxtepeque, Miralvalle, Escalón, San Benito, bulevar Los Próceres, así como los alrededor del Estadio Cuscatlán, Santa Tecla, Zaragoza y San José Villanueva.

Castaneda dijo que la falla sucedió alrededor de las 2:00 de la tarde del domingo, pero fue hasta cerca de las 11:00 de la noche del mismo día que la autónoma avisó en su cuenta de X.

“Ahora esto sucedió cerca de las 2:00 de la tarde, lo primero fue contener la gran cantidad de agua que sale de esa tubería principal, estamos hablando que hay dos diámetros, una tubería de 42 pulgadas y una de 40 pulgadas”, manifestó el presidente de ANDA.

El presidente de ANDA destacó que el Área Metropolitana de San Salvador es abastecida por tres grandes fuentes de agua, el sistema proveniente del río Lempa que es Torogoz que provee cerca del 40 % del agua que va hacia el AMSS, el sistema Zona Norte que provee cerca del 30 % del agua y hay una serie de batería de pozos que comprenden el restante 30%.

El funcionario aseguró que “estamos enfocados en finalizar lo antes posible la reparación en la Estación Central” y que están habilitados los canales de comunicación para solicitar camiones cisterna.

El pasado viernes, la autónoma anunció que el servicio de agua potable se verá afectado en varios distritos del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y algunos sectores del departamento de La Libertad por trabajos de reparación.

José Modesto Menjívar Vásquez fue uno de los 14 transportistas arrestados por supuestamente no brindar el servicio gratuito, sin embargo, en su caso el servicio de la ruta 97 que operaba dejó de funcionar antes de que ordenarán el servicio gratuito.

Dicha información se reveló este viernes en la audiencia inicial ante el Juzgado Séptimo de San Salvador, donde se procesó a 12 empresarios del transporte colectivo y él fue sobreseído.

Ernesto García, abogado de Menjívar Vásquez, explicó que su representado nunca tuvo un contrato de concesión, por lo que no tiene un vínculo contractual con el Estado para brindar un servicio de transporte.

“Solo hay dos formas que una persona puede brindar servicio de transporte público, sea por mediante la formalización con el VMT (Viceministerio de Transporte) de un contrato de concesión y la otra es mediante una autorización provisional para que la ruta circule mientras satisface ciertos requisitos, el asunto es que mi cliente no es ni uno, ni lo otro”.
Ernesto Garcia,
Defensor de Menjívar.

La resolución a su favor fue a petición de la Fiscalía, debido a que se corroboró que la ruta por la que se le señaló dirigir no operaba desde hace tiempo, por ende la representación no acusó a Menjivar y solo pidió el sobreseimiento definitivo.

Menjívar Vásquez fue detenido el 8 de mayo y permaneció 15 días en prisión preventiva en la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), hasta el pasado lunes cuando la Fiscalía pidió medidas cautelares para los 12 imputados, quienes seguirán en el proceso de investigación en libertad.

«Ellos (Fiscalía) mismos reconocen que ya no estaba esta ruta, ya no estaba operando y por esa razón ha solicitado el sobreseimiento en este caso», expresó el abogado Carlos Meléndez, defensor de otro de los transportistas procesados.

La detención de Menjívar Vásquez fue publicada en la cuenta de X de la Policía Nacional Civil, el mismo día de su captura, no obstante, fue borrada minutos después. Diario El Mundo guarda una captura de pantalla de dicha publicación.

El presidente Nayib Bukele ordenó que del 5 al 11 de mayo el servicio de transporte colectivo debía ser gratis, como una medida de apoyo por el cierre de la carretera Panamericana en el tramo de Los Chorros, la cual pasó dos semanas cerradas.

Bukele dijo que el Estado destinó $12 millones para cubrir el pago a los transportistas por el servicio gratuito.
En el caso están implicados Genaro Ramírez de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS); José Abel Reina, empresario de la ruta 125 y 140 de San Martín; José Alejandro Arriaza, vicepresidente de la ruta 202 de Ahuachapán; Nelson David Moreno, de la ruta 79; Napoleón Humberto Cárcamo López, empresario de la ruta 38, de Apopa y Alexander Sorto, presidente de la Mesa Nacional de Transporte y empresario de la ruta 205 de Sonsonate.

Así como Ángel Monroy Cabrera, empresario de la ruta 38-D, de Apopa; Rutilio Guardado Ferrer, empresario de la ruta 49, de Soyapango; José Roberto Cuéllar Parada, empresario de la ruta 41-D, de Soyapango; Wuillian Ricardo Flores Escobar, empresario de la ruta 54, de La Unión; Nelson Saúl Villalta Platero, de la ruta 29 Acopac, de Ilopango y Julio Ovestes Mirón Escobar, empresario de las rutas 47 y 48.

En total, capturaron a 14 empresarios de transporte colectivo, luego que el mandatario ordenó a la PNC capturar a aquellos que se negarán a brindar el servicio de transporte gratuito, sin embargo, Roberto Jaco, encargado de las rutas 201 y 50, del occidente del país, murió el 12 de mayo, cinco días después de su captura. En la audiencia la jueza decretó sobreseimiento definitivo.

El Juzgado Segundo de Instrucción de Salvador resolvió, en audiencia preliminar, enviar a juicio al expresidente de la Asamblea Legislativa,

Othón Sigfrido Reyes Morales, acusado por los delitos de lavado de dinero y peculado.

El abogado de Sigfrido Reyes, Pedro Cruz, explicó que para la etapa de vista pública se retiró la acusación de apropiación fraudulenta de bienes raíces del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

“Se sobreseyó definitivamente el caso de IPSFA, de los lotes, que fue un logro extraordinario y que fue el origen de esta investigación”, expuso Cruz.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exdiputado de adquirir de forma ilícita bienes raíces del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), provocando un perjuicio patrimonial de $395,317.25.

Además fue señalado de apropiarse indebidamente de $126,609.13 en concepto de viáticos. Sin embargo, para este proceso el abogado de la defensa dijo dicha acción que se cuestionaba por un tiempo de 9 años, pero en la resolución ha quedado por 4 años y medio, que sería del periodo de 2011 a 2016.

“Subsiste lavado (de dinero) porque el lavado es como una consecuencia de lo anterior, que es lo que se va discutir en el juicio”, añadió el abogado.

El defensor destacó que el juicio se desarrollará por menos delitos y tienen la expectativa de lograr la exoneración en la vista pública, donde se desfilarán las pruebas de la representación fiscal y defensa.

“Vamos fortalecidos con eso, para eso presentamos pruebas para vertirlas en vista pública y con las que tenemos que son sólidas pericias, testigos tenemos una expectativa favorable”, dijo Cruz. Durante la lectura, Cruz dijo que aunque el juzgado dio montos no dio el total por el que se va a juzgar.

En el proceso inicial se acusó a Reyes y 13 personas más, pero en la resolución de este viernes, se dê sobreseimiento a cuatro personas, dos exempleados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y dos empleados de IPSFA.

En ese sentido, a etapa de juicio fueron enviados el hermano del exdiputado, Earle Reyes Morales, su esposa, Susi Melba Rodríguez, y su exasesor, Byron Enrique Larrazábal, por el delito de lavado de dinero.

Así como, el gerente general del IPSFA, René Díaz Argueta por el delito de incumplimiento de deberes.

Y una exempleada de la Corte de Cuentas, acusada por falsedad documental. No obstante, no dio a conocer a los cuatro acusados restantes.

La audiencia preliminar inició el pasado 29 de abril de 2025 y concluyó este día con la resolución de pasar a etapa de juicio.